EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO Ma. GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A EPIFANIO ANDRADE AGUILAR (CON CI. 5291065 CBBA.), CON EL AUTO DE VISTA DE 14 DE OCTUBRE 2015, Y PROVEIDO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021 DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIA DE ANGELA CASTRO FUENTES CONTRA EPIFANIO ANDRADE AGUILAR POR EL DELITO DE VIOLACION AGRAVADA DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 308 BIS CON LA AGRAVANTE PREVISTA POR EL ART. 310 NUM. 4) DEL CODIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA DE 14 DE OCTUBRE DE 2015 VISTOS:En apelación restringida la sentencia de fecha 20 de abril de 2011, pronunciada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Ángela Castro Fuentes contra Epifanio Andrade Aguilar por la presunta comisión del delito de Violación agravada de niño niña o adolescente, previsto y sancionado por el Art. 308 bis con la agravante prevista por el Art. 310) núm., 4) del Código Penal, los antecedentes procesales, la normativa legal aplicable, y CONSIDERANDO I: El Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama, ha pronunciado la sentencia de 20 de abril de 2011, leída íntegramente en fecha 25 de abril de 2011, por el que fallan y declaran al procesado Epifanio Andrade Aguilar, de sus generales de Ley, autor y culpable de la comisión del delito de Violación agravada de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el 308 bis con relación al Art. 310 numeral 4) del Código Penal, pronunciando sentencia condenatoria en su contra e imponiéndole la pena de veinte años de presidio sin derecho a indulto, a cumplir en el Penal de E Abra del Departamento de Cochabamba, más una sanción de 500 días multa a razón de Bs.-0,50 por día, mas costas a favor del Estado y la acusadora particular, averiguables en ejecución de sentencia. Esta resolución fue apelada por el procesado Epifanio Andrade Aguilar, mediante memorial de fecha 17 de mayo de 2011 (Fs. 285 a 293), misma que una vez emplazada a la parte adversa fue remitido al Tribunal de Alzada mediante providencia de fecha 20 de junio de 2011. De acuerdo a la regla general, prevista en el Art. 396 Núm. 3) y 399 del Código de Procedimiento Penal, para ser admitidos los recursos deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina el Código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución recurrida, y de conformidad al Art. 408 del mismo cuerpo jurídico, el recurso de apelación restringida debe ser interpuesto por escrito en el plazo de quince días de notificada la sentencia, citando concretamente los disposiciones legales que se consideren violadas a erróneamente aplicadas, expresando cuál es la aplicación que se pretende, debiendo fundamentarse separadamente cada agravio. Examinado el recurso de apelación restringida que nos ocupa, se establece que el mismo cumple con las condiciones de tiempo y forma previstas en los citados preceptos, en tal virtud se ADMITE el recurso, pasándose a resolver los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, de acuerdo a lo determinado por el Art. 398 de la misma Ley Procesal Penal. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EPIFANIO ANDRADE AGUILAR: El apelante en lo esencial, señala la existencia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, referidos a la defensa y al debido proceso, toda vez que ante la solicitud de suspensión de la audiencia de juicio por parte de su abogado defensor por ser este nuevo en el conocimiento del proceso, se habría convocado al defensor de oficio que anteriormente habla sido designado, mismo que se había quedado únicamente al comienza del juicio, ya que a la reanudación este ya no se habría hecho presente, aspecto que lo habría dejado en indefensión, cita los Autos Supremos N" 122 de 24 de abril de 2005, 317 de 13 de junio de 2003, 436 de 15 de octubre de 2005 y 257 de 01 de agosto de 2006, por cuanto no se le habría permitido tener defensa técnica que conozca el caso, pues ello habría cambiado el rumbo del proceso y la sentencia seria otra. Asimismo, el apelante señala que en la sentencia existe inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto del relato de la víctima, el hecho habría ocurrido entre el 27 y 