EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN DE LA CAPITAL


E D I C T O EL DOCTOR GERMAN RAMOS MAMANI, JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1ºCAPITAL. Se cita, llama y emplaza a: WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO con C.I. N° 1076050 L.P., VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL con C.I. N° 2698853 Ch., JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO . N° 2310713 L.P., para que asuma defensa, en el proceso penal seguido por MINISTERIO PUBLICO Y OTRO contra JEANINE AÑEZ CHAVEZ Y OTROS POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y A LAS LEYES E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES en el que se ha dispuesto lo que a continuación se trascribe.----------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE/ DOS MIL VEINTIDÓS DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN PRIMERO DE LA CAPITAL LA PAZ – BOLIVIA RESOLUCIÓN Nª 12/2022 NUREJ: 201102012105245 S E N T E N C I A La Paz, 10 de junio de 2022 El Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1º de la Capital del Departamento de La Paz, conformado por: JUEZ PRESIDENTE Abg. Germán Ramos Mamani. JUEZ TÉCNICO Dra. Liz Roció Avilés Condori. JUEZ TÉCNICO Dr. Marco Antonio Vargas Yupanqui. Dentro del proceso penal seguido por: MINISTERIO PÚBLICO Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Aduaneros y Tributarios. Fiscales: Dr. Omar Alcides Mejillones Copana. Dr. Eddy Junior Flores Quispe. Domicilio Procesal : Calle Potosí, Fiscalia Departamental de La Paz. ACUSADOR PARTICULAR Nombres y Apellidos : MINISTERIO DE GOBIERNO. Representado por su Abogada. Julisa Irene Duran Serrano con C.I.: 7836719 S.C. Domicilio Procesal : Av. Arce, esq. Belisario Salinas N° 2409, oficina del Ministerio de Gobierno. ACUSADOR PARTICULAR Nombres y Apellidos : PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. Representado por su Abogado. Juan Kaleff Clemor Vargas con C.I. N° 6175434 L.P. Domicilio Procesal : calle Martin Cárdenas N° 109, Zona Ferropetrol ciudad de El Alto. ACUSADOR PARTICULAR Nombres y Apellidos : ANDRONICO RODRIGUEZ LEDEZMA. Representado por su Abogada. Silvia Sofia Claudia Vásquez López. C.I. : 3398144 L.P. Domicilio Procesal : Edificio Ismar, Piso 7 oficina N° 2 ACUSADOS: Nombres y Apellidos: JEANINE AÑEZ CHAVEZ. Cédula de Identidad: 3281749 expedido en Santa Cruz. Lugar y Fecha de Nacimiento: Departamento de Beni, provincia Mamore, el 13 de Junio de 1967. Domicilio real: calle Cochabamba N° 607 Trinidad - Beni Edad: 54 años. Nacionalidad: Boliviana. Profesión: Abogada. Estado Civil: Divorciada. ABOGADO DEFENSOR: Dr. Luis Adolfo Guillen Sánchez, D. Alain Mario Raúl Jesús de Canedo Ostria Schimidt y Dra. Norka Cuellar Torrez. Domicilio Procesal: Av. 16 de Edif. San Pablo, piso 15, Of. 1504-1505. Nombres y Apellidos: FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN. Cédula de Identidad: 2862962 expedido en Cochabamba. Lugar y Fecha de Nacimiento: Departamento de Cochabamba, el 05 de Octubre de 1963. Domicilio real: Calle Rico Toro, N° 847 Zona Queru Queru. Edad: 58 años. Nacionalidad: Boliviana. Profesión: Militar. Estado Civil: Casado. ABOGADO DEFENSOR: Msc. Roger Valverde Pérez. Domicilio Procesal: Edif. La Primera, piso 15 Torre A, Of. 4. Nombres y Apellidos: JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO. Cédula de Identidad: 3013897 expedido en Cochabamba. Lugar y Fecha de Nacimiento: Departamento de Cochabamba, Campero, Pasorapa, el 09 de Agosto de1963. Domicilio real: Urb. SIDUM88 Norte Plan A N° 34 Sacaba. Edad: 58 años. Nacionalidad: Boliviana. Profesión: Militar. Estado Civil: Casado. ABOGADO DEFENSOR: Dr. Javier Peñaloza Ramos. Domicilio Procesal: calle Socabaya esq. Mercado, Edif. Torre Centro, N° 78 piso 1 Of. 101. Nombres y Apellidos: WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO. (REBELDE) Cédula de Identidad: 1076050 expedido en La Paz. Lugar y Fecha de Nacimiento: Desconocido. Domicilio real: Desconocido. Edad: Desconocida. Nacionalidad: Boliviana. Profesión: Militar. Estado Civil: Desconocido. ABOGADO DEFENSOR: Dra. Gabriela Brito Sempertegui. Domicilio Procesal: Calle Batallón Colorados, Edificio El Condor Piso SEPDEP. Nombres y Apellidos: VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL (REBELDE). Cédula de Identidad: 2698853 expedido en Chuquisaca. Lugar y Fecha de Nacimiento: Desconocido. Domicilio real: Desconocido. Edad: Desconocida. Nacionalidad: Boliviana. Profesión: Policia. Estado Civil: Desconocido. ABOGADO DEFENSOR: Dra. Gladys Macuchapi Ticona. Domicilio Procesal: Calle Batallón Colorados, Edificio El Condor Piso SEPDEP. Nombres y Apellidos: JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO. (REBELDE) Cédula de Identidad: 2398292 expedido en Cochabamba. Lugar y Fecha de Nacimiento: Desconocido. Domicilio real: Desconocido Edad: Desconocida. Nacionalidad: Boliviana. Profesión: Militar. Estado Civil: Desconocido. ABOGADO DEFENSOR: Dra. Martha Chuquimia Corine. Domicilio Procesal: Calle Batallón Colorados, Edificio El Condor Piso SEPDEP. Nombres y Apellidos: SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS. (REBELDE) Cédula de Identidad: 2310713 expedido en La Paz. Lugar y Fecha de Nacimiento: Desconocido. Domicilio real: Desconocido Edad: Desconocida. Nacionalidad: Boliviana. Profesión: Militar. Estado Civil: Desconocido. ABOGADO DEFENSOR: Dra. Martha Chuquimia Corine. Domicilio Procesal: Calle Batallón Colorados, Edificio El Condor Piso SEPDEP. DELITOS ACUSADOS: RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES, E IMCUMPLIMIENTO DE DEBERES. SECRETARIA DEL TRIBUNAL Dra. Helen Mamani Pacheco. EN NOMBRE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EN VIRTUD DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA QUE POR LEY EJERCE, PRONUNCIA LA SIGUIENTE SENTENCIA. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN: I.- ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO: El Ministerio Público, la acusación particular del Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado y adhesión de Andrónico Rodríguez Ledezma, expresando en lo fundamental los siguientes hechos: Que, el Ministerio Publico a través de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, formula Acusación formal Nº 110/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021 contra JEANINE AÑEZ CHAVEZ, WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL, JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO, SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN, JORGE GONZALO TERCEROS LARA, PALMIRO GONZALO JARJURY RADA y JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes artículos 153 y 154 del Código Penal, refiriendo: Que, en fecha 11 de noviembre de 2019, a horas 14:00 pm., aproximadamente, la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ, se traslada desde el Beni hasta la ciudad de La Paz en un vuelo concertado en la empresa aeronáutica Amazonas, con la firme intención de asumir primero la Presidencia del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional y después la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, para dicho fin conto con la cooperación necesaria del GRAL. VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL Comandante General de la Policía Boliviana y miembros del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas como: FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN en su calidad de Jefe de Estado Mayor, JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO Inspector General de las FFAA, JORGE GONZALO TERCEROS LARA Comandante de la Fuerza Aérea, JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO Comandante del Ejército, PALMIRO GONZALO JARJURY RADA Comandante de la Armada y SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS Jefe del Departamento III de Operaciones del Estado Mayor a la cabeza del General WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quienes en un trabajo conjunto dispusieron seguridad y traslado con escoltas desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Alto hasta el Colegio Militar Gualberto Villarroel ubicado en la Av. Rafael Pabón de la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz, para que posteriormente la ex senadora (ahora acusada) JEANINE AÑEZ CHAVEZ, sea conducida al Hotel Casa Grande ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz, y desde el mencionado lugar hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional ubicada en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, demostrando de esta manera y contrariamente a sus declaraciones en medios de prensa nacional su firme intención de hacerse de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la ayuda y cooperación necesaria recibida por miembros de las Fuerzas Armadas como Policiales, quedando en evidencia de forma manifiesta el trato preferencial del cual fue sujeto, beneficio no equitativo para los asambleístas de la cámara de Diputados y Senadores de la bancada oficialista. Que, la acusada Jeanine Añez Chávez en fecha 11 de noviembre de 2019, ya en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, declara ante los medios de comunicación, que tratará las renuncias del Presidente, Vicepresidente y Asambleístas, que convocará a la Asamblea con este objeto, denotando el conocimiento pleno del procedimiento de las Cámaras de Senadores y Diputados para el tratamiento y efectividad de las renuncias presentadas por el Presidente Constitucional del Estado Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera, así como el procedimiento legislativo establecido en los reglamentos de ambas Cámaras. Paralelo a estos acontecimientos en la misma fecha 11 de noviembre de 2019, desconociendo por completo las normas y la propia Constitución Política del Estado, miembros de las fuerzas armadas proceden al retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia, incumpliendo flagrantemente sus funciones y atribuciones, que parten desde la misión fundamental de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado a través del resguardo del Gobierno constitucionalmente electo, velando por los principios y el cumplimiento de la Carta Magna, ejecutando el retiro de la medalla presidencial, cuando aún no se tenía certeza de una posible sucesión constitucional a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia porque la Asamblea en pleno no había tratado conforme a procedimiento las renuncias del expresidente Juan Evo Morales Ayma y ex vicepresidente Álvaro García Linera, a vista y paciencia de los miembros del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Que, En fecha 11 de noviembre de 2019, la ex senadora Jeanine Añez Chávez, en coordinación con el coautor Gral. Vladimir Yuri Calderón Mariscal Jefe Policial, pide al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Williams Carlos Kaliman Romero, mediante una nota de la misma fecha que intervenga las manifestaciones que ese día se producían producto de la renuncia del ex presidente Evo Morales Ayma, para posteriormente el mismo Gral. Vladimir Yuri Calderón Mariscal, garantizar la llegada de la ex Senadora Jeanine Añez Chávez a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que desde la mañana de dicha fecha, éste habría ordenado (cual si fuera ya la presidente del Estado) escoltas que garanticen su seguridad con el fin de ejecutar los actos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional que van en contra de la Constitución Política del Estado, así como a los propios reglamento internos tanto de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Que, al terminar la tarde del 11 de noviembre de 2019, a horas 19:50 p.m., aproximadamente la Sra. JEANINE AÑEZ CHAVEZ declara a través de un video presentado a los medios de comunicación pidiendo lo siguiente: “Gral. Kaliman el Comandante de la Policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envié a sus funcionarios a las calles para que lo colabore, usted está en la potestad constitucional conforme el art. 244 y el Art. 6 incisos e y de su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, lo convocamos, lo exhortamos coordinar con la policía, no queremos muertos en éste país, si hay una persona que cae después de ésta solicitud escrita que he recibido del Comandante de la Policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde ésta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional que desde la mañana está diciéndole de que sus funcionarios, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en las calles destruyendo toda La Paz, le ruego, como boliviano cumpla con su labor, no queremos derramamiento de sangre, usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en éste país, si después de éste pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del senado no coordina con la Policía para acabar con ésta delincuencia que está ahora en las calles”. Producto de ello se tiene una conferencia de prensa brindada por el Comando en Jefe de las FFAA, en la misma fecha y en horas de la noche en instalaciones del Estado Mayor de Miraflores, donde se encontraban: FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN en su calidad de Jefe de Estado Mayor, JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO Inspector General de las FFAA, JORGE GONZALO TERCEROS LARA Comandante de la Fuerza Aérea, JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO Comandante del Ejército, PALMIRO GONZALO JARJURI RADA Comandante de la Armada y SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS Jefe del Departamento III de Operaciones del Estado Mayor a la cabeza del General WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, conferencia de prensa en la cual hacen conocer que se realizaran operaciones coordinadas con la policía con el fin de contener las manifestaciones que en ese momento se estaban produciendo. Sin embargo, se tiene plenamente establecido que esta coordinación entre las FFAA y la Policía ya estaba en marcha desde antes de dicha conferencia de prensa, desde la llegada de JEANINE AÑEZ CHAVEZ al Aeropuerto de la ciudad de El Alto, toda vez que JORGE GONZALO TERCEROS LARA, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, con pleno conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos viabiliza de manera arbitraria que la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ, sea trasladada desde el Aeropuerto Internacional de El Alto hasta el Colegio Militar Cnl. Gualberto Villarroel de la zona de Irpavi en la ciudad de La Paz, en un helicóptero de propiedad el Ministerio de la Presidencia con matrícula FAB-754 modelo AS35-B3, al comprometer realizar el pago de Bs. 5.545.54.- a AIR BP BOLIVIA S.A., subsidiaria de YPFB a través del Cnl Luis Marcelo Cervantes Torrez (en esa oportunidad Comandante de la Unidad Grupo Aéreo de Caza 31), por concepto de combustible, no siendo este el único vuelo que realizo dicha nave la fecha de referencia. Paralelamente, el Comandante General del Ejercito JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO ordenaba al Gral. Willy Pozo Torrico Comandante del Colegio Militar Gualberto Villarroel, permitir el aterrizaje de dicha aeronave en sus predios, donde ya la estaba esperando un considerable número de escoltas de la policía designado por órdenes de YURI CALDERON MARISCAL, operación que fue de pleno conocimiento de SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS en su calidad de Jefe de Operaciones del Departamento III, de lo que se concluye que la coordinación entre Policías y Militares para que JEANINE AÑEZ CHAVEZ, se haga a la presidencia del Estado, ya estaba en marcha y de forma coordinada desde la mañana de fecha 11 de noviembre de 2019, para posteriormente ser conducida la exsenadora, juntamente con el Sr. Oscar Ortiz a dos vagonetas de seguridad del Senado, en ellos posteriormente transportarla con dirección a la Asamblea Legislativa Plurinacional haciendo una parada en el Hotel Casa Grande de la zona Sur de la ciudad de La Paz, y a horas 17:00 pm aproximadamente, ser trasladada con todos los escoltas policiales a la Academia Nacional de Policías, para pernoctar (siempre bajo escoltas y resguardo policial) en un domicilio de una oficial de la Policía ubicado en la zona de Llojeta, para que al día siguiente 12 de noviembre de 2019, sea nuevamente trasladada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar donde en actitud desleal, ilegal y fuera de toda norma en relación a la sucesión de autoridades electas, alejada de todo deber impuesto por la Constitución Política del Estado se proclame; primero Presidenta del Senado y posteriormente Presidenta del Estado Plurinacional. Por su parte FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN, Jefe de Estado Mayor General del Comando en Jefe de las FFAA, segundo en el nivel de decisión avalo la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional, sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su condición de Jefe de Estado Mayor, incumplió con el precepto constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un gobierno electo constitucional y democráticamente, afectando los intereses de la población en su conjunto. Que, SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, Jefe del departamento III de Operaciones dependiente directo del Comandante en Jefe de las FFAA encargado de operaciones, instrucción, entrenamiento y organización, señalados por los coimputados como el personal operativo sobre la orden del transporte de asambleístas nacionales afines a la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ para desarrollar la puesta en escena de las conjeturadas sesiones tanto del senado como de la Asamblea, el traslado fue realizado en aviones militares de la Fuerza Aérea es decir existía un plan de concretar los hechos ilegales con la participación de diputados y senadores suplentes, cuando expresamente los reglamentos generales de senadores y diputados refieren que las habilitaciones de suplentes las hacen los propios titulares. En este entendido apoyó afanes delictivos y de incumplimiento de la Constitución Política del Estado al favorecer la llegada de solamente algunos parlamentarios a la asamblea legislativa y restringir otros. Este ciudadano incumplió con el precepto Constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un gobierno electo constitucional y democráticamente, afectando a los intereses estatales, dando lugar a una asunción presidencial irregular inconstitucional y contraria al Estado de Derecho. Que, JORGE ELMER FERNANDEZ TORRANZO, Inspector General parte del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, máximo organismo de supervisión, control y fiscalización, no controlo mucho menos superviso la utilización de naves para transporte de los asambleístas nacionales afines a la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ para desarrollar las supuestas sesiones tanto del senado nacional como en la asamblea plurinacional, en aviones militares de la Fuerza Aérea, es decir que tenían el plan de concretar los hechos ilegales con la participación también de diputados y senadores suplentes, cuando expresamente los reglamentos generales de senadores y diputados refiere que las habilitaciones de suplentes lo hacen los propios titulares; Este hecho descrito se comprueba por las declaraciones de manera pública ante medios de prensa. Que, PALMIRO GONZALO JARJURY RADA, en calidad de Comandante de la Fuerza Naval, habría avalado la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la acusada JEANINE AÑEZ CHAVEZ, sin competencia para hacerlo, incumpliendo con el mandato constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un gobierno electo constitucional y democráticamente. Que, la actitud premeditada con la que actuó la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ, de hacerse de la presidencia del Estado, la declaración realizada el 10 de noviembre de 2019 a horas 18:45 pm en el medio de comunicación UNITEL, desde la ciudad de Trinidad, refiriendo que le corresponde la presidencia, por sucesión pero previamente convocar a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para considerar las renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, demostrando de forma tangible que conocía el procedimiento constitucional y los reglamentos de la Asamblea. Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 a horas 18:40 pm., la ex-senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ, convoca la sesión ordinaria del Senado Nº 198, solicita informe sobre el quorum al Senador secretario; quien señala textual: “…. Revisado el quorum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones, por no existir el quorum suficiente para instalar la presente sesión…”. Por lo cual la sesión Nº 198 es suspendida, dejando de tratar las renuncias tanto del Presidente, Vicepresidente y Presidente de la Cámara de Senadores. En tal suspensión Jeanine Añez Chávez cita el Art. 41 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores estableciendo textual: “…corresponde a mi persona en calidad de 2da. Vicepresidenta asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la Presidenta y del 1er Vicepresidente de la Cámara de Senadores…”, para asumir la titularidad como Presidenta del Senado, posteriormente se dirige al Hemiciclo de la Cámara de Diputados (donde se conforma y sesiona la Asamblea Legislativa Plurinacional), para consumar el plan pretendido, ya que sin la convocatoria respectiva JEANINE AÑEZ CHAVEZ procedió a llevar a cabo la sesión de la Asamblea donde asumió la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia amparándose en los Arts. 169 y 170 de la Constitución Política del Estado en la que refiere: “…ahora bien, el artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación que desempeña la función del presidente la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros, en el caso presente se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y Vicepresidente operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia lo que obliga aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del estado por cuyo mandato ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del Vicepresidente debe suceder la presidenta del senado, por consiguiente, aquí se está frente una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del Presidente y Vicepresidente, lo que significa conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado, prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.” Proclamándose de esta forma Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en flagrante inobservancia de los principios constitucionales y reglamento de la Camada de Senadores. Que, la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ, sin la cooperación y operativo de entonces Comandante de la Policía Boliviana Gral. VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL, así como los generales que conforman el Comando en Jefe a la cabeza del Gral. WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, no hubiese podido llegar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional ese 11 y 12 de noviembre de 2019, con todas las facilidades, protección y seguridad que le fue brindada, y que no fue proveída de forma equitativa a los demás asambleístas, ya que inclusive funcionarios policiales y militares impidieron el ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional del oficialismo. De esto se tiene dos notas del entonces comandante de la Policía Boliviana VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL, de la primera dirigiéndose al entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, por el cual se pide intervenga la contención de las manifestaciones producidas. Asimismo, una segunda dirigida a la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ por el cual se pide ordene al Comandante de las Fuerzas Armadas intervengan en dichas manifestaciones por que la Policía habría sido rebasada, evidenciándose que existiría coordinación entre ambas fuerzas Policial – Militar. Además de la nota enviada por la senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO de fecha 12 de noviembre de 2019, por el cual se pide resguardo en inmediaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Que se advierte proceder doloso y la constante participación y colaboración tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas ya que sin ellas la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ, no hubiese podido transitar desde el aeropuerto de El Alto hasta la Plaza Murillo donde se encuentra la Asamblea Legislativa Plurinacional y que coadyuvada por tales entidades pudo controlar y restringir el acceso de sus colegas parlamentarios a los hemiciclos y que la misma ex senadora se atribuyó el grado de Capitana General de dichas instituciones Militar y Policial ordenando que no se permitiera el ingreso a la Asamblea o a la Plaza Murillo de parlamentarios del oficialismo. Que, varios miembros de las Fuerzas Armadas y la forma dolosa en la cual realizan e inician el trámite de retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia, mediante nota PR-C.M.S.E. N° 5893/19 firmada por el Gral. Brig. Milton Fredy Navia Escalera, acto de entrega que se efectúa ese mismo día 11 de noviembre de 2019 a las 15:30 aproximadamente, retiro realizado de forma premeditado, ya que en ese momento no se sabía si se iba o no a producir una sucesión presidencial, al poco tiempo además del arribo de JEANINE AÑEZ CHAVEZ al hemeciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar donde declara ante los medios de comunicación, expresando que convocara a sesiones primero del Senado para considerar la renuncia de Salvatierra y Medinaceli y luego en la Cámara de Diputados para considerar las renuncias de Evo Morales Ayma y Alvaro Garcia Linera, señalando que “…garantizara el ingreso, la seguridad de los asambleístas para que lleguen a sesionar…”, aspecto no cumplido, puesto que como Capitana General ordeno la prohibición del ingreso de los asambleístas del MAS, hecho cumplido a cabalidad por los militares y policías, ya que en fecha 12 de noviembre de 2019, WILLIAM CARLOS KALIMAN ROMERO Y VLADIMIR YURI CALDERON MARSICAL, en forma premeditada en su calidad de comandantes de las fuerzas militar y policial en plena coordinación con la ex Senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ, cercaron la plaza murillo, hecho evidenciado como respuesta a la nota que forma parte de la documentación aparejada en el cuaderno de investigaciones, la cual señala “RESGUARDO DE LOS ALREDEDORES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL” dirigida a WILIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO. Que, asimismo la acusación particular del Ministerio de Gobierno, contiene similares hechos descritos por el Ministerio Publico, añadiendo y precisando lo siguiente: que la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ aprovechándose de su doble condición de autoridad y servidora pública ordeno y ejecuto decisiones contrarias a la Constituciones Política, así como su incumplimiento. Por otro lado refiere que la misma ordeno y ejecuto decisiones contrarias al Reglamento General de la Cámara de Diputados, incumpliendo la Resolución Camaral R.C. 026/2010-2011 de 29 de enero de 2010, también ordenando y ejecutando decisiones contrarias a su propio Reglamento General de la Cámara de Senadores, incumpliendo la Resolución Camaral Nº 008/2012-2012 de fecha 06 de febrero de 2012, autoproclamándose ilegalmente y arbitrariamente presidenta del Senado y Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, y que, la ex senadora JEANINE AÑEZ CHAVEZ habría ordenado y ejecutado 15 decisiones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado, encontrándose a la par una dolosa cooperación, coautoría, participación e intervención del EX COMANDANTE DE LA POLICIA BOLIVIANA VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL, el Ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas WILLIAMS KALIMAN y el ex Comandante General de la Fuerza Aérea JORGE GONZALO TERCEROS. De esta manera atribuyendo la comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes, únicamente, en cuanto a: JEANINE AÑEZ CHAVEZ, GRAL. VLADIMIR YURI CALDERÓN MARISCAL, GRAL. WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, ALMTE. FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN, JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO, GRAL. DIV. JORGE GONZALO TERCEROS LARA, GRAL. DIV. JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO Y V. ALMTE. PALMIRO GONZALO JARJURY RADA. Por lo que se adhieren a las pruebas documentales y testificales del Ministerio Publico, sin perjuicio ofrecen pruebas de documentales y testificales en calidad de la acusación particular, entre otros. Que, de la acusación particular de la Procuraduría General del Estado, de igual manera contiene hechos análogos descritos por el Ministerio Publico, estableciendo responsabilidad a los acusados: JEANINE AÑEZ CHAVEZ, WILLIAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, VLADIMIR YURI CALDERÓN MARISCAL, JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO, SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN, JORGE GONZALO TERCEROS LARA, PALMIRO GONZALO JARJURY RADA Y JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO, por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes así como Incumplimiento de Deberes del Código Penal, ofreciendo pruebas documentales, pruebas testificales, como inspecciones técnicas y otros. Por otro lado, la adhesión a la acusación fiscal por parte de Andrónico Rodríguez Ledezma como parte querellante, contiene similares hechos descritos por el Ministerio Publico contra JEANINE AÑEZ CHÁVEZ Y OTROS, por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes así como Incumplimiento de Deberes, adhiriéndose a las pruebas ofrecidas por las carteras de Estado constituidos en querellantes. Por los extremos referidos el Ministerio Público y los acusadores particulares acusan a la ex senadora: JEANINE AÑEZ CHAVEZ, GRAL. WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, GRAL. VLADIMIR YURI CALDERÓN MARISCAL, ALMTE. FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN, GRAL. JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO, GRAL. SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS Y GRAL. JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO, por los delitos de RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES art: 153, e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art. 154, ambos del Código Penal. I.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO. Así expuestos los antecedentes se tiene como PROBLEMA JURÍDICO analizar y verificar si dichas hipótesis, hechos y conductas, señaladas en la Acusación Fiscal y de las Acusaciones Particulares, fueron probados y si constituyen en la comisión de los delitos, y en su caso emitir la sentencia, determinando la culpabilidad o inocencia de los imputados. II.