EDICTO

Ciudad: TARIJA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO NUREJ 201603188 JUZGADO: SENTENCIA PENAL PRIMERO DE CAPITAL JUEZ : DRA. PAOLA ZULMA TEJERINA ZENTENO SECRETARIA: ABOG. MARIA DEL CARMEN AUZA QUENTASI PROCESO: PENAL DELITO: VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA NÚMERO DE PROCESO: NUREJ.201603188 – TAR.1601191 int. 12 sex SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANTE: CIRILA CONDORI RUEDA IMPUTADO: RAMIRO COLQUE CAUCOTA OBJETO: NOTIFICAR A LA VICTIMA: CIRILA CONDORI RUEDA, CON EL ACTA DE AUDIENCIA, SENTENCIA N° 29/2022, MEMORIAL 8252812, RESOLUCION DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, PARA CUYO FIN SE LE HACE CONOCER LO SIGUIENTE:------------------------------------------------------ PARTE PERTINENTE DE ACTA DE AUDIENCIA, SENTENCIA N° 29/2022.---------------------------------------------------------------------------- AUTO INTERLOCUTORIO Nº 275/2022 NUREJ : 201603188 PROCESO : TENTATIVA DE VIOLACION SIGUE : MINISTERIO PÚBLICO CONTRA : RAMIRO COLQUE CAUCOTA FECHA : Tarija, 17 DE MAYO DE 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ANTECEDENTES: Se tiene que en la presente audiencia de juicio oral público y contradictorio la defensa ha planteado el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso el traslado corrido y lo fundamentado por las partes en la presente audiencia: EXPOSICION DE LOS HECHOS. – Se tiene que, que el abogado defensor en lo pertinente de su fundamento, de que plantea la duración máxima del proceso, indicado de que el proceso es del año 2016 y que no se ha demostrado esta situación por parte del ministerio público ya que su defendido sigue permaneciendo como acusado y tomando en cuenta de que la imputación ha sido presentado en fecha 16 de marzo del 2016 hasta la fecha ya hubieran transcurrido 7 años y 7 meses y realizando el descuento de las vacaciones judiciales y por la pandemia hace un total de 4 años 10 meses y 26 días que excede a la duración máxima del proceso, así también tomando en cuenta los antecedentes que cursan en el proceso indicándose a fojas su fundamentación, se ha indicado de que existe una dilación por parte del ministerio público ya que, no ha cumplido las resoluciones de los plazos ya que ha tardado en notificar a la víctima, ha extraviado las comisiones y es por eso que han trascurrido más de tres años para que el ministerio público puede diligenciar la comisión a la víctima y posteriormente al acusado y que su defendido no ha incurrido en ningún acto dilatorio, manifestándose respecto a las fojas que secuencialmente ha sido descrita y así también ha sido propuesta en todo el cuaderno de obrados, a su turno corrido en traslado al ministerio público ha contestado en lo pertinente de su fundamento que de acuerdo al fundamento de la defensa en relación a la secuencia procesal de diferentes actuaciones y diligencias procedimentales y en conclusión de su fundamento que directamente se estuviera atribuyendo al ministerio publico la responsabilidad, siendo que desde la primera actuación que fue el 21 de marzo del 2016, consta en el cuaderno diferentes etapas procesales y el ministerio publico los ha presentado dentro del plazo, se ha manifestado dentro de su manifestación, respecto a la comisión instruida, no ha sido diligenciada por el ministerio público y esto hubiera provocado una dilación y el perjuicio a su defendido, se debe tomar en cuenta de que para demostrar esta situación se debe traer a esta audiencia prueba documental suficiente que demuestre a quien es atribuible esta situación, además se debe tomar en cuenta de que el juzgado ha estado acéfalo, por más de un año, se debe tomar en cuenta los plazos en cuanto a la vacación judicial y por la pandemia solicitando se declare sin lugar en incidente de duración máxima del proceso, más aun si se trata de un delito de contenido sexual, donde se encuentra como víctima una mujer y que corresponde aplicar la perspectiva de género. FUNDAMENTACION FACTICA Y JURIDICA: En cuanto a la extinción por duración máxima del proceso se debe tomar en cuenta de que el Art. 314 del código de procedimiento penal establece en su parágrafo III) excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme lo establece el numeral 4 del Art.308 del presente código, así también en cuanto al Art. 133 del código de procedimiento penal establece que todo proceso tendrá una duración máxima de 3 años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía, las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento, cuando desaparezcan estas, el plazo empezara a correr nuevamente computándose el plazo ya transcurrido, vencido el plazo el juez o tribunal del proceso de oficio o a petición de parte, declarara extinguida la acción penal. La potestad estatal de castigar el delito por la obligación asumida en el Art. 8 por la corte interamericana de derechos humanos no es indefinida al estar avocaba a un término razonable definido en el Art. 133 el código de procedimiento penal en tres años de duración máxima del proceso, sin embargo, este término no opera en su facto, por el simple hecho de que ha trascurrido el tiempo si no que a partir de los precedentes se tiene de que el órgano jurisdiccional tiene el deber de analizar en términos objetivos y verificables los orígenes o motivos de la dilación del proceso de tal forma que cada caso llega a ser objeto de un cuidadoso análisis para determinar las causas de la demora en la tramitación del proceso penal imponiendo la carga procesal a quien solicite la extinción, para demostrar que la demora, más allá del máximo establecido por la ley es de responsabilidad del órgano judicial o del ministerio público, querellante, precisando de manera puntual en que parte del expediente se encuentran los actos procesales que provocaron la demora o dilación, ese sentido lo previsto en el inciso 10 del Art. 27, 133 105 del código de procedimiento penal con relación a la jurisprudencia glosada establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto de procedimiento, salvo en el caso de rebeldía, se entenderá como primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de la comisión de un delito, del problema jurídico planteado consiste en establecer si en el caso de autos se ha operado la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso considerando la teoría del no plazo al que se adhiere la jurisprudencia constitucional, en la presente audiencia la defensa del acusado ha promovido el incidente de duración máxima del proceso en razón que desde el momento que se presentó la imputación formal ha sido el 16 de marzo del 2016 y descontando la suspensión de plazos por las vacaciones judiciales y la pandemia ya hubieran transcurrido en total 4 años 10 meses y 26 días que lleva dicho proceso indicando de que esta dilación es atribuible al ministerio público