EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A SANTOS CUSTODIO MALDONADO (CON C.I. N° 6426465), ROMUALDO CORO MANCILLA CON (C.I. N° 6507960), CON EL AUTO DE VISTA DE 23 DE JUNIO 2015 Y PROVEIDO DE 18 DE MARZO DE 2022, DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA SANTOS CUSTODIO MALDONADO Y OTROS, POR EL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 48 CON RELACION AL INC. M) DEL ART. 33 DE LA LEY 1008, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE LOS SIGUIENTES ACTUADOS: COCHABAMBA, 23 DE JUNIO DE 2015 VISTOS: En apelación restringida la sentencia de fecha 03 de agosto de 2009 pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en contra de Juanito Martínez Kelcasi, Romualdo Coro Mansilla y Santos Custodio Maldonado, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al inc. m) del Art. 33 de la Ley 1008, los antecedentes procesales, la normativa legal aplicable y; CONSIDERANDO I: Que el Tribunal de Sentencia N° 2 de la Capital, ha pronunciado la sentencia de fecha 03 de agosto de 2009, leída íntegramente en fecha 05 de agosto del mismo año, por la que declaró a los imputados Juanito Martínez Kelcasi, Romualdo Coro Mansilla y Santos Custodio Maldonado, Autores del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al inc. m) del Art. 33 de la Ley 1008, pronunciando en consecuencia sentencia condenatoria en su contra, imponiéndoles a cada uno la pena privativa de libertad de doce años de presidio, a cumplir en el Centro Penitenciario de "San Pablo de la localidad de Quillacollo y multa de 200 días a razón de un boliviano por día, más la condenación a la reparación del daño civil a favor del Estado. Esta sentencia fue apelada por los imputados Juanito Martínez Kelcasi, Romualdo Coro Mansilla y Santos Custodio Maldonado, mediante memoriales presentados en fecha 18 de agosto de 2009, (Fs 314-317, 322-325, 330-333), los cuales previo emplazamiento de la parte adversa, fue remitido al Tribunal Departamental de Justicia, mediante Auto de fecha 08 de septiembre de 2009 (Fs 342). Que, de acuerdo a la regla general prevista por el Art. 396-3) del Código de Procedimiento Penal, los recursos para ser admitidos, deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código de Procedimiento Penal, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida y, de conformidad al Art. 408 del mismo cuerpo legal, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia, en el que deben citarse concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, expresando cuál es la aplicación que se pretende, debiendo indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos, por lo que en primer término se pasa a considerar su admisibilidad. Examinado el recurso de apelación restringida presentado, se establece que el mismo ha sido interpuesto cumpliendo las formalidades que establecen los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se ADMITE el mismo y se pasa a resolver los aspectos cuestionados de acuerdo a lo determinado por el Art. 398 de la misma Ley Procesal Penal. I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR LOS L ACUSADOS JUANITO MARTINEZ KELCASI, ROMUALDO CORO MANSILLAY SANTOSCUSTODIO MALDONADO. Los apelantes, bajo idénticos fundamentos señalan esencialmente que el Tribunal inferior habría inobservado la ley, ya que su accionar no corresponde a lo señalado por el Art. 48 de la Ley 1008, sino que su accionar está plenamente adecuado a lo previsto por el Art. 47 segunda parte de la referida ley, es decir al de "Pisacoca. Que se habrían presentado pruebas en vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, violando los Arts. 13 parágrafo segundo. 71. 167, 171 y 172 del CPP, las mismas que fueron judicializadas, además de que se evidencia que en la sentencia, sin ningún tipo de prueba, los hacen propietarios de toda la sustancia controlada encontrada en el bien inmueble, citando el Art. 71 del CPP. Asimismo, manifiestan que a tiempo de pronunciarse la sentencia no habría existido una correcta valoración de la prueba, constituyendo un defecto de sentencia previsto el Art. 370 Inc. 6) del Código de Procedimiento Penal y que al momento de su aprehensión se habría vulnerado su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia reconocido por el Art. 116 de la CPE. Se remiten a los Autos Supremos Nos. 200012- Sala Penal-1-672, 200004-Sala Penal-1 152, 200010-Sala Penal-1-588, 14 de 16 de enero de 2002, 200001- Sala Penal-2-035. Por otra parte, señalan que no existe plena prueba en su contra, existiendo duda razonable que los favorecería, ya que la simple declaración de los efectivos policiales no hacen plena prueba, que el representante del Ministerio Público no habría demostrado que sus personas hubieran cometido el delito de Tráfico de sustancias controladas, citando los Autos Supremos Nos. 320 de 26 de septiembre de 2005, 200005- Sala Penal-2-296 de 30 de mayo de 2000 y Autos de Vista Nos. 027 de 15 de marzo de 2004 dictado por la Sala Penal Primera de Beni y 07 de 01 de agosto de 2003 dictado por la Sala Penal Primera de Oruro.