- TRÁMITE Y PLANTEAMIENTO DE INCIDENTES Y EXCEPCIONES EN JUICIO ORAL: Durante la sustanciación del juicio y en el momento procesal determinado por el Art. 345 del Código de Procedimiento Penal, respecto al trámite de los incidentes y excepciones, el Ministerio Publico, la acusación particular del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, así como la defensa de los acusados Flavio Gustavo Arce San Martin, Jorge Elmer Fernández Toranzo y Sergio Carlos Orellana no interpusieron excepciones ni incidentes sobrevinientes. Por su parte la acusación particular de Andrónico Rodríguez Ledezma, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa mismo en cuanto a sus fundamentos y consideraciones fue resuelta por Resolución Nº 31/2022 de 4 de abril de 2022; la defensa de: Jeanine Añez Chávez, interpuso Excepción de Incompetencia y los incidentes de actividad procesal defectuosa, mismos que en sus fundamentos y consideraciones fueron resueltos mediante Resolución Nº 30/2022 y Resolución N° 32/2022 de 4 de abril de 2022; la defensa de Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, interpuso los incidentes de actividad procesal defectuosa sobreviniente, que en sus fundamentos y consideraciones fueron resueltos por Resolución Nº 33/2022 de 4 de abril de 2022, finalmente la defensa de los declarados rebeldes Willams Carlos Kaliman Romero y Vladimir Yuri Calderón Mariscal, interpusieron actividad procesal defectuosa, que en sus fundamentos y consideraciones fueron resueltos mediante Resolución Nº 34/2022 de 4 de abril de 2022. III.- PERSONALIDAD DE LOS ACUSADOS: Advertido de sus derechos fundamentales, antes de iniciar su declaración se le comunicó a la acusada Jeanine Añez Chávez, sobre los hechos que se le atribuyen, advirtiéndole a que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, ni en su contra, de acuerdo a las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales y el Código de Procedimiento Penal; JEANINE AÑEZ CHAVEZ, mayor de edad, nacida en San Joaquin Capital de la Provincia Mamore del Departamento del Beni el 13 de Junio de 1967, edad 54 años, estado civil divorciada, ultimo domicilio en Trinidad y Posteriormente en La Paz, con dos hijos Carolina Rivera Añez de 31 años y José Armando Rivera Añez de 25 años, de profesión Abogada, sin antecedentes policiales ni penales. Estado de salud con hipertensión y gastritis con tratamiento médico. Datos proporcionados por la acusada a momento de su declaración en audiencia. Quien de forma voluntaria inicialmente manifestó su voluntad de prestar su declaración, sin embargo, posteriormente la misma se retractó de dicha decisión y de manera textual se acogió al derecho constitucional de guardar silencio, conforme se tiene registrado en el acta correspondiente. EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA: La defensa técnica de la acusada sostuvo lo siguiente: “Gracias señor juez presidente durante el desarrollo del presente juicio sus autoridades conocedoras de derecho van a evidenciar que el inter criminis visto como el camino al delito ha sido cortado ha sido fraccionado a efectos de poder construir una narrativa se ha escogido qué elementos se van a relatar dentro de este proceso y qué elementos no se van a relatar es así que el día de hoy ustedes han escuchado bajo diferentes declaraciones y lo van a ir viendo durante todo el desarrollo de este proceso esto en realidad comienza el 21 de febrero el año 2017 cuando hubo un referéndum en el país que le dijo al ex presidente Evo Morales que no se podía volver a postular a la presidencia esta situación fue enmarcada y despertó en la ciudadanía boliviana de la cual también escuchó en diferentes alocuciones hablar y al unirse a esa representación pero despertó pues en toda la ciudadanía boliviana un rechazo justamente a esta postulación por parte del señor Evo Morales, es así que en las elecciones del 20 de octubre del año dos 2019 el señor Evo Morales participa habilitado porque se consigue un pronunciamiento por parte del tribunal constitucional en efecto avalado por las personas de su partido que lo autoriza a participar en estas elecciones y en este entender efectivamente cuando se dan estas elecciones empieza a existir diferentes rumores acerca de un fraude electoral situación que finalmente pues molesta a la ciudadanía ante un corte del trep que finalmente hace de que la ciudadanía boliviana realicé diferentes protestas y estos elementos no han sido tomados en cuenta por el ministerio público al momento de emitir su acusación entre otras situaciones que finalmente derivaron en que tengamos un país completamente conflictuado, un país en el que existía gente por un lado protestando por el fraude electoral y gente marchas y protestas que decían que el ex presidente Evo Morales no se encontraba solo una situación polémica y que el ministerio público refiere y las diferentes acusaciones refieren de que no es parte de este proceso pero nuestro código penal es claro y el artículo. En todo caso todos conocemos y efectivamente han habido acontecimientos que han pasado en el país la situación está que aquí en lo que es la teoría del delito en lo que es el iter criminis qué es lo que ustedes deben de juzgar como autoridades no pueden avalar de que existan acusaciones o hechos cortados porque el artículo 38 del código penal y su inciso a) y b) los obliga como tribunal a ver todas las circunstancias sin embargo durante el desarrollo de este juicio ustedes van a ver que les han traído una acusación que ha escogido días, ha escogido momentos y por primera vez en la historia ha referido que el resultado del inter criminis se puede cortar en este caso bajo la propia hipótesis que tiene el ministerio público bajo la propia hipótesis que manejan las partes acusadoras van a tener que demostrar dentro de este proceso porque es que han disgregado y segregado estas fechas y cómo es posible que si se está acusando de que haya existido una ilegal contraria a la constitución política del estado sucesión constitucional a la presidencia cómo es posible que no se esté tomando en cuenta el hecho de que la ex mandataria de estado Jeanine Añez Chávez era presidenta. Así mismo, el ministerio público no va a poder demostrar de que haya existido una coordinación con las fuerzas armadas no va a poder demostrar en todos los elementos que le van a presentar durante el desarrollo de este juicio de que haya existido una coordinación con la policía porque los hechos han sido indiscutibles y no han sido adecuadamente investigados más que una narrativa se tenía la obligación de demostrar ante este tribunal o tienen la obligación de demostrar ante este tribunal de que efectivamente las movilizaciones ciudadanas se hayan o no podido encontrar organizado contrario a esto la defensa a través de la prueba que está presentando dentro del presente proceso 29 pruebas documentales dentro de las cuales sus autoridades van a poder ver de que no existido un delito que se haya consumado de forma instantánea pues contrario a eso no hubiera existido un órgano ejecutivo que hubiera funcionado contrario a eso sus autoridades van a poder evidenciar a través dela diferente promulgación de leyes que ha existido durante el año en que ha gobernado la señora Jeanine Añez Chávez como presidenta transitoria constitucional de este país que la asamblea legislativa ha funcionado con completa normalidad y que en ningún momento cuando presuntamente se dio esta actuación contraria a la constitución contrario presuntamente a los reglamentos de la cámara de senadores se instaló algún proceso contra la señora Jeanine Añez Chávez esto por parte del órgano legislativo que reconoció adecuadamente el gobierno transitorio de la señora Jeanine Añez Chávez, pero también lo hizo el propio ministerio público y nosotros como defensa vamos a demostrar que bajo el principio de unidad el ministerio público y el fiscal general del estado reconoció el gobierno de la ex mandataria esto a partir de las pruebas que vamos a ir presentando dentro del presente proceso también vamos a demostrar como defensa que funcionó un órgano judicial en esa época que también reconoció a la señora Jeanine Añez Chávez como presidenta y en un año de su gobierno tampoco actuaron en un presunto delito de resoluciones contrarias a la constitución política del estado que es de carácter instantáneo vale decir que si alguien estaba en desacuerdo hubieran podido en ese momento interponer la denuncia correspondiente y activar tanto el ministerio público como al órgano judicial pero no solamente un órgano judicial que funcionó en completa normalidad sino también un órgano electoral que posteriormente convocó a elecciones va a ser demostrado durante el desarrollo del presente proceso este órgano electoral que convocó a elecciones avaló y producto de eso pues tenemos al día de hoy a un presidente democráticamente elegido en este entender sus autoridades van a querer o van a ver durante el desarrollo de este juicio y les van a decir que se debió haber cumplido un determinado artículo del reglamento de la cámara de senadores un determinado artículo de la constitución política del estado sin embargo durante el desarrollo del presente proceso va a quedar demostrado de que el artículo que se tenía que cumplir es el artículo 169 de la constitución política del estado y 170 de la constitución política de estado que avalan una sucesión constitucional ante un vacío de poder que fue generado por la renuncia del señor ex presidente Evo Morales Ayma por la renuncia del señor Álvaro García Linera y por la renuncia de la señora Adriana Salvatierra así como también la renuncia del señor Víctor Borda. Sus autoridades deberán tomar en cuenta todos los elementos que estamos presentando como prueba y que también ha presentado el ministerio público a efectos de entender de que no se puede escoger que debe de ser interpretado no es posible que bajo una acusación nos digan cuáles vayan a ser los artículos que deban de ser interpretados menos en un delito que se da de forma instantánea asimismo en cuanto al dolo debemos estarnos en la normativa hemos escuchado en reiteradas ocasiones existido elementos de dolo en la participación y seguramente durante el desarrollo de este proceso les van a querer hacer creer de que por el hecho y que la ex mandataria de estado haya sido una senadora conocía lo que los acusadores el día de hoy pretenden que se haya aplicado esta situación no corresponde toda vez de que nuestra norma es clara en cuanto a establecer los elementos dolosos para la comisión de un hecho delictivo por lo tanto a través de estos elementos nosotros como defensa vamos a demostrar de que no ha existido una actuación contraria a la constitución política del estado que se ha cumplido con lo establecido en el reglamento de la cámara de senadores que existe una ausencia de procesamiento por parte de la asamblea legislativa a la ex mandataria de estado Jeanine Añez Chávez y que nadie durante un año ha procesado a la exmandataria Jeanine Añez Chávez por resoluciones contrarias a la constitución política del estado o por algún presunto incumplimiento de deberes en este entender no existe la comisión de un hecho delictivo y vamos a solicitar a sus autoridades pues evidentemente libre una sentencia absolutoria” Advertido de sus derechos fundamentales, antes de iniciar su declaración se le comunicó al acusado Flavio Gustavo Arce San Martin, sobre los hechos que se le atribuyen, advirtiéndole a que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, ni en su contra, de acuerdo a las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales y el Código de Procedimiento Penal; FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN, mayor de edad, con C.I. N° 2862962 expedido en Cochabamba, nacido en Cochabamba el 05 de octubre de 1963, de profesión militar, estado civil casado con tres hijos, Montserrat, Andrea Arce Soria de 32 y 19 años, Emiliana Valentina Arce de 18 años, sin antecedentes, en perfecto estado de salud solo un tratamiento de piel. Datos proporcionados por el acusado a momento de su declaración en audiencia. Quien de forma voluntaria inicialmente manifestó su voluntad de prestar su declaración manifestando lo siguiente: “Muchas gracias señor juez inicialmente cuando recibí las primeras, hice las primeras declaraciones y al igual que ahora no comprendo exactamente por que se me acusa porque yo no he participado directamente en ninguno de esos hechos mi función y la ejercía partir del día 24 de diciembre de 2018 y era el de jefe de estado mayor general de las fuerzas armadas, la misma que culmine el 12 de noviembre de 2019, para poder precisar bien cuál es la función de un jefe de estado mayor y cuál es lo que realiza dentro de la estructura de las fuerzas armadas voy a explicar brevemente este este hecho. Las fuerzas armadas es una institución armada fundamental y permanente del estado la cual tiene tres componentes el ejército, la fuerza aérea y la armada los cuales tienen autonomía de gestión y de funcionamiento en concordancia con las actividades propias del de la acción bélica que desarrollan y del área en el que desarrolla sus actividades el ejército en tierra la fuerza aérea en el aire y la armada en el agua sin embargo estos tres componentes están subordinados al comando en jefe de las fuerzas armadas que es una institución que desarrolla las operaciones militares o sea planifica las operaciones las mismas que de ser necesario ante una amenaza interna o externa puede ser puede ser aplicar estos planes y las conduce el comandante en jefe de las fuerzas armadas mi persona cumplía el cargo de jefe de estado mayor no era comandante en jefe ni comandante de fuerza, la constitución política del estado señala que las fuerzas armadas están constituidas por estos cuatro, por estas cuatro instituciones y la ley orgánica de las fuerzas armadas también aclara que para la organización de dichas instituciones se tienen cuatro comandos, el comando de ejército, de fuerza aérea del comando general de la armada y el comando en jefe el artículo 244, la misma constitución señala que las fuerzas armadas tienen el deber fundamental o la misión fundamental y describe posteriormente cuál es la misión de las fuerzas armadas en ese entendido quienes responden ante el cumplimiento de la misión las fuerzas armadas son quienes son designados como comandantes de dicha institución no figura mi cargo en esta estructura, por eso es que el presidente del estado recibe el grado de capitán general de las fuerzas armadas y la propia constitución le da el mando sobre las fuerzas armadas, en el entendido que las fuerzas armadas deben ser subordinadas al poder político y el monopolio de la fuerza debe ser ejercido por el propio estado. La naturaleza o la finalidad propia de las fuerzas armadas no solamente en Bolivia sino en todas partes del mundo es la de defender o resguardar la independencia la soberanía y la integridad territorial entendiendo por independencia a la protección que se brinda ante cualquier amenaza externa que quiere imponerse sobre el propio estado la soberanía como la garantía que dan las fuerzas armadas para que las decisiones asumidas al interior del propio estado no sean no goce de supremacía más bien contra cualquier otra externa y la integridad territorial referida al a intangibilidad del territorio vale decir que nadie puede ocupar territorio nacional, ni tampoco declarar zonas liberadas dentro del propio territorio cualquiera sea su naturaleza como se puede observar señor juez todas son finalidades de naturaleza externa que es el objetivo principal de las fuerzas armadas las fuerzas armadas actúan en el orden interno también por mandato constitucional excepcionalmente las otras tareas que describen como el imperio de la constitución política del estado y la garantía del gobierno legalmente constituido al igual que las dos primeras que defender y conservar la independencia y que anteriormente explicaba todas ellas están sujetas de su cumplimiento a la disposición que dé el capitán general de las fuerzas armadas las fuerzas armadas y el cumplimiento de su misión no pueden mandarse solas no pueden interpretar que alguien ha incumplido la constitución política del estado y actuar en consecuencia eso va contra todo estado de derecho y el principio de que establece la democracia. Con esa pequeña aclaración quería resaltar que mi persona no cumplía el cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas y mis funciones eran estrictamente de dirección planificación y supervisión del trabajo que desarrolla el estado mayor, el estado mayor es el cuerpo que el colegiado que contribuye a las tareas del comandante mi persona emitía órdenes e instructivos para dar cumplimiento a las decisiones adoptadas por el comandante en jefe y esto quiero recalcar porque quien toma las decisiones en las fuerzas armadas es el comandante en jefe por eso que mi persona solamente se limitaba a cumplir las decisiones adoptadas por este superior lo mismo sucede con las otras fuerzas el ejército la fuerza aérea o la armada también tienen estados mayores y quién tiene jefes de estado mayor que cumplen las mismas las mismas tareas todo esto se haya descrito en la ley orgánica de las fuerzas armadas que es la que determinan nuestras obligaciones y nuestros deberes con relación al ejercicio del mando también la ley orgánica de las fuerzas armadas faculta al comandante y jefe a ejercer el mando sobre las tres fuerzas y coordinar sus actividades asimismo dispone que él pueda que él pueda más bien disponer el empleo de dichas fuerzas a requerimiento del poder ejecutivo y también le faculta a dirigir las operaciones en caso de conflicto todo esto con la finalidad de enmarcar cuáles son las funciones básicas que tiene el comandante en jefe como en cualquier otra institución tiene la máxima autoridad ejecutiva. Ya con relación a los hechos que han hecho referencia señor juez voy a proceder a también a describir no porque haya participado de los mismos no quiero que se malinterprete sino por la relación de hecho que presenta fiscalía y que en algunos casos sí he estado presente y en otros no pero tengo que aclarar lo que conozco de los mismos con relación al empleo de los helicópteros el día 11 la autoridad que ejerce el mando sobre la fuerza aérea es el comandante de la fuerza aérea y esto está descrito en la ley de que las fuerzas armadas en la LOFA en el artículo 65 inciso a), inciso f) que señala que debe ejercer el mando sobre dicha institución y disponer de los medios que le son asignados el procedimiento para dar seguridad a bordo de los helicópteros asimismo la relación del personal que es transportado son procedimientos propios de la fuerza aérea boliviana mi persona como jefe de estado mayor no tiene ninguna obligación ninguna ley ningún reglamento ni ningún otro instrumento jurídico que instruya o me de la obligación de supervisar el trabajo de las fuerzas de la fuerza aérea o ver que es lo que está desarrollando ese tipo de operación a iniciativas responden directamente a la responsabilidad de quienes ejercen el mando de esa institución en esa fecha las fuerzas armadas nos encontrábamos acuartelados eso significa que nadie podía salir a las unidades menos utilizar los medios aéreos por lo cual desconozco quién ha sido el que ha dado la autorización o ha permitido que se desarrolle esa actividad reiteró que no es mi obligación ni es una facultad mía el desarrollar estos estas actividades, las declaraciones que prestan los miembros de la fuerza aérea cuando son interrogados al respecto ninguno me nombra porque obviamente yo ni conocía lo que se estaba desarrollando o conozco o podía haber participado estar presente o llamado o haberme comunicado por alguna forma de comunicación en ningún medio tuve participación de éstos. El mayor Cervantes señala en su declaración cuál es el procedimiento para que una aeronave a la fuerza aérea se mueva y él dice para que una aeronave de la fuerza aérea se mueva puede venir la solicitud del ministerio de la presidencia la cual pasa a la casa militar, de la casa militar al comando de la fuerza aérea para que autorice y una copia a la unidad que va a desarrollar el vuelo para que la misma haga el cálculo de esfuerzo es decir calculé que combustible necesita que lubricante etcétera en lo cual tampoco se encuentra involucrada en mi persona y son procedimientos establecidos en la normativa interna de la fuerza aérea. Lo propio pasa cuando se señala el aterrizaje en el colegio militar el colegio militar pertenece a otra fuerza mi persona tampoco ejerce ningún tipo de relación funcional con las fuerzas las fuerzas dependen del comandante en jefe no del jefe de estado mayor por lo que desconozco de la misma manera cuál ha sido el móvil ni sabía que se estaba desarrollando esa actividad en el colegio militar las declaraciones que prestan todos los miembros del colegio militar tampoco me nombren y señalan que yo no estuve presente no llame no tenía conocimiento no tuve ningún tipo de injerencia en esta actividad por lo que no solo es responsable porque tampoco ninguna ley ni instrumento o reglamento militar me instruye que deba desarrollar esta actividad con referencia al traslado del colegio militar al hotel casa grande y posteriormente a la asamblea legislativa plurinacional por las declaraciones que hace la capitán de policía Zambrana ella señala que se encontraba en su domicilio después de cumplir servicio y que le llama el mayor Torrico y posteriormente el coronel Vidal para indicarle que debería constituirse en la plaza murillo, ella señala que estaba saliendo del servicio estaba de descanso sin embargo le reiteran la orden y ella cumple cuando llega a la plaza murillo se encuentra con otros miembros de la policía boliviana que también se encontraba en el lugar los cuales le cuestionan le dicen si ella conocía cuál era la misión que deberían cumplir también la que señala que no que no sabía de que se trataba. Posteriormente el se acerca el senador Yerco Nuñez es lo que dice la capitán de policía como digo no me consta estoy simplemente informando que he podido averiguar de acuerdo al cuaderno de investigaciones y le indica que la señora Añez ya había sido trasladada al colegio militar y que se la debería recoger la mencionada capitán pedia instrucciones al coronel Vidal y el indica de procedan ella le indica de que no tenía movilidad es normalmente al senador y el senador Yerco Nuñez que ahí habían dos unidades de la asamblea legislativa plurinacional nuevamente habla con el coronel Vidal y dice que se constituyan en el lugar y les recomienda de que no pelee ni genere discusiones con el personal del ejército el hecho de que no haya movilidad es el hecho de que le recomienden que no pelee con personal del ejército consta que no había ningún grado de coordinación de la misma manera que la citen en la mañana después de que estaba en descanso señala que ni la misma policía había coordinación menos por las fuerzas armadas posteriormente esto la señora se dirige al colegio militar recogen a la señora Añez y se trasladan al hotel casa grande señala que en el transcurso del hotel casa grande a la asamblea legislativa plurinacional se incorporan motocicletas para escoltarles que ella dicen no sé de dónde han aparecido. Posteriormente llega a asamblea plurinacional y los acontecimientos a partir de ese momento ya son transmitidos por la por los medios de comunicación ahí se ve cuando llega la señora Añez desciende a la asamblea legislativa están muchos medios de prensa y la saludan posteriormente se los mismos medios de prensa muestran las motocicletas que están dando el escolta que evidentemente corresponden a la policía boliviana a continuación ingresan a la asamblea legislativa plurinacional la senadora Añez da una conferencia o algo así en el interior también se ve que están miembros de la policía boliviana en todo ese transcurso que muestran los medios de comunicación no existe personal militar por lo que también se evidencia de que esto no ha sido cierto que hayan personal militar dando seguridad en las calles eso muestran los medios de prensa o que he podido ver lo que ha podido observar Posteriormente a esto se da el hecho de que el general Kaliman habría dio una conferencia de prensa es así que el general Kalimán recibe una nota a las 19:20 del general calderón en el que le informa que habría las fuerzas policiales habían sido sobrepasadas y que requería el apoyo de las fuerzas armadas ese oficio que ingresa al comando en jefe se le adjunta la hoja de ruta que se le adjunta toda documentación que tiene que ingresa el comando en jefe el proveído que pone al Kalimán a esa hoja de ruta es el número 4529 señala dicos, dicos es la dirección de comunicación social preparar conferencia de prensa y comunicado de prensa los estados mayores del ejército fuerza aérea y armada y del comando en jefe deben constituirse al gran cuartel general del ejército en la zona de miraflores Con esa orden mi persona se constituye al gran cuartel general del ejército en miraflores y ahí el general Kalimán y al igual que mi persona se constituyen todos los miembros de los estados mayores que aproximadamente en las imágenes y en las fotografías de esa fecha aproximada somos 25 a 30 personas estimó que están presentes como cumplimiento de la orden que emite el comandante en jefe, pero lo que a mí me extraña es que en este juicio solamente estoy o ese conferencia de prensa que da el general Kalimán él señalo que todo el mundo conoce y anuncia que se desarrollarán operaciones conjuntas pues posteriormente de esa conferencia de prensa el general Calderón que también se encontraba presente en ese lugar a los cinco o tres minutos también la otra conferencia de prensa y señala que se había mandado una nota al comando en jefe y por el cual se pedía el apoyo y que en ese momento se estaban desarrollando los planes de operaciones militar policial, policial militar así aclara el comandante calderón el ex comandante de la policía Después de este hecho de esas dos conferencias bueno quiero aclarar que en esa conferencia de prensa mi persona no hace uso de la palabra al igual que el resto del personal está sentado estoy sentado al lado del general Kaliman porque por jerarquía yo estaba ubicado en ese sector y acompaña el resto en el en la en la conferencia de prensa después de esto retornamos al comando en jefe nos encontramos al general Kalimán y llega el ex ministro de defensa el señor Javier Zabaleta después de conversar un momento con el general Kalimán con el que normalmente entablaba conversación hace uso de la palabra agradece a las fuerzas armadas esto es el día 11 agradece a las fuerzas armadas y notablemente emocionado lamenta lo que había sucedido en ese momento le llama el ex ministro de relaciones exteriores el señor Diego Pari por teléfono ante esa situación el general Kalimán le ofrece alojamiento y seguridad y el comando en jefe que le hace extensiva también al ministro Pari que en ese momento había hablado pero los dos no señalan que no era necesario y se retiran del comando en jefe Como dice fiscalía paralelamente a estos estos acontecimientos que terminaría el día once de la noche que posiblemente once y media de la noche que se retira el ex ministro de defensa en la tarde como dice fiscalía se había procedido al retiro de la de la medalla y la banda presidencial la casa militar aunque estén el denominativo de casa militar es un organismo que no tiene dependencia funcional ni administrativa ni disciplinaria del comando en jefe menos de mi persona ya que mi persona era el jefe de estado mayor el reglamento de organización y funciones de la casa militar señala que ellos dependen directamente del presidente el vicepresidente y del ministro de la presidencia después describe todos los protocolos para sacar la medalla para la custodia y la devolución de la medalla al banco central de Bolivia que es donde está resguardada, por lo cual mi persona no tiene ningún grado de participación en este en este tipo de procedimientos porque no tengo ninguna dependencia funcional no conocía lo que se estaba desarrollando esa tarde en la casa militar es más durante toda la gestión 2019 habré ido a la casa grande del pueblo en dos oportunidades o tres oportunidades y en esos días me refiero a un mes antes un mes después no asistí y se puede verificar en las cámaras en los registros que debe tener la casa grande del pueblo o el palacio quemado no estuve presente por lo cual no tuve ningún tipo de comunicación de influencia de injerencia ni de presencia física porque me encontraba cuartelado del comando en jefe las declaraciones que hace el general Nadia respecto a este tema señala que el por previsión dispone el retiro de la medalla presidencial el coronel Lopez que es el jefe de decanes señala que el retira por orden del general Nadia y como previsión a las actividades que se vendría a suceder y que le asignan al mayor Gallardo que sea el ayudante del jefe de la casa militar mayor Gallardo de acuerdo a lo que determine el protocolo va con el oficio al banco central entrega el oficio retira la medalla con miembros de seguridad y se constituya nuevamente a la a la casa grande del pueblo en la cual deposita la joya en la caja fuerte posteriormente a esto el recibe instrucciones de que esté atento cuando sea requerida dicha joya, en la noche señale recuerdo la hora que es convocado por el cuerpo de seguridad de la señora Añez, él le dice que lo que requería le pide a la medalla señala que él tenía que él era responsable de la protección de esa medalla por lo que todo el mundo conoce qué sucedió el año 2018 con la pérdida de la medalla entonces ingresa a una de las uno de los ambientes uno de los salones donde estaba la señora Añez y le entrega la joya y la banda presidencial el mayor Gallardo indica que el es el que sale en la foto y le él está asegurando los ganchos de sucesión de la banda para que no se mueva es lo que dice su declaración la señora Añez también en su declaración señala que le está acomodando el mayor Gallardo la banda presidencial el edecán que estaba en la parte posterior y la señora capitán Zambrana de la policía que está en la parte posterior dan una información similar desconozco quién es el que ha puesto la lavanda y la medalla porque yo no estuve presente y todas las declaraciones de los niños de la casa militar del edecán de la señora capitán Zambrana y todos los miembros está en ese momento en esa situación no me nombra porque obviamente yo me estaba no tuve comunicación con ninguno de ellos ni participé del acto no sabía lo que estaba sucediendo si uno revisa las imágenes de los medios de comunicación todos transmiten cuando la señora Añez está ingresando al palacio de al palacio quemado después de quince minutos aparece la señora Añez nuevamente en el balcón del palacio quemado con la banda y la medalla presidencial, así que debe ser en ese momento entonces que a mí me atribuyen que yo he permitido que no sé que he hecho ahí para que yo esté comprometido en este acto es totalmente falso Estaba acuartelado me contaba en comando en jefe después verificar los libros del comando en jefe todo el personal estaba ahí así que no tengo ningún grado de responsabilidad tampoco en este hecho que es una responsabilidad propia de la casa militar como indicó