ya que el mismo ha omitido los plazos procesales y ha tardado en notificar a la víctima por más de tres años y al acusado, sin embargo ha indicado de que su defendido no ha incurrido en ningún acto de dilación, sin embargo se debe aclarar en esta audiencia no ha presentado ninguna prueba documental, referido a un certificado de antecedentes penales, se pueda advertir de que el mismo no cuente con una declaratoria de rebeldía, además conforme lo establece el Art. 314 la carga probatoria le corresponde a la parte incidentista y no así a la suscrita, si de hacerlo la suscrita vulneraria el principio e imparcialidad de las partes ya que la misma se encuentra impedida de realizar actos de investigación, conforme ya se ha referido, le corresponde la carga de la prueba a la parte incidentista, así también se debe tomar en cuenta de que se debe tomar otros aspectos para demostrar la duración máxima del proceso, como es en otros factores a quien atribuible la responsabilidad, la sentencia constitucional 281/2019-S2 del 24 de mayo dispone en el fundamento jurídico numero 3.1 sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y el tribunal se pronuncia sobre este instituto a tiempo de declarar la constitucionalidad del Art. 133 y la disposición transitoria tercera del código de procedimiento penal estableciendo así la sentencia constitucional 101/2004 del 14 de septiembre que refiere que el juez o tribunal de oficio o a petición de parte declarara extinguida la acción penal cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo sea establecido sea atribuible al órgano judicial o al ministerio publico bajo parámetros objetivos no procediendo la extinción de la acción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado siendo el mismo entendimiento jurisprudencial referido en la sentencia constitucional 1042/2005-R del 5 de septiembre que señalo conforme lo ha referido en su sentencia 101/2004 la determinación de la extinción debe ponderar a una cuidadosa prescripción y en cada caso en concreto de los siguientes factores concurrentes previstos en la ley inciso A) por la complejidad del asunto referida no solo a los hechos sino también a la cuestión jurídica, en el inciso B) la conducta de las partes que intervienen en el proceso y por último el inciso C) la conducta y accionar de las autoridades competentes y en este último caso para determinarse el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente, logrando un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad y en consecuencia conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los derechos humanos, como la corte interamericana de los derechos humanos se entiende como un proceso sin dilación aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo referido en el que los intereses de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes es decir con funcionamiento anormal de administración de justicia con una irregularidad irracional dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada, entendimiento jurisprudencial que fue reiterado en la sentencia constitucional 551/2010 –R, 1684/2010-R, 1529/2010-R, Auto complementario 104 /2013 entre otras extractándose básicamente para determinar la extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso además del transcurso del tiempo, la autoridad judicial que la conozca y resuelva deberá tomar en cuenta los antecedentes, el comportamiento de las partes y el accionar de las autoridades competentes, en el presente caso sobre el computo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso con relación al cómputo para procedencia de la extinción de la acción penal, tomando en cuenta no solo el transcurso del tiempo si no los aspectos establecidos en la sentencia constitucional 275/2016-S2 del 23 de marzo señalo por otra parte respecto a la afirmación de la juez ha momento de realizar el cómputo para establecer las responsabilidad de las partes procesales con relación a la dilación, no considero las vacaciones judiciales ni los feriados nacionales, cabe referir que la sentencia constitucional 981/2015-S3 del 12 de octubre y el auto supremos 389/2009 del 22 de julio establece a efectos del cómputo del plazo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, tres años se debe aplicar el Art. 130 del código de procedimiento penal que establece la suspensión de plazos por las vacaciones judiciales es decir 25 días calendario norma procesal que concuerda con el Art. 126 numeral 4) de la ley del órgano judicial, consecuentemente no resulta factible lo aseverado por los vocales demandados en el entendido de que el At. 130 prevé que para el computo de los plazos solo se debe considerar los días hábiles, no solo es aplicable en los términos determinados como ser la aplicación de algún incidente o recurso de apelación o casación plazo para resolver, cuyo plazo está fijado en días en consecuencia solo se debe descontar las vacaciones judiciales, entendimiento jurisprudencial que determina la relación del cómputo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, solo descuenta las vacaciones judiciales y no así los feriados e inhábiles que según la normativa, la vacación judicial se descuenta 25 días calendario. CASO EN CONCRETO: En base a lo referido de que la imputación se hubiera presentado el 16 de marzo del 2016, hasta la fecha han transcurrido 6 años 2 meses y un día, sin embargo se debe descontar los 6 años de las vacaciones judiciales y se debe descontar los 3 meses y 15 días de la pandemia haciendo un total 5 años, 5 meses y 16 días en ese sentido respecto al plazo se habría cumplido, sin embargo se debe determinar a quién corresponde la demora, que se debe tomar en cuenta las circunstancias que incidieron para que se diera la dilación debiendo ponderar otros factores, como la complejidad del asunto, la conducta de las partes, en el presente caso con respecto a la complejidad del asunto el establecimiento de los hechos se tiene de que se atribuye el delito de VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA y al estar dirigida contra un solo imputado y existe una sola víctima, no se considera un caso complejo su tramitación conforme lo establece el Art. 301 parágrafo II) del código de procedimiento penal ya que se considera un caso complejo que se encuentran vinculados a delitos que son cometidos por organizaciones criminales por lo que se debe interpretar la participación de varias personas no siendo el caso, se considera que es un caso simple, respecto a la conducta de las partes, en el presente caso se debe considerar de que en primer lugar, no se ha presentado por parte de la defensa un certificado de antecedentes penales que demuestre que el encausado no cuente con una declaratoria de rebeldía ya que conforme se ha referido en el Art. 303 se establece que la carga de la prueba será atribuida a la parte