EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL CUARTA


PARA LA PARTE ACUSADORA: GUSTAVO OSVALDO VALLEJOS------------------------------------------------------------------------ PARA LA PARTE ACUSADA: RUTH RIOS MANZANEDA----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------EDICTO------------------------------------------------------------ EL DR. PABLO ANTEZANA VARGAS VOCAL PRESIDENTE DE LA SALA PENAL CUARTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA.--------------------------------------------------------------------------------------- POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A: GUSTAVO OSVALDO VALLEJOS Y RUTH RÍOS MANZANEDA CON LA DECISIÓN TOMADA EN AUTO DE VISTA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DECRETO DE 31 DE MAYO DE 2022; DICTADO DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A QUERELLA DE GUSTAVO OSVALDO VALLEJOS CONTRA RUTH RIOS MANZANEDA POR EL DELITO DE USURA, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 360 DEL CÓDIGO PENAL, A MÉRITO DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA FORMULADO POR LA PRENOMBRADA IMPUTADA CONTRA DE LA SENTENCIA N° 015/2013 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2013, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LAS PARTES PERTINENTES Y NECESARIAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------AUTO DE VISTA-------------------------------------------------------------- TIPO DE APELACIÓN : RESTRINGIDA-------------------------------------------------------------------------------------------------- CAUSA Nº : 240/2019--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NUREJ : 201017798----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUSACION PÚBLICA : MINISTERIO PÚBLICO------------------------------------------------------------------------------------ ACUSACION PARTICULAR : GUSTAVO OSVALDO VALLEJOS---------------------------------------------------------------- PARTE ACUSADA : RUTH RIOS MANZANEDA-------------------------------------------------------------------------- DELITO : USURA; ART. 360 del CÓDIGO PENAL------------------------------------------------------- LUGAR Y FECHA : COCHABAMBA, 29 DE DICIEMBRE DE 2020------------------------------------------------------- VISTOS: En apelación restringida la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2013, pronunciado dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Gustavo Osvaldo Vallejos en contra de Ruth Ríos Manzaneda, por la presunta comisión del delito, previsto y sancionado por el Art. 360 del Código Penal, los antecedentes procesales, la normativa legal aplicable, y; ---------------------------------- CONSIDERANDO I: De los antecedentes.---------------------------------------------------- Que, el Juzgado de Partido Penal y de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia N° 5 de la Capital, ha pronunciado la Sentencia condenatoria de fecha 12 de marzo de 2013, leída íntegramente en la misma fecha, por la cual declaran a la imputada Ruth Ríos Manzaneda autora de la comisión del delito de Usura, previsto y sancionado por el Art. 360 del Código Penal, imponiéndole una pena de 3 meses de reclusión en el penal de San Sebastián Mujeres y una multa de 30 días a razón de 10 bolivianos por día.------------------------------------------------------------ Esta Sentencia fue apelada por la acusación particular Sr. Gustavo Osvaldo Vallejos, mediante memorial presentado en fecha 02 de abril de 2013, cursante a Fs. 151 - 152 del proceso y por la imputada Ruth Ríos Manzaneda, mediante memorial presentado en fecha 03 de abril de 2013, cursante a Fs. 157 - 166 del proceso, los cuales previo emplazamiento de la parte adversa, fueron remitidos al Tribunal Departamental de Justicia, mediante Auto de 03 de mayo de 2013 cursante a Fs. 170 del proceso.-------------------------------------------------------------------- Que, de acuerdo a la regla general prevista por el Art. 396-3) del Código de Procedimiento Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código de Procedimiento Penal, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida, y de conformidad al Art. 408 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia; en el que deben citarse concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas expresando cuál es la aplicación que se pretende, debiendo indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Por lo que examinados los recursos de apelación restringida presentados se establece que los mismos han sido interpuestos cumpliendo las formalidades y términos que establecen los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia se pasa a resolver los aspectos cuestionados.-------------------------------------------------------------------------------------------- I.1. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL QUERELLANTE GUSTAVO GUSTAVO OSVALDO VALLEJOS------------------- El querellante constituido en acusación particular en su condición de apelante, en lo sustancial denuncia tres agravios, inicialmente observa una errónea aplicación de la ley sustantiva Art. 370 núm. 1 del CPP, señalando que el Juez A quo habría aplicado incorrectamente la ley sustantiva en concreto los Arts. 37, 38 y 40, sin considerar que le habría iniciado un proceso penal a fin de extorsionar a esta parte a seguir cancelando tales intereses exorbitantes. -------------------------------------------- Asimismo, como segundo agravio denuncia una defectuosa valoración de la prueba basándose en el Art. 370 núm. 6 del CPP, refiriendo que el Juez de Primera instancia en base a los Arts. 37, 38 y 40 del CP habría atenuado la sanción para la imputada, sin considerar que el referido proceso penal que la misma habría iniciado en contra del ahora querellante con el fin de extorsionar al mismo, así como la inasistencia a las distintas audiencias de conciliación, razones por las que consideran que la pena impuesta sería insuficiente.-------------------------- Por último, en base al Art. 370 núm. 8 del CPP denuncia una contradicción entre la parte considerativa y la parte dispositiva de la Sentencia, refiriendo que en el punto 3 de la Sentencia, el A quo habría referido que valoradas y analizadas las pruebas de cargo y descargo en su conjunto determino la responsabilidad penal de la imputada y contradictoriamente también habría determinado atenuantes, sin considerar el Art. 13 del CP, que refiere que la culpabilidad es el límite de la pena, razonamiento concordante con el Art. 365 del CPP, que determina que se dicta Sentencia condenatoria cuando la prueba es suficiente para crear en el Juez la convicción de la responsabilidad penal del imputado, culpabilidad que se habría demostrado en el presente caso, por lo que considera debió aplicársele la máxima sanción.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Por lo expuesto solicita a este Tribunal dicte nueva Sentencia modificando la sanción a la máxima pena prevista para el delito de usura. -------------------------------- I.2. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR LA IMPUTADA RUTH RIOS MANZANEDA.--------------------------------------------------- La imputada constituida en recurrente, apela en dos sentidos, inicialmente respecto al Auto que rechaza la excepción de prescripción interpuesta por la imputada ahora recurrente Ruth Ríos Manzaneda, y por otro lado apela la Sentencia de 12 de marzo de 2013, resoluciones que fueron dictadas en conjunto en audiencia de juicio oral de la referida fecha.------------------------------------------------ En ese sentido, primeramente expone los agravios ocasionados por el Auto que rechaza la excepción de prescripción, señalando que el Art. 29 del CPP, determina los plazos para la prescripción de la acción penal, y que en el caso el delito de Usura tipificado en el Art. 360 del CP, corresponde realizar un análisis respecto al momento en que se habría cometido o consumado el delito en los hechos, al respecto cita a los tratadistas Carlos Creus y Jorge Eduardo Buompadre - Derecho Penal Parte Especial quienes señalan que: "El delito se consuma cuando el acreedor recibe la ventaja desproporcionada, o cuando se perfecciona el pacto de la ventaja o de constitución de la garantía de manera que esta sea ejecutable, pues de otro modo no surge el peligro patrimonial que constituye la razón de ser del delito¨, concluyendo que la usura es un delito de carácter permanente tal cual lo habría determinado la SC N. 0074/2002-R, que en los hechos se habría consumado por un lado a tiempo de la firma del documento de préstamo de dinero de 10 de marzo de 2009, o a tiempo de la entrega del último interés o ventaja usuraria que en la especie data del 17 de febrero de 2010, en ese sentido refiere que el delito de usura prescribe en 3 años, conforme establece el Art. 29 núm. 3 del CPP, en consecuencia refiere que desde el 17 de febrero de 2010 hasta el 12 de marzo de 2013, fecha en la que se habría efectuado el planteamiento de la excepción de prescripción, habrían transcurrido más de 3 años, plazo que establece el Art. 29 núm. 3 del CPP, operando de tal manera la prescripción, refiriendo que el fundamento resultaría ser contrario a los Arts. 29, 30, 31 y 32 del CPP, y las SsCs N.0023/2007-R, 0190/2007-R, 1510/2002-R, 1190/2001-R, 1709/2004-R y 753/2002-R, referentes a los presupuestos de procedibilidad del término del instituto de prescripción, acotando a este lineamiento refiere que conforme prevé el Art. 31 del CPP, el plazo de la prescripción solo se interrumpiría por una declaratoria de rebeldía y por los presupuestos previstos en los Arts. 31 y 32 del CPP, y no así por la suspensión de plazos dispuesta por Autoridad Judicial, y que en el caso concreto de antecedentes del proceso seria evidente que no cursa en el expediente una declaratoria de rebeldía y tampoco una orden de suspensión del proceso penal, por lo que no se habría operado la interrupción del plazo previsto para la prescripción y tampoco concurrirían las circunstancias previstas en el Art. 32 de la Ley N. 1970, por tanto señala que no existiría ningún motivo legal que haya interrumpido el termino de la prescripción. ----------------------- En una segunda instancia plantea apelación contra la Sentencia dictada en el mismo juicio oral, denunciando inicialmente en base al Art. 370 núm. 5 del CPP, una insuficiente y contradictoria fundamentación en la Sentencia, aclarando que la fundamentación de las resoluciones se consideran