es totalmente independiente del comando en jefe y menos de mi persona al día siguiente señala la fiscalía de que se había emitido una nota de la señora Añez al final Kalimán ordenándole de que de resguardo a las inmediaciones de la asamblea legislativa plurinacional esa nota obviamente yo no la he visto seguía acuartelado, no la he visto porque yo no soy el general Kaliman entonces no estaba dirigida a mí no tengo conocimiento si la nota ha llegado si el Kalimán es el general Kalimán ha leído si el ha dado alguna instrucción tampoco podría mentir porque no tengo conocimiento de este hecho, sin embargo me llama la atención que la nota que llega no tiene la hoja de ruta que normalmente se coloca en la documentación que llega al comando en jefe tampoco tiene el sello ni la firma de quien la ha recibido esa nota entonces desconozco es cierta si esto ha sucedido o no En las transmisiones que hacen los medios de comunicación sobre este acontecimiento hay una red que no recuerdo el nombre que transmite desde las dos de la tarde hasta casi toda la noche y muestran la plaza murillo ese día 12 de noviembre que estaba vacía y custodiada solamente por personal policial no había un solo militar posteriormente se acercan a la puerta de la asamblea legislativa ingresa o llega a un grupo de representantes de una manifestación que bajaba del alto que pedían ingresar a la asamblea legislativa por no sé qué motivo querían leer un comunicado un documento algo así transmiten y casi todo ese evento que dura una hora dos horas casi posteriormente se dirigen a las diferentes esquinas de la plaza murillo y muestran que a una cuadra o hasta tres cuadras creo que es la Ayacucho esa calle y no se encontraba personal militar en un solo momento se ve que dentro de la casa grande del pueblo habían dos oficiales, suboficiales de camuflado pero que estaban dentro de la casa militar, no estaban fuera entonces todas esas imágenes muestra que no había participación de personas militares, el día 12 en la asamblea legislativa plurinacional dando seguridad el capitán o teniente Peñaloza señala en su declaración que a él le ordenan que dé seguridad a la asamblea legislativa plurinacional él se encontraba en la puerta de la asamblea legislativa plurinacional y posteriormente le ordenan que se vaya a la plaza obispo bosque que queda en la comercio y colón para que contribuya con la seguridad en esa esquina él dice que se constituye y que después de dos a tres horas retorna nuevamente porque le ordenan que retorne, en ningún momento ninguno de los funcionarios policiales que prestan su declaración señalan que hayan coordinado o que haya habido algún militar y en las imágenes tampoco se ve la presencia de ningún militar este oficial señala que ellos se quedan en la puerta de la asamblea legislativa porque nacional porque la unidad que da seguridad a la asamblea legislativa es la unidad de carabineros de la policía y que ellos no conocían cuál era la mecánica para poder permitir el acceso a los que quisieran entrar es por eso que se quedan ahí a colaborar a los carabineros que ellos sí conocían ese detalle más que permite evidenciar que en ese momento no había personal militar creo que esas son todas las acusaciones que cursan sobre mi persona y quiero ampliar que durante la gestión 2019 en el mes de enero luego de la posición nos dirigimos al comando y jefe el general Kalimán dispone que se haga una apreciación de la situación respecto a la lucha contra el contrabando porque el presidente en momentos de nuestra posesión nos indica que las fuerzas armadas debían dar ese año prioridad a la lucha contra el contrabando entonces convocó a todos los jefes de departamento tercero de las fuerzas para hacer la precisión de la situación como resultado de esa apreciación de la situación se le informa al general Kalimán de la situación en las cuales estaban desarrollando la lucha contra el contrabando tanto en personal operaciones etcétera en todos los campos de la conducción como resultado de esto del general Kalimán dispone que los comandantes de las fuerzas expongan al presidente de la primera agenda presidencial todos los requerimientos que se necesitaba para esta lucha que se estaba desarrollando por orden del mismo presidente llega el día de la presentación general Kaliman pone al presidente Morales que la lucha de contra el contrabando se requería de equipo de disturbios civiles equipo anti motín perdigones escudos cascos etcétera que utiliza la policía porque cuando se retenían los camiones muchas veces las comunidades intervenían y no permitían hacer la lucha efectiva contra el contrabando además señala que dado que es un año electoral podría darse la posibilidad de que las fuerzas armadas sean empleadas por disposición del propio poder ejecutivo que preveían esa situación sería conveniente ir previniendo ese material en el mes de julio nuevamente nos constituimos en la en la casa grande del pueblo y eso ha sido de público conocimiento porque los medios lo han transmitido se vuelve a explicar esta situación se vuelve a reiterar los pedidos lo digo no lo he hecho yo he asistido en conferencia o a esas reuniones porque era jefe de estado mayor y asistía En ese mes de julio antes del aniversario de las fuerzas armadas se hace esta exposición el presidente Morales dispone que asistan además de los que forman el alto mando militar también formen los tres primeros de cada promoción o los primeros de tres promociones hacia abajo porque en esa exposición también se le solicitó al presidente Morales que se comience con el plan de fortalecimiento de las fuerzas armadas que se había iniciado el año 2014 vale decir que en esa reunión se le vuelve a reiterar el requerimiento de equipo anti motín por las circunstancias antes explicadas posteriormente ya cuando se desarrolla los conflictos, se presenta un una uno de los lunes que tenía que haber agenda presidencial el general Kaliman expone la morfología del conflicto que es el análisis del conflicto que se estaba suscitando hoy en el país y le expone al ministro de defensa porque no fue saber si el presidente se suspendió la reunión solamente quedó el ministro de defensa se le expone a el y se le sugiere que el conflicto tenía que ser atendido a la brevedad porque él mismo podía desencadenar en con otras consecuencias posteriormente ese mismo oficio es remitido al ministerio de defensa con oficio se tiene la nota de constancias de decepción etcétera para que dicha información sea puesta en conocimiento del presidente Morales Sigue la evolución del conflicto y surgen tres denuncias en la en las redes sociales en los medios de comunicación la primera es que las fuerzas armadas estaban recibiendo un bono de cinco mil bolivianos que era falso y es falso nunca hemos tenido ningún bono y que a la policía se le está pagando tres mil bolivianos entonces el general Kalimán ante esa información emite un comunicado o da una conferencia de prensa señalando que eso es falso que las fuerzas armadas no están recibiendo ningún beneficio económico ni ningún bono después hay otra denuncia en la que señalan que las fuerzas armadas estarían adiestrando a personal a funcionarios públicos en los cuarteles para que se enfrenten con la población que estaba movilizada ante esta situación también en general Kaliman también sacó otro comunicado o da una conferencia de prensa desmintiendo todas esas actividades que estoy relatando señor juez son medidas preventivas que contribuyan precisamente a que no se genere ningún clima que pueda desestabilizar al gobierno legalmente constituido vale a decir que las fuerzas armadas no solamente fueron reactivas ante la situación que se presentó sino que son proactivas porque se adelantaron cuidado que pase esto es mejor prever en caso de que después de esta denuncia llega otra que señalan que las fuerzas armadas iban a salir a las calles porque ya se presentó los problemas disciplinarios con la policía boliviana y señalaban que las fuerzas armadas iban a salir a las calles porque todo el mundo señalaba y la población se paraba en la puerta de las unidades policiales por supuestamente las fuerzas iban a salir a enfrentar a la policía ese era el comentario que circulaba nuevamente se desmiente esto y con esto también con el objetivo de mantener la estabilidad del gobierno legalmente constituido que realiza el general Kalimán Posteriormente nos reunimos somos convocados a la residencia presidencial el día 27 de octubre nos convoca el presidente Morales asistimos todo el alto mando militar el general Kalimán le expone la situación del conflicto que había sido expuesta al ministro de defensa y le señala que ya esto era de conocimiento del señor ministro de pero que quería reiterarle porque el conflicto se encontraba en esas situaciones le reitera cuál era la situación de las fuerzas armadas los comandantes de fuerza les ponen la misma preocupación y también señalan que sería requerido ese equipo anti motín y material antidisturbios pero que hasta la fecha no había llegado el día 09 a solicitud del general Kaliman nos constituimos en la residencia presidencial en horas de la noche se hace la misma evaluación recomiendan que se dé solución al conflicto porque estaba creciendo el nivel de conflicto, el día 10 nuevamente las fuerzas más en la mañana al general Kaliman le vuelve a reiterar la situación y los comandantes reiteran su preocupación posteriormente nos retiramos Todas esas actividades que estoy describiendo fueron realizadas precisamente para mantener estabilidad del conflicto para mantenerla la estabilidad del gobierno legalmente constituido y es ahora que nos acusan de que no se ha mantenido, no se ha cumplido el deber de constitucional de mantener la estabilidad del gobierno legalmente constituido cuando en evidencia estoy informando lo que he tenido conocimiento de lo que ha sucedido en todo ese tiempo. Asimismo una parte de la de las acusaciones que hace fiscalía señala que no se habría garantizado la estabilidad del estado por qué se habría afectado a la independencia, la independencia que he explicado hace un momento es una amenaza externa esto es comprendida en todas partes del mundo pero señala que se da a entender que se refiere a la independencia por lo menos es lo que yo entiendo a la independencia que señala como, que estaba marcada como un fundamento de la asamblea legislativa plurinacional de los órganos del poder más la constitución dice que la organización de los órganos de poder se fundamentan en la independencia la cooperación la separación y la comunicación pero no se puede atribuir pues que la independencia no hemos garantizado la independencia del estado al no haber garantizado la independencia de la asamblea legislativa son conceptos totalmente diferentes Asimismo señala que no se abría no se habría garantizado la estabilidad del gobierno por qué no se garantizó que el partido del MAS continúe en el gobierno, el gobierno está constituido por el poder ejecutivo que es el que administra la el aparato público entonces las fuerzas armadas no tiene esa competencia, la ley, ni la ley orgánica, ni la constitución ni ninguna ley le atribuyen esa competencia a las fuerzas armadas de la misma manera señala que no se habría cumplido con el mandato constitucional de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido por qué no se aseguró que el presidente Morales culmine su gestión, como señala las cartas del presidente Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera ellos renuncian a su cargo y posteriormente renuncian casi todos los ministros a excepción del ministro de defensa que se queda hasta el día 12 en horas, a las primeras horas de la mañana a las 00:30 los demás ya renunciaron, las fuerzas no tienen competencia para hacer nada al respecto de esa manera señor juez con todo lo que he podido informar a su autoridad he concluido mi declaración.” EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA: La defensa técnica del acusado sostuvo lo siguiente: “Gracias señor presidente voy a cumplir sagradamente el tiempo que usted ha establecido ha establecido para estos alegatos de apertura señor presidente miembros de este digno tribunal es la primera vez que yo asisto a un juicio político y bueno desgraciadamente el señor Gustavo Arce San Martín está escuchando solamente análisis e interpretaciones de carácter político y la verdad es que bueno nosotros como abogados técnicos en este sentido solamente vamos a plantear ante vuestras autoridades los siguientes señor presidente del desarrollo de este juicio vamos a demostrar ante sus autoridades que definitivamente el señor Gustavo Arce San Martín no ha participado en temas de carácter político el señor Gustavo Arce San Martín es un militar de carrera señor presidente y cumplió estrictamente vamos a demostrar ante sus autoridades que él cumplió estrictamente sus funciones como militar de honor de carrera vamos a demostrar ante sus autoridades señor presidente que el señor Gustavo Arce San Martín como les ha dicho a ustedes con bastante claridad él no ha participado en la imposición de los símbolos patrios a la señora Jeanine Añez porque definitivamente no eran esas sus funciones están establecidas con precisión y claridad las funciones del señor Gustavo Arce San Martín vamos a demostrar ante su autoridad del señor presidente que él no avaló absolutamente ninguna imposición de símbolos patrios porque no tenían responsabilidad en ese sentido. Vamos a demostrar también señor presidente cómo lo ha explicado claramente el señor Gustavo Arce San Martín que las funciones de las fuerzas armadas durante todo ese tiempo del conflicto se enmarcaron dentro de la constitución y de la ley pero hablan de las fuerzas armadas señor presidente y el señor Gustavo Arce San Martín no es la fuerzas armadas el señor Gustavo Arce San Martín es un miembro de las fuerzas armadas señor presidente y así como miembro de las fuerzas armadas y como militar de honor vamos a demostrar ante vuestras autoridades que cumplió sus funciones y desgraciadamente le tocó estar en este momento que los políticos nos han llevado a esto señor presidente unos por responsables porque no supieron asumir su responsabilidad en su momento señor presidente y ahora reclaman muchas cosas y nos han dejado en esta situación por la irresponsabilidad de los políticos es que el señor Gustavo Arce San Martín que está en una situación de preso sin poder tener la posibilidad de defenderse en libertad señor presidente y definitivamente lamentamos nunca antes yo había estado subrayó esto señor presidente en un proceso de esta naturaleza no he escuchado los términos técnicos señor presidente solamente situaciones eminentemente políticas y la verdad por eso es que yo creo que esto se debería desarrollar en otra instancia del estado sin embargo señor presidente los tres elementos por los que supuestamente se lo involucra al señor Gustavo Arce San Martín son: el misterio público dice que el haber avalado la imposición de los símbolos patrios como se avala señor presidente vamos a demostrar que eso es bastante subjetivo y no se puede sostener con evidencias vamos a demostrar señor presidente como él lo ya lo manifestó que dentro de sus atribuciones se garantizó pues la estabilidad democrática del gobierno legalmente constituido en su momento porque definitivamente vamos a demostrar que el señor Evo Morales tenía permanentemente contacto con las autoridades militares a las cuales pertenecía al señor Gustavo Arce San Martín y se le informó de todo aquello señor presidente y el señor Evo Morales se fue y se despidió de los miembros de las fuerzas armadas y concretamente del señor Kaliman vamos a demostrar señor presidente y eso lo establece la constitución y lo establece la ley y nosotros como hombre de derecho obviamente que lo tenemos que saber la constitución establece que las fuerzas armadas es una institución vertical y quien decide sobre el funcionamiento de estas fuerzas armadas es precisamente la máxima autoridad y el señor Gustavo Arce San Martín no era aquello entonces todos estos aspectos señor presidente vamos a demostrar ante vuestras autoridades y lo que sí está claro señor presidente es que en el cumplimiento de sus funciones el señor Gustavo Arce San Martín no emitió ninguna resolución contraria a la constitución y tampoco hizo cumplir ninguna orden contraria a la constitución política del estado señor presidente y también vamos a demostrar ante sus autoridades que no incumplió su función el señor presidente cuando nos dicen incumplimiento de deberes hay que precisar cual la normativa del verbo rector del artículo 154 eso no se encuentra establecido sin embargo como defensa técnica y para concluir señor presidente vamos a solicitar muy respetuosamente a vuestras autoridades que en el ejercicio tanto de la defensa técnica y la defensa material nos permitan presentar a nuestros testigos que nos hemos propuesto y que nos permitan reproducir las pruebas literales materiales y testificales a efectos señor presidente no de demostrar la inocencia porque la inocencia es un principio constitucional que está establecido en la norma suprema y no estamos en la obligación de demostrarlo se presume señor presidente pero lo que sí vamos a hacer nosotros es desvirtuar a todos y cada uno de esos elementos que están presentando con el debido respeto lo decimos el señor representante por los señores representantes del ministerio público y también los señores abogados de las diferentes instituciones que hoy se encuentran como acusadores particulares entonces esa va a ser la misión que nosotros hoy nos proponemos ante ustedes señor presidente y estamos seguros que cuando concluya este juicio y previa a la valoración de todas las pruebas de cargo y de descargo sus autoridades habrán encontrado la verdad y en aras de una estricta administración de justicia libre autónoma imparcial y que no esté sometida a ningún poder del estado puedan dictar la sentencia que en derecho corresponde muchísimas gracias señor presidente.” Asimismo, advertido de sus derechos fundamentales, antes de iniciar su declaración se le comunicó al acusado Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, sobre los hechos que se le atribuyen, advirtiéndole a que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, ni en su contra, de acuerdo a las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales y el Código de Procedimiento Penal; JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO, mayor de edad, con C.I. N° 3013897 expedido en Cochabamba, nacido en Pasorapa el 09 de agosto de 1963, de profesión militar, estado civil casado, con tres hijos Jorge Andrés Mendieta Antezana de 26 años, Juan José Mendieta Antezana de 22 años Nicolas Mendieta Antezana de 12 años, sin antecedentes policiales, con estado de salud Hipertenso con tratamiento hace dos años. Datos proporcionados por el acusado a momento de su declaración en audiencia manifestando lo siguiente: “Inicialmente quisiera indicar que durante todo este proceso en las oportunidades que me preguntaron o las veces que he declarado nunca se me ha preguntado respecto a los delitos que se me están acusando en este momento y usted puede constatar en las preguntas que tengo las dos declaraciones e incluso en el primer caso sin embargo en un determinado momento cuando yo explique cuál era mi participación porque yo no estaba en muchos eventos en forma física presencialmente pues me indicaron y objetaron que yo había hecho o estaba haciendo gala de que conocía mucho esto entonces yo en este en este sentido señor juez muy respetuosamente pido en cada uno de los eventos que se me acusa no he participado físicamente porque usted mismo y todos los que conocen el derecho dice que la responsabilidad es individual en este sentido yo le pido que todas las declaraciones aparte de las que estaba yo físicamente presente y que ha sido que participado de alguna manera a través de una llamada telefónica en mi presencia en ese lugar por las otras las voy a responder en base a la lectura y análisis que hice de todo el cuaderno de investigación de tal manera que en mi declaración señor juez va a estar basada en hechos reales no supuestos y que se pueden comprobar en el cuaderno de investigaciones para que usted tenga una idea clara y como este digno tribunal así como los presentes las fuerzas armadas y nos muestran como decían antes están constituidas por el ejército por la fuerza aérea y la armada boliviana organizados en cuatro comandos que acá existe una confusión en el manejo de esto hay un comando en jefe, hay un comando general del ejército, hay un comando de la fuerza aérea, un comando general de la armada y el comando en general del comando en jefe de las fuerzas armadas según la ley orgánica de las fuerzas armadas está constituido íntimamente en jefe de las fuerzas armadas y el jefe de estado mayor, el inspector, el estado mayor general del comando en jefe y el gabinete del comando en jefe, el suscrito es comandante general en ese momento era comandante general del ejército por lo tanto no forma parte de esa organización del comando en jefe y todas las acusaciones en este momento señor juez indican que el comando en jefe compuesto por alguna razón me incluyen y en la ley orgánica de las fuerzas armadas está claramente establecido que no soy parte del comando en jefe en ese sentido señor juez para que tenga una idea concreta a partir de este argumento lo que voy a relatar. La primera acusación que el comando en jefe compuesto el cual incluye era la máxima autoridad en ese momento a la renuncias del presidente del ex presidente del ex vicepresidente y del ex ministro de defensa, el comando en jefe de las fuerzas armadas era la máxima autoridad de las fuerzas armadas si consideramos al personal en la responsabilidad personal señor juez el máximo representante de las fuerzas armadas con autoridad de mando y de decisión es el comandante en jefe de las fuerzas armadas como persona individual no con ese organismo que tome esa decisión y en esta en esta oportunidad yo no yo no soy parte de eso. Si nos referimos a que en ese momento era la máxima autoridad recordemos que el ex ministro de defensa renuncia el 12 a las aproximadamente a la 01:00 a.m., entonces quién era la máxima autoridad en ese momento del alto mando militar, porque hay un determinado momento indicaron que no había alto mando militar en ese momento y la ley orgánica en su artículo 22 inciso a) una de las responsabilidades que le atribuye al ministerio al ministro de defensa es qué constituye parte del alto mando militar y en caso de ausencia del capitán general de las fuerzas armadas lo preside esto le faculta al ministro ejercer el mando como lo hizo el día desde el día 10 o desde el día 10 o las elecciones o como siempre hasta el día 11 a las hasta las once y media doce de la noche por qué, porque él también al presidente señor juez en la Constitución Política del Estado el 172 en las atribuciones que le asignan o que tiene el capitán general de las fuerzas armadas puede destituir relevar al comandante en jefe y a los comandantes de fuerza sin embargo no se tomen decisión, mas bien por el contrario después de la conferencia de prensa que emite el señor Kaliman en el gran cuartel de Miraflores, el señor ministro se constituye en el comando para hacer un seguimiento, para hacer un seguimiento señor juez de la de la decoración que tenía que hacer el expresidente del aeropuerto de chimoré esta actividad así como el comandante de la fuerza aérea que nuestro no es de mi competencia y no sé en las actividades que él hablaba o las cosas que él hablaba pero sí es importante indicar que el señor comandante en jefe mantenía permanente relación o contacto con el ex presidente Evo Morales. En el momento que estaba por despegar el señor comandante en jefe coloca en altavoz su teléfono y les reclaman al señor presidente porque estaba dejando el país en este momento porque había una amenaza muy fuerte del alto que bajaba mucha gente y textual el señor expresidente en ese momento indica a general Cadena que es que nosotros como militares hemos estudiado para eso y somos expertos en negociación que las bases lo habían sobrepasado y ahí surge el nombre del ex ministro Cocarico que él era el responsable de toda esta actividad que estaba realizando por lo tanto debería negociar con él, después desconozco sí tomó contacto con el general Kaliman posteriormente porque estaba el ministro de defensa y seguía haciendo este seguimiento en espera hasta que el avión de la fuerza aérea Mexicana despega de Chimoré y una vez que estaba en camino a al Paraguay el se despide del general Kaliman y de todos los que estábamos presentes bastante emocionado agradece y se retira en ese momento y del general Kalimán le ofrece la protección por qué decidió o le llamo el canciller Pari le dice no sé por teléfono y él le dice que se quede en el comando en jefe y también el ministro de defensa señor Zabaleta lo indica que el ministro de gobierno estaba también y eso y le ofrece también al señor Romero que pueda aproximarse al comando en jefe también hace caso y se retira el ministro y desde ese momento aproximadamente a las once y media y no tenemos más contacto con él. Como usted puede ver señor juez en todo momento se mantuvo el contacto con el gobierno legalmente constituido en ese momento tratando de hacer que se cumplan todas las disposiciones que establece la norma hablo esto porque estaba presente en ese momento respecto a la acusación de la coordinación anticipada que había entre la policía y las fuerzas armadas a la utilización de helicópteros aterrizan en colegio militar del avión y la escolta que se le había brindado a la señora Añez hasta la asamblea legislativa desde los helicópteros no como comandante de ejército no tiene ninguna competencia para poder determinar lo que ocurre con las aeronaves sean helicópteros sean de ala fija o alas rotatorias el único responsable es el comandante de la fuerza aérea a través de todo su estado mayor como lo indicaba un comando general de la fuerza aérea que es responsable a través de ese ente colegiado tomar las decisiones que corresponden sus procedimientos los desconozco También me acusan de que el ejército hubiese brindado seguridad en el transporte del helicóptero desde el alto hasta el colegio militar eso que es totalmente falso porque no es competencia la seguridad las aeronaves del ejército es competencia también de la fuerza aérea y como todos sabemos si es responsabilidad de la tripulación quien sube a quien la transportar y todos los aspectos técnicos que corresponden asimismo la tripulación determina el aeropuerto o el helipuerto en este caso que va a utilizar Una vez que llega al colegio militar intervengo al general Kaliman aproximadamente a las once entre diez y once de la mañana y estaba en el puesto comando que es el gran cuartel de miraflores recibo una llamada y me dice que está autorizado el aterrizaje del helicóptero en el colegio militar y que le comunique al comandante colegio militar inmediatamente yo cuelgo y me llama me dice que va a transportar autoridades militares ni me dice a quienes va a transportar yo transmito esa disposición al comandante del colegio militar le digo general Pozo está autorizado el aterrizaje del helicóptero porque al general Pozo porque el colegio militar depende del ejército y no depende del comando en jefe Entonces que se ve en ese momento señor juez se ve desde la noche anterior de la toma de colegio militar los cadetes estaban en emergencia de manera que simplemente yo le autorizo que aterrice ese helicóptero en ningún momento yo había pensado que podía ser un delito del cual se me acusa que autorice el aterrizaje de helicóptero en el colegio militar siendo que esos aterrizajes señor juez eran de manera permanente en el expresidente a la semana dos o tres veces aterrizaba asimismo el ex presidente particularmente los fines de semana el señor ex vicepresidente aterrizaba transportando autoridades políticas incluso familiares para asistir a su caso se decoraba y aterrizaba en esa cancha de pasto sintético entonces ese momento no pensé que podría constituir un delito autorizarlo al comandante de Colmil que aterrice el helicóptero sin conocer a quien transportaba a que personas transportaba de manera que en ese evento ahí participó directamente llamando a ese teléfono y le comunico textualmente está autorizada también es una cosa de haber permitido el ingreso de los escoltas o de la seguridad para recogerla a la señora Añez. Señor juez el ingreso colegio militar cuando llega un helicóptero a la cancha de fútbol alguien tiene que recoger es una actividad rutinaria que entre su seguridad o alguna persona que sea responsable que conozca de aterrizaje por lo tanto ese ingreso de los escoltas que en esta oportunidad eran de la policía en vehículos de la como dicen las declaraciones de los que estaban involucrados en esto como la capitán Zambrana en los vehículos de la asamblea lo ingresen al colegio militar siguiendo el procedimiento de seguridad que establece el instituto que pida permiso de prevención y se dirija a la cancha de pasto sintético para que pueda recoger al personal que transporta respecto a que el ejército o mi persona haya ordenado de que escolten a la señora Añez desde el colegio militar es totalmente falso las declaraciones que establecen el señor coronel Vidal el señor capitán Peñaloza la capitán Zambrana indican que todas las disposiciones desde la mañana le había dado el general Calderón para que se constituyan y primero refuercen la seguridad de la plaza murillo y luego esperen disposiciones es así que entre las llamadas que realizan el señor coronel Vidal en dos ocasiones tanto a un funcionario que estaba proporcionando seguridad le indica que cumplan su misión sin entrar en peleas con los miembros del ejército que estaban proporcionando seguridad en la casa grande del pueblo en el palacio del gobierno que por ley le corresponde que en su momento voy a indicar que ley. Asimismo, la capitán Zambrana que cuando va al colegio militar dice que no se peleen como los del ejército porque la señora Añez es senadora y la seguridad de la asamblea le corresponde a la policía, textual las declaraciones que están en el cuaderno de investigaciones Asimismo siguen los aspectos de coordinación si bien han sido coordinación segura sin ningún momento se hubiesen realizado estas estas recomendaciones de estos señores oficiales de la policía respecto a las de la relación que podía tener con el ejercito a los vehículos que pueden utilizar son de la asamblea lo reconocen en la en las en sus declaraciones y el señor Peñaloza cuando sale del colegio militar como indica en su declaración que se le une un grupo de motocicletas para proporcionar el la escolta correspondiente y que por su poca velocidad son sobrepasados sin embargo cuando llegan a la asamblea un medio de comunicación transmite y se ve claramente que están las motocicletas más vehículos en la caravana donde ha llegado la señora Añez hacia la asamblea legislativa plurinacional una vez ingresan el ejército en la seguridad