EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA AL IMPUTADO NOBERTO RELOS MAMANI; CON EL AUTO DE VISTA DE 17 DE JUNIO 2009, DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA EL RECURRENTE, POR EL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, TIPIFICADO Y SANCIONADO POR EL ART. 48 CON RELACION AL 33 INC. M) DE LA LEY 1008, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL SIGUIENTE ACTUADO: AUTO DE VISTA DE 17 DE JUNIO DE 2009 VISTOS: El recurso de apelación restringida interpuesto por Norberto Relos Mamani contra la sentencia de fecha 8 de agosto de 2007 pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, los antecedentes remitidos, y CONSIDERANDO I: En aplicación de las previsiones contenidas en los arts. 399 párrafo segundo y 408 del Código de Procedimiento Penal, el presente recurso debe merecer pronunciamiento previo respecto a las condiciones de admisibilidad y procedencia A dicho respecto ha de tomarse en cuenta que conforme al inc. 3) del art 396 del mismo código, los recursos deben cumplir las condiciones de tiempo y forma con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución; y por disposición del art. 408, el recurso de apelación restringida debe interponerse por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia En el presente caso, la sentencia recurrida fue pronunciada y leída en su integridad en fecha 8 de agosto de 2007 (fs. 137 a 142). El imputado fue notificado con la sentencia en fecha 16 de noviembre de 2007 (cargo de fs. 145 vita.) y presentó el recurso en fecha 3 de diciembre del indicado año (nota de fs. 152 vita.). por lo cual, descontando los días inhábiles que mediaron se evidencia que el recurso fue interpuesto dentro del plazo legal y cumpliendo los requisitos de forma establecidos por la ley procesal penal, consiguientemente, cumpliéndose en el caso las condiciones de plazo y de forma, se admite el recurso y se pasa a considerar las cuestiones planteadas. CONSIDERANDO II: En la sentencia apelada, el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama declara al imputado Norberto Relos Mamani autor del delito de tráfico de Sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 con relación al art 33 inc. m) del mismo cuerpo legal, por existir plena prueba en su contra y le condena a 10 años de presidio en la Cárcel Pública de "El Abra” de la ciudad de Cochabamba, cuyo cómputo comprenderá todo el tiempo que el sentenciado hubiese estado detenido preventivamente por esta causa, inclusive la cumplida en sede policial. Condenándole asimismo al pago de 10.000 días multa a razón de 50 centavos de Boliviano por día, con costas a favor del Estado y daños civiles averíguales en ejecución de sentencia. Contra le referida sentencia, el imputado interpone recurso de apelación restringida mediante el memorial de fecha 30 de noviembre de 2007 (fs. 148 a 152) recurso que previo emplazamiento fue contestado por el Fiscal de Materia de Sustancias Controlas en los términos que refiere el memorial de fs. 154-155. El Tribunal a- quo mediante auto de fecha 25 de enero de 2008 (fs. 155 vlta.) dispone la remisión del proceso al tribunal de alzada. COSIDERANDO III:El recurrente acusa como motivos de su alzada, los siguientes: 1. Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva: Sostiene que el Tribunal no ha considerado lo dispuesto por el art. 14 del Código Penal, pues en el caso no consideraron nada respecto a su desconocimiento de que el encargo que llevaba de favor, consistente en una cañería o repuesto, contenía alguna sustancia controlada, por tanto no tenía ninguna voluntad de realizar el hecho ilícito, es decir, no consideraba posible la realización del hecho, por lo que no puede decirse que aceptó esta posibilidad. No ha aplicado lo dispuesto por el art. 20 con relación al art. 23 del mismo código, por cuanto su conducta no se adecua ni en calidad de cómplice porque fue de buena fe, con desconocimiento de que realizaba algún ilícito, consiguientemente no tenía el "animus dolendi” que es el propósito que mueve a una persona a realizar un acto. Sin este elemento esencial de conocimiento y voluntad de delinquir, no puede haber delito. Con referencia a los arts. 37. 38 y 40 del Código Penal, la sentencia solo hace una mención de los mismos, pero no hace una aplicación correcta, porque no se ha apreciado su personalidad, edad, educación, costumbres y conducta precedente de mecánico que trabaja con repuestos y normalmente no se sospecha que una pieza mecánica pueda tener sustancias controladas y que en su taller no ha tenido la experiencia de que alguien la haya traído un repuesto conteniendo sustancias controladas, por lo que no se le ocurrió sospechar ningún riesgo. Tampoco se tomó en cuenta que su persona es inocente porque su actuar fue de buena fe, sin premeditación y realizando un acto licito de favor y como tal libre de toda consecuencia dañina o de riesgo para otros. El Tribunal aplicó solo de manera parcial, no con sana critica, ni siquiera propia sino ajena, cuando señala que la Presidenta del Tribunal inclinó su voto por