-- Por lo que solicitan que el Tribunal de Alzada anule la sentencia y en mérito de lo dispuesto por el Art. 413 del CPP resuelvan directamente, condenándolos por el delito de "Pisacoca" previsto por el Art. 47 segunda parte de la Ley 1008. CONSIDERANDO II: II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA SOBRE LA APELACION RESTRINGIDA INTERPUESTA. Los apelantes, bajo idénticos fundamentos señalan esencialmente que el Tribunal inferior habría inobservado la ley, ya que su accionar no corresponde a lo señalado por el Art. 48 de la Ley 1008, sino que su accionar está plenamente adecuado a lo previsto por el Art. 47 segunda parte de la referida ley, es decir al de "Pisacoca". En lo que corresponde a este punto impugnado, cabe tener presente que el delito es considerado como la conducta típicamenteantijurídica y culpable, cuyo resultado es la pena o las medidas preventivas o represivas. A partir de esta definición del delito, se ha estructurado la Teoría del Delito, que estudia los elementos que integran o desintegran el delito. Entre ellos la tipicidad, que desarrolla el principio fundamental "nullum crimen, nullapoena sine lege". Mismo que se aplica como la obligación, de que los Jueces y Tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del acusado en el marco descriptivo de la ley penal, a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable. Al respecto la Corte Suprema de Justicia-ahora Tribunal Supremo de Justicia- en el AS N° 67 de 27 de enero de 2006, en su DOCTRINA LEGAL APLICABLE señala: "El "principio de tipicidad" se establece en materia penal a favor de todos los ciudadanos y se aplica como una obligación a efectos de que los jueces y Tribunales apliquen la ley penal sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de la garantía constitucional del "debido proceso", la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable... siguiendo estos lineamientos, enunciamos la SC N° 680/2000-R que en su RATIO DECIDENDI dice: "Que de acuerdo a lo expuesto por la doctrina penal, el delito objetivamente se perfecciona cuando el sujeto activo-delincuente-realiza la lesión jurídica que ha pretendido, es decir que con la consumación se alcanza la objetividad juridìca que constituye el tipo especial de un delito...” Por su parte el Art. 20 del Código Penal, con el nomenjuris de "Autores" determina que: "Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídicodoloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Sobre el particular la Doctrina Legal aplicable, contenida en el Auto Supremo N° 497 de 08 de octubre de 2001, establece que:"(.) la doctrina penal contemporánea (..) define al autor del delito como el sujeto que ha participado activamente en la comisión del hecho ilícito, intelectual y materialmente, consciente que lo que realiza está prohibido por la ley penal y que merece pena por lesionar bienes jurídicos protegidos por el orden legal. En ese entendido los tipos penales incursos en el artículo 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley N° 1008, se encuentra expresados en los siguientes verbos nucleares: producir, fabricar poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas: la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultados (Auto Supremo N° 91 de 28 de marzo de 2006). En el mismo sentido el Auto Supremo N° 423, de 16 de agosto de 2001 señaló: "El delito de tráfico en su entendimiento objetivo y subjetivo, es en esencia de carácter doloso; toda vez que el sujeto sabe que lo que realiza lo hace voluntariamente y conoce que es prohibido, y a pesar de ello busca el resultado querido hasta lograrlo." En el caso que nos ocupa y de la revisión de la Sentencia impugnada, en el IV Considerando el Tribunal de Sentencia N° 2 de la Capital en la fundamentación juridica y la configuración del delito de Tráfico de Sustancias Controladas que se atribuye a los imputados, en primera instancia hace una descripción de los Arts. 48 y 33 Inc. m) de la Ley 1008, luego señala lo siguiente: "En el caso de autos, se tiene probada la flagrancia en la fabricación, posesión dolosa, almacenamiento y transporte