dentro de la asamblea peor es una responsabilidad de la unidad de carabineros de la policía que incluso en tiempo de paz un miembro de las fuerzas armadas no puede ingresar a la asamblea legislativa plurinacional. En ese sentido era difícil que podía entrar a una coordinación para brindar seguridad y los medios de comunicación y televisivos que transmiten estas actividades no se nota ningún personal del ejército en este caso, con éstas asimismo, las declaraciones que ha sido la señora Añez de que el general Kalimán la había tratado mal en la tarde cuando estaba en la academia de policías hace nos indica que pues no había ninguna coordinación anterior con lo que estaba ocurriendo porque una persona no tenía conocimiento de que recorrido ha realizado la señora Añez por dónde iba quién era, el único que habíamos visto eran los medios de comunicación en la televisión porque una persona estaba entre un comando general del ejército en miraflores y cuando era requerido me trasladaba al comando en jefe de las fuerzas armadas que funcionen en obrajes eso en cuanto a la coordinación Después me acusan señor juez de la medalla de haber permitido de haber hecho a la vista mía que hubiesen sacado la medalla es una cosa totalmente falsa porque en manejo la disposición custodia de la medalla presidencial así como de la banda es única responsabilidad del jefe de la casa militar porque el jefe de la casa militar porque esa unidad depende del presidente el vicepresidente y el ministro de la presidencia el manual de funciones de la casa militar estipula claramente en sus determinados puntos cuál es la función de cada uno de ellos donde establecen este manual que el encargado de cumplir este protocolo es el ayudante del jefe de la clase militar que en esa ocasión era el mayor Gallardo Existen oficios en los cuales se envía hacia el banco central y se cumple todo ese procedimiento de acuerdo a lo que indica el manual de funciones y la pregunta que puede surgir y usted tiene un manual de funciones tengo acceso porque yo fui edecan y fui jefe de edecanes por lo tanto todo el manejo del conocimiento de sus funciones existe en la casa militar, en función a eso las declaraciones del jefe de la casa militar también indica que él ha dado la orden para sacar sin que medie ninguna orden de alguien superior porque en ese momento no había superiores peor del ámbito militar, en ese sentido la declaración del coronel López de la misma forma coincide es coincidente con la declaración, de la misma forma del mayor Gallardo en ningún momento mi persona ve algún reglamento o normativa esta que como comandante del ejército no pueda inmiscuir en trabajos que realiza el jefe de la casa militar particularmente referido a la medalla presidencial porque es una actividad totalmente reservada por la por el valor histórico que tiene en muchas otras cosas que son muy importantes consideradas por lo tanto el jefe de la casa militar esas actividades realizan a de manera a título personal y no da parte a nadie y si él saca es por él muchas veces por previsión en función a la agenda que tiene el presidente, cuando el presidente en ejercicio pero en ese momento el día un señor que tenía ningún conocimiento lo que habían sacado la medalla yo me entero que sacaron la medalla cuando la señora sale al balcón ya con la medalla y la banda eso en cuanto a la acusación que tengo referente a la medalla presidencial La otra acusación que se me hace es referida a la conferencia de prensa señor juez la conferencia de prensa se realiza una vez que en este evento señor juez yo me he encontrado en el gran cuartel de miraflores aproximadamente desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche donde somos convocados a la reunión en ese momento de acuerdo al cuaderno de investigaciones la carta que envía el general Calderón al general Kaliman es recepcionada a las diecinueve veinte el comando en jefe vuelvo a recalcar de acuerdo a lo que dice el poder un investigación yo no tuve acceso en ese momento, una vez que llega esa carta y su proveído que coloca en la hoja de ruta que decía el comandante Arce coloca y se lee claramente DICOS o sea dirección de comunicación social preparar el comunicado y llamar a conferencia de prensa debiendo asistir en el salón de banderas del gran cuartel de miraflores en el comando general del ejército y el estado mayor por comandante, el comandante y el estado mayor del ejército del comandante y el estado mayor de la fuerza aérea y el comandante y el jefe de estado mayor de la armada boliviana, estamos hablando de las diecinueve con veinte minutos donde coloca su proveído y el ayudante aproximadamente a las a las seis y media me llama porque estaba en miraflores me indica que el general Kaliman ha ordenado que asistan a la conferencia de prensa y que todos con su estado mayor, yo inmediatamente transmito la orden y el estado mayor el salón de banderas está en el estado mayor nos dirigimos a ese lugar y esperamos a que el que el resto del estado mayor llegue la conferencia de prensa que emite el señor Kaliman y emite el comunicado acá es algo importante emite un comunicado que van a realizar operaciones conjuntas, los realiza a los ocho días, la señora Añez divulga el video a las a las 19:50 como usted se puede dar cuenta que sí a las 19:20 el señor Kaliman recibe esa nota pero si al colocar en su proveído ya decide que va a ser esas operaciones por lo tanto no tiene ninguna influencia ese video que tiene que emite la señora Añez en la decisión que pudo tomar señor Kalimán una vez que emite la conferencia señor Kalimán el comunicado el general Yuri Calderón inmediatamente emite otra conferencia porque estaba el presente en el lugar no me indica que a partir de estuvimos tres horas estamos empezando a elaborar los planes y como consecuencia de esa de esa conferencia de prensa señor juez se emite la orden de operación 01/2019 que esa orden, la ordena el general Kalimán al jefe del departamento tercero del comando en jefe para que haga esa orden y a partir de ese momento señor juez todas las unidades que van a intervenir en esta operación pasan bajo control operativo del comando en jefe que es el control operativo, el control operativo es la autoridad que ejerce un comandante sobre esas unidades que no son orgánicas de él por todas, a partir de ese momento todas esas unidades de los de la fuerza aérea y de la armada pasan bajo control operativo del comando en jefe en función a la organización de los comandos estratégicos operativos y en esa orden señor juez la tarea específica que da a los comandantes de fuerza en este caso a mi persona es que las fuerzas satisfacerán las necesidades de apoyo logístico en la parte operativa y asume comando en jefe creando los comandos estratégicos operativos y activando los comandos estratégicos operativos a nivel nacional y estas instrucciones o estas órdenes las dan en ese momento a través de un puesto comando que sería crear un comando en jefe de manera virtual o sea que la interacción con el comandante jefe y el jefe de departamento tercero y en su momento como el ministro era de comandante de cada área o de comando estratégico con el ministro con el comandante en jefe y en este caso con el jefe del departamento tercero y como comandante de ejército yo asistía, con el ministro asistía simplemente para aclarar algunas dudas respecto a la ubicación de las unidades o alguna necesidad que podría tener en la parte logística eso en cuanto a la conferencia de prensa y que ese video hubiese sido el motivo para que se dé esa conferencia de prensa y que las fuerzas o que al final Kalimán decida entrar o salir a las calles a hacer las operaciones conjuntas de acuerdo al cuaderno de investigaciones y en las diferentes declaraciones en los vídeos señor juez Respecto a la acusación que realizan cuando no hemos cumplido no se ha garantizado la estabilidad del gobierno legalmente constituido al haber dejado o no haber dejado ingresar a los parlamentarios hacia la asamblea señor juez en este momento mi persona no tiene conocimiento absoluto de nada a raíz de la nota que la señora Añez hubiese enviado donde pedía resguardo de la plaza en el libro de la sala de la asamblea esa nota no la conozco, la conocí en la investigación que realicé a través del cuaderno de investigaciones en la cual simplemente está la nota y tiene los documentos anexos que cuando una institución militar ingresa por lo tanto desconocía ese momento. Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios, policías, de los funcionarios de la policía nos hacen ver que la seguridad de la plaza es responsabilidad de la policía a través de la Utop la seguridad de la asamblea legislativa es responsabilidad de unidad de carabineros de la policía y del ejército no tengo un solo personal en este lugar por lo tanto en los medios de comunicación que también indican no accederán funcionarios del ejército en este lugar. Entonces por lo tanto, ese entonces conozco, además el día 12 cuando sale esa orden señor juez porque estaba al mando de todas las operaciones estaba era responsabilidad del comando en jefe a través del departamento tercero porque estaban activados los comandos estratégicos operacionales. Respecto a la acusación también en ese sentido cuando nos indican que no hemos conservado la independencia del estado porque dejado que la señora Añez asuma haga una sucesión ilegal e ilegítima para que sea presidente, señor juez la responsabilidad en ese momento estaba en la asamblea legislativa los problemas políticos deben ser solucionados por los políticos, en ninguna parte nuestra normativa militar o la legislación nacional indica que las fuerzas armadas pueden ingresar a la asamblea o un órgano del estado a poder interferir e indicar no hay quorum aquí no sesiona porque no cumple las reglamentaciones no es una responsabilidad que en ningún momento nos indica eso y no se encontraban en ese lugar pero la acusación que nos hacen respecto a la independencia es únicamente una amenaza interna la independencia, que establece claramente en sus responsabilidades que le dan al capitán general de las fuerzas armadas en el ámbito externo debe ser empleado para preservar la seguridad y la soberanía y la independencia del estado en la parte interna las fuerzas armadas son empleadas para mantener el orden público cuando las fuerzas afines a esto no han sido suficientes por lo tanto esa acusación también se nos indica y es una amenaza totalmente externa sí pues. Respecto a la otra cosa es que en el momento en que la señora Añez asume o sea se adoptan con significan que se dirige a la casa de gobierno al palacio de gobierno y que el comando en jefe integrado por todo lo indicado le estaban esperando para imponer una cosa ha sido totalmente falsa porque todas las declaraciones del jefe de la casa militar ahí indica que no había nadie quien lo recibe al jefe de la casa militar por la función que desempeña la ley 33317 del que está que tenemos asigna al regimiento colorados responsabilidad de la seguridad del palacio de gobierno la residencia presidencial, el decreto supremo en 2016 que se crea la unidad de protección de dignatarios de estado y ejército también atribuye la seguridad al presidente al vicepresidente bajo las responsabilidad del comandante en jefe de la casa militar él asume el mando dicho para resguardar el palacio, las características que indica respecto a la seguridad que amerita el primer político del país en este caso el presidente es por eso que el jefe de la casa militar no da parte a nadie porque esta guardando la seguridad del primer hombre del país y en ese momento cuando saquen la medalla no da parte a nadie además en ese momento las declaraciones indican que el jefe de la casa militar le ordena que esté atento para entregar la medalla a la señora Añez, cuando entre la señora Añez llega le entrega la medalla y las declaraciones del edecán así como de la capitán Zambrana que están presentes en ese momento dice que le coloca o sea la guarda simplemente la banda la medalla se coloca y la banda se guarda, eso dice en las declaraciones que están en el cuaderno de investigaciones de manera textual. Entender que mi persona no se encontraba en el palacio de gobierno en ese momento yo en ese momento me encontraba en el comando en jefe para que había solicitado poner mi cargo a disposición y el comandante en jefe ordena que se haga una carta y aproximadamente a las diez, diez y veinte nos constituimos en el palacio de gobierno para presentar nuestra carta y poner nuestros cargos a disposición eso se tiene la carta, se tiene las horas a través de los diferentes medios de comunicación y las declaraciones del personal que se encontraba en ese momento en el palacio del mismo edecán, asimismo el señor senador Ortiz indica en su declaración que los miembros del comando en jefe dice el que llegaron aproximadamente a esa hora se reúnen con la señora Añez y lo único que querían era poner sus cargos a disposición, es la única oportunidad que tuve de conocerla a la señora Añez, pusimos nuestros cargos a disposición y nos retiramos a nuestros comandos, acepto relevarnos al día siguiente, nos relevamos y pase a la reserva activa sin tener consideración de ninguna naturaleza, señor juez esa es toda mi declaración., esa es la verdadera historia de los hechos yo estoy acá detenido más de un año y quería en este momento hacer el uso del derecho a mi defensa material porque en las anteriores declaraciones nunca me preguntaron sobre esto, muchas gracias.” EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA: La defensa técnica del acusado sostuvo lo siguiente: “Muchas gracias señor presidente señores miembros del tribunal principio básico con el cual este tribunal debe actuar es en base a un principio del juez natural que implica de que sus autoridades hayan sido constituidas antes del hecho y que también tomen conocimiento desde el primer acto del proceso de juicio para formar convicción al momento de que ese tribunal emita una determinada sentencia sea esta absolutoria o condenatoria se ha podido observar desde el inicio del juicio la presentación y fundamentación de un requerimiento conclusivo acusatorio por parte de la fiscalía y por acusaciones particulares de las entidades estatales que se encuentran participando en este proceso y lastimosamente a través de la presentación de estos requerimientos y de estas acusaciones particulares respecto a la supuesta participación que haya podido tener mi cliente en los hechos del 2019 y relacionándolo con los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución política del estado no hemos podido encontrar un mínimo de grado de participación descrito en los memoriales y de solicitudes a todas del mismo modo en la debida fundamentación de las acusaciones ya antes relatadas tampoco se nos ha podido explicar el día de hoy de qué forma participado mi cliente en los hechos de 2019 porque se argumenta de que se ha cooperado se ha colaborado ha habido una coordinación entre los militares con la ex senadora expresidenta Jeanine Añez para que pueda asumir el poder, pero no se nos ha explicado lastimosamente y en virtud al derecho a la defensa material que en día de hoy recientemente mi cliente ha podido ejercer porque durante las investigaciones lastimosamente en el interrogatorio que se les realizaba se preguntaban aspectos del caso golpe uno de la de la sugerencia de la renuncia después no se ha preguntado absolutamente nada más pero sin embargo con la declaración en defensa material clara vertida ante este tribunal claramente este tribunal se va a poder dar cuenta de que no existe prueba alguna no existe relación fáctica no existe documento, informe que pueda acreditar la participación de un cliente en esa supuesta coordinación colaboración cooperación que ha tenido supuestamente mi cliente al momento en el cual supuestamente participa en el traslado de la señora Jeanine Añez desde el aeropuerto internacional hasta el colegio militar de Irpavi, de su traslado del colegio militar de Irpavi a la asamblea legislativa y de la supuesta colaboración en la imposición de la medalla presidencial de la banda presidencial y menos se ha podido demostrar de que se haya atentado contra la independencia del estado y contra la soberanía así lo ha manifestado el representante del ministerio público y así también se ha plasmado en él requerimiento conclusivo acusatorio. Señor magistrado señores miembros de este tribunal el señor Mendieta como todo ciudadano con derechos políticos derechos ciudadanos derechos fundamentales tiene una familia tiene una familia tiene una esposa tiene tres hijos que lastimosamente el día de hoy están pagando por cuestiones en las cuáles lastimosamente mi cliente por ejercer sus funciones como general las está pagando tras rejas, un año que se encuentra privado de libertad quien va a reponer ese año de privación de libertad, quíen va a reponer en derecho de compartir con su familia de pasar con su familia por este injusto proceso realmente las personas que realmente son responsables por los hechos del 2019 como lo acaba de manifestar el abogado de la señora Jeanine Añez Chávez se encuentran en completa libertad y sabemos cuál es el origen de este proceso el origen de este proceso prácticamente es el mega fraude del año 2019 donde se han vulnerado derechos políticos de los ciudadanos absolutamente de todos y no solamente unas cuantas personas como lo ha manifestado el representante del ministerio público durante la tramitación del juicio señor magistrado y con la abundante prueba testifical y documental que hemos presentado pese a que se nos ha privado de poder defendernos en una etapa de investigación que tenía que durar seis meses pero en 43 días se cierra la misma por criterio de la comisión de fiscales vamos a demostrar de que mi cliente en ningún momento ha colaborado ha coordinado, o ha brindado algún tipo de colaboración a la señora Jeanine Añez para que pueda asumir la presidencia mediante una sucesión constitucional que incluso ha sido avalado por el tribunal constitucional a través de una consulta, con los testigos que vamos a presentar prueba documental seguramente vamos a demostrar y contradecir la tesis acusatoria y obviamente dependerá mucho de ustedes como tribunal sentar un precedente sentar un precedente en el sentido de que nos encontramos realmente en un juicio político y este tribunal apegado a la norma reiteró debe sentar un precedente de realmente cómo se debe aplicar justicia en el país con estos hechos y alegatos iniciales señor magistrado y obviamente en la etapa que fue responda acudiendo siempre a la comprensión de que no se nos limite el derecho a la defensa con la limitación de presentación de testigos o pruebas documentales nosotros podamos ejercer un derecho técnico legal un derecho material conforme tiene que ser es en cuanto tenemos a bien exponer señor magistrado muchas gracias por su atención.” WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, con C.I. N° 1076050 expedido en La Paz fue declarado Rebelde en Juicio mediante Resolución N° 26/2022 de 28 de Marzo de 2022, siendo asignado un defensor público. EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA: La defensa técnica del acusado sostuvo lo siguiente: “Gracias señor magistrado buenas tardes a todos los presentes miembros de este digno tribunal, la defensa del declarado rebelde WILLAMS CARLOS KALIMAN va a demostrar ante sus autoridades durante toda la sustanciación de juicio oral hasta que sus autoridades determinen una sentencia, se va a demostrar señores magistrados que mi defendido declarado rebelde no ha adecuado su conducta en el delito de resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes en principio que no ha emitido ninguna resolución y menos aún ha adecuado su conducta al delito de incumplimiento de deberes, siendo que mi defendido ha actuado en cumplimiento a la ley orgánica de las fuerzas armadas esto la ley orgánica de las fuerzas armadas en su art. 1 inciso d) refiere que las fuerzas armadas se constituyen en el baluarte de la seguridad nacional y de la defensa soberana de la patria contribuyen al bienestar general del pueblo boliviano, son el sostén de la vigencia de la constitución política del estado, de la democracia y derechos y garantías de los ciudadanos, es en ese entendido que durante toda la sustanciación de juicio se va a demostrar que mi defendido no ha adecuado su conducta a esos tipos penales presentados en la acusación formal y en la acusación particular y al finalizar se va a solicitar una sentencia absolutoria en favor del declarado rebelde WILLIAMS CARLOS KALIMAN, gracias.” VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL, con C.I. N° 2698853 expedido en Chuquisaca, fue declarado Rebelde en Juicio mediante Resolución N° 26/2022 de 28 de Marzo de 2022, siendo asignado un defensor público. EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA: La defensa técnica del acusado sostuvo lo siguiente: “Muy buenas tardes señor presidente señores jueces técnicos tengo a bien asumir la defensa técnica del declarado Rebelde Vladimir Yuri Calderón Mariscal conforme al artículo 9 del código de procedimiento penal solicitó a sus autoridades conforme normativa procesal del artículo 6 del código de procedimiento penal mi defendido debe ser juzgado bajo el principio de presunción de inocencia señor juez este postulado básico del ordenamiento jurídico procesal que es reconocido también por el 116 de la constitución política del estado asimismo del artículo 8.2 del pacto de san josé de costa rica asimismo señor juez por el artículo 11.1 de la declaración universal de derechos humanos señor juez claramente el legislador señala en el artículo 6 quien tiene la carga de la prueba le corresponde en este caso al acusador particular como la acusación fiscal, se prohíbe toda presunción de culpabilidad señor juez deben demostrar ante su autoridad los supuestos hechos en contra de mi defendido. Le han ofrecido a su autoridad decirles testificales asimismo pruebas literales en el cual solicitó y concluyendo ya señora señor juez se aplique la sana crítica y la lógica en relación a la valoración propuesto por la acusación particular y la acusación fiscal gracias señor juez.” JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO, con C.I. N° 2398292 expedido en Cochabamba, fue declarado Rebelde en Juicio mediante Resolución N° 26/2022 de 28 de Marzo de 2022, siendo asignado un defensor público. EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA: La defensa técnica del acusado sostuvo lo siguiente: “Gracias señor juez señor juez teniendo en cuenta que la carga de la prueba la tiene el ministerio público así como la acusación particular deberán ser ellos quien debe a lo largo del juicio demostrar que la conducta del declarado rebelde el señor Jorge Elmer Fernández Toranzo se adecúa a los tipos penales de resoluciones contrarias resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes tipificados en los artículos 153 y 154 del código de procedimiento penal digo del código penal por su parte a lo largo del juicio la defensa va a demostrar que la que lo único que ha hecho el señor declarado rebelde Jorge Alberto Fernández Toranzo ha sido su actuar ha sido de conformidad a la ley orgánica, ley orgánica de las fuerzas armadas y que lo único que ha hecho es cumplir con las funciones establecidas en esta ley y al finalizar y finalizando ya con esta intervención vamos a señalar que al habiendo llegado ya a su finalización y después de la valoración de todas las pruebas presentadas por el ministerio público serán sus autoridades quienes deberán utilizar la sana crítica y la valoración para demostrar para ver si y si la conducta del señor declarado rebelde Jorge Elmer Fernández Toranzo se adecúa a éste a los tipos penales ya referidos por su parte la defensa va a solicitar se declare una sentencia absolutoria de conformidad al artículo 363 del código de procedimiento penal es cuando tenemos sabio señalar su autoridad gracias.” SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, con C.I. N° 2310713 expedido en La Paz fue declarado Rebelde en Juicio mediante Resolución N° 26/2022 de 28 de Marzo de 2022, siendo asignado un defensor público. EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA: La defensa técnica del acusado sostuvo lo siguiente: “Gracias señores magistrados siendo esta etapa fundamental en el desarrollo de este juicio oral siendo esta etapa la en la que nos encontrábamos en la fundamentación de la acusación a la respuesta de la acusación fiscal señores magistrados sus autoridades podrán advertir de que al señor Sergio Carlos Orellana Centellas se lo acusa por dos delitos establecidos en nuestra norma penal la cual de manera clara refiere señores magistrados se estaría infringiendo según el ministerio público los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y también el incumplimiento de deberes que supuestamente el señor Sergio Carlos Orellana Centellas habría incumplido durante su función lo cual señores magistrados cabe recalcar y establecer a su autoridad de que durante esta etapa del proceso y del juicio oral público y contradictorio nosotros como parte en representación del ahora acusado el señor Orellana Centellas vamos a demostrar que no el señor Carlos Centellas no habría emitido ningún tipo resolución en contra la ley de la misma manera vamos a demostrar que no existe una documentación que la parte acusadora habría establecido dentro su acusación fiscal y dentro de las pruebas documentales establecidas para este juicio señores magistrados de la misma forma en cuanto al incumplimiento de deberes que ahora se le atribuye señores magistrados vamos a demostrar que el señor ahora acusado Sergio Orellana Centellas no habría y no ha incumplido deberes que a él se le habrían atribuido en el momento de sus funciones lo cual también señores magistrados sus autoridades van a poder apreciar y vamos a demostrar en este juicio público oral y contradictorio que los dos delitos en cuanto a las de a las resoluciones contrarias a la constitución y el incumplimiento de deberes señores magistrados no subsumen al tipo penal, al delito atribuido por los dos tipos penales lo cual el señor magistrados también podemos referir dentro de la acusación fiscal el ministerio público de manera clara establece que el señor Sergio Carlos Orellana Centellas era el jefe del departamento 3 de operaciones del estado mayor a la cabeza dice el ministerio público del general William Carlos Kalimán Romero y así está establecido dentro su acusación fiscal del ministerio público lo cual también podemos manifestar que dentro de su acusación fiscal señores magistrados y sus autoridades van a poder advertir que el señor Sergio Carlos Orellana Centellas quien estaba con conocimiento establece de una operación en calidad de jefe de operaciones del departamento 3 lo cual señor magistrado no establece qué operaciones tendría atribuidos o que operaciones de manera específica, clara se le habría ordenado al señor Orellana Centellas. De la misma manera señores magistrados sus autoridades pueden ver y poder leer el señor magistrado ya que han realizado este este acto señor de magistrados la acusación fiscal indica de manera clara en una parte señores magistrados establece se considera dice la participación del señor Sergio Carlos Orellana Centellas como jefe del departamento 3 de operaciones dependientes directo del comandante en jefe de las fuerzas armadas encargado de las operaciones e instrucciones entrenamiento y organización sus autoridades podrán advertir de que a este punto de la acusación fiscal que estamos en este momento señor magistrados y en a en esta etapa de juicio oral todavía existe señores ministros que podría considerarse la participación del señor Sergio Carlos Orellana Centellas sin embargo señor magistrado sí en la acusación fiscal de manera clara debería de establecer con certeza y no suposiciones ya que la acusación fiscal de manera clara dice se considera la participación del señor Sergio Carlos Orellana Centellas lo cual señores magistrados durante esta etapa de juicio oral vamos a demostrar que si bien el señor ahora acusado y el ahora mi defendido señores magistrados no ha tenido participación alguna dentro de este hecho atribuible ni habría infringido los tipos penales que ahora se le acusa lo cual señores magistrados también hemos podido escuchar de manera clara al señor Flavio Gustavo Arce San Martín en cuanto a las instituciones de las cuatro instituciones y los cuatro comandos ya que las fuerzas armadas tiene misiones establecidas que están establecidas dentro de nuestra constitución política del estado lo cual señores magistrados en cuanto a la jerarquía militar en cuanto a la subordinación y constancia podemos establecer de manera clara que es el ahora mi defendido Sergio Carlos Orellana Centellas tenía órdenes superiores las cuales las cuales tenía que cumplir ya que la subordinación y constancia establece de manera clara señor magistrados que es una sucesión de grados desde un soldado raso hasta es más alto jerárquico en cuanto a un comandante de las fuerzas armadas lo cual el señor magistrados durante la intervención y durante esta etapa con las pruebas mismas presentadas por el ministerio público vamos a demostrar que el señor Sergio Carlos Orellana Centellas no ha participado ni ha infringido los tipos penales atribuidos lo cual al finalizar este juicio oral vamos a solicitar que se pueda determinar a lo establecido en el artículo 363 una sentencia absolutoria a favor del ahora mi defendido muchas gracias señores magistrados.” FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA, VALORACIÓN INTELECTIVA DE EVIDENCIAS Y DEMAS ELEMENTOS PROBATORIOS JUDICIALIZADOS: De las evidencias y pruebas descritas y judicializadas en juicio oral, publico, contradictorio y continuado, se valoran todas de manera conjunta y armónica, para sostener la verdad histórica de los hechos, mismas que fueron introducidas de conformidad a las previsiones de la norma procesal penal, consistentes en: PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público presentó y judicializó las siguientes pruebas: 4.1.1 DOCUMENTAL: MP.1 Carta labrada por el señor Álvaro García Linera, de fecha 10 de noviembre de 2019. MP. 2 Carta labrada por el señor Evo Morales Ayma de fecha 10 de noviembre de 2019. MP. 3 Carta labrada por el señor Victor Ezequiel Borda Belzu de fecha 11 de noviembre de 2019. MP. 4 Informe CD-HE.007/2020.2021 evacuado por Enrique Condori Pari Encargado del Área de Hemiciclo de la Cámara de Diputados de fecha 21 de enero del año 2020. MP.5 Informe evacuado por José Cesar Carita Vásquez Administrativo II de la Cámara de Diputados de fecha 21 de enero del año 2020. MP.7 Informe SG N°144/2020-2021 evacuado por la Dra. Nilda Gabriela Díaz García, Secretaria General de la Cámara de Senadores de fecha 5 de abril de 2021. MP.8 Informe PRES N°01/2019 evacuado por Agustin Gustavo Barrionuevo Condori, encargado de correspondencia de la Presidencia de la Cámara de Senadores de fecha 14 de noviembre de 2019. MP. 9 