EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LOS IMPUTADOS VLADIMIR ROLANDO ARNEZ MENDIA, AGUSTINA MUÑOZ CHOQUE LLAMPA Y RUBEN GARCIA CAYO, CON EL AUTO DE VISTA DE 05 DE ENERO DE 2009 Y DECRETO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA WLADIMIR ROLANDO ARNEZ MEDIA, AGUSTINA MUÑOZ CHOQUE LLAMPA Y RUBEN GARCIA CAYO, POR EL DELITO DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, TIPIFICADO Y SANCIONADO POR EL ART. 55 DE LA LEY 1008, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO: AUTO DE VISTA DE 05 DE ENERO DE 2009 VISTOS: Los recursos de apelación restringida, interpuestos por WLADIMIR ROLANDO ARNEZ MENDIA, mediante memorial presentado en fecha 05 de febrero de 2007 (por un lapsus se ha hecho figurar “2006”), que cursa a fs. 86 de obrados; RUBEN GARCIA CAYO, mediante memorial presentado en fecha 03 de febrero de 2007, que cursa a fs. 92 de obrados; y AGUSTINA MUÑOZ CHOQUELLAMPA, mediante memorial presentado en fecha 24 de febrero de 2007, que cursa a fs. 102 de obrados; contra la sentencia de fecha 08 de enero de 2007 (fs. 71 vlta.), pronunciada por el Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital, dentro del PROCESO PENAL seguido por el MINISTERIO PUBLICO, contra los recurrentes, por el delito de TRANSPORTE de sustancias controladas, previsto en el art. 55 de la 1Ley 1008; sus antecedentes; y, CONSIDERANDO I: El Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital, mediante Sentencia de fecha 08 de enero de 2007, que corre a fs. 71 vlta. de obrados, declara: por votación unánime de los miembros que lo componen, al imputado: WLADIMIR ROLANDO ARNEZ MENDIA, Autor y Culpable del delito de Transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el Art. 55 de la Ley 1008, pronunciando Sentencia condenatoria, toda vez que la prueba aportada en juicio fue suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, en aplicación de lo dispuesto por el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal, le impone la pena de 10 de PRESIDIO, multa de 500 días multa a razón de 1 boliviano por día multa, más costas, Pena que deberá ser cumplida en la Cárcel de San Sebastián Varones, computándose en el cumplimiento de la misma todo el tiempo que estuvo detenido, incluso en sede policial. Por votación dividida de dos votos contra uno, declara a la imputada: AGUSTINA MUÑOZ CHOQUELLAMPA, Autora y Culpable de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto y sancionado por el Art. 55 de la Ley 1008, pronunciando Sentencia condenatoria, toda que la prueba aportada en juicio fue suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal de la imputada, en aplicación de lo dispuesto por el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal, le impone la pena de 8 años de presidio, multa de 100 días multa a razón de 1 boliviano por día multa, más costas, Pena que deberá ser cumplida en la Cárcel de San Sebastián Mujeres, computándose en el cumplimiento de la misma todo el tiempo que estuvo detenida, incluso en sede policial. Con relación al imputado, RUBEN GARCIA CAYO, por votación dividida de dos votos contra uno, de los miembros del Tribunal, se lo declara Autor y Culpable del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el Art. 55 de la Ley 1008, pronunciando Sentencia Condenatoria, toda vez que la prueba aportada en juicio fue suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, en aplicación de lo dispuesto por el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal, imponiéndole la pena de 8 años de presidio, multa de 500 días multa a razón de 1 boliviano por día, más costas, Pena que deberá ser cumplida en la Cárcel de San Sebastián Varones, computándose en el cumplimiento de la misma todo el tiempo que estuvo detenido incluso en sede policial. Asimismo, dispone la confiscación Definitiva de los Bienes y dineros incautados en la causa. Los imputados, WLADIMIR ROLANDO ARNEZ MENDIA, mediante memorial presentado en fecha 05 de febrero de 2007 (por un lapsus se ha hecho figurar “2006”), que cursa a fs. 86 de obrados; RUBEN GARCIA CAYO, mediante memorial presentado en fecha 03 de febrero de 2007, que cursa a fs. 92 de obrados; y AGUSTINA MUÑOZ CHOQUE LLAMPA, mediante memorial presentado en fecha 24 de febrero de 2007, que cursa a fs. 102 de obrados, interpusieron recurso de apelación restringida contra la referida sentencia. Luego, con respuesta del representante del Ministerio Público, a cada uno de los recursos presentados; las autoridades judiciales dispusieron la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, mediante providencia de fecha 08 de marzo de 2007 (fs. 111).--- CONSIDERANDO II:Conforme la previsión de los arts. 399 segunda parte y 413 del Código de Procedimiento Penal, los recursos interpuestos debe merecer expreso pronunciamiento sobre su admisibilidad y procedencia; consiguientemente, en primer término se pasa a considerar su admisibilidad. I. De acuerdo a la regla general, prevista en el art. 396, inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida, y de conformidad al art. 408 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia. En él se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende, y debe indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Examinados los recursos de apelación restringida de fs. 86, 92 y 102, respectivamente, se establece que cumplen las condiciones de tiempo y forma, previstos en los citados preceptos, en tal virtud se los admite y se pasa a considerar el fondo de las cuestiones planteadas. II. En el recurso interpuesto, WLADIMIR ROLANDO ARNEZ MENDIA acusa los siguientes aspectos: a) De la lectura del acta de la audiencia como de la sentencia, se evidencia que son DOS los fundamentos principales por los cuales se ha protestado interponer el recurso de APELACION RESTRINGIDA, fundamentos que radican en la vulneración los principios básicos del DEBIDO PROCESO, EL DERECHO A LA DEFENSA y a la SEGURIDAD JURIDICA. b) Durante la tramitación del juicio oral, se ha ido vulnerando derechos y garantías que se encuentran establecidos dentro de los convenios y tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y las leyes, es así que, se tiene que al momento de que el señor representante del Ministerio Público llama a declarar a la testigo MONICA DICK SILVA, solicita se introduzca la prueba F – 14, PERO COMO ES DE LOGICA, esta prueba por si sola no existe sin antes contar con el requerimiento de designación de perito y el acta de juramento de aceptación de perito, pues es con esta documentación que se está designado como perito a cierta persona y con el acta, esta