como un elemento que compone al debido proceso tal como habría establecido la SC N. 618/2007-R de 17 de julio de 2007, así como el Art. 124 del CPP, que determina que las Sentencias y Autos interlocutorios deben ser fundamentados y que dicha fundamentación no puede ser reemplazada por una simple relación de los documentos, en ese sentido refiere que la fundamentación es un requisito esencial que no debe faltar en las Sentencias, por lo que considera que el Juez está en la obligación de fundamentar sus resoluciones, presupuesto legal que denuncia no fue cumplido por el Tribunal A quo, quien no habría fundamentado la Sentencia ahora apelada. ----------------------------------------------------------------------------------------- Así también, denuncia que el Tribunal de Primera Instancia no habría realizado una correcta valoración de la prueba, indicando que en la Sentencia impugnada no se habría hecho mención al valor probatorio que el Juez A quo le habría otorgado a cada una de las pruebas documentales de cargo y descargo, limitándose a hacer una simple mención de las mismas, sin señalar los motivos de hecho y de derecho, incurriendo de esta manera en el defecto de Sentencia contenido en el Art. 370 núm. 5 del CPP. En base a lo expuesto refiere que en el caso concreto el Juez A quo no habría realizado una fundamentación descriptiva de los elementos probatorios judicializados como MP-2, MP-3, B-1, B-3, y B-4 realizando un simple enunciado de las mismas; aspecto que vulneraria el debido proceso en su elemento debida fundamentación probatoria intelectiva incurriendo en consecuencia en un defecto absoluto previsto en el Art. 169 núm. 3 del CPP. Finalmente, denuncia una inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva Art. 370 núm. 1, refiriendo que según las SsCc 727/2003-R y 1075/2003-Rla norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada a) por errónea calificación de los hechos, b) errónea concreción del marco legal y c) errónea fijación de la pena, denunciando en el caso una errónea concreción del marco legal, refiriendo que el delito de Usura es un delito eminentemente doloso, aspecto que refiere no se advierte en la causa, tal como habría referido el A quo en el Considerando V.3.3 de la Sentencia en el que llega a la conclusión de que habría existido un desconocimiento del interés legal; en ese entendido refiere que el Tribunal A quo habría aplicado erróneamente los Arts. 13 quater, 14 y 15 del CP toda vez que solo seria punible el delito doloso, situación que habría sido inobservado por el Tribunal de Primera Instancia y que considera debe ser corregido. Por lo expuesto solicita que se declare admisible y procedente el recurso interpuesto, anulando la Sentencia y ordenando la reposición del juicio por otro Juzgado de Sentencia en previsión del Art. 413 del CPP. -------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO II: (Fundamentos jurídicos de la resolución del tribunal de alzada).--------------------------------------------------------------------------------------------------- Inicialmente corresponde pronunciarse con relación a la apelacion incidental relativa a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por la defensa, por ser de previo y especial pronunciamiento, Asi tememos la Sentencia Constitucional N° 0023/2007-R de 16 de enero, que establece: "De acuerdo a la doctrina, la prescripcion se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definicion, aplicada al ambito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a traves de la norma penal ( procesal o sustantiva, segun las legislaciones), establece los limites de tiempo en que puede ejercer la persecucion penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaria el equilibrio que debe existir entre la funcion de defensa de la sociedad y la proteccion de derechos y garantias individuales". ------------------------------------------------ Al respecto el Art. 308 del CPP, prevé: “Las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: Inc…4) extinción de la acción penal según lo establecido por los Arts. 27 y 28 de este Código…”----------------------------------- A su vez el Art. 27 inc. 8) del CPP, establece la extinción de la acción penal por prescripción, señalando los plazos procesales dentro de los cuales prescribe la acción penal conforme al Art. 29 de mismo cuerpo legal, detallados a continuación: “1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años, 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad, y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad”.---------------------------------------------------- En cuanto al inicio del término de cómputo para que proceda la prescripción, el art. 30 del citado Código, estipula: El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación’, precepto que se complementa a través del Art. 31 del CPP, que señala las causas en las cuales, los plazos establecidos para la prescripción podrán ser interrumpidos, señalando que: "El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente y el Art. 32 establece la suspensión del término de la prescripción: 1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las excepciones planteadas; 3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o en la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas mientras dure ese estado". ------------------------------------------ Por su parte la SCP 0283/2013 de 13 de marzo, remitiéndose a la SC 0023/2007-R de 16 de enero, y precisando el contexto procesal vigente sostuvo que: “…de acuerdo a nuestra norma procesal, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del Código Penal (CP) establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara. Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes, de manera arbitraria, podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica. El nuevo Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambia radicalmente el sistema anterior, puesto que no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal contenida en la SC 1510/2002-R, de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 CPP. Entendimiento que fue reiterado en la SC 0187/2004-R, de 9 de febrero, en la que se determinó que: '…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción…".-------------------------------------------------------------------------------------------- De la interpretación de dichas normas, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1935/2013-R de 4 de noviembre, reiterando los precedentes implícitos contenidos en las SSCC 1510/2002-R, 0187/2004-R y 0101/2006-R, concluyó que: “…sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas, la prescripción continúa corriendo, independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente. Conforme a dicho entendimiento, el inicio de la acción penal no interrumpe el término de la prescripción, el mismo que sigue corriendo en el desarrollo del proceso y, por tanto, es posible declarar la extinción de la acción penal por prescripción, aún el proceso se encuentre en casación si es que en ese momento procesal se cumplieron los plazos previstos en el art. 29 del CPP”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado también corresponde precisar que los delitos por la duracion de la ofensa al bien juridico vulnerado, se clasifican en tipos instantáneos donde la ofensa al bien juridico cesa inmediatamente despues de consumada la conducta tipica, en los tipos permanentes la actividad consumativa no cesa al perfecionarse la accion tipica sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duracion, se imputan como consumacion de la accion delictiva.------------------ Es asi, que la Sentencia Contitucional N° 1709/2004-R de 22 de octubre puntualizo aun mas la diferencia entre delitos instantaneos y permanentes, al determinar que: "(...) en funcion a la duracion de la ofensa al bien juridico vulnerado, los hechos ilicitos se dividen en delitos instantaneos, que - como se tiene referido en la Sentencia Contitucional citada precedentemente - son aquellos que con la sola realizacion de la conducta, accion u omision, por el sujeto activo quedan realizados o tipirficados, sin que se requiera accion posterior para su continuidad o vigencia. Los delitos permanentes, son los que se caracterizan porque el hecho que los contituye o realiza da lugar a una situacion dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. Para la existencia de estos delitos, es necesario que el estado dañososo o de peligro, provenga de la conduta del sujeto activo de manera continua, es decir, que no agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo; y que la prorroga de la situacion antijuridica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, que prosigue con ella initerrumpidamente despues de la realizacion del hecho que contituye el delito. Sin embargo, la doctrina tambien considera dentro de estas clasificaciones a los delitos instantaneos con efectos permanentes, que son aquellos cuya conducta destruye o dismunuye el bien juridico tutelado, en forma intantanea, en un solo momento, pero permenen las consecuencias nocivas del mismo".------------------------------------------------ Con relación al delito tipificado en el Art. 360 del Código Penal, bajo el nomen iuris Usura, sanciona la conducta del sujeto que aprovechando la necesidad la ligereza o la inexperiencia de una persona. Diere en cualquier forma, para sí o para otros, valores o especies a cambio de intereses superiores a los fijados por ley…será sancionado con reclusión de 3 meses a 2 años y multa de 30 a 100 días. Y que conforme a la SC Nº 74/02-R Sucre, 18 de enero; estableció que: “De lo anterior, se colige que la usura es un delito permanente; debido a que en la ejecución de la acción delictiva, el o los autores, están con el poder de continuar o cesar la acción antijurídica (cobrar intereses superiores a los fijados por ley, cada vez que el deudor pague una cuota) y que mientras ésta perdure, el delito se reproduce a cada instante en su acción consumativa”. De lo que se puede colegir que el delito que motiva la presente acusación por su naturaleza constituye un delito permanente. -------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO III (Análisis del caso en caso en concreto).------------------------ Bajo ese entendimiento legal y jurisprudencial referido en el anterior considerando, podemos concluir que el instituto jurídico de extinción de la acción penal por prescripción, es una sanción por la inactividad Estatal en la persecución penal, por cuanto no puede ser ejercida de manera indefinida en el tiempo.