de sustancias controladas y asi concurren efectivamente los elementos del tipo penal que demuestra la antijuridicidad del acto llevado a juicio porque JUANITO MARTINEZ KELCASI ROMUALDO CORO MANCILLA Y SANTOS CUSTODIO MALDONADO, realizaron actos positivos que violan la norma prohibitiva en pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, al haber sido sorprendidos en el momento de estar cometiendo el delito, ya que según la prueba testifical de Juan Castro Troche, Nely Nancy Colque Choque y Ricardo Monroy Parto, las evidencias signadas como E-1, E-3, así como la documental bajo los códigos F-1, F-2, F-4 y F-11, los tres imputados se encontraban realizando actividades en la fábrica de cocaína que tenían instalada en la colina a 300 Mts. De distancia de la Unidad Educativa de la comunidad de Challa Grande, desde donde se desplazaban a la vivienda, a través de una senda por la que transitaban transportando los precursores y los implementos necesarios para la elaboración del alcaloide, vivienda en la que los imputados pernoctaban y tenían perfecto conocimiento de la existencia de la sustancia controlada, base de cocaína en un total de 6.755 gramos, en estado húmedo, con seguridad trasportadas desde la fábrica, para proceder al secado ya que fueron encontradas en bolsas plásticas y en un paño sobre una tabla de madera en el inmueble de referencia, donde también se encontraba el bolsón de mano con prendas de vestir correspondientes a Juanito Martinez Kelcasi, Que en la mencionada vivienda al igual que en la fábrica se encontró una gran cantidad de hojas de coca 19 bolsas, gasolina, hidróxido de calcio, carbonato de sodio y otros implementos que demuestran claramente el almacenamiento y depósito de sustancias prohibidas como constituyen los precursores. Que ante la existencia de una senda en la que se encontraron bolsas y residuos de hoja de coca molida, así como de envases vacíos de gasolina dan cuenta que la fábrica se encontraba funcionando con anterioridad, situación que es corroborada por la existencia de 6.755 gramos de base de cocaína en esta húmedo depositados en el ambiente número dos del inmueble, 200 litros de droga liquida, 60 paquetes de hoja de coca molida en remojo, 6 paquetes de coca molida y otros cuyo detalle consta en las documentales F-8, F-9, F-10, F-13”. En observancia a la doctrina legal aplicable y las disposiciones legales citadas, se tiene que el Tribunal de Sentencia N° 2 de la Capital, estableció en su razonamiento jurídico que en el hecho ilícito que se atribuye a los imputados concurren cuatro elementos constitutivos del delito de tráfico. de sustancias controladas como son la fabricación, posesión dolosa, almacenamiento y transporte de sustancias controladas, lo que ciertamente se subsume en el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, puesto que para la configuración del referido tipo penal, solo es necesario la concurrencia de dos subtipos previstos por el citado Art. 33 inc m) de la Ley 1008, extremo que aconteció en el caso de autos, debiendo tener presente en este punto que para la adecuación de la conducta, no es imprescindible que el agente sea propietario de la sustancia controlada, tampoco la norma legal prevista para el ilícito de Tráfico de sustancias controladas prevé otras exigencias para la configuración del tipo penal señalado. Por otro lado, cabe tener presente que los apelantes no argumentan de manera concreta porque consideran que existe inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones legales contenidas en el Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) de la Ley 1008, habiendo señalado de manera genérica que su accionar no corresponde a lo que señala el Art. 48 de la Ley 1008 sino a lo que señala el Art. 47 segunda parte de la mencionada disposición legal. De lo expuesto, se puede concluir que la culpabilidad de los ahora apelantes quedo demostrada al concurrir los tres elementos que la componen (desde el punto de vista de la teoría finalista del delito): la imputabilidad (es decir que no adolecían de causas de inimputabilidad), el conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido, lo que implica que los imputados tenían plena capacidad autor de culpabilidad, además de que tenían pleno conocimiento de que su conducta no estaba autorizada y que contraveníanel orden jurídico, habiendo lesionado el bien jurídico protegido, y que les era exigible abstenerse de cometer el delito, sabiendo las consecuencias penales que derivan de ello. Consecuentemente, este Tribunal de Alzada no encuentra que el Tribunal de Sentencia haya