28 de enero de 2009 y febrero del mismo año, quedando presuntamente embarazada, sin embargo la prueba signada como MP-9 (Informe de 17 de junio de 2009), al hacer referencia al Certificado Médico Forense de 05 de junio de 2009, señalaría aborto incompleto de más o menos 9 semanas, prueba que sería contradictoria con el certificado médico signado como MP-8 de 09 de junio de 2009, dando a entender que el presunto hecho habría ocurrido en fecha 09 de abril, aspecto que no habría sido referido por la víctima, lo que significaría que la víctima no puede reconocer a su presunta victimador, de la que se extraería que el hecho debía de procesarse por el delito previsto en el art 308 ter y no así por el art. 308 bis, al adecuarse plenamente al hecho, consiguientemente habría una incorrecta subsunción del tipo penal, conllevando un defecto absoluto de fondo previsto en el Art. 160 núm. 3) de la Ley 1970, por haber vulnerado el principio de la seguridad jurídica Cita la SC. 0101/2004-R de 14 de septiembre y como precedentes contradictorios los A.S. 389 de 21 de octubre de 2006, 329 de 29 de agosto de 2006, 431 de 11 de octubre de 2008 y 417 de 19 de agosto de 2003. Por otro lado, señala que la sentencia incurre en inobservancia o errónea aplicación de la ley adjetiva, toda vez que el Auto de Apertura del juicio oral habría sido dictado en fecha 22 de mayo de 2010, cuando la Ley 007 ya se encontraba en vigencia desde el 18 de mayo del mismo año, lo que obligaba-dice- a que se desarrolle la audiencia conclusiva ante el juez instructor razón por la cual habría planteado la excepción de falta de acción, al existe un impedimento legal para proseguirla con el fin de que el auto de apertura de juicio oral sea anulado, puesto que la línea constitucional permitiría que arte una norma penal reciente que beneficie al encausado, debe aplicarse cita los Autos Supremos 50 de 31 de marzo de 2005, 726 de 25 de noviembre de 2004, 304 de 25 de agosto de 2006, 436 de 15 de octubre de 2005, 171 de 06 de febrero de 2007 y 122 de 24 de abril de 2006. Igualmente, refiere que el imputado no está suficientemente individualizado, por cuanto de la declaración de la víctima (prueba MP-8), en lo relativo al Certificado Médico N 1493700 de 09 de junio de 2009, puesto el certificado aludido diagnosticaría aborto incompleto de más o menos 9 semanas, asimismo la victima habría indicado que en tres ocasiones al beber agua de un vaso que se encontraba en la mesa del comedor había quedado dormida, fechas que no serían coincidentes y que sería poco creíble que en tres oportunidades y de la misma forma haya sucedido el hecho, lo que haría ver que la víctima estaría faltando a la verdad y por consiguiente existiría una imprecisión en la identificación del imputado, más aun cuando la víctima no se encontrarla consiente para reconocer a su Victimario. Que en sentencia, se señala que tales consideraciones son subjetivas y que se hicieron sin presentar prueba de descargo, empero la doctrina y la jurisprudencia habrían establecido que la carga de la prueba es para el acusado y que no es su obligación demostrar su inocencia, defecto absoluto al sentir del Art. 159 núm. 3) del CPP. Por otra parte, señala que este inadecuada y defectuosa valoración de los elementos probatorios, puesto que al interponerse exclusión probatoria de las pruebas signadas como MP-4 y MP-9, no obstante de que el Ministerio Publico las retro, la acusación particular habría solicitado su admisión, situación similar habría ocurrido con las pruebas signadas como MP-5 y MP-, por cuanto los mismos contravendría y el espíritu de la Ley 2033 en su Art. 15 núm. 71, cita los Autos Supremos 111 de 31 de enero de 2007 y 535 de 19 de diciembre de 2006. También el apelante, alega inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, por cuanto al no haberse hecho una conecta subsunción del tipo penal, se habría incurrido en una incongruencia de fondo, los cuales también so encuentran reflejados en la acusación fiscal, particular y Auto de apertura, pues en una diría que es violación a niña o adolescente y la otra que se habría tenido acceso camal cuando la víctima estaba sedada, incongruencia que se traduciría entre la sentencia y la acusación cita el Auto Supremo 175 de 15 de mayo