------------------------ Es así, que de la revisión del Auto impugnado de fecha 12 de marzo de 2013, el Juez de Partido penal y de SsCc liquidador y Sentencia No. 5 de la Capital resuelve rechazar el incidente de prescripción de la acción penal, con el siguiente argumento:"...el Art. 30 que habla del inicio del término de la prescripción recomienda de que empezara a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, o en que ceso su consumación, la defensa recibió de que el ultimo pago solo habría realizado en fecha 17 de febrero del año 2010, es decir que al 17 de febrero del año 2013, ya habría corrido el lazo establecido por la normativa legal, empero se tiene la sentencia constitucional No. 74/02, que determina de que la usura es un delito de carácter permanente, es decir de que al tratarse de un delito ha de ser continuo, es que cesa con el ultimo pago cual sería el delito que ahora se está acusando, que es el de usura, es decir que la lógica planteada por la defensa es correcta al referir que la prueba que acompaña al incidente, de que el ultimo pago se lo habría realizado en fecha 17 de febrero del laño 2010, lo cual estaría respaldado por dicho fallo constitucional, y de los antecedentes antes referido se tiene que al haberse suspendido los plazos en diciembre del año 2012, no se ha permitido que transcurra el plazo que se pretende, que sería hasta marzo del año 2013, es decir que al haber interrumpido el plazo no puede computarse a favor de la defensa, consecuentemente se entiende bajo ese entendimiento, la inteligencia del Art. 130 ultima parte del Código de Procedimiento penal, que todavía no habría transcurrido el plazo establecido en el Art. 29 del Código de Procedimiento penal…”.De cuyo contenido se puede inferir que la autoridad judicial A-quo, no ha efectuado una debida compulsa de la normativa legal y jurisprudencial, advirtiéndose una errónea aplicación de la misma, conforme al siguiente razonamiento: ------------------------------------------------------------------------------------------ Si bien es cierto, que el delito sobre cuya base se planteo la excepción de extinción por prescripción, es el delito de usura, tipificado por el Art. 360 del Código Penal; delito que por su naturaleza evidentemente se encuentra dentro la clasificación de los delitos permanentes, porque el hecho que los contituye o realiza da lugar a una situacion dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. Empero la jueza a-quo, no ha realizado una debida interpretación y aplicación de las disposiciones legales al haber señalado que al haberse suspendido los plazos en diciembre del año 2012, no se ha permitido que transcurra el plazo que se pretende, es decir referente al plazo de la prescripción, razonamiento que contradice a lo dispuesto por los Arts. 31 y 32 del CPP, y la amplia jurisprudencia constitucional, al señalar que para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tiene que presentarse uno de los supuestos descritos en las disposiciones legales antes citadas, y fuera de ellas la prescripción continua corriendo; Por ello el Juez de Sentencia No. 5 de la Capital, al haber rechazado la prescripción de la acción penal, ha efectuado una incorrecta aplicación de las leyes invocadas, lesionando con ello el derecho fundamental del recurrente a la seguridad jurídica consagrada por el art. 7.a) constitucional.------------------------------------------------------------------------ Si esto es así, y siendo que de la revisión de la resolución cuestionada, se tiene que el Sr. juez de Sentencia No. 5, ha establecido como fecha para el computo del inicio de la prescripcion el ultimo pago realizado en fecha 17 de febrero del año 2010, consecuentemente la indicada fecha resulta ser el momento en que se consumaron los hechos ilícitos y desde la cual debe iniciarse el cómputo para la prescripción de la acción penal, por mandato del Art. 30 del Código de Procedimiento Penal. --------------------------------------------------------------------------------- En consecuencia, teniendo en cuenta que el delito de usura, previsto y sancionado por el Art. 360 del Código Penal, tiene prevista una pena privativa de libertad que oscila de entre 3 meses a 2 años, es decir que su máximo legal es mayor a 2 años, consecuentemente es aplicable el Art. 29 numeral 3) del CPP; Asimismo, efectuado el computo desde la presunta comisión de los delitos (17 de febrero de 2010), hasta el momento de la interposición de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, (audiencia de fecha 12 de marzo de 2013), habrían transcurrido 3 años y 23 días, superando de esta manera el término para la prescripción que era de 3 años; sin que se haya advertido alguna causal de interrupción o suspensión al tenor de los Arts. 31 y 32 del CPP, operándose de esta manera la prescripción de la acción penal dentro la presente causa, por lo que tiene merito la apelación al respecto.