incurrido en el defecto de Sentencia señalado por el Art. 370 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, los apelantes señalan que se habría presentado pruebas en violación a sus derechos y garantías constitucionales, violando los Arts. 13 parágrafo segundo, 71, 167, 171 y 172 del Código de Procedimiento Penal, las mismas que fueron judicializadas. Respecto a este punto reclamado por el apelante sobre la existencia del defecto de sentencia previsto en el numeral 4) del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal, referente a la judicialización de las pruebas; este Tribunal de Apelación considera necesario hacer mención a la doctrina legal aplicable emitida por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Auto Supremo No. 115 de 31 de enero de 2007, toda vez que señala: "Que los incidentes interpuestos sobre exclusión probatoria dentro del juicio oral se resolverán por el tribunal de sentencia, teniendo éste la facultad de resolver conjuntamente el asunto de fondo en la sentencia o mediante un auto dentro del juicio oral, en este caso, la parte procesal afectada o que no se encuentre de acuerdo con dicha resolución, deberá anunciar interponer recurso de apelación restringida, vale decir, que al tiempo de recurrir de apelación restringida la sentencia, impugnarà la resolución que resolvió el incidente de exclusión probatoria. En caso de que el recurrente haya equivocado el anuncio del recurso y haya interpuesto recurso de apelación incidental, su derecho de impugnación habrá precluido, por no haber anunciado el recurso de apelación restringida, en caso de haber anunciado el recurso de apelación restringida y no haber cuestionado la resolución sobre exclusión probatoria dentro del recurso de apelación restringida, habrá precluido también dicho derecho". En el caso que nos ocupa, los apelantes no mencionan que medios probatorios fueron introducidos contraviniendo lo previsto por los Arts. 13, 172 y 333 de la Ley 1970, menos precisan qué derechos y/o garantías consagrados en la Constitución Politica del Estado, Convenciones y Tratados. internacionales, fueron vulnerados, contrariamente, de la revisión del Acta de Juicio Oral, se establece que los elementos probatorios han sido legalmente ofrecidos, admitidos, producidos y judicializados, correspondiendo tener presente en este punto que si bien en la audiencia de Juicio Oral la defensa de los imputados ha planteado incidente de exclusión de las pruebas codificadas como F-2 y F-4, empero, no hicieron reserva de recurrir con relación a la admisión de la mencionada prueba, habiendo dejado precluir su derecho, por lo que al no haber obrado los imputados apelantes conforme a la doctrina legal aplicable precedentemente glosada, su impugnación con relación a este punto resulta carente de mérito. Finalmente, los apelantes arguyen que concurre el defecto de sentencia previsto por el Art. 370 numeral 6) del Código de Procedimiento Penal, puesto que no habría una correcta valoración de la prueba, esto en razón a que no existe plena prueba en su contra, existiendo duda razonable que los favorecería, ya que la simple declaración de los efectivos policiales no hacen plena prueba; asimismo señalan que al momento de su aprehensión se habría vulnerado su derecho a la defensa y la presunción de inocencia reconocido por el Art. 116 de la Constitución Politica del Estado En lo referente a este punto impugnado, corresponde reflexionar que en un sistema procesal penal de raíz acusatoria como el nuestro, donde el principio de inmediación constituye el eje articulador para la valoración integral de la prueba producida en juicio oral, según las reglas de la sana critica racional, el Tribunal de Alzada-a efectos de la apelación restringida interpuesta por las partes- está limitado o "restringido como mecanismo de control del fallo del Juez o del Tribunal de Sentencia, solo al control de la aplicación del Derecho, sin ingresar a la construcción de los hechos históricos. Entonces, la apelación restringida constituye, fundamentalmente, un control sobre la sentencia y sobre sus fundamentos, ya que por imperativo del principio de inmediación no puede ir mas allá de ese control, es decir, el Tribunal de Alzada no puede controlar la valoración de la prueba como proceso interno del Juez o del Tribunal de Sentencia, sino lo único que puede controlar es la expresión que han hecho dichos jueces, en la fundamentación tal virtud, el control se limita determinar si a esa expresión o fundamentación de resolución. En valoración de la prueba ha seguido los pasos lógicos aceptados