persona está aceptando dicho cargo. No es evidente lo que se manifiesta, en el acta de audiencia, cuando dice que el representante del Ministerio Público, solicito la prueba F – 14 y su requerimiento y designación, signadas como F – 10 y F – 11. La presidenta del tribunal DE OFICIO y sin que se hayan sentado bases para judicializar la prueba HA SOLICITADO que por secretaria SE LE PROPORCIONE LAS PRUEBAS SIGANDAS COMO F – 10 y F – 11. Las reglas, dentro de la tramitación de un proceso oral, manifiestan que para introducir prueba y judicializarlas, se deben sentar las bases, en el presente caso y hablando de las pruebas F – 10 y F – 11 NO SE SENTARON LAS BASES PARA INTRODUCIR NI JUDICIALIZAR DICHAS PRUEBAS, por lo que se ha anunciado apelación restringida, por haberse introducido prueba de manera ILEGAL al proceso, atentando contra los Principio del DEBIDO PROCESO, de la SEGURIDAD JURIDICA. c) Otro de los puntos del que se ha recurrido de Apelación y se trata con relación a la intervención de la fiscal ADJUNTA ANA MARIA SANCHES LOPEZ. El Artículo 31 de la C.P.E. dice: Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Este artículo tiene como pilar fundamental el principio de la SEGURIDAD JURIDICA, que ha sido vulnerado por la intervención sin competencia para hacerlo por la fiscal ANA MARIA SANCHEZ LOPEZ, pues como fiscal adjunta solo podría intervenir en los procesos EN LIQUIDACION Y NO ASI EN LOS PROCESOS DONDE SE APLICA EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY N° 1970, este actuar ILEGAL, atenta contra el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. d) Llama la atención –dice- que desde la IMPUTACION FORMAL, hasta la etapa de FUNDAMENTACION EN CONCLUSIONES el Ministerio PUBLICO le ha acusado de la comisión del delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS y no de TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, sin embargo en la sentencia QUE NO TIENE FECHA en el subtítulo de CARGO de manera oficiosa se pone TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS; en la parte resolutiva de la sentencia, se le impone a sufrir la pena de 10 años de presidio por encontrarle culpable del delito de TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS sin mencionar qué pasa con el delito del que se le acusa de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, si se le condena o absuelve, pues en ninguno de los Considerandos, desvirtúa la acusación de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, por lo que ESTA SENTENCIA ES INCONGRUENTE E INCOMPLETA INTERPONGO RECURSO DE APELACION. Por los puntos expuesto y amparado en lo que establecen los artículos 169 Incs. 1), 3) y 4); 370 Incs. 5), 6), 10) y 11) y 408 del Código de Procedimiento Penal, INTERPONE RECURSO DE APELACION Y DE NULIDAD DE OBRADOS, por cuanto se ha vulnerado derechos, no se han regido por las normas establecidas por el Código para dictar sentencia. III. En el recurso interpuesto, RUBEN GARCIA CAYO, acusa los siguientes aspectos: a) De una adecuada y correcta compulsa de antecedentes, y principalmente de la sentencia de fecha 11 de enero del 2007, se colige que la audiencia de juicio “oral”, se inició en fecha 4 de enero del 2007, habiendo concluido la misma, en fecha 6 de enero de la misma fecha, mas ocurre que de conformidad a lo previsto por el Art. 361 del N.C. de Pdto. Penal, la Ley 1970: “Que por la complejidad del proceso de la hora podrá diferirse la redacción de los fundamentos de la sentencia, y se leerá solo la parte Resolutiva señalando día y hora de audiencia para la lectura integral LA QUE SE REALIZARA EN EL PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS…” Aspecto que en el presente caso, no ha sucedido, violando el principio de la continuidad del juicio, al haberse dado lectura íntegra de la Sentencia, recién en fecha 18 de enero del 2007, y notificado en la misma fecha es decir después de más de 10 días, irregularidad que de manera alguna se puede convalidar, por haberse transgredido el PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL JUICIO. Correspondiendo al Tribunal de Alzada, la nulidad Parcial de la sentencia, hasta el estado de darse lectura íntegra, en el plazo establecido por el Art. 361 del N.C. de Pdto. Penal. b) El Art. 363 Inc. 2 del No. C. de Pdto. Penal, establece, que se dictará SENTENCIA ABSOLUTORIA: “CUANDO LA PRUEBA APORTADA NO SEA SUFICIENTE para generar en el Juez o Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado…” Y la prueba de Cargo aportada por el Ministerio Publico, no ha sido suficiente para generar CONVICCION sobre su responsabilidad penal, máxime, si no fue detenido en posesión de ninguna sustancia controlada, el maletín donde se encontró la sustancia no era de su propiedad, no se ha determinado su relación con ninguno de los Coimputados. Concluyendo que los elementos de convicción, demuestran su INOCENCIA, Y EN JUSTICIA CORRESPONDIA su absolución. Y al haber dictado el Tribunal de Sentencia No. 1, sentencia condenatoria sin contar con los elementos de convicción suficientes que demuestren en forma objetiva y con pruebas su responsabilidad penal, ha infringido el Art. 363 Inc. 2) del N.C. de Pdto. Penal, correspondiendo la Nulidad Parcial de la Sentencia, dictando Resolución en la que se le Absuelva de responsabilidad penal. IV. En el recurso interpuesto, AGUSTINA MUÑOZ CHOQUE LLAMPA acusa los siguientes aspectos: a) ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA POR LA CUESTIONADA PRESENCIA DE “FISCALES ADJUNTOS”, INCONGRUENCIA Y VIOLACION A LA LEY SUSTANTIVA PENAL Y A SU DERECHO A SER JUZGADA EN EL MARCO DEL DEBIDO PROCESO.