un fallo condenatorio toda vez que habla sido sorprendido infraganti en posesión dolosa de base de cocaína, limitándose con ello a allanarse a las conclusiones condicionadas por la experiencia de los policías y fiscales de tratar con personas dedicadas a este tipo de ilícitos. El Tribunal le condena por el delito de tráfico de sustancias controladas sin observar las reglas mínimas de autoría, toda vez que la simple existencia del injusto no es suficiente para afirmar la existencia del delito, ya que no existe vínculo de intencionalidad. Haciendo un análisis del tipo penal previsto por a los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008 con las circunstancias de su detención, se establece que su persona no fue sorprendida en circunstancias en que producía, fabricaba, poseía, depositaba o almacenaba, transportaba, entregaba, suministraba, compraba, vendía, donaba, transaba, introducía o sacaba del país dolosamente, sino que estaba en posesión de un artefacto mecánico y su celular. En suma existe también una errónea aplicación del art. 48 relacionado con su similar 33 inc. m) de la Ley 1008, al no haberse establecido objetivamente el dolo. 2. Que el imputado no esté suficientemente individualizado: Afirma que su persona no ha sido debidamente individualizada, toda vez que pese a las objeciones de la defensa, se judicializaron las tomas fotográfica en violación de sus derechos. El art. 83 del CPP se refiere al caso de que el imputado se abstenga de proporcionar datos, su identidad podrá individualizarse mediante fotografías, pero no significa que tenga que ser la regla sacar indiscriminadamente fotografías a las personas implicadas en los hechos. El art 219 del CPP establece los pasos o procedimientos para el reconocimiento de las personas imputables. 3. Falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada: Refiere que se ha enunciado el hecho de un modo concordante con la acusación fiscal, es decir que la sentencia se adhiere al requerimiento fiscal, tanto así que no se sabe si llevaba con conocimiento pleno de que era sustancia controlada, sino, la sola versión de la policía y fiscalía, de que evidentemente era así, sobre todo por su nerviosismo. Es cierto que estaba nervioso al saber que el repuesto que llevaba tenia droga, antes no. 4. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente el juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este Título: Afirma que la sentencia se basa en pruebas que fueron obtenidas en franca violación de los derechos y garantías constitucionales y de las disposiciones procesales de los arts. 13, 167 a 169, 171 a 173, 209, 219, 361, 370 incs. 1, 3, 4, 5, 5, 10, 11de la Ley 1970 y art. 90 del CPC. Por ejemplo, el requerimiento signado como prueba MP 5.1.16 respecto a la designación de peritos, acta de juramento y dictamen, es ilegal porque con el requerimiento son notificados los peritos a los doce días y no a las 24 horas que establece la LOMP, una vez notificados los peritos y prestado el juramento, de manera unilateral, sin que se sepa quien llevó y recibió las muestras, hacen su reporte en fecha 29 de mayo de 2006 después de 10 días de su notificación, en franco desconocimiento del art. 209 del CPP que señala el término perentorio de 5 días de su notificación. El art. 4 de la LOMP es mencionado en el acta de juramento para dar a entender que cualquier otro fiscal puede estampar cualquier otro fiscal, lo cual es válido, pero la duda está en que de todos modos lo firma el mismo fiscal. El art. 211 del mismo código es citado para mostrar que se cumple la norma pero al final no concurren los peritos; los vacíos del acta son para ser llenados cualquier día que se le ocurra a la Policía o al Ministerio Público, en el presente caso fueron llenados con 19 de mayo de 2008. Al respecto, el art. 90 del Código de Procedimiento Civil sanciona con nulidad este tipo de actos, por lo cual, si se hace una interpretación correcta de esta normativa, se tendría por inexistente el dictamen pericial y no se sabría a ciencia cierta sobre la existencia de la sustancia controlada. En suma, no existe el cuerpo del delito y es viable una absolución en su favor. No se ha dado cumplimiento al art. 13 del CPP al haberse obtenido la prueba por procedimientos violatorios a sus derechos y haberse dado el valor que jamás debió otorgarse, y por lo mismo no se ha observado el art. 167 del mismo código. Se ha quebrantado el art. 169 en sus incs. 2, 3 y 4 del CPP, al no haberse permitido su intervención ni la de su defensor en la forma prescrita por el art. 293 del CPP y por no haberse tomado en cuenta lo establecido por el art. 90 del CPC. No se ha observado los arts. 172 y 173 del CPP, porque de otro modo se habría excluido el requerimiento de designación de peritos, acta de juramento y dictamen técnico pericial; el acta signada como MP 5.1.2 firma un testigo que no intervino, tampoco se habría judicializado la prueba MP5. 