EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: SALA PENAL PRIMERA


Para: JUAN CHOQUE SIPE LA DRA. EVE CARMEN MAMANI PRESIDENTE DE SALA PENAL PRIMERA DE LA CAPITAL (ORURO – BOLIVIA), POR CUANTO LA LEY LE FACULTA: ---- Por el presente EDICTO DE LEY, se notifica al señor(a): JUAN CHOQUE SIPE con el Auto de Vista N° 08/2015 ANULA TOTALMENTE la Sentencia No. 30/2010 de 24 de diciembre emitida por el Tribunal de Sentencia Penal No. 2. En la forma prevista al Artículo 165 del Código de Procedimiento Penal (modificado por la ley 1173), por el delito de: TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, tipificado y sancionado por el art. 48; 33 inc. m) de la Ley 1008, a cuyo efecto se transcribe los siguientes actuados de ley. AUTO DE VISTA Nº 8/2015. ACUSACION PÚBLICA: Ministerio Publico. IMPUTADO: Juan Choque Sipe. DELITO: Tráfico de Sustancias Controladas Arts. 48; 33 inc. m). Ley 1008 Tribunal de Sentencia Penal N°2 Beatriz Cortez Vásquez JUZGADO DE ORIGEN: Tribunal de Sentencia Penal º2 VOCAL RELATORA: Beatriz Cortez Vásquez. A, 30 de Abril de 2015 VISTOS.- El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público e imputado, la sentencia recurrida, los antecedentes del proceso y todo lo que ver convino. AUTO DE VISTA N° 8 /2015, ACUSACION PÚBLICA: Ministerio Publico. IMPUTADO: Juan Choque Sipe. DELITO: Tráfico de Sustancias Controladas Arts. 48; 33 inc. m). Ley 1008 Tribunal de Sentencia Penal N°2 Beatriz Cortez Vásquez JUZGADO DE ORIGEN: Tribunal de Sentencia Penal º2 VOCAL RELATORA: Beatriz Cortez Vásquez. A, 30 de Abril de 2015 VISTOS.- El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público e imputado, la sentencia recurrida, los antecedentes del proceso y todo lo que ver convino. CONSIDERANDO I.- ANTECEDENTES QUE ORIGINAN EL RECURSO DE APELACION. Que cumplidas las formalidades procesales relativas a la celebración del juicio oral y publico, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Pùblico contra Juan Choque Sipe, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, observando a su vez los principios de contradicción e inmediación, concluye con la pronunciación de la sentencia absolutoria No. 30/2010 de 24 de diciembre, a favor de Juan Choque Sipe; absolviéndole de culpa y pena, a quien se le atribuyó la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas incurso en el Art. 48 en relación al Art. 33 inc. m), modalidades de fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento de la Ley del Régimen de la Coca y sustancias Controladas, en aplicación del precepto del Art. Art. 363 num. 2) del Código de Procedimiento Penal. Del contenido íntegro de la sentencia enunciada, las partes fueron impuestas a , través los actuados de notificación, el Ministerio Público y acusado en 05 y 26 de \ enero de 2011 respectivamente, la impugnan mediante recurso de apelación restringida de fechas 24 de enero y 02 de febrero del mismo ario, es decir observando el plazo previsto en el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal. CONSIDERANDO II.- FUNDMENTOS DEL RECURSO DE APELACION.1.- Recurso de apelación restringida del Ministerio Público. Conforme a los alcances del Art. 407 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público representado por el señor Fiscal de Materia, por memoriales cursantes a fs. 61-68, en lo fundamental de su impugnación denuncia: 1) Inobservancia y errónea aplicación de ley sustantiva. Sustento Fáctico. Defecto de Sentencia previsto en el Art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal; por cuanto a tiempo de pronunciar la sentencia absolutoria No. 30/2010 de 24 de diciembre, se incurre en vulneración del precepto contenido en el Art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, conducta comprendida en el Art. 33 inc. m) de la citada Ley: Cuando no se considera que según los hechos fácticos, la FELCN-Oruro, en su tarea de control operativo rutinario y a noticia de comunarios de Caimani; en fecha 26 de junio de 2009 promediando horas 16:00, al ingresar por un río de la zona evidenciaron: La existencia de un depósito de coca de 10 paquetes de hoja molida con un peso 50 libras c/u, un total de 500 libras aproximadamente y una escopeta de color café marca CBC hábilmente camuflado - a unos 100 metros de distancia dos personas que al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga, uno de a pie, otro en bicicleta de color rojo, quien siendo interceptado se identifica como Juan Choque Sipe, portando una tela de color blanco con residuos de sustancia blanquecina con características a cocaína, que sometida a prueba