incidentista y esto no ha sido cumplido en la presente audiencia ya que en el fundamento que se ha escuchado solamente se ha referido que el encausado no ha incurrido en ningún acto de dilación, sin embargo los incidentes deben ser debidamente fundamentados y probados en la audiencia por la parte incidentista, cosa que no ha ocurrido en la presente audiencia, respecto a la conducta y accionar de las autoridades competentes de los antecedentes procesales se tiene de que evidentemente el proceso se encuentra paralizado por falta de diligenciamiento desde el 25 de octubre del 2017, que no se hubiera devuelto la comisión instruida entregada al ministerio público, así también existe de los antecedentes procesales, otras actuaciones donde evidentemente el ministerio público ha demorado en cuento a la etapa preparatoria al juicio, todo lo anteriormente ha sido cumplido dentro de los parámetros normales, así también existe suspensiones porque este despacho judicial se encontraba con juicios instalados con personas detenidas que han imposibilitado en su momento instalar la audiencia y por ello se debe considerar, respecto al ministerio público, con el diligenciamiento de las comisiones, se ha referido de que existe una dilación en cuanto a esta situación, en cuanto al órgano judicial se debe considerar de que evidentemente, conforme lo ha fundamentado el ministerio publico el juzgado ha estado acéfalo y se ha generado un juzgado con excesiva carga procesal y motivo por el cual conforme a los propios actos se consta de que habido dos suspensiones de audiencias y fundamentos plasmados en dichas actas, que estaban con juicio instalados, imposibilitando así que en su momento se lleve las audiencia de juicio, así también denotándose de que no se ha devuelto las comisiones, sin embargo se debe considerar de que si bien ha existido una demora en cuanto al desarrollo normal del presente proceso, motivo por el cual la defensa ha invocado este derecho se debe tomar en cuenta en primer lugar de que nos encontramos frente a un delito de violación en grado de tentativa y este delito de alguna manera, tomándose en cuenta los datos de las partes se trata de una mujer víctima de un presunto delito de contenido sexual, en ese sentido también corresponde aplicar lo que es la perspectiva de género, conforme lo establece la sentencia constitucional 64/2018-S4 que obliga a los operadores de justicia a tomar en cuenta la convención interamericana de derechos humanos que reconoce la violencia contra las mujeres, como violación a los derechos humanos y obliga a través del Art. 7 al estado de que se adopten las políticas orientadas a la prevención sanción respecto a los hechos que signifiquen erradicar la violencia contra las mujeres y en ese contexto obliga e insta a las autoridades y funcionarios que cumplan con la obligación de actuar con la debía diligencia cuando se busca prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, además se debe tomar en cuenta este instrumento internacional en el Art. 9 que conlleva a analizar a los estados a analizar la situación de vulnerabilidad de la mujer que sufre violencia, la situación desfavorable o de desventaja, en este caso no se puede desconocer de ninguna manera de que el hecho investigado se estuviera planteando la excepción de la extinción de la acción penal por prescripción deviene de un hecho de índole sexual que presenta como víctima a una mujer y que bajo la ley fundamental existe la obligación de resguardar y proteger a la mujer víctima de violencia por lo que conlleva a analizar bajo lo que establece la ley 348 en su Art. 4 la necesidad de aplicar los principios de equidad de género para eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de los derechos y libertades de la víctima y así mismo rescatando el principio de informalidad, que conlleva a flexibilizar las formas frente al cumplimiento de presupuestos para la imposición o para determinar una duración máxima del proceso y contemplando las garantías que contempla la propia norma citada en el Art. 45 respecto al acceso a la justicia y a las decisiones ecuánimes sin sesgos de genero protección de la integridad a la víctima, que este caso al ser una mujer pues merece una protección reforzada y tomando en cuenta esta incorporación de la perspectiva de género y tomando en cuenta el enfoque inferencial que conlleva de manera obligatoria, la jurisprudencia constitucional, tratados y convenios internacionales consecuentemente bajo estas circunstancias, se debe considerar que los derechos de la víctima se encuentran en premanencia frente a los derechos del acusado, ya que la víctima al ser una mujer y al encontrarse en el sector vulnerable pues merece una atención pronta y acceso a la justicia, por lo que en este caso al no haberse demostrado la conducta de las partes y en el presente caso no se ha presentado un certificado de antecedentes penales para demostrar de que el encausado no haya incurrido en un acto dilatorio o cuente con alguna declaratoria de rebeldía conforme al Art. 314 y así también al aplicarse la perspectiva de género y que se trata de un delito de contenido sexual y resulta como víctima una mujer, corresponde resolver conforme a derecho. POR TANTO: La suscrita juez de sentencia primero en lo penal, en uso a las atribuciones conferidas por Ley, RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteada por el Acusado Sr. RAMIRO COLQUE CAUCOTA, disponiéndose la continuidad del presente juicio quedando legalmente notificados con el presente auto en la presente audiencia, las partes que se consideren agraviadas puede interponer el recurso de apelación si así lo consideran necesario. ABOGADO DE LA DEFENSA: Vamos a hacer reserva del recurso de apelación incidental. JUEZ: Se va a hacer constar la reserva del recurso de apelación por parte de la defesa. En constancia de lo actuado firma la Sra. Juez del Juzgado de Sentencia Penal 1ro. De la Capital y la suscrita secretaria Abogada que certifica.- Regístrese.- JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 1° DE LA CAPITAL AUTO INTERLOCUTORIO Nº 279/2022 NUREJ : 201603188 PROCESO : VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA SIGUE : MINISTERIO PUBLICO CONTRA : RAMIRO COLQUE CAUCOTA FECHA : Tarija, 18 DE MAYO DE 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ANTECEDENTES: Se tiene la exclusión probatoria planteada por la defensa respecto a la prueba MP5 y lo fundamentado por las partes en la presente audiencia: EXPOSICION DE LOS HECHOS. – Se tiene que, el abogado defensor plantea la exclusión probatoria de la prueba MP5 que consiste en el acta de declaración de la víctima, en razón de que esta prueba vulneraria el debido proceso, como el derecho a la defensa, además de que existen algunas incoherencias y contradicciones, que solicita que las mismas sean aclaradas, por que pretender introducir esta prueba sin la presencia de la víctima, pues estaría vulnerando estos derechos y garantías por lo que solicita que sea excluida dicha prueba, de su parte la señora fiscal una vez corrida en traslado responde indicando en primer lugar que no se ha escuchado cual serian esos derechos y garantías que se hubieran vulnerado a la defensa y de qué manera se hubiera realizado, además se debe considerar de que nos encontramos frente a un delito de contenido sexual y además debe aplicarse la ley 348 respecto a la informalidad ya que se tiene de que de acuerdo a los actuados procesales la victima ha sido legalmente notificada mediante edictos por lo que la misma no ha comparecido y en este sentido no estaría en igualdad de condiciones para que pueda introducirse esta prueba documental, sumando a ello la informalidad y tomando en cuenta de que esta prueba corresponde aplicar el Art. 86 numeral 11) respecto a la verdad material como también considerando de que esta documental pondría frente al que supuestamente fue su agresor, pues se debe evitar la re victimización de la mujer en situación de violencia como es en el presente caso de violencia sexual, además de que se debe aplicar otros estándares internacionales. FUNDAMENTACION FACTICA Y JURIDICA: se tiene de que se debe considerar de que el Art. 172 del código de procedimiento penal establece respecto las exclusiones probatorias que serán los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la constitución política del estado en la comisiones y tratados internacionales y normas vigentes este código y otras leyes de la republica así como la prueba obtenida en virtud de una información originada en un procedimiento, tampoco tendrá eficacia los medios de prueba incorporados en procesos sin observar las formalidades en el presente caso la defensa ha planteado la exclusión probatoria de la prueba MP5 que consiste en el acta de declaración informativa de la víctima bajo el fundamento de que se estaría vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa ya que existe incoherencias y contradicciones por lo que necesita realizar el contrainterrogatorio para poder aclarar estas situaciones, sin embargo se debe considerar de que de acuerdo a los antecedentes procesales se tiene que el presente caso la víctima no se ha apersonado al presente proceso y el ministerio público ha intentado por todos los medios poder ubicar a esta víctima, en este caso no ha podido cumplir con esta situación por lo que se denota que al no poder contar con un domicilio de la víctima pues no se ha podido contactar con la misma a efectos de hacerla comparecer, sumando a ello se debe tomar en cuenta de que la ley 348 establece respecto en Art. 73 que establece que los procedimientos judiciales y administrativos de protección a las mujeres en situación de violencia, deberá aplicar el principio de trato digno bajo de la presente ley y la responsabilidad en casos de inobservancia, se denota en el presente caso de que la defensa pretende que la víctima pueda comparecer a esta audiencia para poder aclarar algunas incoherencias y contradicciones que debe aclarar en la presente audiencia, sin embargo se denota de que esta exigencia podría a la víctima frente a su agresor y en ese caso estaríamos sometiéndole a lo que sería una re victimización, cosa que se encuentra prohibida en nuestra legislación, sumando a ello de que existen tratados y convenios internacionales, recomendaciones por la corte interamericana de derechos humanos, la sedau que se encuentran reconocidos por el bloque de constitucionalidad a partir del Art. 410 de la constitución política del estado pues frente a estos derechos y tomando en cuenta que no encontramos frente a una ley preferente que es la ley 348 que está por encima de otras leyes, sumado a ello dicha normativa legal de aplicación preferente sobre otras normativas existe en el numeral 5 de que se deben admitir como prueba documental cualquiera de las siguientes y entre ellas en el numeral 6) estaría cualquier otro documento que conduzca al conocimiento de la verdad lo que conlleva a aplicar lo establece el Art. 92 de que se debe admitir como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados, la prueba será apreciada por el juez o la jueza, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica, siendo del resultado del análisis efectuado en concreto de que se llega a la conclusión de que en primer lugar el fundamento de la defensa respecto a los motivos para plantear la exclusión probatoria, pues los mismo se encuentran limitados, han sido claramente expuestos ya que no se ha indicado cuales serían esos derechos, el derecho al debido proceso, cuál sería su derecho a la defensa y que se hubieran vulnerado con esta prueba documental ya que se trata de una declaración realizada por la victima ante un funcionario policial en dependencias de la policía boliviana, en fecha 15 de marzo del 2016, se cuenta con la debida firma y sello tanto de la víctima como del asignado al caso, institución donde habría prestado esta declaración, en un segundo aspecto se denota el fundamento del ministerio público que la víctima no ha podido comparecer ya que la misma ha sido legalmente notificada mediante edicto y se denota de que no estaría en igualdad de condiciones frente al encausado, así también los otros motivos expuestos a la re victimización y la informalidad. POR TANTO: En merito a los fundamentos expuestos la suscrita Juez de Sentencia Primero en lo Penal, en uso a las atribuciones conferidas por Ley, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR la exclusión probatoria planteada por la defensa, respecto a las pruebas MP5, planteada por la defensa del señor Ramiro Colque Caucota, disponiéndose que la misma sea introducida por su lectura, quedando legalmente notificados en audiencia con la presente resolución, las partes que se consideren agraviadas pueden interponer el recurso de apelación. ABOGADO DE LA DEFENSA: Vamos a hacer reserva del recurso de apelación a la presente resolución emitida por su autoridad. JUEZ: Se va hacer constar la reserva al recurso de apelación. En constancia de lo actuado firma la Sra. Juez del Juzgado de Sentencia Penal 1ro. De la Capital y la suscrita secretaria Abogada que certifica.- Regístrese.