de 2006. Finalmente, el apelante señala que la sentencia no está suficientemente fundamentada, por el contrario tendría escasa fundamentación para aplicar la pena máxima más la agravante sin señalar del porque esta determinación, incurriendo en la previsión del Art. 370 núm. 5) de la ley 1970. Por todo lo expuesto, el apelante solicita se revoque la sentencia impugnada y se declare procedente el recurso, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal CONSIDERANDO II: FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA CON RELACIÓN APELACIÓN RESTRINGIDA PLANTEADA: Con relación a que se habría violado su derecho a la defensa, por cuanto no se habría dado tempo suficiente para que su defensa técnica se prepare, de los mismos antecedentes y fundamentalmente del Acta de Audiencia de Juicio Oral, se tiene que al inicio de Juicio Oral (en) horas de la mañana), el Dr. Gonzalo Acuña Gutiérrez, abogado defensor del imputado, solicitó al Tribunal que suspenda la audiencia por diez o por lo menos tres días, en razón de que en horas de la tarde del día anterior eventualmente recién fue contratado para asumir defensa del procesado, esa solicitud fue diferida por el Tribunal, empero no en los términos solicitados por la defensa sino que la audiencia fue reprogramada para horas de la tarde de ese mismo día (14:30), esto en aras de que el profesional abogado se interiorice del asunto, consecuentemente este Tribunal de Alzada no encuentra de que se le haya lesionado el derecho a la defensa del imputado, conforme prevé el Art. 104 del Código de Procedimiento Penal, además se verifica que el Juicio Oral ya se habla suspendido en tres ocasiones por causas atribuibles al imputado, por lo que la nueva suspensión constituía ya un acto dilatorio por parte de la defensa, de igual manera el Tribunal a quo ha tomado en cuenta el Art. 60 de la Constitución Política del Estado con relación a Tratados y Convenios Internacionales que establecen la preeminencia de derechos de los niños sobre los del imputado. Ahora bien, del Acta del Juicio Oral, se tiene que el acto de la defensa, ha sido materializado en esa audiencia, es decir que el abogado defensor de oficio ha ejercido la defensa técnica del imputado en todos los momentos, habiendo planteado recusación, incidentes y excepciones y solicitado exclusiones probatorias, consecuentemente no se establece que se haya violado el debido proceso en su elemento derecho a la defensa del procesado, por lo que la apelación restringida respecto de este punto no tiene mérito, más aún si se tiene en cuenta que la no suspensión de la audiencia de Juicio Oral en los términos que habla solicitado la defensa, no ha sido reclamado y menos se ha anunciado que su reclamación se iba a realizar en la apelación restringida. Respecto de la alegación en sentido de que debía devolverse el proceso al Juzgado de Instrucción, toda vez que habla entrado en vigencia la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 que establecía -en esencia que presentada la acusación, debla sanearse el proceso ante el Juez de Instrucción en la llamada Audiencia Conclusiva, es necesario dejar claramente establecido que si bien es cierto que en el momento en que se habla dictado Auto de Apertura de Juicio Oral y cuando te estaba celebrando esa audiencia de Juicio, estaba en vigencia la señalada Ley, sin embargo de los mismos antecedentes se tiene que tanto la acusación fiscal como particular, habían sido presentados en fecha 11 de febrero y 15 de abril del año 2010, respectivamente, es decir antes de la entrada en vigencia de la Ley 007, valga la redundancia, y esa presentación se realizó ante el Tribunal de Sentencia a-quo que se constituye en Juez Natural; al respecto el Art 164 parágrafo de la Norma Suprema de Justicia establece que "La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia, esto quiere decir que la Ley señalada, debía aplicarse en casos que estaban en trámite en los Juzgados de instrucción y no en los casos que ya estaban con acusación en los Tribunales como finalmente se estableció en distintas resoluciones del Tribunal Constitucional. De igual manera Jorge Claria Olmedo, respecto de la entrada en vigencia de una Nueva Ley Procesal señalo: "Queda claro que la entrada en vigencia