Resolución Camaral N°003/2015-2016 de fecha 18 de enero del año 2015. MP. 10 Credencial evacuado por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 12 de enero del año 2015. MP. 11 CITE: DIR.RR.HH.NI Nº261/2020-2021 evacuado por el Abg. Ramón Benito Vilca Romero, Director de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores de fecha 26 de marzo del año 2021. MP. 13 Resolución Camaral RC Nº 009/2015-2016 evacuado por la Cámara de Diputados de fecha 18 de enero del año 2015. MP. 17 Informe CD-SG-N°015/2020-2021 evacuada por Milenka Leslie Loayza Martinez, Profesional I de la Cámara de Diputados de fecha 27 de abril de 2021. MP. 18 199 Sesión Ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2019. MP. 19 Comunicado SG 008/2019-2020 evacuada por Secretaria General de la Cámara de Diputados. MP. 20 Informe 55/2021 evacuado por el Sgto. 2do. Richard Gonzalo Quispe Nina investigador de cibercrimen de fecha 07 de mayo del año 2021. Informe. MP. 21 Informe USCLVR N°064/2020-2021 evacuado por la Abg. Ruth Beltrán García Jefe de Unidad de Redacción, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores de fecha 22 de abril del año 2021. MP. 22 198 Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de fecha 12 de noviembre de 2019. MP. 23 Nota DC- N°030/21 de fecha 30 de abril del año 2021 evacuado por Jaime Iturri Salmon Dirección Nacional de Contenidos de la Red ATB. MP. 24 Nota Interna MPR/DGAA/RRHH/ N°0138/2021, evacuada por Jeovana Schmith Valdivia Directora General de Asuntos Administrativos del Banco Central de Bolivia. MP. 25 Acta de Retiro N°356/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019. MP. 26 Carta PR-CMSE N°5893/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 evacuado por Gral. Brig. Milton Freddy Navia Escalera. MP. 27 Informe evacuado por la comisión de investigadores de fecha 01 de junio del año 2021. MP. 28 Informe evacuado por la comisión de investigadores de la presente causa de fecha 30 de junio del año 2021. MP.29 Reglamento General del Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Senadores) Título II Derechos y Obligaciones de las Senadoras y Senadores, capitulo I Atribuciones y Derechos. MP. 30 Ley Nº1266 24 de noviembre de 2019. MP. 31 Ley Nº1270 20 de enero de 2020 Ley Excepcional o de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. MP. 32 Declaración Constitucional N° 001/2020 de 15 de enero de 2020. MP. 33 Publicación del medio de prensa EJU (arranca proceso electoral: Bolivia ya tiene la ley para ir de nuevo a las urnas en 2021, sin Evo). MP. 34 Publicación del medio de prensa página siete (senado aprueba ampliar plazo de convocatoria a elecciones de fecha 19 de diciembre de 2019). MP. 35 Carta de renuncia al cargo de Primera Vicepresidenta de la Cámara de Diputados con fecha de recepción 14 de noviembre de 2019. MP. 36 Carta de renuncia al cargo de diputada nacional con fecha de recepción 16 de enero de 2020. MP. 37 Acta de allanamiento requisa y secuestro de fecha 18 de agosto de 2021 al domicilio del sr. Williams Carlos Kaliman Romero. MP. 38 Respuesta a requerimiento fiscal de fecha 16 de agosto de 2021, suscrito por sr. My. Diether Americo Chambi Mamani Jefe de la Div. Cibercrimen. MP. 39 Respuesta a requerimiento fiscal de fecha 17 de agosto de 2021, suscrito por Cnl. Desp. Douglas Gonzalo Uzquiano Medrano, Director Departamental de la FELCC-La Paz. MP. 40 GIEI Bolivia informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. MP. 41 Respuesta a requerimiento fiscal del Ministerio de Gobierno Dpto. Stria. Gral. C.P.F. Miraflores Cite Of. N°320/2021 de fecha 24 de agosto de 2021. MP. 42 Respuesta a requerimiento fiscal de fecha 07 de septiembre de 2021 emitido por Tcnl Deap. Juan José Donaire Director Departamental FELCC-La Paz a.i. MP. 43 Acta de allanamiento, requisa y secuestro de fecha 09 de septiembre de 2021, en cumplimiento al mandamiento de allanamiento en el inmueble ubicado en la zona Irpavi II, calle A Nº 6 perteneciente a Jorge Elmer Fernández Toranzo. MP. 44 Acta de allanamiento, requisa y secuestro de fecha 09 de septiembre de 2021, en cumplimiento al mandamiento de allanamiento en el inmueble ubicado en la calle Tarapaya Nº100, planta baja, zona Centenario. MP. 45 Acta de allanamiento, requisa y secuestro de fecha 09 de septiembre de 2021, en cumplimiento al mandamiento de allanamiento en el inmueble ubicado en la zona Achumani, calle 21 N°66. MP. 46 Respuesta a requerimiento fiscal del Banco Central de Bolivia BCB-GAL-SAJU-DLPLS-CE-2021-605 de fecha 30 de septiembre de 2021. MP. 47 Respuesta a requerimiento fiscal de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (Cámara de Senadores) Informe CD/SG/INF/N°0043/2021 de fecha 01 de octubre de 2021. MP. 48 Respuesta a requerimiento Fiscal de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (Secretaria General) VPEP-SG-DGLAJ-UGTL-NE-0072/21. MP. 49 Respuesta a requerimiento fiscal de la Policía Boliviana Cnl. Desp. Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana a.i. MP. 50 Informe técnico (itcup) desdoblamiento y extracción de información digital, código interno 1009418, fecha de emisión 20/10/2021. MP. 51 Respuesta a requerimiento fiscal de línea aérea Amazonas Cite: Z8GG GL0496/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. MP. 52 Respuesta a requerimiento fiscal del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, CITE: TCP-SG-Nº343/2021 de fecha 16 de noviembre. MP. 53 Respuesta a requerimiento fiscal de la Policía Boliviana, Tribunal Disciplinario Departamental Oficio Stria Gral. TDD-LP N°968/2021 "nombres y apellidos de los funcionarios policiales que tengan procesos disciplinarios respecto a los hechos acontecidos en noviembre de 2019 (motín policial)”. MP. 54 Respuesta a requerimiento fiscal de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional VPEP-S-DGLA N°0173/21 de fecha 16 de noviembre de 2021. MP. 55 Respuesta a requerimiento fiscal de AASANA-Regional La Paz CITE:CEX-YGYA-LP/0431/2021 nómina de todos los funcionarios que se encontraban de servicio en fecha 10,11 y 12 de noviembre de 2021. MP. 56 Acta de cadena de custodia de fecha 23/11/2021 horas 16:00. MP. 57 Acta de registro del lugar del hecho de fecha 22 de noviembre de 2021 hrs. 16:00. realizado en dependencias de YPFB La Paz Gerencia de Comercialización ubicado en la calle Bueno y Av. Camacho. MP. 58 Acta de registro del lugar del hecho de fecha 23 de noviembre de 2021 en la zona Equipetrol calle San Martin N°1700 de la ciudad de Santa Cruz, instalaciones de AIR BP BOLIVIA SA YPFB AVIACION piso Nº8. MP. 59 Acta de registro del lugar del hecho de fecha 23 de noviembre de 2021 en la zona Bajo Seguencoma dependencias de la Academia Nacional de Policías. MP. 60 Acta de registro del lugar del hecho de fecha 23 de noviembre de 2021 la unidad de seguridad de dignatarios ubicada en la zona de San Jorge calle hermanos manchego s/n lado anterior radio patrullas 110. MP. 61 Acta de registro del lugar del hecho de fecha 23 de noviembre de 2021 en instalaciones de AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) ubicado en la ciudad de El Alto interior aeropuerto Internacional El Alto. MP. 62 Respuesta a requerimiento fiscal de la Policía Boliviana Comando General Dirección General de Investigación Policial Interna, CITE: OFICIO N°1593/2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, nombres y apellidos y números de teléfonos celulares de los funcionarios policiales que tengan procesos disciplinarios por los hechos acontecidos en noviembre de 2019 (motín policial). MP. 63 Respuesta a requerimiento fiscal de Policía Bolivia, Comando Departamental Unidad de Escolta de Carabineros cite of. N°659/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021. MP. 64 Respuesta a requerimiento fiscal de la Policía Boliviana, Comando General cite: N°2251/21 de fecha 15 de noviembre de 2021. MP. 65 Informe técnico circunstancial RLH de fecha 19 de noviembre de 2019, registro de lugar de los hechos, en la zona Bajo Irpavi Colegio Militar. Registro del lugar del hecho, al cual se adjunta el muestrario fotográfico de las instalaciones del Colegio Militar del Ejército, entre ellos la cancha sintética de futbol y las órdenes del día de fechas 8 y 11 de noviembre de 2019 y copias del libro de novedades de 11 de noviembre de 2019. MP. 66 Respuesta a requerimiento fiscal del Ministerio de Defensa, M.D.D.G.A.J.U.G.J. N°2006/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, Comando General del Ejercito, Departamento I-ADM. RR.HH. MP. 67 Respuesta a requerimiento Fiscal de la Policía Boliviana Dirección Departamental Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Cnl. Desp. Douglas Gonzalo Uzquiano Medrano, Director Departamental FELCC- la paz (cibercrimen). MP. 68 Registro del lugar del hecho de fecha 26 de noviembre de 2021 en el Grupo Aéreo Presidencial N°1-FAB, ubicado en la Av. Juan Pablo II, zona Ferropetrol- El Alto. MP. 69 Acta de recepción de indicios materiales de fecha 26 noviembre de 2021, oficinas del Grupo Aéreo Presidencial N°1 FAB. MP. 70 Acta de recepción de indicios materiales de fecha 26 de noviembre de 2021 en oficinas del Grupo Aéreo Presidencial N°1 de la FAB. 4.1.2 PRUEBA TESTIFICAL. - Durante la sustanciación del juicio oral, el Ministerio Publico, no ofreció, ni hizo comparecer prueba testifical de cargo alguna. PRUEBAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. El Acusador Particular Ministerio de Gobierno presentó y judicializó las siguientes pruebas: 4.2.1 DOCUMENTAL: MG.65 Oficio Cite n.º 1958/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, emitido por el Cnl. Desp Walter Sossa, Comandante del Batallón de Seguridad Física estatal que remite el Informe No. 076/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, emitido por el Sr. Sof. 2do. Freddy Poma Ronquillo. MG.66. Informe de fecha 23 de noviembre de 2021, emitido por el Sr. Tte. José Windsor Galván Peñaranda, Jefe de Seguridad, Presidencia Cámara de Diputados. MG.67 Nota con cite: SGRAL. CMDO. GRAL CITE: No.02365/21 de fecha 26 de noviembre de 2021 emitido por el Gral. 1ro. Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana a.i., que remite el informe 27/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, emitido por el sr. Cnl Desp William Jorge Vidal Quiroga, Jefe del Dpto. Nacional USEDI, que informa sobre la comisión en servicio de los oficiales de Unidad de Seguridad de Dignatarios "USEDI" durante y después de las elecciones del 2019. MG. 68. Cite Of. No. 676/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, emitido por el Cnl. Desp Jesús Ramiro E. Martin Villamil comandante de la unidad de escolta de Carabineros Policía Boliviana MG.69. PRS-GTHC-2747-DCOC-989-UCO-1885/2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, emitido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB. MG. 70. Oficio No. 1087/21 de fecha 26 de noviembre de 2021 emitido por Cnl. Msc. Mario Erwin Medina Ordoñez Director de la Facultad en Ciencias Policiales Anapol, que remite nota con Cite; No. 1219/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, emitido por el Tcnl. Desp Álvaro Vargas Zambrana Jefe del Departamento de Instrucción Academia Nacional de Policías: que informa los funcionarios que se encontraban de servicio en fecha 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2019. MG. 71. Nota Sgral Cmdo Gral CITE No.02425/21 de fecha 06 de diciembre de 2021 emitida por el Gral. 1ro. Maximo Jhonny Aguilera Montecinos. Comandante General de Policía Boliviana a.i. que remite el informe DMOPER/SIST.PERS/ABD.PR No. 3010/2021, elaborado por el Sgto. 2do. Roberto Henry Catacora Rojas, encargado de la sección de actualización de la base de datos de personal y reasignación de funciones del dpto. del movimiento de personal, informa que el Director de la Academia Nacional de la Policía en fechas 10, 11, 12, 13 y 24 era Cnl. Desp Jesus Dayler Zurita Saavedra. MG. 72. Nota Sgral. Cmdo Gral cite: no 02421/21 de fecha 06 de diciembre de 2021 emitida por el Gral. 1ro. Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana a.i. que remite informe DMOPER/SIST.PERS/ABD.AB No. 1877/2021, elaborado Sgto. 1ro Carlos Ronald Vargas Mercado, Enc. de la sección de actualización de la base de datos y asig. de bono postgrado y frontera; informa la lista de revista como departamental de la policía boliviana de la ciudad de La Paz del mes de noviembre de 2019. MG.73. NOTA M.D.-D.G.A.J.-U.G.J. N°2122/2021 de fecha 01 de diciembre de 2021 emitido por Abg. Vladimir Ticona Paredes, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa que remite copia legalizada del Reglamento CJ-RGA-224 de la Inspectoría General de las FF.AA. MG.74 Nota VPEP-SG-DGLAJ-UGTL-NE-0172/21 de fecha 16 de noviembre de 2021 emitido por el Abg. Rubén Aldo Saavedra Soto, Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, donde hace conocer que la Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo a los Decretos Supremos N°27227 de 30 de octubre de 2003 y N° 26676 de 2 de julio de 2002 y las Resoluciones de Directorio del Banco Central de Bolivia N° 074/2020 y 152/2020, no tiene bajo su custodia la medalla presidencial, por lo que no se cuenta ningún antecedentes sobre su entrega..." y adjunta tales normativas. MG.75 Reglamento general de la cámara de diputados, aprobado mediante resolución camaral R.C. N°026/2010-2011 de fecha 29 de enero de 2010. MG.76 Redactor sesión 200° cámara de diputados de fecha 13 de noviembre de 2019. MG.77 Memorial presentado por el Ministerio de Gobierno de fecha 27 de abril de 2021 que solicita la ampliación de investigación e imputación formal contra Jeanine Añez Chávez por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, cursantes a fs. 1810 fs. 1832. acompaña documentación consistente en acta notarial con la verificación de la existencia de los links de los medios de comunicación y un sobre con un cd. MG.80 Nota con CITE TSE-SC-INT N°01332/2021 de fecha 29 de septiembre de 2021 emitido por Luis Fernando Arteaga Fernández, secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral, que certifica que la ciudadana Jeanine Añez Chávez en la gestión 2006 tenía el cargo de "constituyente territorial por departamento del Beni por la organización política Podemos; en la gestión 2009 tenía el cargo de Senadora Titular por el departamento del Beni por la organización política PPB convergencia y en la gestión 2014 tenía el cargo de senadora titular por el departamento del Beni por la organización política UD. MG. 99 Carta de fecha 12 de noviembre de 2019, emitida por Jeanine Añez Chávez dirigida a Gral. Williams Kaliman Romero, donde solicita el resguardo a los alrededores de la asamblea legislativa plurinacional. MG. 100 Decreto Presidencial N°3755 de fecha 24 de diciembre de 2018. 4.2.2. PRUEBA TESTIFICAL: Durante la sustanciación del juicio oral, el Ministerio de Gobierno, hizo comparecer a los siguientes testigos: Enrique Condori Pari, con C.I. Nº 2605292 La Paz, Agustin Gustavo Barrionuevo Condori con C.I. Nº 4952394 QR, Rosalia Ruth Beltrán García con C.I. Nº 4052353 Or., Fabio Michel Peñaloza Torrico con C.I. Nº 6139775 L.P., William Jorge Vidal Quiroga con C.I. Nº 3111202 QR. Willy Pozo Torrico con C.I. Nº 3139324 Cbba. Sergio Alex Aguilar Mamani con C.I. Nº 3454876-1l QR., Teddy Yuri Vera Gilagachi con C.I. Nº 3460034 L.P., Jimmy Andia Yapura con C.I. Nº 4503266 Cbba., Luis Marcelo Cervantes Torrez con C.I. Nº 1118944 Ch., Marko Mauricio López Sanzetenea con C.I. Nº 3603087 QR., Luis Álvaro Cahuaya Butrón con C.I. Nº 6825516 L.P. 4.3 PRUEBAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO El Acusador Particular Procuraduría General del Estado presentó y judicializó las siguientes pruebas: PGE. 71 Respuesta a requerimiento fiscal de fecha 29 de noviembre de 2021, emitido por el Comandante de la Unidad de Escolta de Carabineros- Policía Boliviana. PGE. 74 Respuesta a requerimiento fiscal, emitido por el Comandante del Batallón de Seguridad Física Estatal Policía Boliviana. PGE. 76 Informe técnico N°191/2021, emitido por el oficial investigador Sbtte. Wilmer Chura Pardo de fecha 18 de noviembre de 2021. PGE. 77 Respuesta a requerimiento fiscal, de fecha 19 de noviembre de 2021, emitido por el Comandante de la Unidad de Escolta de Carabineros. PGE. 78 Informe U.A.R. N°076/2020-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, emitido por el Lic. Santos Aragón Diego Heraldo - Jefe de Unidad de Archivo Central, Cámara de Senadores Asamblea Legislativa Plurinacional. PGE. 79 Informe PS/SEC/INF.001/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, emitido por Josmy Paz T. Administrativo I de la Presidencia Cámara de Senadores. PGE. 81 Nota de Sgral. Cmdo. Gral. Cite: N°2233/19 de fecha 11 de noviembre de 2019. PGE. 82 Informe USCLYR Nº190/2020-2021 de fecha 30 septiembre de 2021, emitido por el Lic. Eloy Patty Condori-Jefe de Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores. PGE. 83 Respuesta a requerimiento fiscal, CAR/MPR/DGA/UGJ N°0115/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, emitido por el Ministerio de la Presidencia. PGE. 84 Informe de fecha 24 de noviembre de 2021, emitido por el Sgto. Rosa Noemí Cori Mamani, Secretaria del Departamento de Instrucción – ANAPOL. PGE. 89 Nota CITE: PRES. N°0069/2021-2022, de fecha 09 de diciembre de 2021, emitido por el Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma - Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. PGE. 90 CD con la grabación de la sesión ordinaria 198º, remitido mediante Informe USCLYR NO. 013/2021-2022 de fecha 03 de diciembre de 2021, emitido por el Lic. Eloy Patty Condori - Jefe de Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores. PGE. 91 Informe USCLYR Nº013/2021-2022, de fecha 03 de diciembre de 2021, emitido por Lic. Eloy Patty Condori-Jefe de Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción - Cámara de Senadores. PGE. 92 Informe DIR.RR.HH. INF REQ. Procuradurial. N°001/2021 2022, de fecha 09 de diciembre del 2021, emitido por el Dr. Luis A. Aguirre Mercado Jefe de Unidad de Administración de Personal y Registro de la Cámara de Senadores. PGE. 93 Informe N°001/2021-2022 de fecha 08 de diciembre de 2021, emitido por Yasser Ibrahim García Mujica - Abogado legislativo de la Cámara de Senadores. PGE. 94 INFORME U.A.R. N°001-A/2021-2022 de fecha 30 de noviembre de 2021, emitido por Diego Heraldo Santos Aragón - jefe de la unidad de archivo de la cámara de senadores. PGE. 95 Informe N°27/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, emitido por el Cnl. Desp. William J. Vidal Quiroga Jefe del Dpto. Nal., de la Unidad de Seguridad de Dignatarios. PGE. 96 Respuesta a requerimiento fiscal de fecha 25 de noviembre de 2021, emitido por el Cnl. Desp. Walter Sossa - Comandante del Batallón de Seguridad Física Estatal, en donde adjunta: Informe N°076/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021, emitido por el Sof. 2do. Freddy Poma Ronquillo encargado de la sección personal del Bat. Seg. Física Estatal La Paz, e informe de fecha 23 de noviembre de 2021, emitido por el Tte. José Windsor Galván Peñaranda Jefe de Seguridad Presidencia Cámara de Diputados. PGE. 99 Nota con CITE Of. No. 676/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, emitido por el Cnl. Desp. Jesús Ramiro E. Marín Villamil- comandante de la unidad escolta de carabineros de la policía boliviana. PGE. 100 Nota con cite Z8 GG - GL 0496/2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, emitido por Gonzalo Suarez Maldonado Gerente Legal, Compañía de Servicios de Trasportes Aéreo AMASZONAS S.A. PGE. 101 NOTA CON VPEP/SG/DGLAJ/Nº0189/2020-2021, de fecha 07 de abril de 2021, emitido por Abog. Ruben Aldo Saavedra Soto Secretario General-Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. PGE. 102 Nota BCB - GAL SAJU-DLPLS -CE -2021-219, de fecha 07 de mayo de 2021, emitido por Carla Marcien Quisbert Cornejo- Gerente de Asuntos Legales a.i. del BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. PGE. 116 Informe emitido del investigador especial Sgto. 2do. Rodrigo Coaquira Meneses de fecha 26 de julio de 2021. PGE. 117 CITE Z8 GG-GL 0517/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, emitido por Gonzalo Suarez Maldonado - Gerente Legal Compañía de Servicios de Transporte Aéreo AMASZONAS S.A. PGE. 118 CITE OF. NO. 677/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, emitido por el Cnl. Desp. Jesús Ramiro E. Marín Villamil-Comandante de la Unidad Escolta de Carabineros de la Policía Boliviana. 4.3.2. PRUEBA TESTIFICAL: Durante la sustanciación del juicio oral, la Procuraduría General del Estado, hizo comparecer a los siguientes testigos: Iver Lopez Rios, con C.I. Nº 5068025 QR., Armando Carrasco Jaldin con C.I. Nº 2089206 QR., Susana Rivero Guzmán con C.I. Nº 1711635 Beni., Adriana Salvatierra Arriaza con C.I. Nº 5349805 S.C., Omar Paulo Aguilar Condo con C.I. Nº 3791383 Cbba., Franklin Richar Flores Córdova con C.I. Nº 4832432 QR., Ana Teresa Morales Olivera con C.I. Nº 2124879 L.P., 4.4. PRUEBAS DE DESCARGO DE JEANINE AÑEZ CHÁVEZ 4.4.1 PRUEBA DOCUMENTAL. PDD 4. Periódico del medio de comunicación (el deber), de fecha 16 de junio de 2021, cuyo titular señala ‘’iglesia: dos masistas rechazaron la presidencia tras la renuncia de evo” y en las páginas A6 y A7 aparecen la nota bajo el titular “la iglesia revela que dos masistas rechazaron asumir la presidencia en 2019”. PDD 5. Periódico del medio de comunicación (Pagina Siete) de fecha 16 de junio del 2021, cuyo titular señala “MAS quiso saltar la línea sucesoria tras la renuncia del 2019 y pagina siete 7 donde aparece la nota completa bajo el mismo titular. PDD 6. Periódico del medio de comunicación "Página Siete", de fecha 2 de julio de 2021, en cuya página 25 aparece la nota bajo el titular "Copa afirma que Salvatierra la llamó para que renuncie" PDD 8.- Redactor de la Cámara de Senadores, de noviembre de 2019. Expone las sesiones 198, referentes a: la ascensión de Jeanine Añez a la presidencia del Senado. PDD 10. Declaración Constitucional plurinacional 0001/2020, así como voto aclaratorio, ambos de fecha 15 de enero de 2020, del Tribunal Constitucional Plurinacional. PDD 19.- Nota de renuncia como senador, presentada por Rubén Medinaceli Ortiz a la Cámara de Senadores, de fecha 10 de noviembre de 2019. PDD 26.- Resolución Camaral No. 001/2019-2020, de fecha 18 de enero de 2019, de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se elige la directiva para el periodo legislativo 2019-2020. 4.4.2 PRUEBA TESTIFICAL DE DESCARGO Durante la sustanciación del juicio oral, la defensa de Jeanine Añez Chavez, hizo comparecer a los siguientes testigos: Sra. Mónica Eva Copa Murga con C.I. Nº 6846518 L.P., Sra. Israel Ángel Alanoca Chávez con C.I. Nº 5942893 L.P., Sra. Nila Gabriela Díaz García con C.I. Nº 4287531 QR., Sra. Carmen Eva Gonzales Lafuente de Vargas con C.I. Nº 1079443 CH., Sr. Tomás Xavier Monasterios Romay con C.I. Nº 3232670 S.C., Sr Amílcar Bladimir Barral Cabero con C.I. Nº 3975411 QR., Sr. Richard Vladimir Paz Ballivián con C.I. Nº 2292573 QR., Sra. Lidia Conde de Pomier con C.I. Nº 6092384 QR., Sr. Roberto Javier Moscoso Valderrama con C.I. Nº 2335007 L.P., Sra. Susana Carola Campos Elio con C.I. Nº 486564 L.P., Sr. Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo con CI. 4186833 QR., Sr. Álvaro Rodrigo Guzmán Collao con CI. 4160825 QR. 4.5 PRUEBAS DE DESCARGO FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN 4.5.1. PRUEBA DOCUMENTAL D-1: Orden de acuartelamiento firmada por Kaliman y Medina de fecha 19 de octubre de 2019. D-2: Morfología del conflicto político social caso gobierno/Oct-2019 y caso oposición y oficio. D-3: Waldo Albarracin denuncia que las FF. AA. entrenan a civiles, periódico Opinión de 7 de noviembre de 2019. D-4: FF AA desmiente al Rector de la UMSA sobre supuesto adiestramiento militar de servidores. D-5: Zabaleta: las FF.AA no saldrán a las calles. Periódico Página Siete de 8 de noviembre de 2019. D-6: Ministerio de Defensa asegura que no hay movilización militar. Periódico Pagina Siete de 8 de noviembre de 2019. D-11: Carta dirigida por el Comandante General de la Policía al Comandante en Jefe de las FF AA. D-12: Carta firmada por la señora Jeanine Añez al Comandante en Jefe de las FF AA. D-13: Cronología del conflicto 10 al 12 de noviembre, documento emitido por el centro de documentación e información Bolivia (CEDIB). D-16: Carta firmada por el Ministro de Defensa de fecha 11 de noviembre de 2019. D-17: Carta del Alto Mando poniendo a disposición sus cargos. 4.5.2 PRUEBA TESTIFICAL DE DESCARGO Durante la sustanciación del juicio oral, la defensa de Flavio Gustavo Arce San Martin, No hizo comparecer a ningún testigo. 4.6. PRUEBAS DE DESCARGO JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO 4.6.1. PRUEBA DOCUMENTAL 58PDDC: Decreto Supremo No. 3028 del 21 de diciembre del 2016 crea la Unidad de Seguridad para los Altos Dignatarios de Estado USDE. Que establece sus funciones en reemplazo de la Unidad de Seguridad Presidencial. 4.6.2 PRUEBA TESTIFICAL DE DESCARGO Durante la sustanciación del juicio oral, la defensa de Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, hizo comparecer al siguiente testigo: Sr. Milton Freddy Navia Escalera con C.I. Nº 3132846 OR. V.- VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE HECHO Y PROBATORIOS: VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL: El Tribunal conformado por los jueces técnicos celebró el juicio oral público y contradictorio, aplicando los derechos y garantías constitucionales, principios procesales del Código de Procedimiento Penal; por lo que una vez cerrado los debates ingresan a deliberar para dictar sentencia, con VOTO UNANIME y llega a las siguientes conclusiones: HECHOS PROBADOS: Que, de lo visto y oído en juicio oral, público, continuo y contradictorio, habiéndose valorado las pruebas de cargo y descargo ofrecidas por las partes, conforme a las reglas de la sana critica prevista por el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal; el Tribunal establece lo siguiente: El Tribunal por voto unánime establece que el Ministerio Público y la acusación particular probaron que la acusada JEANINE AÑEZ CHAVEZ era servidora pública en el cargo electo de Segunda Senadora titular electa por el Departamento del Beni, hecho que puede probarse con MP9 Resolución Camaral Nº 003/2015-2016, de la Asamblea Legislativa Plurinacional de fecha 18 de enero de 2015, y MP10, Credencial emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo que no se instaló la sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2019, en la que presidio Jeanine Añez Chávez a Hs. 18:40 pm, en el hemiciclo de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin el quorum correspondiente, adicionalmente no se tiene nueva convocatoria para la sesión N° 198 de acuerdo a reglamento, y que el orden del día para la referida sesión fue emitida el mismo día de su celebración contrario a lo dispuesto en el reglamento, hechos probados por MP21., Informe 064/2020-2021 de fecha 22 de abril de 2021, y MP22., del Redactor de la Cámara de Senadores de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre la 198º sesión ordinaria, en dicha prueba figura como presidenta en ejercicio Sen. Jeanine Añez Chávez y como secretario Sen. Víctor Hugo Zamora Castedo a Hs.18:40., disponiendo la acusada Jeanine Añez lo siguiente: “Ante la imposibilidad de instalar la 198º sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma”, concluye a las 18:41 Hs.; y MP29., Reglamento General de la Cámara de Senadores, que cuenta como respaldo con la declaración de la testigo de cargo del Ministerio de Gobierno Rosalía Ruth Beltrán García, quien refirió que el día 12 de noviembre no tenía ninguna correspondencia para preparar la sesión, y declaración testifical de cargo de la Procuraduría General del Estado Iver López Ríos, quien manifestó que en la última sesión solo se encontraban la señora Añez y el segundo secretario Zamora con los senadores de la oposición, habiéndose instalado sin cuórum reglamentario. Que, asimismo se ha probado que no existe un pronunciamiento expreso positivo o negativo de la renuncia de la ex senadora Adriana Salvatierra quien fungía la presidencia de la Cámara de Senadores, es más mediante la prueba PGE–82, INFORME USCLYR N° 190/2020-2021 de fecha 30 septiembre de 2021, emitido por el Lic. Eloy Patty Condori, Jefe de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, y MP54 Informe USCLyR Nº 002/2021-2022 de fecha 12 de noviembre de 2021 que señala que no cursa en registros y archivos de ese ente camaral, la renuncia escrita de la entonces Senadora Adriana Salvatierra Arriaza, habiéndose incumplido respecto de las condiciones constitucionales de validez de las renuncias de autoridades electas por voto ciudadano hecho respaldado por la MP52., Sentencia Constitucional Plurinacional 0052/2021 de 29 de septiembre de 2021. Hecho que es corroborado con la declaración de la testigo de cargo de la Procuraduría General del Estado, Adriana Salvatierra Arriaza quien manifestó, que anunció su renuncia ante los medios de comunicación pero que no fue presentada dada las imposibilidades materiales, es decir presentar de forma escrita voluntaria y de carácter personal de acuerdo al Art. 31 del Reglamento de la Cámara de Senadores y que para una renuncia la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres toda renuncia debe ser presentada de manera escrita y personal ante el tribunal supremo electoral, refiere que se encontraba en la ciudad de La Paz y que no se puede alegar ausencia o una suplencia en ejercicio. Que, existe las renuncias de Álvaro García Linera, Evo Morales Ayma, Víctor Ezequiel Borda Belzu a los cargos de Presidente, Vicepresidente y Presidente de la Cámara de diputados, hechos probados por MP1, MP54, renuncia de Álvaro García Linera de Fecha 10 de noviembre de 2019; MP2, MP54 renuncia de Evo Morales Ayma de fecha 10 de noviembre de 2019, y MP3 – MP35, MP47, MP54, renuncia de Víctor Ezequiel Borda Belzu de fecha 11 de noviembre de 2019, y que dichas renuncias, recién fueron aceptadas por la pleno de la Cámara de Senadores en fecha 20 de noviembre de 2020, es decir a momento de los hechos suscitados en fechas 10, 11 y 12 de Noviembre de 2019, dichas autoridades se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones, pues no se habría resuelto sus renuncias, habiéndose incumplido respecto de las condiciones constitucionales de validez de las renuncias de autoridades electas por voto ciudadano hecho respaldado por la MP52., Sentencia Constitucional Plurinacional 0052/2021 de 29 de septiembre de 2021. Que, la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Diputados era la diputada Susana Rivero Guzmán, y que dicha autoridad electa presenta su renuncia en fecha 14 de noviembre de 2019, y recién en fecha 20 de noviembre de 2019, se acepta su renuncia mediante Resolución camaral 0689/2019-2020, de fecha 20 de noviembre de 2019, hecho probado mediante MP35, MP36, MP47, MP54, es decir existía la Primera Vicepresidente de la Cámara de Diputados que podía ejercer el reemplazo que regula la Constitución Política del