EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: SALA PENAL TERCERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA SALA PENAL TERCERA EDICTO MARIA GIOVANNA PIZO GUZMAN VOCAL – PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. POR EL PRESENTE EDICTO SE PONE EN CONOCIMIENTO Y SE NOTIFICA A LOS IMPUTADOS ANDRES REVOLLO CRUZ CON C.I. N° 4436396 CBBA. Y LUCY ESCOBAR CONDORI (CON C.I. N° 5556337-1K PT.); CON EL AUTO DE VISTA DE 23 DE JULIO 2018, INFORME DEL 03 DE AGOSTO DE 2018 Y DECRETO DE 12 DE OCTUBRE DE 2020, DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y QUERELLA DE EMILIO MUNDOCORRE SUTURI Y TERESA CASTRO ARIAS CONTRA ANDRES REVOLLO CRUZ Y LUCY ESCOBAR CONDORI, POR LOS DELITOS DE ESTAFA Y ESTELIONATO, PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LOS ARTS. 335 Y 337 DEL CÓDIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBE LOS SIGUIENTES ACTUADOS: AUTO DE VISTA DE 23 DE JULIO DE 2018 VISTOS: En apelación restringida la Sentencia pronunciada en aplicación de Procedimiento Abreviado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Emilio Mundocorre Suturi y Teresa Castro Arias contra Andrés Revollo Cruz Lucy Escobar por la comisión del delito de Estafa y Estelionato, previsto y sancionado por el Art. 335 y 337del CP; los antecedentes procesales, y; CONSIDERANDO I: Dentro el referido proceso penal, y en aplicación de Procedimiento Abreviado, el Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Sacaba, en audiencia pública de fecha 27 de abril de 2017 dictó SENTENCIA CONDENATORIA (FS. 38-40) en contra de ANDRES REVOLLO CRUZ Y LUCY ESCOBAR CONDORI, declarándolos Autores del delito de Estafa, previsto y sancionado por el Art. 335 del CP, imponiéndoles la pena de 3 años de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de “San Pedro” de la localidad de Sacaba. Aplicándose la Suspensión Condicional de la Pena. Esta sentencia fue apelada por los querellantes Emilio Mundocorre Suturi y Teresa Castro Arias, mediante memorial presentado en fecha 22 de mayo de 2017, (Fs. 62-68 Vta.), el cual previo emplazamiento a las partes, y con el responde de los imputados Andrés Revollo Cruz y Lucy Escobar Condori, fue remitido el cuaderno procesal ante la Sala Penal de tumo del Tribunal Departamental de Justicia, mediante Proveído de 27 de junio de 2016 (Fs. 93). CONSIDERANDO II: Resulta necesario puntualizar que el procedimiento abreviado previsto en el Art. 373 del ordenamiento procesal penal como una salida alternativa al juicio oral ordinario, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino la abrevia provocando la solución inmediata a la litis. Esta salida alternativa al juicio oral es solicitada por el titular de la acción penal pública, el Ministerio Público previo acuerdo y de conformidad del imputado, y - como se dijo-, constituye una simplificación de los trámites procesales, toda vez que elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la acusación y solicitud de procedimiento abreviado formulado por el o la Fiscal, la prueba que la sustenta y la admisión del delito acusado por parte de los imputados. Así el Libro Segundo - Título I del Código de Procedimiento Penal, que está referido al PROCEDIMIENTO ABREVIADO, en su Art. 373, establece taxativamente: “(...) I. Concluida la investigación, la o el imputado la o el Fiscal podrá solicitar se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante la o el Juez de Instrucción conforme al Numeral 2 del Artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el Fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él. III. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el Juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. IV. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento," no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos”. Así también, el Art. 374 del CPP, determina su trámite y resolución, cuando señala: “En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1. La existencia del hecho y la participación del imputado; 2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. Aceptado el procedimiento la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal. En caso de improcedencia el requerimiento sobre la pena no vincula al fiscal durante el debate. El juez o tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado. ”. De lo que se concluye que para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado, deben necesariamente concurrir los presupuestos exigidos por el Art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución mediante una sentencia motivada deberá ser emitida por el Juez de Instrucción Penal, eventualmente el Tribunal de Sentencia (según modificación introducida por la Ley 586), que conoce la causa y en audiencia pública. Bajo estas puntualizaciones, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en tres momentos procesales: 1) Al finalizar la investigación preliminar conforme el Art. 301.1.4 del CPP, 2) en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia tanto en procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes; y, 3) A la conclusión de la etapa preparatoria, según el Art. 323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de 1é facultad que el Art. 326 del mismo cuerpo legal reconoce a las partes. Una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el juez de la causa señalará día y hora para el verificativo de la audiencia, actuación donde las partes serán escuchadas, en el caso del representante del Ministerio Público para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo, al imputado para la admisión de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria; y, a la víctima si corresponde para que pueda en su caso oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado. Cabe puntualizar que, el Código de Procedimiento Penal, no determina de manera expresa ningún recurso de impugnación contra la sentencia emitida en aplicación del procedimiento abreviado; y así lo ha desarrollado el entendimiento jurisprudencial establecido en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL N° 0233/2016-S1 de 18 