de la nueva ley implica la cesación en su vigencia de la ley sustituida Tratándose de una nueva ley procesal, la reglas es que desde ese momento surge la obligación para el juez, para las partes y para los demás intervinientes en el proceso acatar las disposiciones de ella adecuando a sus previsiones el ejercicio de los poderes, el cumplimiento de los deberes y las formalidades y orden de la actividad procesal Esto significa que por la nueva ley se regirá la realización de toda la activad del proceso: A continuación el mismo autor precisa que: “…resulta de mucha importancia sentar también como regla general, el de la no ultractividad de la ley procesal derogada es decir, el de la ineficacia total de la norma sustituida desde el precio momento en que perdió su vigencia. De estos criterios se colige que el hecho jurídico procesal se rige necesariamente por la norma procesal que está vigente en el momento que éste acontece con el inicio de la acción penal, porque la nueva ley regirá desde el presente y para el futuro. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional No. 979/02 de 16 de agosto de2002, dilucida muy bien este problema cuanto, recientemente publicado, estableció los presupuestos de aplicación del Código de Procedimiento Penal (Ley No. 1970), expresando. En ese sentido, la SC 036/2001, de 30 de mayo de 2001, ha dejado establecido que la ley procesal aplicable es siempre la vigente y se aplica en alguno casos tanto a las causas en trámite como a las que se inicien con posterioridad a su vigencia, aunque los hechos se hubiera comedido con anterioridad a su entrada en vigor, sin que por ello se está frente a una aplicación retroactiva de la Ley en el sentido del art. 33 CPE dado que el objeto de las leyes procesales son los actos del proceso y no los hechos delictivos que se juzgan consiguientemente la aplicación de un precepto procesal nuevo a una conducta delictiva realizada con anterioridad a su entrada en vigor, no implica, de manera alguna, infracción al principio de irretroactividad proclamado por el citado art. 33 constitucional.” Consecuentemente, la apelación con respecto a este punto, tampoco tiene mérito, además esos actos que se practicaban en la AUDIENCIA CONCLUSIVA, se practican también en el Juicio Oral, y esa facultad ha sido ejercida plenamente por el imputado a través de su abogado defensor, quien, como si dijo líneas arriba, ha planteado diversos incidentes y excepciones como el presente. Finalmente, el incidente y/o excepción planteada por la defensa con los fundamentos expuestos y que constan en el Acta de Juicio Oral, reclamando que el proceso debla ser devuelto a la autoridad de la instrucción para que lleve la AUDIENCIA CONCLUSIVA, no constituye precisamente FALTA de ACCION, ya que este Instituto Procesal hace referencia de la personería con la que se ha iniciado o se prosigue la acción penal, y en todo caso, esta situación reclamada por la defensa, debió ser interpuesto como una actividad procesal defectuosa y no precisamente como FALTA de ACCION. Respecto de que no se habría subsumido correctamente el hecho acusado al tipo penal correspondiente y/o incongruencia entre la Sentencia y la acusación, es decir según la defensa-a Art 308 ter del Código Penal (Ley 2033) que establece la pena de 15 a 20 años de presido, el Tribunal de Sentencia de lvirgarzama en su parte V FUNDAMENTACION JURIDICA ha establecido que "El certificado de nacimiento de ROCIO GRAGEDA CASTRO, codificado como MP-10, prueba que la referida menor, al momento de los hechos que motivan el presente proceso penal (enero a Junio de 2009 contaba con 12 años de edad. Por otra parte, con la codificada como MP-5 se acredito que la menor Roció Grageda Castro de 12 años de edad, a la revisión médico legal efectuada por el Dr. Pedro Sejas Suarez en fecha 5 de junio de 2009 presentaba himen con desgarro de data antigua, abuso sexual, aborto con retención de restos ovulares requiriendo valoración por la especialidad gineco obstetricia para tratamiento respectivo (limpieza cavidad uterina, con la codificada como MP-8 fue probado que a la revisión médica de la menor por un especialista ginecólogo obstetra previo exámenes de ecografía fue determinado que la citada menor presentaba hemorragia de la