1.7 donde incorporan en el secuestro un suncho prefabricado de propiedad del Ministerio Público o la Policía, como suyo. Respecto a los núm. 4, 5, 6 y 10 del Art. 370 del CPP, porque la fundamentación de la sentencia es insuficiente, no da mayores elementos de su real participación, al extremo de que los mismos policías ni el fiscal estaban convencidos de su participación. La sentencia se basa en medios y elementos probatorios no incorporados legalmente, en hechos inexistentes y no acreditados de manera legal y por tanto su valoración es defectuosa. Existo inobservancia de las reglas de deliberación y redacción de la sentencia, toda vez que en 10 minutos es imposible deliberar y redactar la sentencia, pero se lo hizo. En base a tales fundamentos, solicita que se anule la sentencia apelada y se dicte nueva sentencia absolutoria a su favor. CONSIDERANDO IV: Dentro del ámbito de competencia establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, se pasa al análisis del recurso, de la siguiente manera: 1. Con relación al fundamento de que el imputado no está suficientemente individualizado: El apelante afirma que su persona no ha sido debidamente individualizada porque pese a las objeciones de su defensa, se judicializaron las tomas fotográficas en violación de sus derechos, argumenta para ello que el art. 83 del CPP se refiere al caso de que el imputado se abstenga de proporcionar datos, su identidad podrá individualizarse mediante fotografías, y que el art. 219 del mismo código establece los pasos o procedimientos para el reconocimiento de las personas imputables. La falta de individualización suficiente del imputado constituye un defecto de la sentencia previsto por el núm. 2) del art. 370 del CPP. A este respecto se tiene que la identificación a individualización del imputado es un requisito que el Código de Procedimiento Penal establece desde el inicio misma del proceso, tal es así que el art. 83 establece que "el imputado, desde el primer acto del proceso será identificado por sus nombres, datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o los proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías identificación dactiloscópica u otros medios lícitos. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal”. Conforme al art. 341 núm. 1) del mismo código, la acusación formal también debe contener “los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal”, lo mismo que en la sentencia se considera requisito la mención de “(…) los datos personales del imputado" (art. 360-1). En el caso, la sentencia apelada contiene una precisa y exhaustiva identificación del imputado, individualizándolo como "Norberto Relos Mamani, con CI N 4603573 exp. Santa Cruz, estado civil soltero, ocupación estudiante, oriundo de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, con domicilio real en el barrio Magisterio, calle innominada de la localidad de Bulo Bulo, hijo de Marcia Relos Castro y de Juana Mamani Condori”, lo que demuestra el cumplimiento requisito de identificación del imputado y que la condena se ha impuesto a la misma persona contra la que se dirigió la pretensión punitiva; sin embargo, el recurrente en al error de denunciar como falta de individualización suficiente, la judicialización de las fotografías que le fueron tomadas por las autoridades policiales. El aspecto alegado se encuentra fuera del ámbito del defecto previsto por el inc. 2) del art 370 del CPP sin embargo, a mayor abundamiento se aclara que, conforme ha determinado el Tribunal a quo en la audiencia de juicio oral, las fotografías han sido obtenidas conforme “con el Art. 295 del CPP, por el que se faculta a los miembros de la Policía Nacional en funciones de Policía Judicial la obtención -entre otras- de tomar fotografías, facultad que a su vez relacionada con el Art. 83 del cuerpo adjetivo penal dirigida a la identificación del imputado a través de cualquier medio licito, comprendiendo entre ellos las fotografías" y además, el procedimiento previsto por el art. 219 del CPP que menciona el recurrente, es aplicable al reconocimiento por testigos, en desfile identificativo o por medio de fotografías. En consecuencia, se establece que la sentencia apelada no adolece del defecto previsto en el núm. 2) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal. 2. Respecto al fundamento de la falta de enunciación del hecho objeto del juicio a su determinación circunstanciada: Acusa el recurrente que en la sentencia se ha enunciado el hecho acusado de un modo concordante con la acusación fiscal, es decir que la sentencia se adhiere al requerimiento fiscal, tanto es así que no se sabe si tenía conocimiento pleno de que lo que llevaba era sustancia controlada, pero por la sola versión de la policía y fiscalía se dedujo que evidentemente era así, sobre todo por su nerviosismo. La mención de la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada demuestra que, aunque con argumentos equivocados, el recurrente aduce la concurrencia del defecto de la sentencia previsto en el núm. 3) del art. 370 del CPP A este respecto se debe tomar en cuenta que, conforme a la previsión del núm. 2) del art 360 del mismo código, constituye requisito de la sentencia "La enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio”, su incumplimiento habilita la apelación restringida conforme a la previsión del art 370 núm. 3) del mismo Código. Por la importancia que conlleva descripción de los hechos imputados a los efectos del establecimiento de la congruencia entre éstos con lo que se resuelve en la sentencia, su omisión puede acarrear la nulidad de la sentencia:”(..) El fundamento del requisito cuya trasgresión autoriza el recurso resido en la necesidad de preservar la virtualidad del principio de congruencia que se traduce en la necesaria correlación que debe mediar entre la acusación y la Sentencia, así como en la de determinar los limites objetivos de la cosa juzgada La nulidad, por otra parte, solo debe tenerse por configurada frente a la falta de enunciación del hecho imputado y no cuando aquella sea incompleta en razón de faltarle algún elemento de un hecho o de una circunstancia singular, pues tales defectos pueden ser objeto de corrección (…)” (Lino Enrique Palacio "Los Recursos en el Proceso Penal” Editorial Artes Gráficas Bs. As.-Argentina 1988 Pág. 121). En el presente caso, en el primer Considerando de la sentencia, el Tribunal a que ha enunciado los hechos objeto del proceso y las circunstancias concurrentes en su comisión, en base a los hechos y circunstancias que fundamentan la acusación formal presentada por el Representante del Ministerio Público. El recurrente incurre en una impropiedad procesal al sostener como fundamento de este defecto, la concordancia de la enunciación del hecho con el requerimiento fiscal acusatorio, cuando en rigor es precisamente lo que debe acontecer, pues debe existir congruencia entre lo que se acusa y lo que se resuelve la sentencia. También aduce incorrectamente la falta de certidumbre acerca de conocimiento pleno sobre la sustancia que llevaba, lo cual corresponde alegarse en otro u otros defectos previstos en el art. 370 del CPP, pero que no sustentan de manera alguna la causal argumentada. En consecuencia, se constata que la resolución apelada cumple el requisito previsto por el inc. 2) del art. 360 del CPP, por lo que no adolece del defecto previsto en el inc. 3) del art. 370 del mismo código procesal penal. 3. Sobre el argumento de que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente el juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas del CPP: El defecto previsto en el inc. 4) del art. 370 está referido a la infracción de las formas procesales en la producción de las pruebas. Conforme a los art. 167 y 172 del CPP "No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ellas, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado" y "carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio licito. Esto significa que toda prueba lícita debe cumplir con las formalidades de ley y no estar comprendida dentro de las exclusiones probatorias, pues la libertad probatoria no admite los elementos probatorios ilícitos e impertinentes. En esos casos, se debe suscitar un incidente de exclusión probatoria, cuya denegatoria habilita la impugnación por medio de la apelación restringida. El juez o tribunal al pronunciar la sentencia sólo debe valorar las pruebas debidamente judicializadas. De la revisión del acta de la audiencia oral, que corre de fs. 127 a 136, se evidencia que todas las pruebas literales y de evidencias propuestas por la acusación pública fueron judicializadas e incorporadas al juicio cumpliendo las formalidades y requisitos previstos por la ley y que, respecto a casi todas ellas, se plantearon exclusiones probatorias por la defensa del imputado, que en la mayor parte de los casos fueron desestimadas y solo en una acogida, la correspondiente a la prueba signada como MP-5.2.2 consistente en un suncho, habiendo en los casos de denegación, la defensa hecho protesta de recurrir de casación, sin embargo en el memorial del recurso interpuesto no se hace mención a cuáles serían los medios probatorios incorporados ilegalmente al juicio, mencionándose únicamente a manera de "ejemplo la signada como MP-5.1 16 consistente en el dictamen técnico pericial de fecha 29 de mayo de 2006, el requerimiento de designación de peritos y acta de aceptación y juramento, sobre la cual efectúa observaciones respecto al incumplimiento de plazos, la falta de certidumbre respecto a la cadena de custodia de las muestras analizadas y la firma del Fiscal en el acta de aceptación y juramento. A este respecto, se evidencia que es cierto que el requerimiento de designación fue emitido en fecha 7 de mayo de 2006 otorgando un plazo para la presentación del peritaje de 5 días, pero fue notificado en fecha 19 del mismo mes y año, habiendo prestado el juramento las peritos en la misma fecha y presentado su dictamen en 29 de mayo de 2006, incumpliéndose los plazos previstos en el art 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, respecto a la notificación con el requerimiento, y el art. 200 del Código de Procedimiento Penal con relación a la presentación del dictamen pericial, sin embargo este incumplimiento de plazos no