- S E N T E N C I A N° 29/2022 CASO Nº: 201603188 TARIJA, 18 DE MAYO DE 2022 REGISTRO NUREJ: 201603188 DELITO: VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA. ACUSADOR: MINISTERIO PÚBLICO VÍCTIMA: CIRILA CONDORI RUEDA ACUSADO: RAMIRO COLQUE CAUCOTA JUEZA: DRA. PAOLA ZULMA TEJERINA ZENTENO SECRETARIA ABOGADA: FECHA: ABOG. MARIA DEL CARMEN AUZA Q. TARIJA, MIERCOLES 18 DE MAYO DE 2022 Sentencia pronunciada en la ciudad de Tarija, por el Juzgado de Sentencia 1° en lo Penal de la Capital, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público, a denuncia de CIRIRLA CONDORI RUEDA contra RAMIRO COLQUE CAUCOTA, por la presunta comisión del delito de VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA, ilícito previsto y sancionado por el Art. 308 Y Art. 8 del Código Penal. I. IDENTIFICACION DEL ACUSADO El acusado RAMIRO COLQUE CAUCOTA, mayor de edad, con cedula de identidad N° 10672491 exp Tja. Con fecha de nacimiento el 26 de octubre del 1985, actualmente con 37 años de edad, estado civil soltero de ocupación agricultor, domicilio en Iscayachi en la comunidad quebrada grande padre de tres hijos de 15, 11 y 7 años de edad, además de que refiere de que el mismo nunca ha sido procesado por ningún hecho anteriormente. II. EXCEPCIONES E INCIDENTES • Durante el desarrollo del juicio el ministerio público no ha presentado ningún incidente. • La defensa ha planteado el incidente de duración máxima del proceso, el mismo que ha sido resuelto en el desarrollo del juicio el cual se ha declarado sin lugar, disponiéndose la continuidad del presente juicio, también haciendo contar que mediante el auto interlocutorio se ha procedido a la reserva del recurso de apelación por parte de la defensa, continuando así con el desarrollo del juicio. RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN LA ACUSACION: El Ministerio Publico de acuerdo al pliego acusatorio señala que en fecha 15 de marzo del 2016 en circunstancias que la víctima se encontraba en la comunidad de iscayachi dirigiéndose a una reunión mensual de la sede comunal cuando se encontraba cerca del lugar, por inmediaciones de una cancha corriendo se acercó el acusado en ese momento desconocido para la víctima, le agarro de las manos, le hizo caer al suelo y se le subió encima, donde comenzó a manosearla e intentando sacarle su calzón, diciéndole te vas a dejar o no sino te voy a matar, luego comenzó a golpearle la cabeza y le tapa la boca. En ese momento se acercó la Sra. Adela Zenteno que vive cerca del lugar, quien la defendió ante esto el imputado sale corriendo del lugar, empero gracias a la intervención inmediata de los funcionarios policiales de la zona se procedió a la aprensión del acusado que fue trasladado a celdas policiales de estación policial de san Lorenzo. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA El abogado de la defensa refirió que en el desarrollo del juicio se va a demostrar la inocencia de su defendido ya que el ministerio público no hizo una correcta investigación para poder educir esta situación. ACTIVIDAD PROBATORIA: DESCRIPCION DE LA PRUEBA PRUEBA DOCUMENTAL DE CARGO • MP1.- Informe de conocimiento policial e fecha 15 de marzo del 2016 • MP2.- Informe de Acción Directa de fecha 15 de marzo del 2016 • MP3.- Requerimiento fiscal y certificado médico forense, de fecha 15 de marzo del 2016 • MP4.- Acta de denuncia de la víctima denunciante de fecha 15 de marzo del 2016 • MP5.- Acta de declaración de la víctima denunciante de fecha15 de marzo del 2016 • MP6.- Acta de declaración de la señora Adela Zenteno Calisaya de fecha 16 de marzo del 2016 • MP7.- Informe preliminar de fecha 16 de marzo del 2016 emitido por el asignado al caso PRUEBA TESTIFICAL La testigo BLANCA ALBORNOZ CUIZA, quien fue la funcionaria de la FELCV de san Lorenzo asignada al caso del presente caso. La testigo ADELA ZENTENO CALISAYA, quien ha sido la testigo con domicilio real en Iscayachi que ha sido la testigo presencial. ACTIVIDAD PROBATORIA: DESCRIPCION DE LA PRUEBA PRUEBA DOCUMENTAL DE DESCARGO Certificado de antecedentes penales. HECHOS PROBADO Y NO PROBADOS En torno a la sana crítica y al desfile probatorio producido se llega al siguiente convencimiento. HECHOS PROBADOS. - 1.- Que, la victima la señora Cirila Condori Rueda cuando se disponía a ir a su reunión de su comunidad ha sido ha sido interceptada por parte del señor Ramiro Colque Caucota. 2.- Que, el acusado Ramiro Colque Caucota hizo caer a la víctima, se le subió encima y ha intentado violar a la señora Cirila Condori Rueda ya que ha intentado bajarle su ropa interior. 3.- Que, el señor Ramiro Colque Caucota ha utilizado violencia para poder someter a la víctima ya que le ha realizado una violencia física en la humanidad de su persona. HECHOS NO PROBADOS. - 1.- No se ha probado en esta audiencia de que el señor Ramiro Colque Caucota haya estado en un estado de inconciencia, en un estado de ebriedad. 2.- Que, el señor solamente haya realizado tocamientos que se constituyeran en un abuso sexual. ASPECTOS VALORATIVOS. - Que, efectuado el análisis valorativo que la suscrita ha realizado se tiene lo siguiente: En primer lugar se tiene de que la víctima Cirila Condori Rueda se encontraba dirigiendo hacia la reunión de una comunidad de iscayachi por inmediaciones de la cancha donde se le acerco el acusado, le agarro de las manos, le hizo caer, se le subió encima donde empezó a manosearle e intento sacarle su calzón diciéndole te vas a dejar o no si no te voy a matar, luego comenzó a golpearle la cabeza y taparle la boca, este aspecto ha sido corroborado en el desarrollo de este juicio con la prueba consistente en la MP4 que es el Acta de denuncia de la víctima denunciante de fecha 15 de marzo del 2016 el mismo fue realizado en oficinas de la fuerza especial de lucha contra la violencia de la FELCV de san Lorenzo, donde se indica de que se formalizo la denuncia en contra del señor Ramiro Colque Caucota del día de hoy a horas 19:30 pm me encontraba en la comunidad de iscayachi yendo a una reunión de la sede comunal cuando se encontraba cerca de llegar a inmediaciones de una cancha, se acercó a mí un hombre desconocido me agarro de las manos y me hizo caer, se me subió encima, me intento sacar mi calzón diciéndome te vas a dejar o no si no te voy a matar, yo empecé a gritarle pidiendo que me soltara pero no me hacía caso y comenzó a golpearme mi cabeza y taparme mi boca y en eso se acercó la señora Adela Zenteno Calisaya que vive cerca del lugar, me defendió y esta persona salió escapando del lugar e inmediatamente nos fuimos a la policía para pedir ayuda para que detuvieran a esta persona, toda vez de que por esta prueba es justamente el motivo por el cual se ha iniciado la investigación y se ha identificado y se ha puesto en conocimiento del ministerio público, además de cuenta con la firma de la asignada al caso. Esta situación ha sido corroborada por la MP5 que consiste en el Acta de declaración de la víctima denunciante de fecha 15 de marzo del 2016 que refiere manifieste usted de forma detallada y cronológica todo lo sucedido de agresión de la cual fue víctima a horas 19:30 pm me encontraba en la comunidad de Iscayachi yendo a una reunión de la sede comunal cuando se encontraba cerca de llegar a inmediaciones de una cancha, se acercó a mí un hombre desconocido me agarro de las manos y me hizo caer, se me subió encima, me intento sacar mi calzón diciéndome te vas a