primera mitad de embaraza, aborto incompleto de más o menos 9 semanas y alto riesgo obstétrica. Estas circunstancias también fueron ratificadas en el dictamen pericial emitido por el Dr. Pedro Sejas Suarez (AP-9) en fecha 20 de octubre de 2009. Documentales que resultan coincidentes con las testificales de cargo tanto de la víctima como de la madre de esta así como el perito Dr. Pedro Sejas Suarez que en esa oportunidad actuó como médica forense. Determinándose en síntesis que la menor Roció Grageda Aguilar fue víctima de agresión sexual por parte de su padrastro Epifanio Andrade Aguilar, y como consecuencia de ello quedo embarazada siendo conducida por el ahora imputado, con el fin de encubrir el hecho dicto, ante un médico para que se someta a un aborto que al estar mal realizada (incompleto) puso en riesgo la vida de la menor.” "Por la versión de la propia víctima, corroborada con lo manifestado por la acusadora particular Ángela Castro Fuentes, se asumió conocimiento que el imputado Epifanio Andrade Aguilar formaba parte del núcleo familiar de la menor Roció Grageda Castro desde que ella contaba con 5 años de edad y que quedaba a su cargo cuando la madre de la menor se ausentaba de su domicilio, siendo incluso presidente de la junta escolar donde estudiaba la menor. Acreditándose contodo ello que Epifanio Andrade Aguilar, como la figura paterna en el hogar de la ahora víctima seencontraba a cargo de su educación y cuidado, aprovechando dicha circunstancia para consumar elilícito acusado de violación, utilizando para ello sustancias que hacían dormir a la víctima para evitar su resistencia, habiendo sido sin embargo plenamente identificado como el agresor sexual por la victima debido a la manifestación directa que le hizo después de haberla llevado ante un médico para practicarle el aborto, indicándole que la había violado y no quería que su mamá se entere porque le metería a la cárcel, por lo que te cumple con la previsión contenida en el Art 20 del Código Penal que señala (...)” "Todas estas circunstancias precedentemente señaladas, fueron objetivamente probadas ante este Tribunal con la prueba testifical y literal de cargo producida en audiencia de juicio oral acreditando que la conducta del imputado Epifanio Andrade Aguilar se adecua al tipo penal descrito en el Art. 308 bis del Código Penal bajo el nomenjuris de VIOLACION de NINO, NINA ADOLESCENTE que determina (…). De este análisis realizado por el Tribunal a-quo, se establece que la subsunción realizada a tipo penal incurso en el Art 308 bis con relación al Art. 310 numeral 4) del Código Penal (Ley 2013) (que estaba en vigencia en ese momento), es correcta, ya que si bien es cierto que también se ha establecido que para cometer ese acto criminal et agresor utilizaba sustancias para dormir a la víctima y luego vejarla sexualmente, empero el Tribunal con un correcto razonamiento a discernido que los tipos penales que se adecuaban al hecho en sí (no obstante de aquello), eran los artículos precedentemente señalados, ya que se trataba de una menor de 14 años de edad (12 años) y que estaba bajo la educación y custodia del procesado: además esa norma penal (308 bis), hace referencia y es de aplicación precisamente a NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES que hubieran sufrido agresión. Por otra parte en –en criterio de este Tribunal, el Art 308 ter del Código Pena, Incorporado por el Art. 4 de la Ley 2033, del que la defensa dice que debla aplicarse al caso, resulta aplicable para los casos en que las personas mayores de edad que eventualmente hubieran sufrido violación y que en esa violación los agresores hubieran puesto a sus víctimas en estado de inconsciencia, por cuanto actualmente ese Art. 308 ter ha sido complementado y agrava esa situación cuando se trata de menores de edad. Consiguientemente, este Tribunal de Alzada, tampoco encuentra que en la subsunción de los hechos a derecho (subsunción), se haya vulnerado disposición alguna ya violada derechos y garantías del procesado, por lo que su apelación tampoco tiene mérito y menos se establece la existencia de incongruencia entre la acusación y la Sentencia. Con relación a la valoración de los elementos probatorios desfilados en la audiencia de Juicio Oral, ya es