constituye una causal especifica de nulidad de las actuaciones realizadas y en l peor de los casos pueden acarrear responsabilidad funcionaria, empero con el manera pueden influir en la validez de la prueba pericial al haberse cumplen procedimiento establecido por los arts. 209, 211 y 213 del CPP en su obtención; consiguientemente, no concurriendo actividad procesal defectuosa, no existe inobservancia de los arts. 167, 172 y 173 del mismo código, y no habiendo acreditado el recurrente la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales y legales, los argumentos del recurrente carecen de fundamento jurídico para justificar el alegado defecto de la sentencia. Tampoco tienen justificación jurídica, sus observaciones respecto a la firma del fiscal titular en el acta de juramento y aceptación de las peritos no obstante de hacerse constar en su tenor el art. 4 de la LOMP y del llenado de los espacios punteados con la fecha del acta, pues el acta cumple en lo pertinente, con las previsiones del art. 120 del CPP. Asimismo, no ha acreditado de manera alguna la restricción de su intervención y la de su defensor en los actos de investigación, por lo que tampoco se verifica la vulneración del art. 203 y los motivos de nulidad previstos en art. 169, como sostiene sin fundamento válido el recurrente. No tiene relevancia su afirmación de que el acta signada como MP 5.1.2 fuera firmada por un testigo que no intervino, pues al respecto no aporta prueba alguna y, en contrario, dicha acta de requisa de vehicula contiene la firma del conductor del vehículo en calidad de testigo y la alegada judicialización de un suncho prefabricado de propiedad del Ministerio Público a la Policía, como si fuera de su propiedad, no corresponde a la verdad, pues como ya se expuso, dicha evidencia fue excluida por el Tribunal a petición del propio imputado. Finalmente, su alegación dentro la justificación del defecto previsto en núm. 4 del art. 370 del CPP, de los defectos previstos en los núms. 5, 6 y 10 del mismo artículo, resultan impertinentes ni han merecido una fundamentación que merezca un pronunciamiento por este Tribunal de alzada, pero solo a mayor abundamiento se hace constar que la sentencia contiene una fundamentación razonable y suficiente, no se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba y no se advierte inobservancia alguna a las reglas para la deliberación y redacción de la sentencia, no siendo motivo válido el hecho que la sentencia se haya pronunciado y leído en su integridad en la misma fecha de realización del juicio, pues se encuentra prevista esta posibilidad en el art. 361 del CPP. Por lo expuesto, llega a establecerse que la sentencia apelada no adolece del defecto previsto en el inc. 4) del art. 370 del referido Código de Procedimiento Penal. 4.- Respecto al fundamento de inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva: Este defecto de la sentencia, previsto en el núm. 1) del art. 370 del CPP, consiste en la falta de aplicación de una norma sustantiva que por su vinculación con el hecho que se juzga, debió ser necesariamente aplicada (inobservancia), o cuando se aplicó un precepto legal que no correspondía al caso concreto (errónea aplicación). a) El apelante sostiene que el Tribunal no ha observado lo dispuesto por el art. 14 del Código Penal, pues no consideraron su desconocimiento de que la caria o repuesto que llevaba de favor contenta una sustancia controlada, por tanto no tuvo ninguna voluntad de realizar el hecho ilícito. A este respecto, es necesario tomar en cuenta que el art. 14 del CP establece que "actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere posible su realización y acepte esta posibilidad”. Conforme al entendimiento de esta norma sustantiva, queda claro que obra con dolo quien en el momento de la acción se representa un resultado criminoso como cierto, probable o posible, que quiere o acepta, pues no le detiene en su obrar. El Tribunal a que en el punto 4) del tercer Considerando de la sentencia ha determinado la concurrencia de un obrar doloso en el imputado, al establecer en base a la prueba desfilada en el juicio que “el imputado fue sorprendido trasladando dos envoltorios de cocaína en estado seco en el interior de una cañería cilíndrica galvanizada de aproximadamente 42 cms. de largo por 6 cms. de diámetro, sellada en uno de los lados en tanto que la otra soldada recientemente a manera de macaco. Cediendo el supuesto de tratarse de una pieza común utilizada en un sistema hidráulico de coches, despejando con tal apariencia la distracción de posibles vistazos propuestos en obstaculizar cualquier traslado. Proceder por demás hábil que deja entrever que resultaba de pleno conocimiento de Norberto Relos Mamani acerca de que la mercadería que cargaba era ilícita. Otra prueba de este entendimiento, se halla reflejado en el nerviosismo revelado ante la presencia policial, motivando la sospecha de estar levando alguna sustancia controlada y con ello al desenvolvimiento del objeto que portaba. Circunstancias que dirigen, sin que quepa la menor duda, al