------------------------------------------------------- Por los fundamentos expuestos y siendo que este Tribunal de apelación ha llegado al convencimiento de que en la presente causa ya se habría operado legalmente la extinción de la acción penal, y que como lógica consecuencia conlleva el archivo de obrados; por consiguiente ya no corresponde ingresar a considerar el fondo de la apelación restringida planteada tanto por la parte querellante como la defensa, lo contrario significaría generar una disfunción procesal o emitir resolución manifiestamente incoherente con las determinaciones ya asumidas por este Tribunal.--------------------------------------------------------------------- POR TANTO: La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, DECLARA PROCEDENTE la apelación incidental interpuesta por la imputada Ruth Ríos Manzaneda, en consecuencia REVOCA el Auto que rechaza la prescripción de la acción penal de fecha 12 de marzo de 2013, declarando FUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción dentro la presente causa; ordenándose el archivo de obrados previas las formalidades de Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- En cumplimiento a la previsión contenida en el Art. 123 del CPP, se advierte a los sujetos procesales que la presente resolución no es susceptible de impugnación, debiendo procederse por Secretaría a la devolución de los antecedentes de la causa ante el Tribunal o Juzgado de Origen previa notificación de los sujetos procesales y con la debida nota de cortesía.------------------------------------------------------------------------------------ REGÍSTRESE Y NOTIFIQUE FUNCIONARIO --------------------------------------------------------------------------------------------Vocal Relator: Dr. Pablo Antezana Vargas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas -Vocal- Presidente de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.- Fdo. Dra. Silvia C. Zurita Aguilar – Vocal de la SalaPenal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.-Fdo.-E. Alejandra Bernal Colque -Secretaria de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.- Cochabamba - Bolivia-.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***********************************************************************************************APELACION RESTRINGIDA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caso N° 240/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio Público------------------------------------------------------------------------------------------------- Gustavo Osvaldo Vallejos-------------------------------------------------------------------------------------- C/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruth Ríos Manzaneda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nurej: 201017798--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delito:Usura; previsto y sancionado por el Art. 360 del CP.------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------Cochabamba, 31 de mayo de 2022--------------------------------------------------A mérito del informe que antecede, suscrito por la Srta.Oficial de Diligencias de Sala Penal Primera en suplencia, revisado los antecedentes en específico a Fs. 2 se tiene que el domicilio real ubicado en la calle Armando Méndez N° 1484 zona Las Cuadras, señalado por la acusada Ruth Ríos Manzaneda,mediante Certificación de Verificación Domiciliaria del Ciudadano, no sería perteneciente a está, asi como tampoco viviría en el mismo, pese a la indagación realizada en el lugar referido, nadie conocería a dicha persona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Así mismo, se tiene que el domicilio real del querellante Gustavo Osvaldo Vallejos, serían genéricos y ambiguos, razón por la cual no se le habria podido notificar con el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2020 (Fs. 185-189), por lo que a fin de evitar futuras nulidades procesales y bajo el principio de celeridad, se dispone que de conformidad a lo establecido en el Art. 165 del CPP, modificado por el Art. 9 de la Ley 1173, se proceda a la NOTIFICACIÓN POR EDICTOS del acusador Gustavo Osvaldo Vallejos y acusada Ruth Ríos Manzaneda con el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2020 y el presente decreto a publicarse en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia.-Notifique Funcionario.----------------------------------- Fdo.- H. Harold Irahola Terán.- Secretario de la Sala Penal Primera, en suplencia legal– Tribunal Departamental de Justicia- Cochabamba- Bolivia. .------------------------------------------------------------------------------------- ES CUANTO SE TIENE ORDENADO, PARA QUE DÁNDOSE FIEL Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO SE ARRIME A SUS ANTECEDENTES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.------------------------------------------------------------------------------------------ COCHABAMBA, 14 DE JUNIO DE 2022------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fdo.- Dr. Pablo Antezana Vargas -Vocal- Presidente de la Sala Penal Cuarta – Tribunal Departamental de Justicia.- ------Fdo.- H. Harold Irahola Terán.- Secretario de la Sala Penal Primera, en suplencia legal– Tribunal Departamental de Justicia- Cochabamba- Bolivia.--------------------------------------------------------------------------------------


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