dejar o no si no te voy a matar, yo empecé a gritarle pidiendo que me soltara pero no me hacía caso y comenzó a golpearme mi cabeza y taparme mi boca y en eso se acercó la señora Adela Zenteno Calisaya que vive cerca del lugar, me defendió y esta persona salió escapando del lugar e inmediatamente nos fuimos a la policía para pedir ayuda para que detuvieran a esta persona le consultaron a la víctima diga usted se vio a esta persona a la que denuncia anteriormente por la comunidad de iscayachi a lo cual la victima responde yo conozco a todos los vecinos de la comunidad pero esta persona no vive ahí porque nadie lo conoce, diga usted si tiene algo más que agregar a su declaración a lo que la víctima responde quiero pedir que esta persona pague con la cárcel por lo que me hizo, ya que lo puede volver a hacer a cualquier otra mujer, prueba que de igual manera es muy importante y contundente en el presente caso ya que con ello se tiene evidentemente demostrado del accionar el señor Ramiro Colque Caucota aspectos que han sido valorados en la presente audiencia, así también se tiene la prueba MP1 consistente en el Informe de conocimiento policial de fecha 15 de marzo del 2016 en el cual se puede advertir que este informe fue elaborado por un funcionario como es la investigadora al caso Sgto. 2do Blanca Albornoz Cuiza quien hace breve relato de los hechos, prueba que también ha sido importante para demostrar los hechos probados en esta audiencia se tiene el informe de acción directa que es la MP2 de igual manera realizado por un funcionario que es la asignada al caso que es la Sto. Blanca Albornoz Cuiza ya que en el mismo consta el breve detalle de los hechos que han sido coincidentes con la MP1, MP2 MP4 Y MP5, así también se tiene por la MP7 que sin embargo se trata de un informe preliminar de fecha 16 de marzo del 2016 emitido por el asignado al caso en el cual establece las actuaciones que la misma hubieran sido desplegadas respecto al cumplimiento con la investigación, que se dé cumplimiento con las directrices emitidas por la fiscal por lo que no se ingresa a mayores lineamientos, por lo que se va hacer referencia a la prueba documental que es la MP3 consistente en el certificado médico forense de fecha 15 de marzo del 2016 mismo que relata las generales de ley la señora con 50 años de edad que fue examinada esta lucia consiente en tiempo y espacio y que en el cráneo presenta edema de 3x4 en región parietal izquierda, doloroso al tacto en el rostro edema de 4x4 en región cigomática izquierda 2 excoriaciones de 15 cm la mayor y 0,5 cm la menor en región dorsal de la nariz, en los miembros superiores excoriaciones de 2,5 x 0,5 cm e cara anterior tercio distal de antebrazo izquierdo y finalmente en conclusiones se tiene de que las lesiones descritas en el cráneo y rostro son compatibles con la lesión producida por elemento contundente o sobre superficie contusa, la lesión en miembro superior son compatibles con la lesión producida por incrustación y desplazamiento, de los extremos distales de las uñas, dañando las capas superficiales de la piel, la data de las lesiones es menor a las 24 horas, en el diagnóstico, se tiene agresión interpersonal, lesiones contusas y estigmas ungueales dando como resultado cuatro días de incapacidad médico legal, salvo complicaciones con esta prueba se puede evidenciar de que el acusado pues agarro a la víctima ha existido forcejeo tal como lo ha señalado la víctima, tanto como en su declaración como en su denuncia verbal ya que la misma ha referido de que le hubiera procedido a golpear su cabeza, en primer lugar le hizo caer, motivo por el cual presente en el cráneo este edema y al tacto estaba doloroso, pues el mismo comenzó a golpearle en su cabeza, intento taparle la boca y en este sentido ha existido un forcejeo como lo ha señalado la víctima para que el acusado no le siga agrediendo sexualmente, sin embargo evidentemente este certificado médico forense no puede certificar si ha existido o no un intento de violación sin embargo a los hechos denunciados, las lesiones que ha presentado la victima conforme lo refiere las conclusiones del certificado médico forense son típicas a las conductas que hayan sido desplegadas por parte del encausado para poder lograr este su fin, esta situación también ha sido ratificada por parte de los testigos ya que en esta audiencia se ha traído a la testigo en primer lugar la declaración de la testigo Blanca Albornoz Cuiza quien en ese momento trabajaba en la FELCN de san Lorenzo, actualmente trabaja en la jefatura de san Lorenzo ha manifestado de que sabía el motivo por el cual estaba en este juicio por un hecho que se ha suscitado en el 2016, donde se estaría investigando ya que se hizo conocer a la misma la tentativa de violación a la señora Cirila Condori Rueda en la comunidad de iscayachi y es ene se momento que su persona toma conocimiento, el sargento Elvis quien sale ha auxiliar a la víctima y encuentra al presunto agresor y el mismo ha sido aprendido y ha sido puesto en conocimiento del ministerio público, de igual manera aclara que la señora tendría entre 30 a 32 años sin embargo no recuerda bien los datos ya que por el transcurso del tiempo no se acuerda cuantos años tuviera la víctima en ese momento lo que recuerda es poco, la declaración de la víctima y ella lo ha reconocido y es por eso que se ha procedido a la aprensión del encausado, por lo que la declaración de la testigo es coherente con las actuaciones que ha realizado, los relatos, los actuados realizados a pesar del tiempo se considera que la misma esta ha sido coherente ya que se ha hecho constar y se ha plasmado esta prueba por la señora testigo ha sido la que ha tenido contacto directo con la víctima, que ella ha llegado temblorosa con miedo hasta incluso ha manifestado de que ha tenido que utilizar de una psicóloga para poder contenerla, también se ha traído la declaración de la señora Adela Zenteno Calisaya quien ha referido de que está presente en la audiencia como testigo ya que esa noche hubo una reunión y ella escucho que gritaban porque ella corrió habar quien es, la señora gritaba y decía auxilio el parecía borracho cuando ella se refiere a la señora aclara que se refiere a la señora Cirila, ese día la señora Cirila estaba detrás y comenzó a gritar y ella se acercó, la señora estaba abajo, solo la vio que estaba de pollera, la señora abucheo ese fue el termino el señor escucho y se fue, estaba nochesito no se veía bien más o menos tipo las 7 por lo que las reuniones son a esa hora, después de eso fueron a buscar a la policía fue sola ya después se puso a conocimiento de las autoridades, no lo vio a él pero le dijeron de que estaba borracho por que ha eso de las 9 ha sido informado en la reunión, aclara de que no lo ha visto al señor con los pantalones abajo, el lugar era oscuro ahora ya le pusieron