- En enero de 2007 se le inició el juicio oral por supuestos delitos de sustancias controladas en su dizque modalidad de “TRAFICO” – QUE LUEGO SE CONVIRTIO EN DIZQUE “TRANSPORTE” sin indicar el tipo penal específico y pretendiendo sorprender al Tribunal (como que se hicieron sorprender) al insinuar QUE LA LEY 1008 ES UNA LEY EN “BLANCO” Y QUE TODO LO HACE EL SER HUMANO CON RELACION A DELITOS DE S.S.C.C. CONSTITUYE TRAFICO Y NADA MAS QUE TRAFICO, aplicando – con error – y simultáneamente la parte general y la parte especial de la ley 1008 y el famoso e inconstitucional Art. 33 – inc. m) que se ha constituido en la “muletilla” preferida de los Fiscales de S.S.C.C. para acusar a cuanto ciudadano se le pone al frente sin avisarle de qué conducta concreta se lo acusa. Lamentablemente y pese a la PROCEDENCIA DE LAS EXCEPCIONES INTENTADAS SE RECHAZARON LAS MISMAS; sin embargo en tiempo y forma oportuna tuve a bien interponer APELACION INCIDENTAL contra el lesivo auto que rechaza las excepciones, el lamentable resultado de todo lo indicado se traduce en la emisión de la injusta, incongruente, ilegal y contradictoria sentencia No. 001/07 – SIN FECHA – conforme a lo que sigue: Todo imputado TIENE DERECHO CONSTITUCIONAL A SER JUZGADO EN EL MARCO DEL DEBIDO PROCESO Y JUICIO JUSTO, CONFORME A LA C.P.E., LEYES DE LA REPUBLICA Y TRATADOS INTERNACIONALES. Durante toda la etapa investigativa, la acusación (Dres. Ana María Sánchez, Dr. Miguel Trigo y otros) y el desarrollo del juicio oral han sido presentadas y dirigidas por fiscales adjuntos no contemplados en la Ley N° 2175 del 13 de febrero del 2001, es decir han sido imputados, investigados y acusados por autoridades NULA DE PLENO DERECHO AL NO EJERCER NI JURISDICCION NI COMPETENCIA AL TENER LA CALIDAD DE SIMPLES FISCALES ADJUNTOS, COHONESTANDO DE ESTE MODO LA “MALA PRAXIS” E ILEGAL PROCEDER DEL MIN. PUBLICO AL LLEVARSE A CABO – con fiscal “adjunto” – UNA ETAPA INVESTIGATIVA CON GRAVE E INADMISIBLE “USURPACION” DE FUNCIONES QUE CAE EN LA NULIDAD PREVISTA EN EL ART. 31 DE LA C.P.E. Y 30 DE LA L.O.J. SIENDO POR TANTO NULO E INEXISTENTE TODO LO ACTUADO EN LA LITIS. Desde el primer momento de su detención, imputación formal, petición de medidas cautelares y TODA LA ETAPA PREPARATORIA HATA LA ACUSACION INCLUSIVE, ha participado únicamente la Sra. Fiscal adjunta Dra. Ana M. Sánchez L. quien al sentir de los Arts. 44 y 45 de la ley 2175 (Ley Or. del Min. Publico) NO TENIA APTITUD LEGAL NI FACULTAD Y MENOS AUN COMPETENCIA PARA ATENDER EL PRESENTE CASO, LO QUE CONSTITUYE FALTA DE ACCION PORQUE NO FUE LEGALMENTE PROMOVIDA, aun si con posterioridad – la ley y peor aun las “circulares” – rigen para lo venidero y no tiene efecto retroactivo – y mediante simple “circular” los fiscales adjuntos aparecieron como “fiscales de materia”, extremo que fue reconocido por su autoridad en la lectura integra de LA SENTENCIA. La sola participación en la etapa preparatoria de cualesquier “fiscal adjunto” (incompetente por usurpar funciones) VICIA DE NULIDAD TODO LO ACTUADO Y POR CONSIGUIENTE ES DE APLICACIÓN LA TEORIA DEL “ARBOL ENVENENADO”, NO SIENDO POSIBLE ACEPTAR “PRUEBA” DE CARGO OBTENIDA DE UN “ARBOL PONZOÑOSO”, CUYOS FRUTOS – reitero – ESTAN ENVENENADOS Y NO PUEDEN SERVIR DE BASE PARA TAN CRUEL SENTENCIA. Por todo lo anterior, pide que se declare LA ADMISIBILIDAD DELA RESOLUCION APELADA y LA ANULACION DEL JUICIO – inclusive nula la etapa preparatoria – MAS LA SENTENCIA DICTADA Y LA REPOSICION DEL MISMO ANTE OTRO JUEZ O TRIBUNAL PREVIA NOTIFICACION A LAS PARTES PARA SU COMPARECENCIA. b) SENTENCIA INSUFICIENTE, SIN FECHA, CONTRADICTORIA Y NO FUNDAMENTADA.- La sentencia apelada no señaló los motivos de hecho y derecho, no valoró las pruebas, y en la imposición de la pena no consideró las atenuantes establecidas en los artículos 37 y 38 del Código Penal, al respecto invoca el Auto Supremo N° 99 de 24 de marzo del 2005 donde se indica “…por consiguiente la sentencia y autos deben ser emitidos con fundamento y expresarán los motivos de hecho y derecho en que basen sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba no pudiendo ser remplazados por la simple relación de documentos o la mención aportada por las partes…” Conforme la previsión del inciso 5) del Art. 370 del C.P.P., uno de los defectos de la sentencia que habilita la apelación restringida es: “Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente u contradictoria”, como ocurre con la resolución apelada. Asimismo, la Sentencia impugnada es contradictoria, incompleta, insuficiente y por consiguiente incurre en los defectos previstos en el Art. 370 de la Ley 1970, puesto que se limita a reproducir la acusación fiscal. La amplia doctrina al respecto, nos ilustra indicando que… “En una sentencia no se puede reemplazar la fundamentación de la misma por un simple listado de los documentos o la mención de las pretensiones o requerimientos de las partes, tal como se observa en la sentencia recurrida. El Tribunal está en la obligación de fundamentar como adquirió el conocimiento de los hechos acusados, describiendo cómo llega a la conclusión de que los hechos ocurrieron de una determinada forma y no de otra. En autos este presupuesto legal no se ha cumplido, además de la determinación de cómo ocurrieron los hechos acusados y fundamentar estas circunstancias por separado, debe contener el voto con el que se llegó a estas conclusiones y lo que es importante EL TRIBUNAL A-QUO NO INDICA CUAL SU PARTICIPACION CONCRETA EN EL “ITER CRIMINIS” Y NO SE MENCIONA SIQUIERA DE UNA MANERA OBJETIVA CUAL HABRIA SIDO SU PARTICIPACION EN LA COMSION DEL ILICITO DEL QUE SE LE ACUSA, máxime si en el desarrollo del juicio SE HA ESTABLECIDO QUE JAMAS PARTICIPO EN LOS HECHOS ACUSADOS Y QUIENES SON LOS VERDADEROS TRAFICANTES NO FUERON INVESTIGADOS Y NI SIQUIERA SE ELABORO UN “IDENTIKIT”, SE INICIO DE UNA INVETIGACION INDAGACION O ALGO PARECIDO, PESE A QUE EN LA “FLOTA” VIAJABAN MAS DE 30 PASAJEROS A QUIENES NI SIQUIERA SE LOS INTERROGO O INDAGO. Lo rescatable del Min. Publico ES QUE RECONOCIO Y ADMITIO QUE SU PERSONA NO ES PROPIETARIA Y MENOS AUN TRANSPORTO EL ALIJO DE DROGA INCAUTADO – ver actas de audiencia del juicio y sentencia. c) Se ha violado también la norma inserta en el numeral 9) del Art. 370 de la Ley 1970, PUESTO QUE LA SETENCIA IMPUGNADA NO TIENE FECHA Y POR TANTO ESTE SOLO HECHO – sin contar los demás – CONSTITUYE GRAVE VICIO Y DEFECTO DE LA SENTENCIA QUE HABILITA PLENAMENTE LA APELACION RESTRINGIDA. Por todas estas razones y las que expondrá más adelante, considera que la sentencia es INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA, habilitándole por consiguiente para la apelación restringida, pues incurre en el defecto previsto por el Art. 370 inc. 5), 8) y 9) del C.P.P. d) Por otra parte también se ha incurrido en otro defecto en la manifiestamente inequitativa sentencia, en lo referente a que en la misma no se ha realizado una correcta valoración de la prueba; es más en la resolución de primera instancia no se hace mención siquiera del valor probatorio que le otorgan los miembros del Tribunal A-quo a cada una de las pruebas de cargo y de descargo desfiladas en la vista principal; lo que simplemente hacen es un listado de ellas, la oportunidad en que fueron producidas, y mucho menos exponen la fundamentación del por qué las pruebas de cargo o de descargo fueron consideradas con valor probatorio, o por el contrario las declaraciones sin ningún valor probatorio a los efectos de la fundamentación para así dar cumplimiento a las reglas que deben cumplir los tribunales para