Estado en su última parte, pues se encontraba en ejercicio de sus funciones. Posteriormente en fecha 16 de enero de 2020, la diputada Susana Rivero Guzmán renuncia al cargo de diputada nacional y dicha renuncia es aceptada por Resolución Camaral 108/2019-2020 de fecha 17 de enero de 2020 hecho probado por MP36, eventos reglamentados por la prueba MP75, Reglamento de la Cámara de Diputados, e informe MP76, CD-SG-UR-SR-Nº 007/2020-2021 referente al Redactor de las sesiones de la Cámara de Diputados. Que, Jeanine Añez Chávez, en fecha 11 de noviembre de 2019 a horas 19:50 aprox. en un medio televiso UNITEL, emite una convocatoria a las FFAA, responsabilizando a ésta institución de lo que suceda en el país, y la realiza en su calidad de presidenta del Senado, atribuyéndose facultades que no le competían, menos en su calidad de Senadora, incumpliendo lo dispuesto por el Art. 246 – I de La Constitución Política del Estado, pues las FFAA reciben órdenes del Presidente del Estado a través del Ministro de defensa, pues en fecha 11 de noviembre de 2019 el Ministro de defensa se encontraba ejerciendo sus funciones, hecho que se prueba con PD16, prueba de descargo presentada por Flavio Arce San Martin referente a carta del Ministro de Defensa Javier Zabaleta López, quien se dirige al Gral. Ejto. Williams Carlos Kaliman Romero y le informa que el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, no emitió ninguna instrucción para la movilización de las Fuerzas Armadas, asimismo el Plan Sebastián Pagador no está autorizado para su despliegue, es decir, esta instrucción de incitar e inducir a las FFAA a salir a las calles y ejecutar operaciones conjuntas con la Policía Boliviana es contraria a la Constitución y a las Leyes, eventos que se corroborar por las pruebas MP20; MP 50 informe 55/2021 de 7 de mayo de 2021 e Informe Técnico informático del IITCUP. Asimismo por prueba MP99, se establece que en fecha 12 de noviembre la acusada Jeanine Añez, ya firmaba documentos, en específico mediante dicha nota de fecha 12 de noviembre de 2019, instruye al Gral Willams Kaliman Romero el resguardo de los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de forma ilegal, pues dicho acto de resguardo es propio del Grupo USEDI de la Policía Boliviana. Que, Jeanine Añez Chávez, sin encontrarse legalmente habilitada como Presidente de la Cámara de Senadores, en fecha 12 de noviembre de 2019, a horas 8:30 am, tomó posesión de la oficina de Presidencia de la Cámara de Senadores, hecho probado con prueba MP8, consistente en el INFORME PRES Nº 01/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, evacuado por Agustín Gustavo Barrionuevo Condori, Encargado de Correspondencia de la Presidencia de la Cámara de Senadores, que en sus partes pertinentes expresa que en fecha 12 de noviembre de 2019 a horas 08:30 la Asambleísta Jeanine Añez se encontraba en despacho de Presidencia de la Cámara de Senadores, e instruyo que toda correspondencia sea recepcionada por Fabiola Saavedra y Jaime Zamora, hecho corroborado por el testigo de cargo del Ministerio de Gobierno Agustín Gustavo Barrionuevo, quien se ratifica en su informe emitido, también éste hecho se corroboró mediante prueba MP66 del libro de novedades de fecha 11 y 12 de noviembre de 2019, donde se evidencia que la acusada Jeanine Añez Chavez ingreso y salió de la Asamblea Legislativa Plurinacional en varias oportunidades, en la tarde del 11 de noviembre de 2019 y en la mañana del 12 de noviembre de 2019. Que, mediante prueba MP4., INFORME CD-HE.007/2020.2021, de fecha 21 de enero de 2020, evacuado por Enrique Condori Pari, Encargado del Área de Hemiciclo de la Cámara de Diputados, quien manifiesta y señala que no cuenta con grabación de audio y video de la proclamación de Jeanine Añez Chávez como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, por no tener ninguna convocatoria a Asamblea para la indicada fecha; corroborado por la prueba MP5., INFORME de fecha 21 de enero de 2020, emitido por José Cesar Carita Vásquez, Administrativo II de la Cámara de Diputados, quien señala que no es posible proporcionar grabación porque no existe una convocatoria a sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional para el día 12 de noviembre de 2019, hecho corroborado por declaración del testigo cargo del Ministerio de Gobierno Enrique Condori Pari, quien se ratificó en su informe emitido. Que, la Cámara de Diputados en fechas 11 y 12 de noviembre de 2019, mediante comunicado S.G. 008/2019-2020, convocó a sesión ordinaria Nº 198º para el día martes 12 de noviembre de 2019, empero no se instaló ni desarrollo la sesión plenaria, sin embargo la diputada Margarita del Carmen Fernández Claure Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Diputados asistida por el diputado Norman Lazarte, pretendieron instalar y llevar a cabo la 199º sesión ordinaria en dos oportunidades, a horas 12.00 y 15:30 y en ambas oportunidades no se contó con el cuórum mínimo reglamentario requerido conforme el Art. 73 del reglamento General de la Cámara de Diputados, hechos probados por MP19., comunicado 008/2019-2020; MP 17, Informe 015/2020-2021 de fecha 27 de abril de 2021; y MP18 199º sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2019 donde figura como Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados Fernández Claure Margarita del Carmen, hechos también corroborados por la declaración de la testigo de cargo de la Procuraduría General del Estado Susana Rivero Guzmán quien manifestó que el día 11 de noviembre en su calidad de presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados ante la renuncia de Víctor Borda el mismo día había una convocatoria de la segunda vicepresidenta de diputados que había convocado a una sesión saltándola y ante la imposibilidad de que sus colegas comparezcan el día 11 La Paz emite un comunicado que por fuerza mayor la convocatoria sea para el día siguiente martes 12, asimismo refiere que el 10, 11 y 12 de noviembre se encontraba en la ciudad de La Paz, junto a Adriana Salvatierra, por otro lado refiere que el 14 de noviembre presento su renuncia, hecho que se encuentra en el Relator. Que, a través de la MP24, se ha llegado a establecer que en la Unidad de Recursos Humanos y el file personal de la Ex servidora pública Jeanine Añez Chavez, se verifica que no existe documentación legal o administrativa que acredite la condición de presidenta Plurinacional de Bolivia. Que, se ha llegado a establecer que la acusada no se encontraba en la línea de sucesión constitucional de reemplazo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y se auto designó, inicialmente como Presidenta de la Cámara de Senadores, y posteriormente como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, sin que previamente, y conforme el Reglamento de la Cámara de Senadores y Diputados se hubiere otorgado el tratamiento correspondiente a las cartas de renuncia presentadas por Evo Morales Ayma, Alvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, a los cargos de Presidente y Vicepresidente del Estado, Presidente de la Cámara de Senadores y Diputados, respectivamente, y sin que se hubiere verificado la existencia o inexistencia de renuncia al cargo de Presidenta del Senado de Adriana Salvatierra, peor aún la diputada Susana Rivero Guzman se encontraba en ejercicio de funciones y era la autoridad llamada constitucionalmente a reemplazar al presidente tal cual dispone el Art. 169 de la Constitución Política del Estado, que dice “... y a falta de ésta o de éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”. Actos inconstitucionales que fueron llevados adelante por Jeanine Añez Chávez quien de forma ilegal asumió y se proclamó como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hechos probados por MP20., Informe 55/2021de 07 de mayo de 2021 MP4 Informe CD-HE.007/2020-2021 de fecha 21 de enero de 2020, emitido por Enrique Condori Pari, Encargado del Área de Hemiciclo de la Cámara de Diputados, quien indica que el 12 de noviembre no contaba con ninguna convocatoria a Asamblea para la indicada fecha; MP5 consistente en INFORME de fecha 21 de enero de 2020, evacuado por José Cesar Carita Vásquez, administrativo II de la Cámara de Diputados, por el cual en similar sentido afirma que no existe una convocatoria a sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional para el día 12 de noviembre de 2019. MP7, informe SG Nº 144/2020-2021, de fecha 05 de abril de 2021, emitido por Nilda Gabriela Díaz García, Secretaria General de la Cámara de Senadores, quien afirma que la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción establece que en fecha 12 de noviembre de 2019 no se instaló ni desarrollo ninguna sesión en la Cámara de Senadores; informe CD-SG-N° 015/2020-2021 de fecha 27 de abril de 2021, de Milenka Leslie Loayza Martínez, Profesional I de la Cámara de Diputados, acredita en el primero que no hubo convocatoria ni orden del día para sesión plenaria de los días 11 y 12 de noviembre de 2019, en el segundo que, en fechas 11 y 12 de noviembre de 2019 no se instaló ni desarrollo ninguna sesión en plenaria. Que, Jeanine Añez Chavez, ilegalmente a omitido cumplir con los Arts. 3 Principios y valores; Art. 19 inciso a) Deberes, Art. 35 – II Bloque de mayorías y minorías; Art. 41 inciso a) del Reglamento de la Cámara de Senadores, hechos probados por las pruebas PGE–82, Informe USCLYR N° 190/2020-2021 de fecha 30 septiembre de 2021, emitido por el Lic. Eloy Patty Condori, Jefe de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, y MP54 Informe USCLyR Nº 002/2021-2022 de fecha 12 de noviembre de 2021 que señala que no cursa en registros y archivos de ese ente camaral, la renuncia escrita de la entonces Senadora Adriana Salvatierra Arriaza, habiéndose incumplido respecto de las condiciones constitucionales de validez de las renuncias de autoridades electas por voto ciudadano hecho respaldado por la MP52., Sentencia Constitucional Plurinacional 0052/2021 de 29 de septiembre de 2021. Que, se ha establecido a través de la prueba MP80, que la acusada Jeanine Añez Chávez de acuerdo al Certificado TSE-SC-0197/2021 de fecha 4 de octubre de 2021, la misma tenía la experiencia de haber ocupado el cargo de Constituyente territorial desde la gestión 2006 por la organización política PODEMOS; el cargo de Senadora titular por el departamento del Beni en la gestión 2009 por la organización política PPB-CONVERGENCIA, y el año 2014 nuevamente como Senadora titular por el departamento del Beni por la organización política UD., es decir tenía amplia experiencia y conocimiento respecto a los procedimientos en la Cámara de Senadores y la aplicación de su Reglamento. En consecuencia, se tiene probado que la acusada Jeanine Añez Chávez, si bien la misma ejercía el cargo de segunda vicepresidenta del Senado la misma tenía obligación inicialmente de convocar con 24 horas de anticipación a la correspondiente sesión N° 198, para que los senadores titulares puedan tener concomimiento de dicha convocatoria para que se hagan presente los mismos, o en caso de no concurrir puedan solicitar la correspondiente licencia y habilitar al senador suplente, asimismo no se observó el cumplimiento de la conformación mínima del directorio para la instalación de las sesiones la cual se encuentra claramente establecida que es de su amplio conocimiento toda vez que la misma fungía como senadora por más de 10 años en dicho ente, denotándose un actuar doloso en la inobservancia del referido reglamento de la cámara de senadores incumplimiento el mismo. Con relación a los actos celebrados en el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al cual se constituyó la señora Jeanine Añez Chávez, posterior a la sesión N° 198, se tiene establecido y probado, que si bien el reglamento de Senadores en su art. 39 inciso a) establece las atribuciones de la o el presidente del senado, no es menos cierto también que el reglamento General de la cámara de Diputados regula el funcionamiento de la Asamblea Legislativa conforme lo establecen los arts. 3, 4 del referido reglamento e inclusive en el art. 9 parágrafo I. señala “La Asamblea Plurinacional y la Cámara de Diputados sesionara con la mayoría absoluta de sus miembros.” Que, ha momento de que la señora Jeanine Añez Chávez, asumió la Presidencia del Estado, la efectuó en inobservancia del procedimiento establecido en el reglamento precedentemente señalado, actuando en forma contraria a lo establecido en el art. 169 de la Constitución Política del Estado. Respecto al acusado WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, se tiene como hechos probados al respecto que el mismo tenía la calidad de servidor público, hecho probado mediante prueba MP100, consistente en Decreto Presidencial Nº 3755 emitido por Evo Morales Ayma Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 24 de diciembre de 2018, mediante el cual lo designa como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del estado Plurinacional de Bolivia. Que, mediante prueba MP50, se ha llegado establecer la conferencia de prensa brindada por Gral. Ejto. Williams Carlos Kaliman Romero en representación de las fuerzas armadas en fecha 10 de noviembre de 2019, mediante la cual expone: “… ante la escalada de conflicto que atraviesa el país velando por la vida la seguridad de la población la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado en conformidad al Art. 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia…”. Incumpliendo sus deberes al ilegalmente omitir el Art. 4 de la LOFA, pues como Institución no realiza acción política partidaria, es decir dicho acusado acompañado del Comando en Jefe de las FFAA., pidió la renuncia de presidente sin fundamento, y sin tener en cuenta que los problemas suscitados en el país en noviembre de 2019 eran de carácter político, era obligación de dicho acusado cumplir con el Art. 6 de la LOFA, es decir, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Que, el acusado Willams Carlos Kaliman Romero, en atención al comunicado que emite Jeanine Añez Chávez, en fecha 11 de noviembre de 2019 a horas 19:50 aprox. en un medio televiso UNITEL donde le pide que envié a los funcionarios militares a las calles hecho probado por MP20 y MP50, y la carta emitida por el Comandante General de la Policía Boliviana Gral. Vladimir Yuri Calderón Mariscal PD11, el acusado Willims Carlos Kaliman Romero ordena: 1º ordena a través de hoja de ruta Nº 4529 de 11 de noviembre de 2019 DICOS, preparar comunicado de prensa y llamar a conferencia de prensa firmado por el acusado, y ordena que el alto mando militar se constituya al ECG del ejercito de Miraflores Salón de las banderas, hecho a Hs. 20:11; 2º Posteriormente acompañado de todo el personal del Comando en Jefe emite conferencia de prensa donde pone en conocimiento que se ha ordenado se ejecuten operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, hecho probado por los CDs. videos adjuntos a las prueba MP20, MP50, MP67, obedeciendo la solicitud del Comandante de la Policía Boliviana y de Jeanine Añez Chávez de forma ilegal, pues la autoridad al mando a la cual obedecen y reciben sus órdenes son el Presidente del Estado Plurinacional por sí y a través del Ministro de Defensa, autoridad que se encontraba en ejercicio de funciones, tal cual se puede establecer de la PD16 prueba de descargo de Flavio Arce San Martin, y las declaraciones de Flavio Gustavo Arce San Martin, quien manifestó: “…renuncian todos los Ministros a excepción del Ministro de defensa que se queda hasta el día 12 a primeras horas de la mañana a las 00:30…”; declaración de Jorge Pastor Mendieta Ferrufino quien manifestó: “…recordemos que el ex ministro de defensa renuncia el 12 aproximadamente a la 1am., entonces quien era la máxima autoridad en ese momento del alto mando militar, porque hay un determinado momento indicaron que no había alto mando militar en ese momento y la ley orgánica en su art. 22 inciso a) una de las responsabilidades que le atribuye al Ministro de Defensa es que se constituye parte del alto mando militar y en caso de ausencia del capitán general de las FFAA lo preside…”, es decir, el acusado Willams Carlos Kaliman Romero incumplió lo dispuesto en el Art. 246 de la Constitución Política del Estado al impartir ordenes contrarias a la misma. También por pruebas MP99, PD12 se ha podido establecer que en fecha 12 de noviembre de 2019, el acusado Williams Carlos Kaliman coordinada con la acusada Jeanine Añez Chávez en su calidad de Presidente en Ejercicio de la Cámara de Senadores. Que, el acusado Willams Carlos Kaliman ordeno de forma irregular y directa al Gral. Jorge Pastor Mendieta, en fecha 11 de noviembre de 2019 deje aterrizar en el COLMIL helicópteros donde fue trasladada Jeanine Añez hecho probado con la propia declaración del acusado Jorge Pastor Mendieta y del testigo de cargo del Ministerio de Gobierno Willy Pozo Torrico quien manifestó “…recibí una llamada del sr. Comandante del ejercito (Mendieta) indicándome que estaba autorizado el aterrizaje de un helicóptero militar en la cancha de césped sintético con el que cuenta el COLMIL…” hecho corroborado mediante la prueba MP65, consistente en Informe Técnico Circunstancial de fecha 19 de noviembre de 2021 emitido por el Sgto. 2do. Rodrigo Coaquira Meneses, registro en el lugar de los hechos del Colegio Militar, y MP 70, respecto de las fotocopias legalizadas del plan de vuelos de la aeronave tipo AS350 matrícula FAB-754 con origen GAC 31 con destino a COLMIL transportando a senadora Jeanine Añez Chávez. Que, el acusado Williams Carlos Kaliman, emite y firma el DICOS 1211/19 de fecha 12 de noviembre de 2019, mediante el cual avala la calidad de servidora pública de Jeanine Añez Chávez, refiriéndose a ella como Dra. Jeanine Añez Chávez PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Y CAPITAN GENERAL DE LAS FFAA., DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA hecho probado por prueba de descargo de Flavio Arce San Martín PD17 documento que firma conjuntamente el Almte. Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, Gral. Fza. Aé. Jorge Gonzalo Terceros Lara, Gral. Ejto. Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Gral Div Aé Jorge Elmer Fernandez Toranzo y Almte. Flavio Gustavo Arce San Martin; Asimismo en fecha 12 de noviembre de 2019 a horas 22:30 aproximadamente el acusado conjuntamente los miembros del comando en jefe se reúnen con Jeanine Añez Chavez en Palacio de Gobierno donde ratifican su aval como presidente del Estado, hecho probado por MP50, incumpliendo sus deberes al omitir el cumplimiento de los Arts. 1 inciso a, d) Art.4, Art. 6 y los incisos a) b) g) y 18 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Respecto al acusado VLADIMIR YURI CALDERÓN MARISCAL, se tiene por probado que el mismos era servidor público Policial que tenía el grado de General de la Policía Boliviana y en dicho mérito ejercía el cargo de Comandante General de la Policía Boliviana, así se demuestra por el contenido de la prueba MP49, consistente en nota suscrita por el acusado y se identifica como Comandante General de la Policía Boliviana. Que, el acusado ha ordenado y coordinado el arribo de la entonces Senadora Jeanine Añez Chávez al Aeropuerto de la ciudad de El Alto, quien fue trasladada por el Helicóptero del Ministerio de la Presidencia Mat. FAB-754,en fecha 11 de noviembre de 2011, Asimismo dispuso la asignación de resguardo policial de alto nivel a la referida ex Senadora y otras personas, cual si ya se tratase de la Presidenta del Senado o del Estado Plurinacional de Bolivia la USEDI es Unidad de Seguridad de Dignatarios hecho ordenado directamente por parte del acusado Vladimir Yuri Calderón Mariscal al Cnl. William Jorge Vidal Quiroga hecho probado con la declaración de William Jorge Vidal Quiroga, quien manifiesta “llamo el Gral. Yuri Calderón para el resguardo…”, hecho ratificado por la declaración testifical de cargo del Ministerio de Gobierno de Fabio Michael Peñaloza Torrico, funcionario policial declarado en comisión a USEDI, quien resguardó de manera personal a la ex senadora Jeanine Añez Chávez mediante la utilización de dos vehículos oficiales del Senado. Que, por pruebas MG67, PGE–95 Nota con Cite: Sgral. Cmdo. Gral CITE: No.02365/21 de fecha 26 de noviembre de 2021 emitido por el Gral. 1ro. Maximo Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana a.i., por medio del cual remite el Informe 27/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, emitido por el Sr. Cnl. Desp. William Jorge Vidal Quiroga Jefe del Dpto. Nacional USEDI. Asimismo el acusado presento dos notas, de fecha 11 de noviembre de 2019, dirigida a la Sra. Jeanine Añez Chávez, pidiendo ordene al Comandante en Jefe de las FFAA para que intervenga las movilizaciones que se venían desarrollando en el país, y otra nota, esta vez dirigida al Comandante en Jefe de las FFAA para que intervenga las movilizaciones, realizando una mala interpretación y vulnerando nuestra Constitución en los Art. 251 y 252 de la Constitución Política del Estado. Que el acusado de forma ilegal a incumplido la Ley Orgánica de la Policía Boliviana en el Art. 1 la Policía Nacional es una Institución fundamental que cumple funciones de carácter público fundadas en valores de seguridad, paz y preservación del ordenamiento jurídico y asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad, Art. 2 La Policía Nacional está centralizada bajo un solo mando único. Art. 6 La Policía Nacional tiene como misión fundamental, conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen en plenitud; Incumpliendo además lo regulado en el Art. 7 que respecto a las atribuciones de la Policía Boliviana dispone: Preservar los derechos y garantías fundamentales reconocidos a las personas por la C.P.E. Cumplir y ejecutar las órdenes del Gobierno y de las autoridades competentes con arreglo de la C.P.E., el Art. 11 que dispone que El Comando General de la Policía Nacional es el órgano máximo de dirección, administración y decisión; se ejerce a través del Comandante General, el Art. 12 que dispone que El comandante General es la MAE y ejerce actividades de jerarquía y mando en todo el territorio nacional. Habiéndose probado la existencia de órdenes contrarias a la constitución y a las leyes. Respecto al acusado FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN, se tiene como hechos probados, que el mismo tenía la calidad de servidor público, hecho probado mediante prueba MP100, consistente en Decreto Presidencial Nº 3755 emitido por Evo Morales Ayma Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 24 de diciembre de 2018, mediante el cual lo designa como Jefe de Estado Mayor General del Comando en Jefe de las Fueras Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Que, el acusado Flavio Gustavo Arce San Martin, en atención al comunicado que emite Jeanine Añez Chávez, en fecha 11 de noviembre de 2019 a horas 19:50 aprox., en un medio televiso UNITEL donde pide envié a los funcionarios militares a las calles hecho probado por MP20 y MP50, y la carta emitida por el Comandante General de la Policía Boliviana, el acusado como miembro del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas se constituye al ECG del ejercito de Miraflores salón de las banderas, y posteriormente al lado de Williams Carlos Kaliman emite conferencia de prensa donde pone en conocimiento que se ha ordenado se ejecuten operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, hecho probado por los CDs. videos adjuntos a las prueba MP20, MP50, MP67, obedeciendo la solicitud del Comandante de la Policía Boliviana y de Jeanine Añez Chávez de forma ilegal, pues la autoridad al mando a la cual obedecen y reciben sus órdenes son el Presidente del Estado Plurinacional por sí y a través del Ministro de Defensa, autoridad que se encontraba en ejercicio de funciones, tal cual se puede establecer de la PD16 prueba de descargo del mismo acusado Flavio Arce San Martin, incluso en su declaración manifiesta “…Renuncian todos los Ministros a excepción del Ministro de defensa que se queda hasta el día 12 a primeras horas de la mañana a las 0030; y la declaración de Jorge Pastor Mendieta Ferrufino quien manifestó: recordemos que el ex ministro de defensa renuncia el 12 aproximadamente a la 1am., entonces quien era la máxima autoridad en ese momento del alto mando militar, porque hay un determinado momento indicaron que no había alto mando militar en ese momento y la ley orgánica en su art. 22 inciso a) una de las responsabilidades que le atribuye al Ministro de Defensa es que se constituye parte del alto mando militar y en caso de ausencia del capitán general de las FFAA lo preside...”, es decir el acusado Flavio Gustavo Arce San Martin incumplió lo dispuesto en el Art. 246 de la Constitución Política del Estado al obedecer órdenes contrarias a la misma. Que, el acusado Flavio Gustavo Arce San Martin, emite y firma el DICOS 1211/19 de fecha 12 de noviembre de 2019, mediante el cual avala la calidad de servidora pública de Jeanine Añez Chávez, refiriéndose a ella como Dra. Jeanine Añez Chávez PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Y CAPITAN GENERAL DE LAS FFAA., DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA hecho probado por prueba la misma prueba de descargo de Flavio Arce San Martín PD17 documento que firma conjuntamente el Almte. Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, Gral Fza Aé Jorge Gonzalo Terceros Lara, Gral Ejto Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Gral. Div. Aé. Jorge Elmer Fernández Toranzo y Williams Carlos Kaliman; Asimismo en fecha 12 de noviembre de 2019 a horas 22:30 aproximadamente el acusado conjuntamente los miembros del comando en jefe se reúnen con Jeanine Añez Chávez en Palacio de Gobierno donde ratifican su aval como presidente del Estado, hecho probado por MP50, incumpliendo sus deberes al omitir el cumplimiento de los Arts. 1 inciso a, d) Art.4, Art. 6 y los incisos a) b) g) y 18 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Respecto al acusado JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO se tiene como hechos probados que el mismos tenía la calidad de servidor público, hecho probado mediante prueba MP100, consistente en Decreto Presidencial Nº 3755 emitido por Evo Morales Ayma Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 24 de diciembre de 2018, mediante el cual lo designa como Comandante General del Ejercito de Bolivia. Que, el acusado Jorge Pastor Mendieta Ferrufino ordeno de forma irregular y directa al Cnl. Willy Pozo Torrico en fecha 11 de noviembre de 2019 deje aterrizar en el COLMIL el helicópteros donde fue trasladada Jeanine Añez hecho probado con la propia declaración del acusado Jorge Pastor Mendieta Ferrufino y del testigo de cargo del Ministerio de Gobierno Willy Pozo Torrico quien manifestó “…recibí una llamada del sr. Comandante del ejército (Mendieta) indicándome que estaba autorizado el aterrizaje de un helicóptero militar en la cancha de césped sintético con el que cuenta el COLMIL…”, hecho corroborado mediante la prueba MP65, consistente en Informe técnico Circunstancial de fecha 19 de noviembre de 2021 emitido por el Sgto. 2do. Rodrigo Coaquira Meneses, registro en el lugar de los hechos del Colegio Militar, y MP 70, respecto de las fotocopias legalizadas del plan de vuelos de la aeronave tipo AS350 matrícula FAB-754 con origen GAC 31 con destino a COLMIL transportando a senadora Jeanine Añez Chávez. Que, el acusado Jorge Pastor Mendieta Ferrufino en su calidad de Comandante General del Ejército, emite y firma el DICOS 1211/19 de fecha 12 de noviembre de 2019, mediante el cual avala la calidad de servidora pública de Jeanine Añez Chávez, refiriéndose a ella como Dra. Jeanine Añez Chávez PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Y CAPITAN GENERAL DE LAS FFAA., DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA hecho probado por prueba la misma prueba de descargo de Flavio Arce San Martín PD17 documento que firma conjuntamente el Almte. Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, Gral Fza Aé Jorge Gonzalo Terceros Lara, Almte. Flavio Gustavo Arce San Martin, Gral. Div. Aé Jorge Elmer Fernández Toranzo y Williams Carlos Kaliman; Asimismo en fecha 12 de noviembre de 2019 a horas 22:30 aproximadamente el acusado conjuntamente los miembros del comando en jefe se reúnen con Jeanine Añez Chávez en Palacio de Gobierno donde ratifican su aval como presidente del Estado, hecho probado por MP50, incumpliendo sus deberes al omitir el cumplimiento de los Arts. 1 inciso a, d) Art.4, Art. 6 y los incisos a) b) g) y 18 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Que, el acusado Jorge Pastor Mendieta Ferrufino solamente podía obedecer y recibir órdenes del Presidente del Estado Plurinacional por sí y a través del Ministro de Defensa Javier Zabaleta autoridad que se encontraba en ejercicio de funciones, tal cual se puede establecer de la PD16 prueba de descargo del acusado Flavio Arce San Martin, incluso en su declaración manifiesta…. Renuncian todos los Ministros a excepción del Ministro de defensa que se queda hasta el día 12 a primeras horas de la mañana a las 00:30, y la declaración del mismo Jorge Pastor Mendieta Ferrufino quien manifestó: “…recordemos que el ex ministro de defensa renuncia el 12 aproximadamente a la 1am., entonces quien era la máxima autoridad en ese momento del alto mando militar, porque hay un determinado momento indicaron que no había alto mando militar en ese momento y la ley orgánica en su art. 22 inciso a) una de las responsabilidades que le atribuye al Ministro de Defensa es que se constituye parte del alto mando militar y en caso de ausencia del capitán general de las FFAA lo preside...” es decir el acusado Jorge Pastor Mendieta Ferrufino incumplió lo dispuesto en el art. 246 de la Constitución Política del Estado al obedecer órdenes contrarias a la misma. Respecto al acusado JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO, se tiene como hechos probados que el mismo era servidor público como miembro de las fuerzas armadas, y se ha establecido que en atención al comunicado que emite Jeanine Añez Chávez, en fecha 11 de noviembre de 2019 a horas 19:50 aprox. en un medio televiso UNITEL donde pide envié a los funcionarios militares a las calles hecho probado por MP20 y MP50, y la carta emitida por el Comandante General de la Policía Boliviana, el acusado como miembro del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas se constituye al ECG del ejercito de Miraflores Salón de las banderas, y posteriormente como miembro del Comando en Jefe de las FFAA., conjuntamente Williams Carlos Kalimán Romero emite conferencia de prensa donde ponen en conocimiento que se ha ordenado se ejecuten operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, hecho probado por los CDs. videos adjuntos a las prueba MP20, MP50, MP67, obedeciendo la solicitud del Comandante de la Policía Boliviana y de Jeanine Añez Chávez de forma ilegal, pues la autoridad al mando a la cual obedecen y reciben sus órdenes son el Presidente del Estado Plurinacional por sí y a través del Ministro de Defensa, autoridad que se encontraba en ejercicio de funciones, tal cual se puede establecer de la PD16 prueba de descargo del acusado Flavio Arce San Martin, incluso en su declaración manifiesta…. Renuncian todos los Ministros a excepción del Ministro de defensa que se queda hasta el día 12 a primeras horas de la mañana a las 0030; y la declaración de Jorge Pastor Mendieta Ferrufino quien manifestó: “…recordemos que el ex ministro de defensa renuncia el 12 aproximadamente a la 1am., entonces quien era la máxima autoridad en ese momento del alto mando militar, porque hay un determinado momento indicaron que no había alto mando militar en ese momento y la ley orgánica en su art. 22 inciso a) una de las responsabilidades que le atribuye al Ministro de Defensa es que se constituye parte del alto mando militar y en caso de ausencia del capitán general de las FFAA lo preside…”, es decir el acusado Jorge Elmer Fernández Toranzo incumplió lo dispuesto en el Art. 246 de la Constitución Política del Estado al obedecer órdenes contrarias a la misma. Que, el acusado Jorge Elmer Fernández Toranzo, emite y firma el DICOS 1211/19 de fecha 12 de noviembre de 2019, mediante el cual avala la calidad de servidora pública de Jeanine Añez Chávez, refiriéndose a ella como Dra. Jeanine Añez Chávez, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Y CAPITAN GENERAL DE LAS FFAA., DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA hecho probado por prueba la misma prueba de descargo de Flavio Arce San Martín PD17 documento que firma conjuntamente el Almte. Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, Gral Fza Aé Jorge Gonzalo Terceros Lara, Gral. Ejto Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Flavio Gustavo Arce San Martin y Williams Carlos Kaliman; Asimismo en fecha 12 de noviembre de 2019 a horas 22:30 aproximadamente el acusado conjuntamente los miembros del comando en jefe se reúnen con Jeanine Añez Chávez en Palacio de Gobierno donde ratifican su aval como presidente del Estado, hecho probado por MP50, incumpliendo sus deberes al omitir el cumplimiento de los Arts. 1 inciso a, d) Art.4, Art. 6 y los incisos a) b) g) y 18 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, e incumpliendo también los Arts. 2, 3, 6, 9, 13, 16, del Reglamento de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. Respecto al acusado SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, se tiene como hechos probados que el acusado era servidor público su condición de Jefe de Operaciones del Departamento III del Estado Mayor, y que en el ejercicio de sus funciones responde conforme a la normativa señalada en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y que en atención al comunicado que emite Jeanine Añez Chávez, en fecha 11 de noviembre de 2019 a horas 19:50 aprox. en un medio televiso UNITEL donde pide envié a los funcionarios militares a las calles hecho probado por MP20 y MP50, y la carta emitida por el Comandante General de la Policía Boliviana, el acusado como miembro de las fuerzas armadas en el cargo de Jefe de Operaciones del Departamento III del Estado Mayor se constituye al ECG del ejército de Miraflores Salón de las banderas, y posteriormente al lado de Williams Carlos Kaliman emite conferencia de prensa donde pone en conocimiento que se ha ordenado se ejecuten operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, hecho probado por los CDs. videos adjuntos a las prueba MP20, MP50, MP67, obedeciendo la solicitud del Comandante de la Policía Boliviana y de Jeanine Añez Chávez de forma ilegal, pues la autoridad al mando a la cual obedecen y reciben sus órdenes son el Presidente del Estado Plurinacional por sí y a través del Ministro de Defensa, autoridad que se encontraba en ejercicio de funciones, tal cual se puede establecer de la PD16 prueba de descargo del acusado Flavio Arce San Martin, incluso en su declaración manifiesta…. Renuncian todos los Ministros a excepción del Ministro de defensa que se queda hasta el día 12 a primeras horas de la mañana a las 0030; y la declaración de Jorge Pastor Mendieta Ferrufino quien manifestó: “…recordemos que el ex ministro de defensa renuncia el 12 aproximadamente a la 1am., entonces quien era la máxima autoridad en ese momento del alto mando militar, porque hay un determinado momento indicaron que no había alto mando militar en ese momento y la ley orgánica en su art. 22 inciso a) una de las responsabilidades que le atribuye al Ministro de Defensa es que se constituye parte del alto mando militar y en caso de ausencia del capitán general de las FFAA lo preside...” es decir el acusado Sergio Carlos Orellana Centellas incumplió lo dispuesto en el Art. 246 de la Constitución Política del Estado al obedecer órdenes contrarias a la misma, asimismo incumplió sus deberes al omitir el cumplimiento de los Arts. 1 inciso a, d) Art.4, Art. 6 y los incisos a) b) g) y 18 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. En conclusión, respecto de la norma afectada a efecto de la comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes e incumplimiento de deberes tipificados en los Arts. 153 y 154 del Código Penal, se identificaron las siguientes: En cuanto a la acusada Jeanine Añez Chávez por la comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las leyes, se afectó las siguientes: Arts. 1, 7, 8, 11, 13, 26, 108-1) y2), 140-I) 154, 157, 158, 161 – III), 169 ultima parte, 170 de la Constitución Política del Estado, concordantes con los arts. 1, 4 .II 9 I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados. En cuanto al delito de Incumplimiento de deberes: se afectó y incumplió los Arts. 3 PRINCIPIOS, Art. 19 inciso a) DEBERES; Art. 35 – II, Art. 1, 41 a) ultima parte, 75, 76. III, 79, 80 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. En cuanto a Williams Carlos Kalimán Romero y Yuri Calderón Mariscal por la comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las leyes, se afectó las siguientes: Arts. por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, se afectó los Arts. 1, 7, 8, 11, 13, 108-1y2), 244, 245, 246-I), 247-I) de la Constitución Política del Estado; y Arts. 1 inciso a, d) Art. 4, Art. 6 incisos a, b, g) Art. 8 y Art. 18 de la Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas. Por incumplimiento de deberes se afectó los por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, se afectó los Arts. 1, 7, 8, 11, 13, 108-1y2), 244, 245, 246-I), 247-I) de la Constitución Política del Estado; y Arts. 1 inciso a, d) Art. 4, Art. 6 incisos a, b, g) Art. 8 y Art. 18 de la Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas. En cuanto a Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Flavio Gustavo Arce San Martin por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, se afectó los Arts. 1, 7, 8, 11, 13, 108-1y2), 244, 245, 246-I), 247-I) de la Constitución Política del Estado; y Arts. 1 inciso a, d) Art. 4, Art. 6 incisos a, b, g) Art. 8 y Art. 18 de la Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas. En cuanto Jorge Elmer Fernández Toranzo por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, se afectó los Arts. 1, 7, 8, 11, 13, 108-1y2), 244, 245, 246-I), 247-I) de la Constitución Política del Estado; y Arts. 1 inciso a, d) Art. 4, Art. 6 incisos a, b, g) Art. 8 y Art. 18 de la Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas y Arts. 2, 3, 6, 9, 13, 16, del Reglamento de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. 5.3 HECHOS NO PROBADOS Respecto a los acusados Jeanine Añez Chávez, Willams Carlos Kaliman Romero y Vladimir Yuri Calderón Mariscal, no se tiene hechos no probados. Con relación a los acusados Flavio Gustavo Arce San Martin, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Toranzo y Sergio Carlos Orellana Centellas, el Ministerio Publico y los acusadores particulares no han probado de forma contundente, objetiva, real, concreta, fehaciente que los mismos hubieran incurrido en el ilícito previsto en el art. 153 Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, prescritos en el Código Penal puesto que los hechos fácticos relatados, no tiene sustento en prueba documental y que la misma sea apoyada o corroborada por una prueba testifical que dé certeza al Tribunal, la documental es insuficiente para generar convicción de la comisión del ilícito acusado. Por lo que el Tribunal considera que en el hecho acusado, se tiene más dudas que certeza, y ante la duda y la falta de elemento probatorio se debe estar a lo que más favorezca al imputado, in dubio pro reo. “…Mas aun siendo que en materia penal, se debe considerar el concepto certeza, que significa que las pruebas obtenidas tengan en cuanto a su eficacia, la aptitud suficiente como para hacer madurar en el estado intelectual del Juez, el pleno convencimiento de la no existencia del hecho y de la participación de los imputados, NO es posible en materia penal elaborar una verdad formal o ficticia, tampoco es aceptable que se la obtenga mediante pura intuición o exclusivas conjeturas. La ausencia de la certeza produce la duda…” (Velez Mariconde, Vasquez Rossi, Jorge y Sentis Melendo, Santiago, citados por Jauchen, Eduardo M., en su obra Tratado de la Prueba en materia penal) VI.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE DERECHO Y DOCTRINALES: Que, el art. 115.I de la Constitución Política del Estado establece: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Precepto constitucional que garantiza el ejercicio de los derechos de los ciudadanos del Estado Plurinacional los cuales deben ser tutelados por la justicia ordinaria en un plazo razonable y sin dilaciones. Asimismo, el art. 116.I refiere “Se garantiza la presunción de inocencia, durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. De lo cual se tiene que el estado de inocencia que reconoce nuestro ordenamiento supremo Constitucional en favor de toda persona imputada o procesada se mantiene de forma incólume entre tanto no exista una resolución contraria y debidamente ejecutoriada, asimismo en caso de existir duda de la norma aplicable, deberá de estarse a lo más favorable en aplicación del indubio pro reo, el art. 117.I: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”, también se tiene que el Art. 119. II: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Finalmente el Art. 123: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”. Por su parte este principio, en el Código Penal se encuentra contemplado en el art. 70, que expresa: “Nadie será condenado a sanción alguna, sin haber sido oído y juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal. No podrá ejecutarse ninguna sanción sino en virtud de sentencia emanada de autoridad judicial competente y en cumplimiento de una ley, ni ejecutarse de distinta manera que la establecida en aquella”. El principio de legalidad se constituye en un elemento sustancial de todo aquel Estado que pueda identificarse como un Estado de Derecho; resulta coincidente en la doctrina, identificar a este principio como el límite penal para que nadie pueda ser condenado por la perpetración de un hecho, si éste no se encuentra descrito como figura delictiva con el establecimiento de su correspondiente consecuencia jurídica por una ley anterior a su comisión. A decir de Fernando Villamor Lucia, el principio de legalidad tiene dos partes, “nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, es decir que el delito y la pena deben estar determinados por una ley previa”. La doctrina legal aplicable de la extinta Corte Suprema de Justicia, por medio del Auto Supremo 21 de 26 de enero de 2007, entre otros, reconoció que: “El principio de legalidad se constituye en una garantía constitucional del individuo, que limita la actuación punitiva del Estado…”. Además dejo en claro que este "principio no se agota en la clásica formulación elaborada por Feuerbach: 'Nullum crimen, nulla poena sine previa lege”, sino que actualmente se presentan otros requisitos que completan la formulación del principio, dotándoles de mayor exigencia y contenido, como son los principios de 'taxatividad', 'tipicidad', 'lex escripta' y especificidad”. El Auto Supremo Nº AS/351/2019 RRC de 15 de mayo de 2019, sobre el principio de legalidad emitió la siguiente jurisprudencia constitucional “Principio de legalidad o de reserva, que exige que la Ley que describe un delito sea previa, esto es, haya sido promulgada con anterioridad a la comisión del hecho, de modo que el principio general es que todo delito debe juzgarse con la Ley que estaba vigente al tiempo de su ejecución, lo que dejaría marginada, en general, la ley dictada con posterioridad a esa ejecución, porque la Ley penal no tiene efecto ultractivo, a menos que beneficie al inculpado”. El principio de legalidad se encuentra conformado a la vez por varios sub principios, entre ellos, el de taxatividad, referido precisamente -valga la redundancia- a la taxatividad de la norma procesal, e implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas; pues la indeterminación supone una deslegalización material encubierta; por otra parte se encuentra el principio de tipicidad que desarrolla el principio fundamental 'nullum crimen nulla poena sine lege', se aplica como la obligación de que los jueces y tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable; otro importante principio es el de favorabilidad que denota la aplicación de la norma más favorable al imputado o procesado en caso de duda y cuyo techo constitucional se encuentra en el art. 116.I. de la CPE vigente que establece: “…Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. También se encuentra el principio de irretroactividad, sin embargo, este principio será ampliamente desarrollado más adelante. Por su parte, el Tribunal Constitucional, ha momento de precautelar el respeto y la vigencia del principio de legalidad ha desarrollado el mismo en sus dos vertientes, en este sentido, a través de la SC 0062/2002 de 31 de julio, precisó: "…el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho representa la materialización de los valores fundamentales que este encarna; consiguientemente, se constituye en un presupuesto básico insoslayable de la administración (realización) de la justicia, de que, siendo la ley expresión de la voluntad de sus destinatarios en materia sancionatoria, se legitimiza sólo cuando la misma ha sido aprobada con las exigencias formales establecidas por el ordenamiento superior: su Constitución. (...) el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley, el principio de legalidad en su vertiente penal (sustantiva), prohíbe que una conducta, por reprochable que parezca y por mucho que lesione un derecho, pueda conceptuarse como falta o delito, si la ley no la describe de manera taxativa como tal: “…la realización material del principio de legalidad también viene condicionada por la forma como se encare el proceso de subsunción de la conducta en el tipo descrito por la norma sancionadora; pues, todo el andamiaje que importan las garantías formales, quedarían reducidas a la nada, si fuera conforme a derecho, aplicar un precepto distinto, al de la conducta atribuida o imputada”. En cuanto al principio de legalidad, de conformidad a lo previsto por el art. 180 de la CPE, el Tribunal Constitucional a través de su SC 0275/2010-R de 7 de junio, ha señalado que: “ … es un principio procesal de la jurisdicción ordinaria; al respecto este tribunal a través de la SC 0919/2006 - R de 18 de septiembre, que a su vez citó a la SC 0062/20 02 de 31 de julio, estableció que: “el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho' (...) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley”. En consecuencia, el Estado no puede castigar una conducta que no está descrita ni penada por la ley, cimentándose una doble garantía: Por una parte, todas las personas conocen el ámbito de lo permitido y prohibido y, por la otra, el delincuente no puede ser castigado más que por las acciones legalmente descritas y sólo con la pena correspondiente. Por su parte este principio, en el Código Penal se encuentra contemplado en el art. 70, que expresa: “Nadie será condenado a sanción alguna, sin haber sido oído y juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal. No podrá ejecutarse ninguna sanción sino en virtud de sentencia emanada de autoridad judicial competente y en cumplimiento de una ley, ni ejecutarse de distinta manera que la establecida en aquella”., el principio de legalidad se constituye en un elemento sustancial de todo aquel Estado que pueda identificarse como un Estado de Derecho; resulta coincidente en la doctrina, identificar a este principio como el límite penal para que nadie pueda ser condenado por la perpetración de un hecho, si éste no se encuentra descrito como figura delictiva con el establecimiento de su correspondiente consecuencia jurídica por una ley anterior a su comisión. Dentro de la doctrina legal aplicable de la extinta Corte Suprema de Justicia, por medio del Auto Supremo 21 de 26 de enero de 2007, entre otros, reconoció que: “El principio de legalidad se constituye en una garantía constitucional del individuo, que limita la actuación punitiva del Estado…”. Además dejo en claro que este "principio no se agota en la clásica formulación elaborada por Feuerbach: 'Nullum crimen, nulla poena sine previa lege”, sino que actualmente se presentan otros requisitos que completan la formulación del principio, dotándoles de mayor exigencia y contenido, como son los principios de 'taxatividad', 'tipicidad', 'lex escripta' y especificidad”. El Auto Supremo Nº AS/351/2019 RRC de 15 de mayo de 2019, sobre el principio de legalidad emitió la siguiente jurisprudencia constitucional “Principio de legalidad o de reserva, que exige que la Ley que describe un delito sea previa, esto es, haya sido promulgada con anterioridad a la comisión del hecho, de modo que el principio general es que todo delito debe juzgarse con la Ley que estaba vigente al tiempo de su ejecución, lo que dejaría marginada, en general, la ley dictada con posterioridad a esa ejecución, porque la Ley penal no tiene efecto ultractivo, a menos que beneficie al inculpado”. El principio de legalidad se encuentra conformado a la vez por varios sub principios, entre ellos, el de taxatividad, referido precisamente -valga la redundancia- a la taxatividad de la norma procesal, e implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas; pues la indeterminación supone una deslegalización material encubierta; por otra parte se encuentra el principio de tipicidad que desarrolla el principio fundamental 'nullum crimen nulla poena sine lege', se aplica como la obligación de que los jueces y tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable; otro importante principio es el de favorabilidad que denota la aplicación de la norma más favorable al imputado o procesado en caso de duda y cuyo techo constitucional se encuentra en el art. 116.I. de la CPE vigente que establece: “…Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. También se encuentra el principio de irretroactividad, sin embargo, este principio será ampliamente desarrollado más adelante. Asimismo, dentro de los principios penales se tiene el principio de Legalidad e irretroactividad de la Ley que señala: Sólo se considerarán infracciones penales, aquellas conductas descritas expresa y estrictamente, consignadas como tales en una Ley vigente con anterioridad al hecho. No se impondrá sanción ni medida de seguridad distinta a las expresamente señaladas en Ley anterior para la infracción penal concreta. En consecuencia, la Ley penal sólo dispondrá para lo venidero y únicamente tendrá efecto retroactivo cuando beneficie a la persona infractora. La Ley posterior más benigna se aplicará retroactivamente de oficio, aún en etapa de ejecución penal. Culpabilidad. - Sólo será reprochable penalmente y merecedora de sanción, la persona que, al momento de realizar la conducta, comprendía su ilicitud y podía adecuar su comportamiento a esa comprensión. La determinación de la sanción en concreto se fundamentará en el grado de reprochabilidad de la conducta. Derecho penal de acto.- Para determinar la responsabilidad penal, no se tomarán en cuenta los pensamientos, reproches de personalidad, valores, estilo de vida, juicios de peligrosidad, prejuicios ni otros criterios similares que resulten incompatibles con la dignidad y autodeterminación de la persona. La responsabilidad penal se basará en la conducta concreta de la persona infractora en el contexto específico del hecho. Lesividad.- Ninguna persona será sancionada por un hecho que, aun siendo infracción penal, no produzca daño o al menos peligro concreto para el bien jurídico protegido y afecte a una o más víctimas. Exclusión de la responsabilidad objetiva.- No existe responsabilidad penal por la sola causación del resultado. Sólo habrá infracción penal cuando la conducta haya sido realizada con conocimiento y voluntad o por lo menos con infracción al deber objetivo de cuidado. Esta limitación también se aplicará respecto al resultado o cualquier elemento de agravación. Humanidad, personalidad y proporcionalidad No se impondrá sanción que en el caso concreto resulte inhumana o degradante, trascienda gravemente a terceras personas inocentes, o sea notoriamente desproporcionada con la lesión y la reprochabilidad por la conducta. PRINCIPIOS PROCESALES: Justicia ágil y oportuna Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial en tiempo oportuno, conforme los plazos establecidos en este Código. El incumplimiento de los plazos procesales, las suspensiones de audiencias y las dilaciones indebidas, constituirán falta grave de las y los jueces, fiscales, policías y quienes presten servicios de justicia, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que hubiere lugar. Ningún proceso penal tendrá una duración indefinida. Justicia desformalizada Todos los actos procesales deberán estar desprovistos de formalismos y tecnicismos innecesarios que dilaten la gestión judicial. Todas las actuaciones procesales serán concretas, claras, precisas, expeditas e idóneas para la resolución del conflicto. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, ni se sacrificará la validez de los actos procesales por la omisión de formalidades no esenciales. Se considerará formalidad no esencial aquella que, en caso de ser defectuosa o incumplida, pueda ser convalidada sin afectar las garantías de las partes. Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal Ninguna persona será condenada a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oída previamente, sea en juicio oral y público o en procedimiento abreviado, celebrado conforme a la Constitución Política del Estado, el Bloque de Constitucionalidad y este Código. La condena únicamente podrá fundarse en una Ley anterior al proceso. Principio de inocencia Ninguna persona será considerada ni tratada como culpable en ninguna etapa del proceso, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada, bajo responsabilidad. La carga de la prueba corresponde a la acusación y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En caso de duda deberá decidirse lo que sea más favorable a la persona imputada. Inviolabilidad de la defensa El derecho a la defensa es inviolable e irrenunciable y será ejercido plenamente desde el inicio del proceso por cualquiera de sus formas, hasta el fin de la ejecución de la sentencia. La persona imputada tendrá derecho a defenderse por sí misma y a la defensa técnica. La designación del abogado defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, aprehensión, arresto o antes de iniciarse la declaración de la persona imputada. Si consultada la persona imputada, no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor, sin que este nombramiento pueda ser entendido como vulneración de su derecho a la defensa. Igualdad Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que los asisten. Las y los jueces, fiscales, policías y quienes intervengan en el proceso, tendrán el deber de asegurarse que las partes conozcan y comprendan el alcance de los actos que se realizan en el mismo. Juez natural Ninguna persona será perseguida ni juzgada por comisiones o tribunales especiales ni sometida a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución Política del Estado y a la Ley, con anterioridad al hecho de la causa. Independencia Las y los jueces están sometidos únicamente a la Constitución Política del Estado, al Bloque de Constitucionalidad y a las Leyes, las y los jueces deberán ejercer sus funciones libres de interferencias y rechazar cualquier intento de influencia política, social, económica, de amistad, por grupos de presión, por el clamor público, por el miedo a la crítica, por consideraciones de popularidad, notoriedad o por motivaciones impropias sobre su función. Por ningún motivo, los órganos estatales, los medios de comunicación, ni personas naturales o jurídicas, interferirán en la sustanciación de un proceso concreto., en caso de intromisión, la o el juez informará al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo de la Magistratura, sobre los hechos que afectan su independencia. Cuando la intromisión provenga del propio Órgano Judicial, el informe será presentado a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el informe se solicitarán las medidas necesarias para su resguardo. Imparcialidad Las y los jueces deberán mantener a lo largo del proceso, una equivalente distancia con las partes, sus representantes y abogados y evitar todo tipo de comportamiento que pueda reflejar un favoritismo, predisposición o prejuicio. El quebrantamiento de esta previsión constituirá falta gravísima. En el desarrollo de la función jurisdiccional, deberán garantizar que se respete el derecho de las personas a ser tratadas de un modo igualitario. Libertad probatoria y legalidad de la prueba En el proceso penal se admitirán como medios de prueba, todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al esclarecimiento del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad de la persona imputada. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Quienes infrinjan esta disposición, serán responsables penalmente, no siendo eximente de responsabilidad el haberlos cometido por orden superior. Proceso acusatorio Las y los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Sólo podrán disponer medidas probatorias y de coerción a petición de parte, según las reglas previstas en este Código. Las y los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales. Oralidad Toda actividad procesal que amerite un contradictorio o presentación de pruebas deberá realizarse oralmente y por audiencias públicas. Las y los jueces no admitirán la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia. Las resoluciones judiciales serán dictadas y fundamentadas verbalmente en la misma audiencia y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento. Exposición sobre el delito de Resoluciones Contraria a la Constitución y a las leyes, tipificado en el Art, 153 del Código Penal. Según Clemente Espinoza Carballo.