discernimiento incuestionable de que asumía conocimiento sobre la prohibición del tráfico de sustancias controladas con las consecuencias de su quebrantamiento en caso de transgresión”. El razonamiento efectuado por el Tribunal resulta correcto en función de la sana crítica y demuestra que el imputado tenia pleno conocimiento y voluntad de estar transportando una sustancia controlada y estaba consciente de que dicho acto es antijurídico, sin embargo, este conocimiento no lo detuvo en su obrar, por lo que queda establecido que el Tribunal no ha vulnerado el contenido del art. 14 del CP. b) También sostiene el apelante que el Tribunal no ha aplicado lo dispuesto por el art. 20 con relación al art. 23 del mismo código, por cuanto su conducta no se adecua ni en calidad de cómplice porque fue de buena fe, con desconocimiento de que realizaba algún ilícito, consiguientemente no tenía el propósito de delinquir y que sin este elemento esencial de conocimiento y voluntad no puede haber delito. A este respecto, se debe reiterar lo establecido precedentemente, en sentido de que el conocimiento y voluntad de cometer el acto de transportar controladas, característicos del dolo, se hallan presentes en el accionar del imputado; por lo cual, la declaratoria de autoría contenida en la sentencia se adecua perfectamente a la previsión del art. 20 del CP que establece que son autores “quienes realizan el hecho por si solos”, no siendo de aplicación, el Tribunal no la ha hecho, la figura de participación criminal denominada complicidad establecida en el art. 23 del mismo código, aplicable al “que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido”. En el caso, no se ha llegado a establecer la existencia de la persona que según el imputado le habría encargado trasladar el repuesto vehicular en el que estaba escondida la sustancia contralada incautada. C) Asimismo, el recurrente denuncia una parcial e incorrecta aplicación de las normas de individualización de la pena previstas en los arts. 37 38 y 40 del Código Penal. Al respecto, se debe tener en cuenta que los arts. 37 y 38 establecen las razones que deben tomarse en cuenta para fijar e individualizar la pena, ellas la personalidad del autor la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito. Para apreciar la personalidad de autor se tomará en cuenta, principalmente: la edad, educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que le impulsaron a delinquir y su situación económica y social; las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras circunstancias de índole subjetiva; la premeditación, el motivo bajo antisocial, la alevosía y el ensañamiento. Para apreciar a gravedad del hecho se tomara principalmente en cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. El art. 40 establece las atenuantes generales, que se presentan cuando: 1) el autor ha obrado por un motivo honorable, o impulsado por la miseria, o bajo las influencia de padecimientos morales graves o gustos, o bajo la impresión de una amenaza grave o por el ascendiente de una persona a la que deba obediencias o de la cual dependa; 2) se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento particularmente meritorio, 3) ha demostrado su arrepentimiento mediante actos, y especialmente reparando los daños, en la medida que le sea posible; y 4) el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la ley. Finalmente, los artículos referidos tienen una estrecha relación con el contenido del art. 25 del Código Penal, que determina que la sanción penal tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. De la revisión de la sentencia apelada se tiene que en el punto 7) del tercer considerando los miembros del Tribunal, de manera individual emiten su voto respecto a la aplicación de la sanción de 10 años de presidio sin expresar los motivos, excepto la Presidente que vota por la misma sanción al no haberse demostrado otros antecedentes penales pasados en autoridad de cosa juzgada" En el Cuarto Considerando el Tribunal señala que establecida la autoría del imputado en el delito acusado tratándose de una pena indeterminada habrá que graduaría de acuerdo a las regulaciones establecidas por los Arts. 37. 38 y 40 del Cdgo. Penal, por lo que en consideración a tales antecedentes y la apreciación subjetiva de su personalidad, estas servirán de base para la imposición de la pena que corresponda”. Esto implica que el Tribunal no ha efectuado la fundamentación necesaria para la fundamentación de la pena, pues a pesar de referir simplemente que se tomarán en cuenta los antecedentes del caso y la personalidad del imputado, no ha aplicado en su verdadera dimensión los aspectos previstos en los arts. 37 38 y 40 del Código Penal, por lo que este fundamento de la apelación resulta procedente. d) Finalmente, el recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 48 relacionado con su similar 33 inc. m) de la Ley 1008, al no haberse establecido objetivamente el dolo en su accionar porque del análisis del tipo penal previsto por estas horas con las circunstancias de su detención, se