la valoración y deliberación de la sentencia, que se encuentran contenidos en las previsiones de los Arts. 173 y 359 del C.P.P. a los fines de poder fundamentar de hecho y en derecho la sentencia, tal como previene el Art. 124 del referido cuerpo legal y no basarse en simples apreciaciones subjetivas. Además de todas las violaciones esgrimidas, asimismo, el Tribunal da por ciertas aseveraciones de testigos – policías que han demostrado contradicciones a tiempo de prestar su declaración, la misma que refieren entre éstas y otras pruebas no fueron valoradas correctamente por el Tribunal de Sentencia No. 1, ocasionando con ello la injusta sentencia motivo de la apelación, más aun si la valoración de la prueba es la operación intelectual o mental que realiza el Juez o Tribunal destinada a esclarecer el mérito o valor – eficacia convencional – de los elementos de prueba aportados en el proceso. Por todo lo anterior, reitera el pedido del exordio y solicita al TRIBUNAL DE ALZADA se declare la ADMISIBILIDAD DEL RECURSO, anule la Sentencia impugnada SIN FECHA, NUMERO 001/2007 y disponer la reposición del juicio por ante otro Tribunal. CONSIDERANDO III: Conforme la previsión del art. 398 del Código de Procedimiento Penal, la competencia del Tribunal de alzada en el conocimiento y resolución del recurso debe circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución recurrida. En ese marco normativo, se efectúa el análisis que sigue a continuación. a) En cuanto que los Fiscales adjuntos, Ana MaríaSánchezLópez, Miguel Trigo y otros, actuaron sin competencia dentro del proceso, aspecto observado por los imputados, Wladimir Rolando ArnezMendia y Agustina Muños Choque Llampa; se establece lo siguiente: Inicialmente, corresponde dejar claro que si los nombrados imputados consideraban que los nombrados fiscales se encontraba actuando sin competencia dentro de la presente causa, pudieron impugnar esa situación a través del Recurso Directo de Nulidad; sin embargo, no lo hicieron. En otro orden de cosas, cabe mencionar que bajo el principio de unidad funcional del Ministerio Público, previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que en su primera parte establece: “El Ministerio Público es único e indivisible y ejerce sus funciones a través de los fiscales, quienes lo representan íntegramente”, es posible que los fiscales adjuntos actúen a nombre del Ministerio Público en todos aquellos casos que les corresponde intervenir, sin que pueda ser objetada su actuación por falta de competencia; máxime si la designación de éstos no fue anulada expresamente; en consecuencia, su actuación dentro de la causa reviste validez legal. En consecuencia, la prueba producida y aportada por ellos al juicio es en este punto válida. Esto quiere decir que los imputados apelantes no han acreditado al respecto el motivo de nulidad previsto en el art. 169, inc. 1) del Código de Procedimiento Penal. b) Con relación al aspecto acusado por el imputado, Wladimir Rolando ArnezMendia, señalando que cuando el representante del Ministerio Público solicitó que se introduzca la prueba signada con el código F-14, la Presidenta del Tribunal habría solicitado de oficio las pruebas F-10 y F-11 para que éstas también se introduzcan al juicio, se establece que esa acusación carece de asidero en los datos del acta de registro del juicio oral , porque de la lectura de fs. 57 vlta. y 58, se evidencia que la prueba referida ha sido presentada por el representante del Ministerio Público y no de oficio por la Presidenta del Tribunal. En consecuencia, al respecto no existe ningún vicio de nulidad en el procedimiento seguido por el Tribunal de la causa durante el desarrollo del juicio oral. c) Con relación a que la lectura de la Sentencia se encuentra fuera del plazo previsto por el art. 361 del Código de Procedimiento Penal, que constituiría vicio de nulidad absoluta dentro del proceso; defecto acusado por Rubén García Cayo, se establece: En el caso, de la revisión del acta de juicio oral, se establece que el Tribunal a-quo pronunció la parte resolutiva de la sentencia en fecha 08 de enero de 2007, momento desde el cual corría el plazo máximo de tres días para la lectura de su contenido íntegro, por previsión del párrafo segundo del art. 361 del Código de Procedimiento Penal. Luego que se terminó de pronunciar la parte resolutiva de la Sentencia, el Tribunal de la causa fijó audiencia para la lectura íntegra de la Sentencia el día jueves 11 de enero de 2007, a Hrs. 17:30, dentro del plazo de tres días previsto por la norma citada. Cuando llegó el día de la lectura del contenido íntegro de la Sentencia, jueves 11 de enero de 2007, el Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital no realizó ninguna actuación dentro del proceso; es decir, no dio lectura al contenido íntegro de la Sentencia; sin embargo, justificó esta situación mediante la providencia de fecha 15 de enero de 2007, que cursa a fs. 69 de obrados, señalando que los conflictos sociales suscitados dieron lugar a la suspensión de actividades en el Poder Judicial desde el día jueves a horas 12:00 del mediodía hasta la fecha de la providencia (15 de enero); lo que impidió que se realizara la audiencia de lectura de la Sentencia, el día jueves 11 a Hrs. 17:00; de manera que el Tribunal de la causa señala para ese fin el día miércoles 17 de enero de 2007, a horas 11:30; ciertamente después del plazo de 3 días previsto en el art. 361 del Código de Procedimiento Penal. Sobre el cumplimiento del plazo para la lectura del contenido íntegro de la sentencia, existe jurisprudencia aplicable al caso, contenida en el Auto Supremo, Nº 646/04, de fecha 21 de octubre de 2004 (opuesto al criterio expuesto en el Auto Supremo Nº 131/05, de 13 de mayo de 2005).