de febrero de 2016, cuando en el fundamento jurídico III. 3 establece: “(...) En cuanto a la impugnación de la sentencia en procedimiento abreviado. El tratadista William Herrera Añez en su libro Derecho Procesal Penal (El Nuevo Proceso Penal, página 365), afirma que en el procedimiento abreviado la sentencia no admite recursos. Sobre este particular, el nombrado autor boliviano dice textualmente lo siguiente: “...como el reconocimiento de culpabilidad y demás presupuestos legales, en el fondo, constituyen una declaración de voluntad unilateral del imputado y de su defensa, no se puede alegar, al mismo tiempo, la vulneración de los derechos fundamentales y de las garantías del debido proa se puede apelar de la sentencia, ya que impera, también, el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos; de tal suerte que, reconocido un hecho, no puede posteriormente el imputado negarlo o modificarlo, menos impugnarlo, salvo en el extremo de que se hubieran vulnerado, precisamente, las previsiones contenidas para estos casos en el código procesal”. Así también, la SC 1297/2003-R de 9 de septiembre, sostuvo: ‘Finalmente, el Auto de rechazo, en su penúltimo párrafo señala textualmente que ‘‘se salvan los derechos de las partes de hacer uso del recurso de apelación que establece la ley”, cuando el CPP no contempla para esa resolución ningún recurso ulterior de impugnación ” (las negrillas son propias).El procedimiento abreviado regulado por los arts. 373 y 374 del CPP, no prevé expresamente la procedencia de un medio de impugnación que pueda interponerse contra la sentencia pronunciada por el juez instructor en dicho procedimiento especial (...) el procedimiento abreviado como salida alternativa, tiene por finalidad no extinguir la acción penal sino abreviarla y provocar una solución inmediata al litigio, mediante la simplificación de los trámites procesales, eliminando el debate oral, público y contradictorio. La efectiva aplicación del procedimiento abreviado se circunscribe a los requisitos expresamente previstos en el art. 373 del CPP; y, cuyo trámite se enmarca en el art. 374 de dicho cuerpo legal. Dado que las citadas disposiciones legales no prevén un medio de impugnación, precisamente por la específica finalidad de dicha salida alternativa y a efectos de lograr una justicia rápida y eficiente se activa de forma directa la acción de amparo constitucional o acción de libertad siempre que la vulneración al debido proceso se encuentre vinculada con la libertad. Consiguientemente, en consideración a que el legislador no ha previsto un mecanismo intraprocesal contra la sentencia dictada en procedimiento abreviado y a efectos de aplicar en su verdadera dimensión el principio de no formalismo que rige a la justicia constitucional, en sentido que solo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso (...) CONSIDERANDO III: El Art. 180-11 de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, en concordancia con el Art. 8 Num. 2 inc h)^ de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, al efecto su aplicación se encuentra regulada por la norma adjetiva en las diferentes materias, así en la Lev N° 1970, como norma adjetiva de aplicación especial y preferente en los procesos penales, se encuentra en el Art. 394 cuando determina taxativamente: ‘Fas resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley (...) ” Lo que quiere decir, que no todas las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales son recurribles, sino las expresamente establecidas en la Ley procesal penal y reconocidas por la jurisprudencia, sin que ello implique vulneración o restricción al derecho de impugnación. Así se tienen consignados en la Ley 1970 los siguientes recursos ordinarios: 1) El recurso de reposición contra decretos de mero trámite (Art. 401 - 402 del CPP). 2) Apelación incidental en los casos previstos en el Art. 403 del CPP. 3) Apelación restringida contra la Sentencia (dictada enjuicio oral). 4) Recurso de casación. 5) Recurso de revisión. En el caso presente, la resolución apelada, consiste en una Sentencia dictada en Procedimiento Abreviado, que constituye una salida alternativa al juicio oral, que en su tramitación ha cumplido con todos los requisitos exigidos en el Art. 374 del CPP; consecuentemente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC N°0233/2016-S1 de 18 de febrero de 2016 precedentemente glosada, se advierte que la Sentencia ahora apelada, dictada en procedimiento abreviado, resulta una resolución atípica, que no se encuentra contemplada en el Código de Procedimiento Penal, al emerger de un procedimiento especial contenido en la Ley 1970, que no prevé recurso de impugnación, lo que hace inadmisible el recurso. Por lo que, en aplicación de la segunda parte del Art. 399 del CPP, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida interpuesto por los querellantes Emilio Mundocorre Suturi y Teresa Castro Arias. POR TANTO: La Sala Penal Tercera del Tribunal de Departamental de Justicia de Cochabamba, declara INADMISIBLE el recurso de apelación Restringida interpuesta por los querellantes Emilio Mundocorre Suturi y Teresa Castro Arias; por lo que sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión impugnada, RECHAZA dicho recurso. Se advierte a las partes que tienen el plazo de cinco días para interponer el recurso de casación computable desde la notificación con la presente resolución, conforme establece el Art. 417 del CPP. Registrese. Notifique funcionaria. Vocal relator: Dr. Nelson Cesar Pereira Antezana. Fdo.- Dr. Nelson Cesar Pereira Antezana – Pdte. Sala Penal Tercera. Fdo.- Dra. Anawella Torrez Poquechoque – Vocal Sala Penal Segunda (Vocal convocado). Fdo.- Dra. Mabel Velásquez Miranda – Secretaria Sala Penal Tercera. DECRETO DE 12 DE OCTUBRE DE 2020 En aplicación a lo que establece el Art. 165 del CPP, se dispone la notificación por edicto a través del Sistema Hermes. Notifique funcionaria.- Fdo.- Dra. Mabel Velásquez Miranda – Secretaria Sala Penal Tercera. Cochabamba, 15 de febrero de 2021 D. S. O.


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