ampliamente conocido que en un sistema procesal penal de raíz acusatoria como el nuestra, donde el principio de inmediación constituye el eje articulador para la valoración integral de la prueba producida en juicio oral, según las reglas de la sana critica racional, el Tribunal de Alzada -a efectos de la apelación restringida interpuesta por las partes- está limitado o “restringido” como mecanismo de control del fallo del Juez de Sentencia, solo al control de la aplicación del Derecho, sin ingresar a la construcción de los hechos históricos. Entonces, la apelación restringida constituye, fundamentalmente, un control sobre la sentencia y sobre sus fundamentos, ya que per imperativo del principio de inmediación no puede ir más ala de ese control, es decir, el Tribunal de Alzada no puede controlar la valoración de la prueba como proceso interno el Juez o del Tribunal de Sentencia, sino lo único que puede controlar es la expresión que de ese proceso han hecho dichos jueces, en la fundamentación de la resolución. En tal virtud, el control se limita a determinar si esa expresión o fundamentación de la valoración de la prueba ha seguido los pasos lógicos aceptados como propios de un pensamiento correcto. Es así que los alcances y límites de la apelación restringida como mecanismo de control de las Sentencias pronunciadas por los Jueces y Tribunales de Sentencia, han sido claramente establecidos por la propia doctrina legal del Auto Supremo No 104 de 20 de febrero de 2004 emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a la letra establece: "Que, de acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio Impugnativo idóneo para revalorizar la prueba orevisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente". De ello resulta que el Tribunal de Alzada no puede volver a valorar la prueba producida por las partes en juicio oral, sino su control solo debe circunscribirse al razonamiento expresado por el Juez o Tribunal a quo conforme las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología. En este contexto, el Tribunal de Alzada solo puede enmarcarse a la coherencia lógica expresada por el Tribunal a quo en el análisis intelectivo de la prueba judicializada, consecuentemente este Tribunal de Alzada baja ningún concepto puede valorar tas pruebas MP-4, MP3, MP-S y MP-8 que ya fueron objeto de valoración por parte del Tribunal a quo que se constituye en autoridad por excelencia para verificar y valorar estos elementos de convicción. Al respecto, este Tribunal no advierte que las autoridades jurisdiccionales hayan infringido las reglas de la sana crítica y el resultado final o conclusión de la Sentencia es coherente con la fundamentación que se ha realizado. Ahora bien, con relación a la inducción de dichas pruebas al Juico Oral, es necesario dejar claramente establecido que se entiende por prueba licita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas y aquellas en cuya obtención a producción se somete a las personas y aquellas en cuya obtención o producción se somete a las personas a las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género de la prueba así obtenida. Es aquella prueba que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es decir aquella que ha sido obtenida de forma fraudulenta. La prueba ilegal se genera cuando en su producción se incumplan los requisitos legalesesenciales; en esta eventualidad, corresponde al Juez o Tribunal determinar si el requisito legal omitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez quela omisión de alguna formalidad sustancial por sí solo no autoriza la exclusión del medio de prueba. Específicamente el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal, determina que carecerán de eficacia probatoria Actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución PolíticadelEstado, Convenciones y Tratados internacionales, en el Código de Procedimiento Penal y otras leyes. La prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio licito Los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstasen el Código de Procedimiento Penal. Al margen de lo expuesto, el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, determina el principio de Libertad Probatoria que es una garantía procesal en el Juicio Oral y Público, que