---La doctrina legal establecida por la Corte Suprema mediante Auto Supremo Nº 646, de fecha 21 de octubre de 2004 señala: “Doctrina Legal establecida: las garantías constitucionales del debido proceso están consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado y en los artículos 1 al 13 del Código de Procedimiento Penal, y en cuanto hace propiamente al derecho de defensa en el juicio garantizado por el Juez o Tribunal en igualdad de condiciones de las partes, estas quedan concretadas en el juicio oral, público, contradictorio y concentrado, que concluye en su primera fase con la deliberación y lectura de la sentencia en audiencia pública fijada por el órgano judicial con la concurrencia de las partes y sus abogados patrocinantes; pero si por circunstancias especiales como lo avanzado de la hora y la complejidad del proceso tuviera que diferirse la redacción de los fundamentos de la sentencia, el Tribunal procederá a la lectura de la parte resolutiva, difiriendo su lectura integral para un nuevo señalamiento que no debe exceder del plazo de los tres días de haberse producido la lectura de la parte dispositiva; empero si la misma Ley Procesal contempla los supuestos de su postergación, es lógico que su interpretación no puede ser reduccionista y restrictiva al mediar causales o circunstancias humanas que responden a determinaciones superiores, que justifiquen que el acto de la lectura de la parte integral de la sentencia sea concretada y validada más allá de los tres días previstos por el artículo 361 de la L. N° 1970; máxime si la sentencia ya fue objeto de "deliberación, redacción, lectura de la parte resolutiva y firma de los miembros del Tribunal de Sentencia", sin que la inasistencia del fiscal sea causal de nulidad al tratarse de un acto meramente formal de la ratio decidendi que no altera la parte dispositiva de la sentencia y desecha todo acto de indefensión, si en el cuaderno procesal se han producido las apelaciones restringidas, mayor razón para evitar nulidades al margen de la ley sólo por rigorismo formal. Que la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional rechaza formalmente el exceso de rigorismo formal, que impide o puede impedir la tutela efectiva de los derechos y el pronunciamiento en el fondo por inobservancia o errónea aplicación de la ley; toda vez que lo que se preserva es el derecho de que nadie sea condenado a pena alguna sin haber sido oído en juicio en igualdad material y por un Juez o Tribunal imparcial; dilatar por formalismo dogmático la decisión de una impugnación efectuada en recursos legales, es como promover la retardación de justicia en desmedro de ella”. El criterio jurisprudencial citado sólo se aplica excepcionalmente a los casos, debidamente justificados, en que humanamente hubiera sido imposible cumplir con el plazo señalado por el art. 361 del Código de Procedimiento Penal, pero no puede ser aplicado indiscriminadamente a situaciones que no representen suficiente urgencia y que no estén debidamente justificadas. En el asunto en cuestión, el Tribunal de la causa justifica suficientemente el motivo para suspender la fecha de audiencia de lectura del contenido íntegro de la Sentencia, porque no cabe duda que los conflictos sociales producidos a partir del jueves 11 de enero de 2007 hubieran hecho humanamente imposible el cumplimiento de ese acto. Sin embargo, el Tribunal a-quo inmediatamente después que se normalizaron las actividades judiciales, en fecha 15 de enero de 2007, fijó dentro del plazo razonable de 2 días, audiencia para la lectura del contenido íntegro de la Sentencia, decisión que se ajusta a las circunstancias del caso. Entonces, debido a que se justifica en el caso que al Tribunal a-quo le hubiera resultado humanamente imposible cumplir el plazo señalado por el art. 361 del Código de Procedimiento Penal, habiendo dado lectura al contenido íntegro de la sentencia recién después del plazo de 6 días; ese hecho no constituye vicio de nulidad dentro del proceso. Al respecto, es también aplicable el art. 130 del Código de Procedimiento Penal que en su última parte establece: “Los plazos sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales; y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso”. d) Con relación a que no existe fundamentación en la sentencia o ésta es insuficiente o contradictoria, aspecto apelado por los imputados Wladimir Rolando ArnezMendia y Agustina Muñoz Choque Llampa, se desarrolla el análisis que sigue a continuación: -- El defecto observado por las apelantes se encuentra previsto en el art. 370, inc. 5) del Código de Procedimiento Penal, y corresponde su procedencia cuando no existe fundamentación en la sentencia o por ser ésta insuficiente o contradictoria. Al respecto, el art. 124 del Código de Procedimiento Penal prescribe que: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. Lo que quiere decir que la fundamentación de la sentencia es un requisito esencial que no debe ser ignorado por la autoridad judicial. Al respecto, Jorge Clariá Olmedo señala: “La base de la decisión debe estar formada necesariamente en la sentencia por este elemento intelectual que consiste en lo que se llama fundamentación. Si este elemento falta, por no existir o por ser incompleto o insuficiente, el acto estará afectado en su eficacia” (Derecho Procesal. Ed. Depalma. Bs. Aires. 1.983. Tomo II. Pág. 229). En definitiva, la fundamentación es un requisito que no debe faltar en la sentencia. Existe falta de motivación al extremo de la nulidad cuando los fundamentos sean insuficientes o contradictorios, de manera tal que no alcancen el mínimo necesario como para justificar la decisión. En el sistema procesal penal en vigencia, la sentencia tiene una estructura claramente definida por la ley, como documento o acto motivado, debe estar fundamentada; es decir, debe fijar en forma clara, precisa y circunstanciada el hecho o hechos que se han acreditado, sobre los que se emitió el juicio, que se conoce como fundamentación fáctica que, a su vez, contiene un sustento probatorio, que se divide en descriptivo e intelectivo. La fundamentación probatoria descriptiva obliga al juzgador a señalar en la sentencia cuales fueron los medios probatorios que se presentaron en el juicio oral, tomando en cuenta que existe diferencia entre medio probatorio y elemento probatorio: el medio probatorio es el testigo, el perito, los documentos presentados y la evidencia física, y el elemento probatorio es el contenido que el juez extrae de los medios probatorios para elaborar sus conclusiones sobre lo ocurrido, de manera que el Tribunal a momento de efectuar la fundamentación probatoria, en primer término debe realizar un resumen resaltando los puntos más importantes de la prueba aportada. Luego de la fundamentación probatoria descriptiva, el Juzgador debe realizar la fundamentación intelectiva, que es la apreciación que el Juez realiza determinando por qué un medio merece o no crédito y cómo lo vincula a otros medios que se presentaron en el juicio. Una tercera forma es la fundamentación jurídica, en la que el Tribunal debe exponer las razones de por qué aplica la norma o por qué no lo hace. Las cuestiones relativas a la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva serán desarrolladas con mayor amplitud, en el siguiente acápite; sin embargo, cabe adelantar que no se observa ningún defecto al respecto, porque el Tribunal de la causa ha