establece que su persona no fue sorprendida cuando producía, fabricaba, poseía, depositaba o almacenaba, transportaba, entregaba, suministraba, compraba, vendía, donaba, transaba, introducía o Sacaba del país dolosamente sustancias controladas, sino que estaba en posesión de un artefacto mecánico. Conforme al art 48 con relación al art 33 inc. m) de la Ley 1.008, comete el delito de tráfico el que desarrolla todo acto dirigido o emergente de “las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar entregar suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas”. En este sentido resulta evidente que en la configuración de este delito confluyen una diversidad de actividades citas que van desde la plantación o fabricación hasta la comercialización de la sustancia controlada, cada una de ellas con finalidades distintas pudiendo concurrir todas ellas o solo algunas, pero en todo caso, si se presenta una sola manifestación de conducta con una finalidad exclusiva, el hecho no se adecua a la tipificación de tráfico, sino a aquella a la que va dirigida esa conducta punible y se halla prevista en el ordenamiento legal de manera concreta (fabricación tenencia, suministro, transporte, etc.), con la particularidad de que estos delitos son de carácter formal y no de resultados, por lo que se consuman con el acto, sin necesidad de que se produzca el resultado buscado. En el presente caso, el Tribunal a quo en el punto 4) del Tercer Considerando de la sentencia, efectúa la fundamentación jurídica del delito de tráfico con relación al imputado recurrente, en los siguientes términos: “La acusación versa en torno al delito de tráfico de sustancias controladas. De la disposición prevista en el Art. 33 inc. m) de la Ley 1008, queda anotado que el tráfico ilícito envuelve todo acto emergente-entre otros- de transportar, comprar, vender, y/o realizar transacciones a cualquier título de sustancias controladas. En el caso que nos atiende, el imputado fue sorprendido trasladando dos envoltorios de cocaína en estado seco en el interior de una cañería cilíndrica galvanizada de aproximadamente 42 cms. de largo por 6 cms. de diámetro sellada en uno de los lados en tanto que la otra soldada recientemente a manera de macaco. Cediendo el supuesto de tratarse de una pieza común utilizada en un sistema hidráulico de coches, despejando con tal apariencia la distracción de posibles vistazos propuestos en obstaculizar cualquier traslado (…). Circunstancias que dirigen, sin que quepa la menor duda, al discernimiento incuestionable de que asumía conocimiento sobre la prohibición del tráfico de sustancias controladas con las consecuencias de su quebrantamiento en caso de transgresión. Añadiéndose a este pretendido lógico que el nombrado imputado fue sorprendido en el instante de estar trasladando la sustancia controlada de un punto a otro (…)”. Del análisis desarrollado por el Tribunal se evidencia que los elementos probatorios demuestran que el imputada fue aprehendido cuando trasladaba la sustancia controlada en dos envoltorios camuflados en el interior de una cañería cilíndrica que tenía apariencia de un repuesto automotriz, este hecho evidentemente resulta incontrovertible y ha sido suficientemente probado, empero no ocurre lo mismo respecto a ninguna otra de las actividades configurativas del delito de tráfico, como son la fabricación compra, venta, almacenamiento o depósito, etc., sobre los cuales no existe ninguna prueba y ni siquiera han sido consideradas por el Tribunal cuya fundamentación radica únicamente en el acto de traslado de la sustancia prohibida que pretendía realizar el imputado en un vehículo de servicio público. Esto evidencia que la conducta del imputado no tiene elementos distintos a la acción de transportar la sustancia controlada de un lugar a otro, pues si bien fue sorprendido en posesión flagrante de la droga, solo se ha acreditado que su conducta iba encaminada a la única finalidad de transportar la sustancia. . De esta manera, queda establecido que el hecho acreditado en el proceso no configura el delito de tráfico previsto por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1.008, sino que se subsume en el delito de transporte, que tipificado en el art. 55 de la misma Ley lo comete “El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada”, constatándose de esta manera, que el Tribunal a-quo ha aplicado incorrectamente las disposiciones legales citadas. Por todo lo expuesto, habiendo el apelante acreditado la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del Código Penal, así como del art. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008, resulta evidente por este motivo, la concurrencia en la sentencia, del defecto previsto en el núm. 1) del art. 370 del CPP por lo que corresponde sea acogido el recurso, revocando la sentencia y resolviendo directamente el proceso. A dicho fin, es necesario dejar establecido que la concurrencia del defecto previsto en el inc. 1) del art 370 del Código de Procedimiento Penal, no importa necesariamente la anulación del juicio y la reposición por otro Tribunal, pues conforme a la previsión del art. 413 del Código referido, esta situación solo se presenta “cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación" y conforme a la última parte de la disposición legal referida "Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente”. Asimismo, art. 414 del CPP, expresa al respecto: "Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de las penas". En el presente caso, habiéndose determinado que el Tribunal inferior efectuó una adecuada valoración de los medios probatorios producidos en el juicio, así como establecido convenientemente la participación y autoría del imputado en el hecho acusado, resulta evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, por este motivo este Tribunal está facultado a resolver directamente. Al efecto, tomando en cuenta que conforme al principio lura Novit Curia, para el establecimiento de la congruencia entre la acusación y la sentencia se debe tomar en cuenta la base fáctica demostrada y no la calificación provisional efectuada por la acusación, en aplicación de dicho principio, en el presente caso corresponde declarar al imputado Norberto Relos Mamani, autor del delito de transporte de cocaína previsto por el art. 55 de la Ley 1008 y conforme a lo previsto por los arts. 37 y 38 del Código Penal, fijarle la pena aplicable de acuerdo a las circunstancias relativas a su personalidad, haciendo constar que no se presentan a favor de la misma, ninguna de las atenuantes especiales previstas en el art 39 del Código Penal, pero si la atenuante general prevista en el núm., 2) del art. 40 del mismo cuerpo legal, en virtud a haberse demostrado que no tiene antecedentes penales anteriores. El imputado es una persona joven, soltero, es estudiante y trabaja como mecánico de motos, de condición humilde, circunstancias que permiten asumir que el móvil para incursionar en la actividad ilícita fue el afán de satisfacer sus necesidades económicas; no existen evidencias de que hubiera obstaculizado la averiguación de la verdad en el proceso, ni que le hubieran guiado motivos bajos antisociales y los medios empleados para la comisión del delito no son de gravedad, por lo que corresponde que su conducta sea sancionada con el mínimo legal previsto por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de 8 años de presidio y la multa de 100 días, a razón de Bs. 1 por día. POR TANTO: La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia de este Distrito Judicial, declara PROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Norberto Relos Mamani a fs. 148 a 152, en consecuencia REVOCA la sentencia de fecha 8 de agosto de 2007, y resolviendo en el fondo, declara a NORBERTO RELOS MAMANI, nacido en fecha 6 de junio de 1981 en Yapacaní del Departamento de Santa Cruz, soltero, hijo de Marcial Relos Castro y de Juana Mamani Condori, estudiante, domiciliado en calle innominada del Barrio Magisterio de la localidad de Bulo Bulo, con C.I: N° 4603573 expedido en Santa Cruz, AUTOR del delito de TRANSPORTE de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1.008. y le impone la pena de 8 años de presidio, que cumplirá en la cárcel de "El Abra" cuando esta resolución se encuentre ejecutoriada. Condenándosele también a la reparación del daño civil averiguable en ejecución de sentencia; al pago de costas a favor del Estado a cumplirse en partidas durante el cumplimiento de la pena; y al pago de 100 días multa, a razón de Bs. 1.- por día, sanción que deberá hacerse efectiva en el Departamento de Finanzas del Consejo de la Judicatura en el plazo de 60 días a partir de la ejecutoría. En el cómputo de la pena se declara como parte cumplida todo el tiempo que el imputado se encontró privado de su libertad, inclusive la cumplida en sede policial. En observancia del art. 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que la presente resolución es recurrible de casación en el plazo de 5 días. Notifique oficial de diligencias. REGISTRESE. Vocal Relator: Wilfredo Patiño Soria. Fdo.- Dr. Juan Marcos TerrazasRojas– Pdte. Sala Penal Tercera. Fdo.- Dr. Wilfredo Patiño Soria – Vocal Sala Penal Tercera. Fdo.- Dr. W. Leandro Diaz Mendoza – Secretario de camarza.Sala Penal Primera. PROVEÍDO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 Cochabamba,28 de diciembre de 2021. A merito de los informe evacuado por el Servicio de Registro Civico-SERECI mediante Cite SERECI-CBA-CERT-N° N-40552 -2143/2021 y, el Servicio General de Identificacion Personal – Segip mediante las certificacion de fecha 08 de noviembre de 2021, siendo genericos los datos proporcionados respecto al ultimo domicilio de: Ruben Garcia Cayo, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificacion con el Auto de Vista de 17 de junio de 2009 mediante edicto a traves del Sistema Informatico Hermes. Notifique funcionario. Fdo.- Ma. Giovanna Pizo Guzmán Vocal - Pdte. Sala Penal Tercera. Fdo.- Dra. Carol Ivonne Vega Colque – Secretaria Sala Penal Tercera. Cochabamba, 27 de mayo de 2022. D. S. O.


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