permite a las partes ofrecer y producir como medios de prueba, todos los elementos obtenidos de manera legal y licita, que resulten ser conducentes para lograr en el Juez o Tribunal convicción sobre la verdad histórica del hechos, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Consecuentemente, todo elemento probatorio obtenido lícitamente por las partes, con las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal y en observancia de los derechos fundamentales, constituye un elemento de prueba que puede ser ingresado en el Juicio Ora conforme a los principios de legalidad y libertad probatoria previstos en los Arts., 13 y 171 del Código de Procedimiento Penal, si el contrario, que se pretende judicializar se encuentra dentro del marco prohibitivo señalado por el Art. 172 de la citada Ley 1970, se estará anta prueba ilegal o licita que debe ser excluida del proceso, a mérito de su nulidad e ineficacia, respectivamente. Ahora bien, en el caso presente, en cuanto se refiere a las pruebas MP3, MP-8, MP4 y MP-9, del Ministerio Público, en criterio de este Tribunal de Alzada, no se evidencia que se hayanvulnerado derechos y garantías constitucionales del imputado, ya que si bien es cierto que, por una parte, no se observaría notificación al Perito para que realice esa labor pericial, sin embargo de esa situación (falta de notificación), se habría convalidado esa actuación, por cuanto el Perito si habla realizado ese trabajo, por lo que esta circunstancia se enmarcaría dentro de la previsión contenida por el Art. 170 del Código de Procedimiento Penal defecto relativo), por haber cumplido la notificación su finalidad, y respecto de la ecografía ginecológica transversal, en la especifico, (MP-8) no se puede interpretar como revictimización, ya que ese trabajo ya se ha cumplido en su momento (etapa preparatoria) y lo único que se hace en el Juicio Oral es presentar resultados, además la parte que eventualmente se vería afectada con esa introducción por considerar revictimización, no lo ha hecho; y respecto de las pruebas MP-4 y MP-9 son simples informes que en absoluto constituyen pruebas licitas y se encuentran dentro los actos propios de la Policía Nacional que en su labor de la diligencias de investigación, realiza los actos que describe el Art. 295 del Código de Procedimiento Penal, extremo que se corrobora con la firma del Policía que realiza esa labor y que consta en esos actuados; además se debe tener en cuenta la verdad material que implica que en aras de buscar la verdad histórica de los hechos, se deben obviar ciertas formalidades, más aún, si se tiene en cuenta que será el Tribunal de Sentencia que en deliberación otorgará el valor probatorio a cada uno de los medios de prueba desfilados, consecuentemente la apelación con relación al rechazo de las exclusiones, también carece de mérito. Con relación a que no se habría individualizado plenamente al imputado como el agresor, es preciso señalar que la declaración de la menor victima Rocío Grageda Castro, por si sola, bene toda la fe probatoria, ya que, tratándose de delitos sexuales cometidos, estos hechos muchas veces o en su mayoría se ejecutan de manera solitaria, en la que falta la presencia de testigos directos y donde por lo general se echa de menos la falta de prueba documental. Es decir que los delitos contra la libertad sexual constituyen criminológicamente delitos clandestinos, secretos o de comisión encubierta y suelen cometerse en ambos privados, sin la presencia de testigos, y muchas veces sin la existencia de rastros (desfloración, sangre, semen, huelas, etc.) que puedan develar lo sucedido a través de las pericias técnicas específicas. Por ello, la víctima del delito es un testigo con un status especial, su declaración presenta un valor de legitima actividad probatoria, y ello, aunque sea su único testimonio, al no existir en el proceso penal el sistema legal o tasado de valoración de la prueba, consecuentemente, habiendo la menor identificado plenamente a su agresor como así también su madre, estas pruebas apoyadas con las pruebas científicas, dan cuenta conforme se tiene de la Sentencia, de la plena culpabilidad del procesado, quien ha sido perfectamente individualizado. Con relación a ese punto, también es