efectuado una valoración detallada de cada uno de los medios de prueba aportados al juicio (testifical y documental, presentada por la representante del Ministerio Público; y documental, presentada por los tres imputados), con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando de manera suficiente y adecuada las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida; todo ello en aplicación del art. 173 del Código de Procedimiento Penal. Las conclusiones probatorias a las que arriba el Tribunal de la causa no son una mera transcripción del pliego acusatorio presentado por la representante del Ministerio Público, sino son el resultado de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida. El Tribunal a-quo establece de qué manera los imputados participaron en el hecho y la manera en que éstos se encontraban vinculados entre sí; por ese motivo, no es evidente como pretenden los apelantes que el Tribunal no ha establecido específicamente la participación de Wladimir Rolando ArnezMendia, Agustina Muñoz Choque Llampa o Ruben García Cayo en el hecho. Asimismo, en la sentencia apelada se presenta una debida relación histórica del hecho acusado, que se verifica en el acápite “VISTOS” que se inicia a fs. 71 vlta.; es decir, el fallo contiene una adecuada fundamentación fáctica. Respecto a la fundamentación jurídica, se establece que el Tribunal de la fundamenta en derecho su decisión, porque expone suficientemente los motivos que le conducen a establecer que los imputados ha cometido el delito de Transporte previsto por el art. 55 de la Ley 1008; particularmente si se considera que este tipo penal describe la conducta del sujeto que: “... ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada...”. El Tribunal de la causa ha efectuado un adecuado análisis de los diferentes elementos que deben concurrir para que se entienda configurado el delito de Transporte previsto en la norma citada. Cuando el Tribunal modificó la calificación penal del hecho no incurre en defecto de incongruencia (como se verá más adelante), porque la autoridad judicial no se halla vinculada a la calificación efectuada por el represente del Ministerio Público en el pliego acusatorio, sino sólo a los hechos; en consecuencia, bajo el principio “iuranovit curia” se encuentra facultado a efectuar una nueva calificación. En ese sentido, se establece que la sentencia apelada no adolece del defecto previsto en el art. 370, inc. 5) del Código de Procedimiento Penal. e) Con relación al punto apelado por los imputados, Wladimir Rolando ArnezMendia y Agustina Muñoz Choque Llampa, en sentido que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o contradictorios, o no acreditados, o en valoración defectuosa de la prueba, se establece el siguiente análisis: El defecto acusado se encuentra contenido en el art. 370, inc. 6) del Código de Procedimiento Penal, con relación al art. 173 del mismo cuerpo legal, y se produce cuando se cumplen los siguientes fundamentos: El art. 173 del Código de Procedimiento Penal prescribe: “El Juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”. La valoración de la prueba permite determinar la cuestión fáctica del problema para subsumirlo posteriormente en el derecho positivo aplicable al caso. La labor del Tribunal que conoce el juicio consiste en enterarse de los hechos acusados, así como los hechos que el imputado opone en su defensa. Luego, ingresa a la valoración de la prueba que fue válidamente producida en el proceso. Esta actividad le permite lograr el convencimiento acerca de la verdad de los acontecimientos, conductas o situaciones que sustentan las pretensiones de las partes. Las deficiencias consistentes en: la aprehensión de los elementos probatorios, el análisis crítico de ellos, o la obtención del resultado, es motivo de impugnación del fallo que adolece de esas deficiencias. Se presenta insuficiente o contradictoria fundamentación probatoria intelectiva, cuando existe incorrección o defecto en el desarrollo de la tarea crítica para la valoración de las pruebas. Si el error o defecto fuere fundamental significará que la impugnación de la sentencia es acertada. Estaremos frente a un vicio in iudicando cuando consista en un error de apreciación, resultante de dar por cierto lo que no aparece probado, o viceversa; dar por no probado lo que conforme a los elementos de convicción que cursan en obrados resulta cierto. El vicio será in procedendo cuando surge de una deficiente aplicación de las reglas de la sana crítica racional, consistente en un razonamiento incorrecto debido a que el juzgador se apartó de los criterios legales, o de la lógica, la sicología y la experiencia; o por ser contradictoria o notoriamente insuficiente la motivación sobre los hechos, para que se pueda llegar al resultado contenido en el fallo. d.1) En el asunto en cuestión, el Tribunal de la causa ha descrito y valorado toda la prueba testifical, así como las actas, informes y documentos presentados por el representante del Ministerio Público; así como la prueba documental presentada por los imputados, Wladimir Rolando ArnezMendia, Agustina Muñoz Choque Llampa y Ruben García Cayo. Así, el Tribunal a-quo valoró las declaraciones de los siguientes testigos de cargo: Nelson QuenayaHuanaco, Héctor Ledezma Tapia, Carmen Fernández Rocha y Cecilio Illanes Pinto; declaración de la perito, Mónica Dicks; la prueba documental y material de cargo, que consiste en: Acta de requisa (F-1), Acta de secuestro (F-2), Acta de pesaje (F-3), Acta de aprehensión (F-4), Acta de requisa personal (F-5), Acta de secuestro de celulares (F-7), Acta de secuestro de dinero (F-8), certificado médico forense (F-9), informe pericial (F-12, , F-13 y F-15), certificación de antecedentes policiales (F-16), certificación de la F.E.L.C.N. (F-17), certificaciones expedidas por ENTEL y TELECEL (F-18 y F-19); y la prueba documental de descargo, que consiste en: certificado de matrimonio y certificados de nacimiento (B-1 a B-5), certificado de nacimiento (A-1), certificado de antecedentes policiales (R-1) y certificado de trabajo (R-2). El Tribunal de la causa asigna el valor correspondiente a los elementos probatorios referidos. Con relación a las declaraciones de los testigos de cargo, el Tribunal señala: “Atestaciones a las que el Tribunal concede eficacia probatoria por tratarse de personas que de manera directa y personal estuvieron en el lugar del operativo que dio lugar a la presente causa, y por las funciones que desempeñaban les permitió ver los hechos ocurridos y coincidentes en lugares, tiempos y personas fueron depuestas en audiencia pública y que si hubo algunas contradicciones como por ejemplo el número de efectivos que participaron en el operativo resultan irrelevantes para el fondo de la causa”. Con relación a la prueba documental y material de cargo, señala que: “Pruebas que en su conjunto y en forma integral ofrecen un panorama de las conductas desplegadas por los imputados, las mismas que fueron ofrecidas de conformidad con lo señalado por el Código de Pdto. Penal, producidas en audiencia de juicio oral sometidas a la contradicción de las partes, obtenidas en la etapa preparatoria con observancia de las normas establecidas en la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal...”