dio positivo - a una distancia de 30 m. según coordenadas S-17°49'47.7'W-066°44"19.8", se confirma la existencia de una fábrica móvil de elaboración de cocaína de donde salieron el acusado y otra persona, encontrando en ella insumos consistentes en dos tanques de plástico de 1500 litros, 24 paquetes de coca, 2100 litros de cocaína líquida equivalente a 53 kilos, 400 litros de gasolina, 4 litros de ácido sulfúrico, 3 arrobas de cal, 2 pomos, 4 turriles, 6 tazones y junto a los turriles droga líquida contenida en un yute, confirmada como sustancia controlada, luego incinerada conjuntamente los objetos. Que, en la requisa personal del acusado se encontró una billetera, cédula y licencia de conducir, llaves de automóvil de propiedad del acusado, en su interior dinero en diferentes cortes, celular, documentos secuestrados - a 50 m. se encontró un camión Nissan con placa de control 1542-BED y según lo referido por el acusado fue para transportar esos insumos. Sin embargo, en el Considerando VI. Motivos de Derecho; se establece "que los elementos propios del tipo penal de tráfico no se dieron en forma plena en la participación por parte del acusado en el delito, en el momento en que se comprobó tratarse de cocaína que fue encontrada en esa fábrica de sustancias controladas, que fue encontrado en el río de la comunidad de Caimani, pero que no se llegó a determinar la relación entre el acusado y las sustancias controladas, tomando en cuenta que por la prueba aportada por el acusado, se demostró que el mismo se encontraba junto a su familia en un lugar distante a esa fábrica, lo cual generó duda razonable". No se tomó en cuenta que en el juicio oral, los funcionarios refirieron uniformemente que en la requisa personal al imputado, se encontró un pedazo de tela que contenía sustancia blanquecina con características de cocaína y que sometida a la prueba de campo se determinó tratarse de cocaína, que al percatarse de la presencia policial pretendió darse a la fuga, aspectos objetivos que los jueces no valoraron, siendo evidente la conducta reprochable del imputado, lo que se traduce en errónea aplicación del Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) de la Ley 1008, incurriendo en un inadecuado proceso de subsunción de la conducta del imputado respecto al hecho acusado, debiendo merecer sentencia condenatoria. 2) Fundamentación insuficiente y contradictoria. En relación al valor otorgado a los elementos de convicción en los que basa la absolución, incurriendo en defecto de sentencia previsto en el Art. 370 num. 5) del Código de Procedimiento penal, refiere que en virtud de la previsión del Art. 225 y siguientes de la Constitución Política del estado, el Ministerio Público tiene como finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad y los intereses del Estado y la Sociedad, tiene la responsabilidad de promover de oficio la acción penal pública, ejercer la dirección funcional de una investigación bajo el principio de objetividad, finalidad que también se encuentra plasmada en el Código de Procedimiento Penal y, dentro de esa labor encomendada al Ministerio Público se presentó acusación contra Juan Choque Sipe; por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas incurso en el Art. 48 de la Ley 1008, por cuanto el mismo adecuó su conducta al de autor. Que con la prueba documental, testifical, pericial y la evidencia física, se ha probado la participación y culpabilidad de Juan Choque Sipe, en consecuencia demostrada la vulneración y errónea aplicación de la ley sustantiva, valoración defectuosa de la prueba y la insuficiente fundamentación de la sentencia absolutoria, misma que deberá ser corregida, solicitando se disponga la reposición del juicio ante otro tribunal, indicàndose el objeto del nuevo juicio por inobservancia de los preceptos contenidos en los Arts. 48 y 33 inc. m) de la ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. Contestación de la parte acusada, Considera que el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no tiene fundamento legal valedero en vista de abocarse a una relación del operativo de fecha 26 de junio de 2009 donde injustamente ha sido incriminado, solicitando sea rechazado el mismo. 2.