luz, la reunión iba a hacer en el cruce, aclara de que no llevaron para reconocer al encausado de igual manera ella aclara a juez de que no lo ha visto si el mismo estaba o no en estado de ebriedad, la declaración de la testigo es conducente al objeto del proceso ya que ha sido prácticamente una testigo presencial, que ha escuchado los gritos de la víctima en este caso quien pedía auxilio y por ello se ha constituido al lugar ha indicado que es lo que pasa y ha abucheado, el encausado advertido de esa situación le ha soltado a la señora y ha procedido a correr siendo la declaración de la testigo muy importante en el presente caso ya que su relato ha sido coherente a los hechos que han sido plasmados. VALORACION JURIDICA Se debe tomar en cuenta de que el Art. 308 señala lo que es la violación y textualmente dice se sancionara con privación de libertad de 15 a 20 años a quien, mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera por vía vaginal, anal u oral con fines libidinosos y quien bajo las mismas circunstancias aunque no mediare violencia física o intimidación aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviere incapacitada o por cualquier otra causa para resistir, también corresponde referirse a lo que establece el Art. 8 que establece que el que por actos idóneos e inequívocos comenzare la ejecución de un delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado. Por lo expuesto, la Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 del 18 de octubre de 1994, reconoce en su art. 3 el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, e incluye en su art. 2 como formas de violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y psicológica y la afirmación sin restricciones que este derecho incluye el no ser valoradas a partir de patrones estereotipados de comportamiento basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Este derecho se encuentra también reconocido en la CPE al efectuar una mención especial a las mujeres, al disponer en el art. 15.II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. El mismo artículo 15, en armonía con las normas internacionales establece que “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolo y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. El desarrollo de este derecho y las correspondientes obligaciones del Estado, ha sido desarrollada por la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que redimensiona el problema de la violencia contra la mujer, superando la limitación de entenderla solo como violencia doméstica, tratándola más bien como violencia en razón de género que expresa un modo social con raíces históricas, culturales, económicas y una forma de comprender y asumir los roles del hombre y de la mujer en la organización social, un hombre donde el hombre es más y la mujer menos, donde está subordinada al otro, una realidad que está siendo y debe ser transformada. SUBSUNCION AL TIPO PENAL En el presente caso se tiene de que la conducta del señor Ramiro Colque Caucota se adecua perfectamente al delito de violación en grado de tentativa previsto y sancionado en el Art. 308 con relación al Art. 8 del código penal ya que se debe considerar el medio que ha sido usado en el presente caso ha sido la intimidación la violencia física y por ende la violencia psicológica ya que se debe considerar de que el encausado a sujetado la mano de la víctima, le hizo caer al suelo y ha utilizado la violencia física y la violencia psicológica por que le ha indicado te vas a dejar o no si no te voy a matar, ahí el mismo ya empleado la violencia psicológica y también ha empleado la violencia física por lo que al hacerla caer se ha subido encima y por lo que al haber una confrontación, una lucha por que la víctima no se dejaba e intentaba defenderse y el mismo ha procedido a golpearla en la cabeza y también ha procedido a taparle la boca hechos que también han sido demostrados tanto por la declaración de la víctima y el certificado médico forense ya que en este certificado consta las lesiones que ha sufrido la victima ya que ha tiempo de caer presenta edema de 3x4 en región parietal izquierda, doloroso al tacto en el rostro edema de 4x4 en región cigomática izquierda 2 excoriaciones de 15 cm la mayor y 0,5 cm la menor en región dorsal de la nariz así también presenta en los miembros superiores excoriaciones de 2,5 x 0,5 cm e cara anterior tercio distal de antebrazo izquierdo y finalmente en conclusiones se tiene de que las lesiones descritas en el cráneo y rostro son compatibles con la lesión producida por elemento contundente o sobre superficie contusa, la lesión en miembro superior son compatibles con la lesión producida por incrustación y desplazamiento, de los extremos distales de las uñas, dañando las capas superficiales de la piel, también ha ejercido la violencia porque ha intentado bajarle la ropa interior y pues en ello ha procedido tocarle sus partes íntimas, no existe causa de justificación ya que el señor conocía la antijurisidad de su conducta. Siendo en el presente caso dentro de los elementos que existe para este tipo penal pues requiere por lo menos un principio de ejecución eficiente que tematiza la finalidad de cometer este delito en el cual si bien no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad y pone en peligro el bien jurídico tutelado, ya que ha sido escuchado los gritos la testigo la señora Adela Zenteno Calisaya, ella pues al haber escuchado los gritos de la víctima ha evitado de que se puede cometer este delito y por ello no se ha llegado a consumar, en caso de que no hubiera aparecido en su momento pues este delito se hubiera consumado y se hubiera afectado el bien jurídico tutelado, en este caso ha existido la intimidación, la violencia física y psicológica para que el encausado ha utilizado para poder perpetrar este fin y este agente ha sido obstaculizado por la testigo por la señora Adela Zenteno Calisaya, si bien la defensa ha manifestado de que este aspecto no podía ser probado en esta audiencia indicando de que habido algunas contradicciones, sin embargo este aspecto no ha sido demostrado en esta audiencia ya que pues esta situación se debe considerar de que el encausado ha utilizado tanto la fuerza, la violencia, la intimidación y este es obstaculizado por la señora Adela Zenteno Calisaya además de que también ha sido corroborado por el certificado médico forense, se ha hecho referencia por parte de la defensa que ha existido una pericia psicológica, respecto a los daños psicológicos que pueda presentar la victima tampoco existe respecto a la credibilidad de la víctima para ellos sin embargo se debe considerar de que el presente caso, se debe considerar de que la víctima ha sido legalmente notificada mediante edictos y esa situación no se ha podido realizar pero eso no sería un óbice para el desarrollo del juicio ya