necesario tomar en cuenta que la protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe (SC 0735/2010-R de 25 de judo), en ese marco jurisprudencial, es preciso resaltar que, en aplicación del principio de progresividad de los derechos fundamentales y derechos humanos, así como al constante proceso de constitucionalizacion de los últimos y la creciente especificidad de los primeros, la Constitución Política del Estado vigente, ampliando y precisando el catálogo de derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, dedica una sección especial específicamente destinada a establecer y proteger los derechos de la niñez. adolescencia y juventud, mismos que se hallan contenidos en su Primera Parte, Titulo II, Capitulo Quinto, Sección Va partir del art. 58, que señala...Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades, Intereses y aspiraciones por su parte, el art 591 de la misma norma, señala que: Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrolla integral: estableciendo en su parágrafo que tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley, disposiciones complementadas por el art 60 de la Ley Fundamental que a la letra prescribe: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende lapreeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado; así, la Ley 054 de 8 de noviembre de 2010, de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con los preceptos anotados en su art. 1 (Marco Constitucional y Objeto), señala: "La presente Ley tiene por fundamento constitucional tos Artículos 6 y 61 de la Constitución Política del Estado en cuanto la función primordial del Estado de proteger a la niñez y la adolescencia Consiguientemente, la apelación con respecto a este punto, tampoco tiene mérito. - Finalmente, con relación a la pena impuesta el Tribunal a-quo, ha tenido en cuenta los datos y antecedentes personales del imputado y ha impuesto la pena mínima establecida para el delito incurso en el Art 308 bis del Código Penal (Ley 20331, y concurriendo el agravante incurso en el Art 310 numeral 4) de la mismaNorma Peral Sustantiva, imperativamente ha impuesto más cinco años, haciendo un total de 20 años, y esa imposición está debidamente fundamentada en el punto VI FIJACION DE LA PENA) de la Sentencia, por lo que este Tribunal de Alzada no encuentra que la resolución carezca ce fundamentación respecto de ese extremo. Por lo expuesto, al no haberse verificado la existencia de ninguno de los defectos de Sentencia que señala el citado Art 370 del Código de Procedimiento Penal y menos defecto absoluta previsto por el Art. 159 de la misma Norma Procesal Penal, corresponde declarar improcedente el recurso planteado. POR TANTO La Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia, declara IMPROCEDENTE recurso de apelación restringida interpuesto por el procesado Epifanio Andrade Aguilar consecuentemente CONFIRMA en todos sus extremos la Sentencia apelada, con costas En aplicación del Art. 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que tienen el termino de cinco días para interponer el Recurso de Casación a contar desde la notificación con el presente Auto de Vista, conforme establece el Art 417 del Código señalado. REGISTRESE y NOTIFIQUESE. Vocal relator: Dr. Ever Richard Veizaga Ayala. Fdo.- Dr. Ever Richard Veizaga Ayala Vocal - Sala Penal Tercera. Fdo.- Dra. Karem Lorena Gallardo Sejas Vocal - Sala Penal Primera Fdo.- Dra. Adriana Ruiz Espinoza – Secretaria Sala Penal Tercera. Cochabamba, 28 de diciembre de 2021 A mérito de los informes evacuados por el Servicio de Registro Cívico SERECI mediante Cite SERECI-CBA-CERT-N" N-40538 -2143/2021 y SERECI-CBA CERT-N N-44032 -2143/2021; y, el Servicio General de Identificación Personal-Segip mediante certificación de fecha 06 de noviembre de 2021, al no haber proporcionado datos respecto al último domicilio de Epifanio Andrade Aguilar, en aplicación del art. 165 del CPP se dispone su notificación con el Auto de Vista de 14 de octubre de 2015 mediante edicto a través del Sistema Informático Hermes. Notifique funcionario. Fdo.- Ma. Giovanna Pizo Guzmán Vocal - Pdte. Sala Penal Tercera. Fdo.- Dra. Carol Ivonne Vega Colque – Secretaria Sala Penal Tercera. D. S. O.


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