. Así también, el Tribunal de la causa valora la prueba documental producida por los imputados. La valoración de la prueba señalada responde a los datos que ella aporta y de modo alguno, en la sentencia apelada, éstos han sido tergiversados o han sido agregados datos inexistentes. El Tribunal a-quo no ha evidenciado en las declaraciones de los testigos de cargo contradicciones que enerven su convicción sobre la responsabilidad de los imputados en el injusto penal acusado. De esta manera el Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital llega a las siguientes conclusiones que reafirman su convicción sobre la responsabilidad de los imputados en el injusto penal acusado: “Elementos probatorios que coincidentemente expresaron en sentido de que en el interior de Bus transComarapa, tres pasajeros, dos varones y una mujer transportaban en el interior de un maletín sustancias controladas y en esas circunstancias los imputados en ningún momento negaron estar transportando sustancia controlada”; “...el Tribunal adquiere convicción que ROLANDO ARNEZ MENDIA, AGUSTINA MUÑEZ CHOQUE LLAMPA y RUBEN GARCIA CAYO, han adecuado su conducta en grado de autor al delito de TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008...”. El Tribunal de la causa establece la vinculación de los tres imputados cuando señala: “...del flujo de llamadas se ha probado que existieron 14 llamadas de Agustina Muñoz a Wladimir Rolando Arnes, 3 llamadas de éste a Agustina Muñoz y 3 llamadas de ArnesMendia a Ruben García Cayo justamente días previos a su detención el 27 de julio del 2005, quedando así demostrada la vinculación entre los tres imputados.”- En consecuencia, se establece que la apreciación del Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital no relega los datos que aportan las pruebas producidas; explica suficientemente los fundamentos de su convicción; de modo tal que no contraviene el mandato contenido en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal ni el previsto en la primera parte del art. 359 del mismo cuerpo legal que prescribe: “El tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión”, porque asigna el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica racional, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida. El análisis se encuentra suficientemente motivado con relación a los hechos que acarrean el resultado contenido en el fallo. d.2) En cuanto al aspecto observado por el apelante, Ruben García Cayo, en sentido que la Sentencia incumple el art. 363, inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, que debió aplicarse en el caso porque la prueba aportada por el Ministerio Público no ha sido suficiente para generar convicción sobre su responsabilidad penal. Al respecto, se reiteran los fundamentos expuestos precedentemente, porque el Tribunal ha valorado correctamente la prueba producida, que le permitió asumir convicción sobre la responsabilidad de los imputados en el hecho acusado, incluida la participación de Ruben García Cayo, en consecuencia, no correspondía que el Tribunal a-quo aplique el mandato contenido en el art. 363, inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, porque en todo caso la prueba aportada en criterio del Tribunal ha sido suficiente para establecer su condena. En ese sentido, los apelantes no consiguen acreditar que la sentencia apelada adolece del defecto contenido en el art. 370, inc. 6) del Código de Procedimiento Penal. f) La Sentencia apelada no adolece del defecto previsto en el art. 370, inc. 8) del Código de Procedimiento Penal, acusado por la imputada, Agustina Muñoz Choque Llampa, porque existiría contradicción en la parte dispositiva de la sentencia, dado que el resultado del fallo surge como consecuencia lógica del análisis desarrollado por el Tribunal de la causa en la parte considerativa; en ese sentido, tampoco existe contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa de la sentencia. g) Con relación al defecto previsto en el art. 370, inc. 9) del Código de Procedimiento Penal, que acusa la imputada, Agustina Muñoz Choque Llampa, porque la Sentencia apelada no tiene fecha, se establece lo siguiente: El defecto observado se encuentra previsto en el art. 370, inc. 9) del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo al siguiente contenido: “Que no conste la fecha y no sea posible determinarla, o falte la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previsto legalmente”. En el caso, es evidente que la Sentencia apelada no lleva fecha específica, porque al inicio de ella simplemente se hizo figurar: “COCHABAMBA, enero del 2007”; sin embargo, es posible determinar la fecha con certeza por medio del acta de juicio oral donde se tiene claro que la parte resolutiva del fallo fue pronunciada en fecha 08 de enero de 2007, siendo ésta la fecha de la Sentencia apelada. En consecuencia, el defecto observado por la apelante carece de sustento en los datos del proceso. Por ese motivo, se establece que la Sentencia apelada no adolece del defecto previsto por el art. 370, inc. 9) del Código de Procedimiento Penal, porque si bien la Sentencia no tiene fecha específica, ésta es posible determinarla por medio de los datos contenidos en el Acta de juicio oral. h)En cuanto a la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, defecto acusado por el imputado, Wladimir Rolando ArnezMendia, previsto en el art. 370, inc. 10) del Código de Procedimiento Penal, se establece el siguiente razonamiento: Conforme el art. 358 del Código de Procedimiento Penal “Concluido el debate los miembros del Tribunal pasarán de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario. La deliberación no se podrá suspender salvo enfermedad grave comprobada de alguno de los jueces...”