- El delito, de manera general, puede definirse como el ataque a bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal; o, como toda acción dolosa o culposa descrita en la ley penal y sancionada con una pena, con una medida de seguridad o ambas; en consecuencia, para que el aparato de persecución penal del Estado se active, se requiere la necesaria adecuación de la conducta del agente al tipo penal, sea por acción u omisión, lo cual en definitiva constituye la materialización del tipo previsto en la norma punitiva. Por otra parte, las conductas punibles, se encuentran descritas de manera individual en la denominada Parte Especial del Código Penal; es decir, que podemos afirmar que todas las acciones u omisiones punibles, se encuentran tipificadas en el Código Penal y demás leyes penales complementarias como la Ley N° 1008 y otras. La jurisprudencia constitucional, a través de la S.C. N° 161/2003-R de 14 de febrero de 2003, establece que para la existencia del delito, deben concurrir los siguientes elementos esenciales: la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, y que la inconcurrencia de cualquiera de ellos, hace inexistente el delito; vale decir, que la tipicidad deviene en ser la realización del tipo penal, sea por acción u omisión. Pese a que los tipos penales de manera clara e inequívoca se encuentran descritos en la ley penal, se presentan situaciones en las que sin que el texto legal se modifique, las condiciones para que el tipo se realice o se materialice, varían en el transcurso del tiempo; verbigracia: el art. 153 del Código Penal (modificado por el art. 34 de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010), bajo el nomine juris de "RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y A LAS LEYES", señala: "La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. La misma pena, será aplicada cuando la resolución sea emitida por un fiscal. Si el delito ocasionare daño económico al Estado, la pena será agravada en un tercio". Este delito (tipo penal contenido en el art. 153 del actual Texto Ordenado del Código Penal), en lo esencial no ha sufrido modificaciones desde que se promulga el Decreto Ley N° 10426 en fecha 23 de agosto de 1972 y su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia de enero de 1973; por cuanto, el delito de "Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes" en el Código Penal de 1972, señalaba: "El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años". Cabe señalar que, el tipo penal de "resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes", no fue objeto de ninguna modificación hasta el 31 de marzo de 2010, fecha en que se promulga conforme se ha expresado, la Ley N° 004 o Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"; vale decir, no se modificó a través de la denominada Ley N° 1768 de Modificaciones al Código Penal de 10 de marzo de 1997, que constituye la primera reforma significativa del Código Penal y modificaciones parciales posteriores, hasta el 31 de marzo de 2010. Por otra parte, el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conforme a la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (actual Tribunal Supremo de Justicia), constituye un delito instantáneo; así ha quedado expresado a través de los fundamentos de decisión contenidos en el A.S. N° 142 (Sala Penal I) de 17 de marzo de 2008, que en lo pertinente, señala: "Ahora bien, dada la naturaleza jurídica del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, el delito se configura, precisamente, con el pronunciamiento de la resolución u orden contraria a la Constitución o a las leyes, estamos por consiguiente, ante un delito de carácter instantáneo, puesto que, con la sola realización de la conducta, acción u omisión, por el sujeto activo, queda realizado o tipificado el hecho, sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia". El delito de "resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes", que conforme lo hemos expresado se tipifica como tal en el Código Penal promulgado por Decreto Ley N° 10426 de 23 de agosto de 1972 y su posterior publicación de la Gaceta Oficial de Bolivia en enero de 1973 y modificado mediante la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, tiene distintas connotaciones en el transcurso del tiempo; por cuanto, para que se produzca la comisión de este delito, o más concretamente las acciones de su materialización, han variado sustancialmente desde la vigencia del Tribunal Constitucional de la República como órgano encargado del control de constitucionalidad que fue incorporado a la Ley Fundamental de la República mediante Ley N° 1585 de 1 2 de agosto de 1994 Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado y posterior Ley N° 161 de 5 de 6 de febrero de 1995 o Ley de Adecuaciones y Concordancias de la Constitución Política del Estado -Texto Completo y posterior Ley del Tribunal Constitucional o Ley N° 1836 de 1 ° de abril de 1998, que en su art. 2 establece la presunción de constitucionalidad, al señalar: "Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los órganos del Estado, hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad". La presunción de constitucionalidad de toda ley, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, se mantiene en la actual Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional o Ley N° 027 de 6 de julio de 2010 y cuya vigencia plena comienza a partir del primer día hábil del año 2011, que en su art. 5, señala: "Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad". De los antecedentes relacionados, podemos concluir que a partir de la creación y vigencia del Tribunal Constitucional de la República (actual Tribunal Constitucional Plurinacional), necesariamente se tienen que discriminar dos aspectos para efectos de la materialización o realización del tipo penal, a saber: -Si la resolución emerge de una autoridad u órgano que tenga competencia. -Si la resolución emerge de una persona, autoridad u órgano que no tenga competencia. En el primer supuesto al existir una presunción de Constitucionalidad, para que se configure del delito se requiere que el órgano encargado del control de constitucionalidad, que en el presente caso es el Tribunal Constitucional, se pronuncie y declare respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, resolución o acto de que se trate. En el segundo supuesto, si la persona, autoridad u órgano pronuncia una resolución contraria a la Constitución y a las leyes, se considerará consumado el delito de forma instantánea, no siendo necesario el control de constitucionalidad, ya que al no tener competencia para pronunciar la ley, resolución o realizar el acto de administración pública, el control de constitucionalidad resulta oficioso; por cuanto, las resoluciones o actos deben emerger de las actividad de derecho público o de administración desarrollada por el Estado y sus instituciones y el tipo penal, impone observar las facultades que ejerce un determinado ente público, poniendo límites a su competencia para evitar excesos de autoridad. De lo expresado, podemos concluir sucintamente que determinados tipos penales (delitos), pese a no sufrir ninguna modificación en su texto normativo, resultan afectados o modificados en el transcurso del tiempo en cuanto se refiere a los elementos a considerarse para su comisión o consumación, cual ocurre con el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes previsto y sancionado por el art. 153 del Código Penal, que como emergencia de la creación y vigencia del órgano encargado del control de constitucionalidad (Tribunal Constitucional) a través de la Ley N° 1 836 de 1 8 de abril de 1998; lo cual también es válido, respecto de la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, que conforme se ha expresado, contiene la presunción de constitucionalidad de la ley, decreto, resolución u orden emanado de los órganos del Estado que tienen competencia para ello. El Auto Supremo Nº 223/2018-RRC Sucre, 10 de abril de 2018, entre otros he dado la línea de características del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, señalando: “En ese orden de ideas, debe tenerse presente que el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes es un tipo penal de carácter propio, es decir el sujeto activo debe poseer facultades conferidas por el ordenamiento jurídico, bien sea por su calidad de decisión, bien sea por su servicio en la función pública. Dicho tipo penal, posee tres formas de ejecución: dictar, ejecutar y hacer ejecutar. En lo que importa al caso de autos, el enfoque recae en la figura dictar, de ahí se postulan los primeros dos elementos que integran al delito, la condición especializante del agente y la capacidad de dictar resoluciones, conforme la doctrina la cualificación de este delito (amparado dentro de la familia de delitos de abuso de autoridad) hace que las condiciones por las que el agente sea pasible a emitir una resolución deba integrarse con las normas de otras ramas del Derecho Público que fijan sus propias funciones y competencias y consiguientemente determinen la forma y los límites dentro de los cuales puede el servidor público ejercitarlas libremente y cuál es el límite de la transgresión que ocupa ya la sanción del Derecho Penal. De ahí que, no solo basta la emisión de una Resolución que se repute contraria a la Constitución o a las Leyes, sino que identificar con determinación exacta la norma en específico que se pretenda afectada, asume dos vertientes por un lado constituirá la conformación de uno de los elementos del tipo; y por otro, será uno de los pilares sobre los que la teoría fáctica debería ser construida. Si se parte que la configuración del delito hace exigible que el agente esté facultado por Ley para el cumplimiento de cierto tipo de funciones (de ahí que se reporta el abuso de autoridad), hace necesario también que la norma infringida por la resolución emitida sea identificada con claridad palmaria, por cuanto el servidor público, autoridad en este caso, es investido de ciertas facultades que le otorgan determinado poder en su relación con la ciudadanía, poder que se halla limitado por el marco legal establecido en la legislación y cuya transgresión reportará la eventual asistencia del Derecho Penal” “Podrá advertirse que la doctrina establecida en los precedentes invocados, tiene por finalidad precisar la obligación que tiene los Jueces y Tribunales de sentencia, respecto al debido proceso y al principio de legalidad, de realizar a tiempo de dictar Sentencia, la labor de subsunción que demuestre objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal, realizando para ello previamente una descripción del hecho probado, para luego realizar la labor de comparación de las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito y establecer si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, para luego calificar el hecho como delito, es menester, señalar en principio que el art. 180. I de la CPE, entre los principios en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, reconoce al principio de legalidad, que se constituye en un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público está sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas; en esa lógica este principio impone límites al ejercicio del poder tanto al momento de configurar los hechos punibles como al de establecer las penas o medidas de seguridad, descartando la arbitrariedad y el exceso en el cumplimiento de la tarea de la represión penal” A.S. 170 de 19 de junio de 2013. En cuanto se refiere al delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal, se tiene que la indicada norma determina lo siguientes: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”. De la redacción que acaba de ser transcrita, se tiene que el bien jurídicamente protegido en el delito en análisis resulta ser al igual que en el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes es la función pública, por cuanto, lo que se tutela, es la legalidad de los actos administrativos como ya se analizó en el anterior tipo penal, sin embargo, a diferencia de la anterior tipificación, el tipo penal de incumplimiento de deberes si bien tutela la función pública, en su vertiente específica, tutela la eficiencia de la función pública, procurando que sea desempeñada de forma normal y diligente por los agentes estatales en provecho de la administración pública y de los administradores en general. Debe tenerse presente que en este tipo penal se describen tres formas omisivas de realización de este hecho delictivo, definidas como “omitir”, “rehusar”, o “retardar” un acto propio de sus funciones, debiendo entenderse que la circunstancia de “omisión” se presenta en cada momento en que se tenía que ejecutar el acto omitido, en tanto que la circunstancia de “rehusar hacer” implica que el deber de actuar se genera luego de que se efectúa una intimación o conminatoria o interpelación o requerimiento al servidor público a fin de que se realice el acto y no lo hace; finalmente , en el tercer acto omisivo consiste en “retardar” se considera que la fuente del deber de actuar si bien ha sido ejecutada, pero no fue materializada en el momento debido, a punto tal que cuando el acto ha sido realizado, pero irregularmente, igual dicho acto será considerado como una omisión, como un incumplimiento. En este sentido, el objeto material de este delito es el acto del servidor público de los deberes o tareas propias del cargo o función establecidos y que estaba obligado a realizarlo. En cuanto se refiere al tipo subjetivo de este delito, se tiene, que por la posibilidad de haber realizado el acto omitido, solo puede ser cometido con dolo, porque el servidor sabe que pudiendo hacerlo, no cumple con un acto propio de su función cuando debe, y voluntariamente decide omitir el acto, rehusando hacerlo o retardando cumplirlo, merito por el cual para la consumación de este delito no se exige un efecto o lesión particular como consecuencia de la omisión del acto administrativo en cuestión, es decir , basta que tan pronto como el acto no es realizado en el momento debido se produzca de inmediato dicha consumación delictiva. VII.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA DOSIMETRIA . Conforme la normativa penal se tiene que una determinación judicial de la pena comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos. En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena: Sobre la personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 no exige la realización de un diagnóstico científico "de la personalidad", sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias, así la edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. La educación como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: 1) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, 2) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración, sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el “arrepentimiento” no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer. La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto. Respecto de la mayor o menor gravedad del hecho art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. Sobre las circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto. La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales. En este sentido, para la imposición de la pena necesariamente debemos analizar que la individualización de la pena debe responder a los fines políticamente asignados, la decisión del fin de la pena es de naturaleza política criminal, de modo que el tribunal en el caso concreto y sin separarse las líneas maestras señaladas en el ordenamiento jurídico, debe cuantificar la pena en cumplimiento de los principios básicos de la ya referida política criminal. Así se tiene que el Art. 118 III de la Constitución Política del Estado, nos demarca los siguientes parámetros de la pena, “... el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación, e inserción social de los condenados, con respecto a sus derechos...” este mandato imperativo nos obliga a circunscribir la pena de modo que no puede ir más allá de la persona del condenado y debe aplicarse en la medida necesaria para su reinserción social, esto en concordancia con las reglas establecidas en el Código Penal, que a partir del Art. 37 y siguientes de la norma adjetiva penal, nos orientan en sentido de que al momento de la aplicación de las penas y la fijación del quantum se debe considerar que la pena no es el resultado de una simple operación lógica, sino de la valoración integral de los hechos, las acciones, y del mismo imputado tomando en cuenta su personalidad, la motivación, y otras circunstancias concomitantes, presupuestos que sirven para determinar la pena dentro del marco normativo del delito, que identifica los aspectos que agravan o atenúan la pena, líneas generales de análisis que están reflejadas en los Arts. 37, 38, 39, 40 y 44 del Código Penal, teniendo en cuenta las circunstancias existentes, las condiciones de vida del acusado, las causas que llevaron a la comisión del hecho delictivo y del hecho mismo. Por otro lado debe entenderse que la pena como institución jurídica, no puede limitarse a una modalidad en concreto, y esa legitimación debe emerger de que sea una reacción necesaria, idónea y proporcional frente al delito cometido, por lo cual debe cumplirse con los requisitos que permitan establecer que la pena impuesta puede repercutir favorablemente en el penado, así como en el funcionamiento del propio sistema jurídico, por lo que también debe establecerse la necesidad social, pudiendo legitimarse si su ejecución es compatible con los estándares del estado de Derecho, debiendo ser directamente proporcional al reproche ético social que exprese cada una de ellas; exigencia del principio de proporcionalidad y por lo que la imposición de penas que debe responder a reacciones idóneas y proporcionales a la naturaleza y la gravedad de la infracción y a las necesidades sociales existentes al momento de la condena. Ahora bien, la RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y A LAS LEYES previsto en el artículo 153 del Código Penal que establece una pena privativa de libertad que en su mínimo es de cinco (5) años y en su máximo es de diez (10) años; asimismo en cuanto al delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES previsto en el artículo 154 del Código Penal, el mínimo de la sanción es de un (1) año y el máximo de la misma es de cuatro (4) años. En el caso en concreto que nos ocupa, se ha determinado la participación de los acusados en la comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes, en el caso boliviano se aplica la pena correspondiente al delito más grave, de donde se puede concluir que rige el principio de absorción, esto significa que la pena del delito más grave –Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes- "absorbe" las penas de los delitos menos graves. En cuanto se refiere al parámetro consistente en establecer el grado de desarrollo del delito, es decir, si se ha consumado o se trata de una tentativa, queda clara evidencia de que en el caso concreto que se analiza los delitos acusados han sido plenamente consumados por los acusados Sobre el aspecto referido a determinar las implicaciones en la fijación de la pena según la calidad de autor, instigador, cómplice; se tiene que de acuerdo con el contenido de la presente sentencia, los acusados, todos ellos se encuentran en calidad de autores conforme a los alcances del artículo 20 del Código Penal. En relación al parámetro de verificar la existencia de atenuantes especiales previstas por el art. 39 del CP, o de atenuantes generales observando lo dispuesto por el art. 40 del CP, el análisis será ejecutado en las siguientes líneas. Referente a determinar la personalidad del autor y las circunstancias del hecho considerando las establecidas por el art. 38 del CP, pudiéndose al efecto analizar: la personalidad del autor Art. 38 núm. 1 inc. a) Las condiciones especiales del hecho Art. 38 núm. 1) inc. b)-, la gravedad del hecho -art. 38 núm. 2), las consecuencias del hecho y la situación de la víctima Art. 37 inc. 1), también dicho análisis se ejecutará de manera posterior. Finalmente, en cuanto se refiere a contraponer las circunstancias agravantes generales y atenuantes, las circunstancias que aconsejen una mayor o menor penalidad; y valorar todas las circunstancias en su conjunto y determinar la pena, ello será resultado de las circunstancias atenuantes y agravantes a ser consideradas. Sobre JEANINE AÑEZ CHAVEZ, ha violado los procedimientos vigentes en la Cámara de Senadores y asimismo en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa a vulnerado las disposiciones para la asunción de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud a que existen más agravantes vinculados a su educación y al ejercicio de la condición de senadora y asambleísta así como por su condición de ex servidora pública por lo que corresponde imponer el máximo de la pena en cuanto a la misma. Sobre VLADIMIR YURI CALDERÓN MARISCAL y WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, se constituían en el momento de la consumación de los hechos delictivos en las máximas autoridades ejecutivas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, posición de mando desde la cual viabilizaron que Jeanine Añez Chávez asuma la Presidencia del Estado, llegando a identificarse también la intervención directa en varias oportunidades y en tales condición y como ex servidores públicos existen más agravantes que atenuantes por lo que corresponde imponer el máximo de la pena en cuanto a los mismos. Respecto a JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO, se tiene que el mismo cumplía la función de ser Comandante General del Ejército y por lo tanto si bien se identifica su participación activa empero esta emerge a raíz de esa calidad que detentaba al interior de las Fuerzas Armadas y en específico el ser Comandante del Ejército y no pertenecía al Estado Mayor y que además también puso a disposición su cargo y paso al sector pasivo. Sobre SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, posteriormente asumió como Comandante en Jefe de las FF. AA. acreditándose por tanto la existencia de un beneficio directo a consecuencia de sus acciones desplegadas en los eventos que motivaron a que Jeanine Añez se constituya en Presidenta del Estado, lo que llega a asumir la determinación que le permite la imposición de una pena más gravosa respecto del delito de Incumplimiento de Deberes. Sobre FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTÍN, quien tiene una participación activa por ser miembro del Comando en Jefe de las FF.AA., y por lo tanto también con poder de decisión y operación al tener el grado de Jefe de Estado Mayor. El Inspector General de la FF.AA. JORGE ELMER FERNÁNDEZ TORANZO, no es menos cierto que también que se ha verificado que una vez concluido los eventos que llevaron a la imposición como presidenta de la Sra. Jeanine Añez, los mismos pusieron sus cargos a disposición por tanto pasaron al sector pasivo, no identificándose la obtención de algún beneficio personalísimo en concreto para alguno de ellos en relación a lo antes fundamentado, debiéndose ampliar y agravar la pena respecto del delito de incumplimiento de deberes en contra de Jorge Elmer Fernández, en el sentido de que el mismo ejercía la calidad de inspector General de la Fuerzas Armadas. Ahora bien, en el análisis de la personalidad de los acusados, en relación con el elemento de la edad, como se tiene anticipado, este es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante, resultando que en el presente caso debe considerarse la edad de los acusados como una agravante, por cuanto, precisamente por la edad con la que cuentan y la carrera profesional que desarrollaban han accedido a puestos de mando y decisión, es decir que se trata de persona adultas, plenamente maduras, con una personalidad definida, que conocían las consecuencias de sus actos, por regla general es considerada como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal, resultando que en el presente caso, todos y cada uno de los acusados son personas que han culminado satisfactoriamente sus estudios superiores, habiendo accedido a la obtención de un título profesional, así se tiene que Jeanine Añez Chávez tiene como profesión la de abogada, y por ello de acuerdo a las reglas de la experiencia se tiene que conoce la normativa que debió ser respetada en la sucesión constitucional, máxime si se considera su experiencia en el ejercicio de la función de Senadora del Estado y como constituyente; en el caso de Yuri Vladimir Calderón Mariscal, el mismo producto de su carrera profesional como oficial de policía no solo que ha concluido su carrera profesional, sino que ha accedido a la máxima investidura de Comandante General de dicha fuerza policial, lo que hace ver que tiene conocimiento y dominio sobre los deberes y obligaciones de esa posición de mando. En similar sentido, en relación a todos y cada uno de los militares, los mismos producto de su carrera han llegado en los hechos a los máximos puestos de decisión al interior de la Fuerzas Armadas, teniendo posición jerárquica de mando, lo que hace que conozca adecuadamente sus deberes y obligaciones por lo que se considera en el caso de todos los acusados esta circunstancia de la educación como una agravante. En cuanto se refiere a la posición económica, corresponde referir que por el nivel jerárquico en el que desarrollaban sus actividades los acusados en el momento de haberse cometido los hechos ilícitos que se les han comprobado como de su responsabilidad, dicha situación debe ser considerada como una agravante. Sobre elemento de la mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido, se tiene que el caso específico que nos ocupa, más allá de la calificación jurídica de los hechos, es un hecho de alta gravedad, ya que como se tiene anticipado ha quebrantado el orden constitucional, generándose en lo posterior lesiones a la Constitución Política del Estado, por lo que estamos frente a hechos de altísima gravedad. Para concluir, no se puede perder de vista que en el caso de todos y cada uno de los acusados, se cuenta con una familia constituida en torno a los mismos, lo que debe ser asumido de manera favorable en la imposición de la penal a fijarse. VIII.- PARTE DISPOSITIVA: POR TANTO.- POR TANTO.- El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la ciudad de La Paz, administrando Justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de la jurisdicción ordinaria que por ley ejerce por VOTO UNANIME de sus integrantes FALLA Y DECLARA SENTENCIA CONDENATORIA de los acusados: WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO con CI. Nº 1076050 L.P., VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL con CI. Nº 2698853 Ch., JEANINE AÑEZ CHAVEZ con CI. Nº 3281749 SC. de Generales de ley establecidas en el encabezamiento de la presente resolución, de los delito de: RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES ART. 153, E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ART. 154 del Código Penal, en aplicación estricta del art. 365 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada y producida en juicio ha sido suficiente para generar en el Tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en el referido ilícito condenándolos a la pena privativa de libertad de (10) años a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores respectivamente, a partir de la fecha hasta el 10 de junio de 2032, misma que será ejecutada y cumplida desde el momento de su detención, sin perjuicio de computarse como parte de la pena impuesta el tiempo que hubieran estado detenidos en sede policial u otro recinto penitenciario, mas pago de daños y costas a calificarse en ejecución de sentencia. Asimismo, FALLA Y DECLARA SENTENCIA CONDENATORIA de los acusados JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO con CI. Nº 2398292 Cbba., SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS con CI. Nº 2310713 L.P., de Generales de ley establecidas en el encabezamiento de la presente resolución, del delito de: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ART. 154 del Código Penal, en aplicación estricta del art. 365 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada y producida en juicio ha sido suficiente para generar en el Tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en el referido ilícito condenándolo a la pena privativa de libertad de cuatro (4) años a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz, a partir de la fecha hasta el 10 de junio de 2026, misma que será ejecutada y cumplida desde el momento de su detención, sin perjuicio de computarse como parte de la pena impuesta el tiempo que hubieran estado detenidos en sede policial u otro recinto penitenciario, mas pago de daños y costas a calificarse en ejecución de sentencia. También, FALLA Y DECLARA SENTENCIA CONDENATORIA del acusado JORGE PASTOR MENDIETA FERRUFINO con CI. 3013897 Cbba. de Generales de ley establecidas en el encabezamiento de la presente resolución, del delito de: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ART. 154 del Código Penal, en aplicación estricta del art. 365 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada y producida en juicio ha sido suficiente para generar en el Tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en el referido ilícito condenándolo a la pena privativa de libertad de tres (3) años a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz, a partir de la fecha hasta el 10 de junio de 2025, misma que será ejecutada y cumplida desde el momento de su detención, sin perjuicio de computarse como parte de la pena impuesta el tiempo que hubiera estado detenido en sede policial u otro recinto penitenciario, mas pago de daños y costas a calificarse en ejecución de sentencia. Finalmente FALLA Y DECLARA SENTENCIA CONDENATORIA del acusado FLAVIO GUSTAVO ARCE SAN MARTIN con CI. Nº 2862962 Cbba., de Generales de ley establecidas en el encabezamiento de la presente resolución, del delito de: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ART. 154 del Código Penal, en aplicación estricta del art. 365 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada y producida en juicio ha sido suficiente para generar en el Tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en el referido ilícito condenándolo a la pena privativa de libertad de dos (2) años a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz, a partir de la fecha hasta el 10 de junio de 2024, misma que será ejecutada y cumplida desde el momento de su detención, sin perjuicio de computarse como parte de la pena impuesta el tiempo que hubieran estado detenidos en sede policial u otro recinto penitenciario, más pago de daños y costas a calificarse en ejecución de sentencia. Esta sentencia es pronunciada a horas veintiuno quince p.m., del día viernes diez de Junio de 2022, y dada su conocimiento íntegro el día miércoles quince de Junio de 2022 a horas quince p.m., la misma que podrá ser apelada por las partes en el plazo de quince (15) días siguientes a su notificación de conformidad a lo establecido por el art. 408 del Código de Procedimiento Penal. Esta sentencia se funda en las siguientes disposiciones legales: Arts. 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado. Arts. 20, 37, 38, 39, 153, 154 del Código Penal (modificado por la Ley N° 004). Arts. 6, 92, 171, 173, 340, 342, 343, 344, 360, 361, 365, y 408 del Código de Procedimiento Penal. REGISTRESE Y ARCHIVESE &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Dr. German Ramos Mamani-------------------------------------------- JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1°-------------------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---------------------------------LA PAZ – BOIVIA---------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Dra. Liz R. Avilés Condori----------------------------------------- JUEZ TECNICO TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1°---------------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---------------------------------LA PAZ – BOIVIA----------------------------------------------------FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Dr. DAEN Marco Antonio Vargas-------------------------------------- JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1° CAPITAL ----------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---------------------------------LA PAZ – BOIVIA---------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Abg. Helen V. Mamani Pacheco---------------------------------------SECRETARIA – ABOGADA---------------------------------------------- TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1º. ---------- La Paz – Bolivia---------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PROVIDENCIA DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS AÑOS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 17 de Junio de 2022 En merito a los antecedentes y precautelando los derechos de los acusados: WILLAMS CARLOS KALIMAN ROMERO, VLADIMIR YURI CALDERON MARISCAL, JORGE ELMER FERNANDEZ TORANZO Y SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, declarados Rebeldes en juicio mediante Resolución N° 26/2022 de 28 de Marzo de 2022, por lo que de conformidad al art. 165 del Código de Procedimiento Penal, en el día procédase a la notificación de los mismos, mediante edictos con la Sentencia Resolución N° 12/2022 de 10 de Junio de 2022 para fines consiguientes de Ley, más la presente providencia, debiendo arrimarse constancia del mismo a los antecedentes. FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Dr. German Ramos Mamani-------------------------------------------- JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1°-------------------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---------------------------------LA PAZ – BOIVIA---------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Dra. Liz R. Avilés Condori----------------------------------------- JUEZ TECNICO TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1°---------------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---------------------------------LA PAZ – BOIVIA----------------------------------------------------FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Dr. DAEN Marco Antonio Vargas-------------------------------------- JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1° CAPITAL ----------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA---------------------------------LA PAZ – BOIVIA---------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------ Abg. Helen V. Mamani Pacheco---------------------------------------SECRETARIA – ABOGADA---------------------------------------------- TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1º. ---------- La Paz – Bolivia---------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EDICTO EMITIDO EN FECHA DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VENTIDOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ .


Volver |  Reporte