que los elementos que se deben tratar respecto al delito de violación en grado de tentativa el señor del señor Ramiro Colque Caucota ha sido adecuado perfectamente y el mismo no ha logrado finalizarlo porque se ha visto sorprendido por la vecina que ha escuchado los gritos, también la defensa dentro de sus alegatos ha manifestado que al señor se lo ha interceptado, que él estaría en estado de ebriedad y motivo por el cual no ha presentado resistencia y se le ha conducido a dependencias de la policía de san Lorenzo sin embargo de acuerdo a los antecedentes no se ha demostrado de que el señor estuviera en estado de ebriedad, sumado a ello que la propia declaración de la testigo la señora Adela Zenteno Calisaya ha manifestado en su exposición que ella procedió a abuchear al ahora encausado y el mismo ha reaccionado se ha parado y ha corrido, una personas que hubiera estado en un estado de inconciencia o estado de ebriedad no hubiera podido razonar inmediatamente y darse a la fuga por lo que no se denota de que el señor haya estado en un estado de ebriedad que pueda decirse en esta audiencia que no se acuerda respecto a su accionar y que el mismo hubiera reaccionado cuando ya estaba en las oficinas de la FELCV de san Lorenzo IMPOSICION DE LA PENA En cuanto se refiere a la pena y teniendo en consideración las disposiciones contenidas en los Arts. 37 y sgtes., del Código Penal, se considera la personalidad del acusado la gravedad del hecho y las consecuencias del ilícito, de conformidad al Art. 38 del mencionado Código, de donde se tiene que el acusado es una persona relativamente joven tiene 37 años de edad es padre de familia sin antecedentes penales y en cuanto a la brevedad del hecho se tiene de que el señor Ramiro Colque Caucota ha utilizado la fuerza ya que le ha sujetado de las manos a la víctima le hizo caer, se le ha subido encima y posteriormente le ha intentado bajar la ropa interior y es más le dice te vas a dejar o no si no te voy a matar aspecto que debe ser considerado a momento la realidad del hecho ilícito en tanto a las consecuencias del ilícito no se tiene mayores consecuencias que la que se ha demostrado en la presente audiencia ya que se cuenta con un daño psicológico ya que no se ha podido hacer comparecer a la víctima por que se denota de que no se ha vuelto a repetir esta situación y por ello la pena en función a los criterios de gravedad debe fijarse en la mínima prevista además se debe considerar de que moderna penología señala que la pena ha dejado de considerarse como castigo que el estado aplica al infractor, su aplicación tiende a criterios de enmienda logrando que el sancionado a tiempo de cumplirla vuelva a integrarse a la sociedad y proceda a tener una conducta distinta a la que provoco la aplicación de la condena, así también tomando en cuenta a perspectiva de género que encomienda la sentencia constitucional 64 respecto a los administradores de justicia aplicar la perspectiva de género y este caso, pues corresponde lo que establece los convenios y tratados internacionales, corte interamericana de derechos humanos la recomendaciones de Sedau, sin embargo la prueba ha sido suficiente para poder demostrar la conducta, la tipicidad, la antijuricidad del acusado respecto al hecho denunciado más allá de que se debe sancionar y se debe buscar una forma de erradicar la violencia contra las mujeres. POR TANTO: La suscrita juez de Sentencia 1° en lo Penal de la Capital, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, administrando justicia en primera instancia y en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, FALLA, declarando a RAMIRO COLQUE CAUCOTA de generales ya expresadas de conformidad al Art. 365 del código de procedimiento penal CULPABLE de la comisión del delito de VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de DIEZ (10) AÑOS que deberán ser cumplido en el penal de morros blancos de esta ciudad para lo cual se expedirá mandamiento de condena (Art. 129 Inc. 4 Código de Procedimiento Penal), con costas a favor del Estado conforme lo establece el Art. 266 en relación al Art. 365 penúltima parte del mismo cuerpo legal y al pago de daños y perjuicios a la víctima se advierte a las partes que pueden hacer uso del recurso de apelación incidental en el término de 15 días a partir de la notificación con la sentencia y este caso están siendo notificados con la lectura integra de la sentencia fecha desde la cual ya comienza a computarse el plazo. NORMAS APLICADAS: Constitución Política Art.115, 117, 119 y 121. Código de Procedimiento Penal Arts. 16, 70, 124, 171, 173, 216, 346, 356, 358, 359, 360, 361, y 365. Código Penal Arts. 8 y 308 . ANÓTESE.- En constancia de lo actuado firma la Sra. Juez del Juzgado de Sentencia Penal 1ro. De la Capital y la suscrita secretaria Abogada que certifica.- FIRMADO SELLADO DRA. PAOLA TEJERINA ZENTENO JUEZA DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CAPITAL ANTE MI, LIC.MARIA DEL CARMEN AUZA SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO PRIMERO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL ----------------- Tarija 15 de junio de 2022 PARTE PERTINENTE MEMORIAL 8252812.--------------------------------------- INTERPONE APELACION RESTRINGIDA CONTRA INJUSTA SENTENCIA PETITORIO.- Interpuesto así como está el procedimiento recursivo de apelación restringida, que es el medio idóneo y legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se incurre durante la sustanciación del juicio, propiamente en el sentencio, atentándose contra el debido proceso, la seguridad jurídica, la defensa amplia e irrestricta en juicio, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y el derecho de petición, para el que en dicha instancia se ME ABSUELVA de culpa y pena a proceda a ANULAR la sentencia impugnada disponiendo el reenvió de juicio. FIRMADO SELLADO DRA. PAOLA TEJERINA ZENTENO JUEZA DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CAPITAL ANTE MI, LIC.MARIA DEL CARMEN AUZA SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO PRIMERO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL ----------------- Tarija 15 de junio de 2022 PARTE PERTINENTE, RESOLUCION DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Recurso de Apelación Restringida en contra de la SENTENCIA N° 29/2022, de conformidad al art. 409 del Código de Procedimiento penal, traslado a la parte contraria para su pronunciamiento dentro del plazo de 10 días a partir de su legal notificación. Notifíquese de conformidad al art. 160 del CPP. FIRMADO SELLADO DRA. PAOLA TEJERINA ZENTENO JUEZA DE SENTENCIA PRIMERO DE LA CAPITAL ANTE MI, LIC.MARIA DEL CARMEN AUZA SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO PRIMERO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL ----------------- Tarija 15 de junio de 2022


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