. Según el acta de audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital ha cumplido cabalmente este procedimiento, porque una vez que fue concluido el debate, los miembros del Tribunal pasaron de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta, en la que estuvo presente la Secretaria del Tribunal. No existe antecedente de que la deliberación hubiera sido suspendida, tampoco existen datos ciertos en el proceso que hagan suponer que alguno de los miembros del Tribunal hubiera abandonado la Sala durante la etapa de deliberación. En cuanto al art. 359 del Código adjetivo penal, éste prescribe: “El Tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que se fundamenta su decisión. Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden: 1. Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento; 2. Las relativas a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado; y 3. La imposición de la pena aplicable. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo...”. Esta disposición legal también ha sido cabalmente cumplida por el Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital. Ya se dijo a tiempo de analizar el defecto previsto en el art. 370, inc. 6) del Código de Procedimiento Penal que el Tribunal a-quo ha valorado las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica, exponiendo los razonamientos en que fundamenta su decisión. En el contenido íntegro de la Sentencia se verifica que el Tribunal de la causa ha deliberado y votada todas las cuestiones en el orden establecidos en el art. 359 citado; al no existir cuestiones incidentales, el Tribunal se pronunció sobre la comisión del hecho punible, estableciendo la condena de los imputados e imponiendo la pena aplicable. Como la decisión fue adoptada por todos los miembros del Tribunal en forma conjunta respecto de Wladimir Rolando ArnezMendia, se entiende que el contenido de la decisión es la expresión del voto de cada uno de los miembros del Tribunal, de modo que no es exigible que aparezca el voto de cada uno de ellos, por separado. Con relación a Agustina Muñoz Choque Llampa y Ruben García Cayo, la votación fue dividida, por ese motivo, se hizo constar por escrito en la misma Sentencia el criterio de la Juez ciudadana disidente. En ese sentido, se reitera que el Tribunal a-quo ha cumplido adecuadamente la norma citada, de modo que no se verifican las infracciones anotadas por las apelantes. En consecuencia, se concluye que el Tribunal a-quo no incurre en el defecto previsto en el art. 370, inc. 10) del Código de Procedimiento Penal, porque ha cumplido cabalmente el procedimiento previsto en los arts. 358 y 359 del mismo cuerpo legal. i) Tampoco se observa que la Sentencia incurra en inobservancia de las reglas relativas a la congruencia, respecto de la acusación, es decir, no cae en el defecto previsto en el art. 370, inc. 11) del Código de Procedimiento Penal, que acusa Wladimir Rolando ArnezMendia, porque la sentencia guarda adecuada correspondencia con los hechos que han sido acusados por el Ministerio Público, en su respectivo pliego acusatorio, aunque estos hayan sido calificados por el Fiscal como Tráfico, previsto en el art. 48, con relación al art. 33, inc. m) del mismo cuerpo legal. Se debe tener presente que de acuerdo al art. 362 del Código de Procedimiento Penal: “El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación”, adviértase que, en nuestra economía jurídica, la congruencia no se define sobre la base de la relación de la calificación legal de los hechos, es decir, los delitos imputados, con la condena, sino en la relación de los hechos fácticos punibles y la condena dispuesta en la sentencia. En concordancia el art. 342 del Código de Procedimiento Penal, en lo pertinente, prescribe: “En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación”. De esta manera, se establece que el Juez o Tribunal de la causa se encuentra sujeto a la relación de los hechos fácticos punibles que se hagan en la acusación fiscal o particular, o en ambas, pero no así a la calificación legal de los delitos. En el caso, se reitera que los hechos acusados por el Ministerio Público, han orientado la producción de la prueba en el proceso, y constituyen la base fáctica de la sentencia de condena. Esto quiere decir que la Sentencia mantiene adecuada congruencia con el injusto penal acusado, aunque se haya modificado la calificación de los hechos estableciendo el tipo en el delito de Transporte previsto en el art. 55 de la Ley 1008. El Tribunal a-quo actuó bajo el principio “iuranovit curia”. En consecuencia, se establece que la sentencia es congruente y no adolece del defecto previsto en el art. 370, inc. 11) del Código de Procedimiento Penal. Conforme a lo expuesto, se establece que los imputados apelantes, Wladimir Rolando Arnez Mendia, Agustina Muñoz Choquellampa y Ruben García Cayo no han acreditado las cuestiones observadas en sus respectivos recursos de apelación; por lo que corresponde que sean desestimados, manteniendo firme la Sentencia apelada. POR TANTO: La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia de este Distrito Judicial, declara IMPROCEDENTES los recursos de apelación interpuestos por los imputados, Wladimir Rolando ArnezMendia, Agustina Muñoz Choquellampa y Ruben García Cayo; en consecuencia, CONFIRMA, con costas, la Sentencia de fecha 08 de enero de 2007. En observancia del art. 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que la presente resolución es recurrible de casación en el plazo de 5 días a partir de su notificación. Notifique oficial de diligencias. REGISTRESE.- Vocal Relator: Dr. Juan Marcos Terrazas Rojas. Fdo. Dr. Juan Marcos Terrazas. Presidente de la Sala Penal Tercera. Fdo. Dr. Wilfredo Patiño Soria. Vocal de la Sala Penal Tercera. Ante mi.ES CONFORME FDO. WILFREDO JIMENEZ SAAVEDRA.SECRETARIO DE CAMARA .SALA PENAL TERCERA.CORTE SUPERIOR DE DISTRITO.COCHABMBA-BOLIVIA. PROVEÍDO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 A merito de los informe evacuado por el Servicio de Registro Civico-SERECI mediante Cite SERECI-CBA-CERT-N° N-40532 -2143/2021 y SERECI-CBA-CERT-N° N-44043 -2143/2021; y, el Servicio General de Identificacion Personal – Segip mediante las certificacion de fecha 08 de noviembre de 2021, siendo genericos los datos proporcionados respecto al ultimo domicilio de: Ruben Garcia Cayo, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificacion con el Auto de Vista de 05 de noviembre de 2009 mediante edicto a traves del Sistema Informatico Hermes. Notifique funcionario. Fdo.- Ma. Giovanna Pizo Guzmán Vocal - Pdte. Sala Penal Tercera. Fdo.- Dra. Carol Ivonne Vega Colque – Secretaria Sala Penal Tercera. Cochabamba, 27 de mayo de 2022. D. S. O.


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