como propios de un pensamiento correcto. Sobre el particular, en el AS. No. 151 de 2 2 de febrero de 2007 (doctrina legal aplicable), la Corte Suprema la valoración de Justicia ha establecido que el nuevo sistema procesal penal garantiza que la valorización de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse, dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de Apelación conoce solo asuntos de puro derecho, asimismo deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados. Que con referencia a la valoración de la prueba se ha pronunciado el AS. No. 196 de fecha 3 de junio de 2005 donde se emitió la siguiente "DOCTRINA LEGAL APLICABLE que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez Tribunal la prueba, adquiere convicción a través de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir apreciación de los elementos y medios de prueba convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica... (Las negrillas son nuestras). A su vez, refiriéndose concretamente al defecto de sentencia previsto en el numeral 6) del Art 370 del CPP, la Corte Suprema de Justicia ha determinado, en el AS. No. 111 de 31 de enero de 2007 (doctrina legal aplicable) que: "(...) Cuando el Ad Quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión de los artículos 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en una de las formas defectuosas previstas en el artículo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba ante otro juez o tribunal, quien observando los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, dictará nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana critica." (Las negrillas son nuestras). De ello se infiere que cuando la parte apelante alega la existencia del defecto de sentencia previsto en el numeral 6) del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal, no puede pretender que el Tribunal de Alzada vuelva a valorar las pruebas que fueron valoradas en sentencia, sino que tiene que atacar la logicidad de la sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana critica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología, correspondiendo reflexionar en este punto que los apelantes no demostraron de manera alguna las acciones u omisiones que evidencien la defectuosa valoración probatoria, puesto que contrariamente se advierte que la sentencia se encuentra debidamente fundamentada y motivada, siendo la misma expresa, clara y completa, debiendo tener presente en este punto que los apelantes genéricamente señalan que no existiría una correcta valoración de la prueba, puesto que no existe plena prueba en su contra, ya que la simple declaración de los efectivos policiales no hacen plena prueba, empero, no mencionan qué reglas de la lógica, la experiencia común y de la psicología, habrían sido inobservadas por el Tribunal de Sentencia a momento de dictar la sentencia, para que de esta forma este Tribunal pueda ejercer el control sobre la logicidad de la resolución cuestionada. Concibiéndose con ello que la apelación planteada con relación a este punto no resulta procedente. Por lo expuesto, al no haberse verificado la existencia de ninguno de los defectos de Sentencia que señala el Art. 370 del Código de Procedimiento Penal y menos defecto absoluto previsto por el Art. 169 de la misma Norma Procesal Penal, corresponde declarar improcedentes los recursos planteados. POR TANTO: La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declara IMPROCEDENTES los recursos de apelación restringida interpuestos por los imputados Juanito Martínez Kelcasi, Romualdo Coro Mansilla y Santos Custodio Maldonado, consecuentemente CONFIRMA la Sentencia en todos sus extremos. En aplicación del Art. 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que tienen el término de cinco días para interponer el Recurso de Casación a contar desde la notificación con el presente Auto de Vista, conforme establece el Art. 417 del Código señalado. REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE. Vocal Relator: Ever Richard Veizaga Ayala. PROVEIDO DE 18 DE MARZO DE 2022 A mérito del informe evacuado por el Oficial de Diligencias de Sala en suplencia, se dispone la notificación de Santos Custodio Maldonado y Romualdo Coro Mancilla con el Auto de Vista de 23 de junio de 2015, mediante edictos a través del Servicio de NotificaciónElectrónica Judicial- Sistema Hermes. Notifique funcionario. Fdo.- Ma. Giovanna Pizo Guzmán Vocal - Pdte. Sala Penal Tercera. Fdo.- Dra. Carol Ivonne Vega Colque -Secretaria Sala Penal Tercera. Cochabamba, 19 de mayo de 2022 D. S. O.


Volver |  Reporte