- Recurso de apelación de Juan Choque Sipe. Por su parte, el acusado interpone recurso de apelación restringida cuestionando la sentencia N° 30/2010, por contener vicios y defectos previstos en el Art. 370 numerales 5), 6) y 7) del Código de Procedimiento Penal, según los siguientes fundamentos: 1) Insuficiente y contradictoria fundamentación. Como defecto previsto en el Art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal, como en el caso de la sentencia impugnada cuya fundamentación es insuficiente y sobretodo contradictoria, cuando señala: "que no se halla prueba suficiente en cuanto a su participación en el hecho" y a la vez establece que "la defensa del acusado generó la certeza suficiente en que el acusado fue llevado al lugar donde encontraron el depósito de coca y la fábrica de sustancias controladas, y que por ello surge la pregunta de que si es o no partícipe del hecho acusado", lo que implica que la parte acusadora no cumplió con el principio de "quien acusa tiene que probar", por el contrario, fue su persona que tuvo que defenderse del poder punitivo del Estado, a través de sus medios de prueba, siendo la prueba testifical uniforme, así como la pericial, que permitieron demostrar que su persona no participó en el ilícito penal, por lo que el Tribunal debió aplicar para su absolución lo preceptuado en el Art. 363 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal. Que la sentencia impugnada le absuelve de culpa y pena en observancia del Art. 363 inc.2) de la Ley 1970, dado que la prueba aportada por la acusación no fue suficiente para generar responsabilidad penal del acusado en el delito atribuido tipificado en el Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) de la Ley 1008, quedando demostrado de su parte, no haber participado en la comisión del delito acusado. Solicita que, previa valoración de todo lo obrado, se anule la sentencia N° 30/2010 disponiendo un nuevo juicio ante otro tribuna que pronuncie sentencia absolutoria en apego al lo determinado por el Art. 363 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal. CONSIDERANDO III.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION. De la compulsa de los fundamentos del recurso en vinculación con los aspectos cuestionados de la sentencia recurrida, conforme a lo previsto por el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal, previa algunas consideraciones respecto de los medios de impugnación que confiere la norma procesal penal, se infieren las siguientes conclusiones: 1) El recurso de apelación es un derecho fundamental asignado a las partes, de someter todo o parte del proceso, que les cause agravios por negligencia, ignorancia, equivocación o error judicial, a un nuevo examen o revisión por el tribunal superior que ofrezca mayores garantías de acierto y seguridad, a fin de que se repare la injusticia o corrija el error, revocando, modificando o anulando la sentencia. Es así que en el Art. 407 del Código de Procedimiento Penal, se proclama que; el recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley; asimismo, conforme prevé el Art. 408 y 410 de la norma procesal citada, a tiempo de interponerse el recurso de apelación restringida, deberán citarse de manera inexcusable, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, además de explicar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, advirtiendo que posteriormente no podrá invocarse otra violación. Todas estas exigencias se deben a que el tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que las partes consideran inobservadas o erróneamente aplicadas y, fundamentalmente cual es la interpretación que esperan del tribunal. En ese ámbito, la norma procesal citada (Art. 407 CPP) estructura la base de la impugnación, circunscribiendo la procedencia del recurso de apelación restringida a dos ámbitos: por "inobservancia de la ley", cuando la autoridad judicial no ha observado la norma, o lo que es lo mismo ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley; por " errónea aplicación de la ley" por la que si bien, se observa la norma, la autoridad judicial la aplica de forma errónea; siendo pertinente puntualizar que la inobservancia de la ley o su aplicación errónea puede darse en lo que concierne a la ley sustantiva, como a la ley adjetiva. Así; la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) Errónea calificación de los hechos (tipicidad), 2) Errónea concreción del marco penal, 3) Errónea fijación judicial de la pena. Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) Los defectos de procedimiento en general y 2) Los expresamente establecidos en los Arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal, esta última norma esta referida a la inobservancia de la ley adjetiva y la errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a parámetros exigidos por la ley (de modo integral, conforme las reglas de sana crítica) S.C. 1606/2003-R. En ambos casos, es necesario que el recurrente exprese cuál es la aplicación que pretende, es decir a partir de los motivos que alega deberá indicar según su criterio, la solución que el tribunal de alzada debiera dar a su caso. Por otra parte, en análisis la sentencia impugnada, misma que basa su decisión de absolución en la duda razonable generada en el curso del juicio oral, corresponde hacer mención a los efectos que tiene esta figura, conforme diseña el Tribunal Constitucional a través de la SC. N° 722/2002-R de 17 de junio, estableciendo: "Que la duda a favor del reo es un principio universal del derecho procesal penal, nacidos de los aforismos romanos "in dubio pro reo" e "in dubio reus absolvendus", conforme a los cuales toda duda en la apreciación de los elementos de convicción se decanta a favor del imputado, principio que se fundamenta en la menor onerosidad ante la duda, recogida en el derecho positivo de las distintas legislaciones de los países de esta órbita de cultura y en cuanto a nuestro país, mediante la Ley N° 1790" 2.- Establecidos los cuestionamientos de ambos recursos de apelación y el fundamento de derecho, deviene la labor de control de legalidad que instituye el recurso de apelación, como bien define la jurisprudencia, se debe revisar la petición de los recurrentes, cotejada la resolución impugnada a propósito de verificar la observancia del mandato de la ley. En la especie, se estima necesario delimitar esta nueva resolución de alzada, al mandato expuesto en el Auto Supremo No. 895/2014 de 29 de diciembre, determinando como doctrina legal aplicable: "la valoración de los hechos y de la prueba bajo los principios de inmediación y contradicción, son atribuciones del juez o tribunal de sentencia, el tribunal de alzada debe realizar la identificación de la falta de pericia o arbitrariedad del juez o tribunal en la valoración de hechos y pruebas observando la reglas de sana crítica, se debe controlar si la sentencia tiene el sustento fáctico con argumentación Coherente y jurídica... y según el Art. 413 última parte del compilado adjetivo penal, "cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia, no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente". Conforme este parámetro se resuelve lo siguiente: 1.- Del recurso de apelación del Ministerio Público. 1) En relaciòn a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva como defecto de sentencia previsto en el Art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, presente en la sentencia absolutoria impugnada, vulnerando la norma sustantiva del Art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias controladas, conducta comprendida en el Art. 33 inc. m) de la citada ley; cuando de los hechos fácticos no se tomó en cuenta la declaración uniforme de los testigos, verbi gratia; que en la requisa personal al imputado Juan Choque Sipe, se encontró en su posesión un pedazo de tela amarrado a su bicicleta conteniendo una sustancia blanquecina, la que sometida a la prueba de campo dio positivo para cocaína, éste al percatarse de la presencia policial se dio a la fuga, aspecto no valorado de forma clara, precisa y no explicada por el tribunal en la resolución, mas cuando se ha probado que el acusado tuvo pleno conocimiento de la existencia de la fábrica de sustancias controladas, lugar donde fue aprehendido ya que se encontraba en sus inmediaciones, además de un vehículo de propiedad del acusado, utilizado en el transporte de los insumos para la fabricación de cocaína, aspecto objetivos que no se consideraron, vulnerándose la normas sustantivas señaladas por un inadecuado proceso de subsunción de la conducta del imputado respecto al hecho acusado. Para encarar el agravio denunciado por el Ministerio Público, es necesario el análisis de la doctrina legal aplicable a partir del Auto Supremo N° 417 de 19 de Agosto de 2003, según cuya teoría, los delitos tipificados en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas son de carácter formal y no de resultados. Así, el Art. 48 de la ley 1008; prevé como figura punitiva el tráfico de sustancias controladas sancionada con 10 a 25 arios de presidio, norma complementada con el Art. 33 inc. m) que establece las modalidades del tráfico, como: fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento y otros, por lo que para configurar este delito solo es necesario que la conducta se adecúe a las formas indicadas por el citado Art. 33 inc. m), es decir realizar todo el procedimiento para la obtención de la sustancia prohibida, poseer dolosamente es decir tenerla o almacenarla con conocimiento de ser una acción prohibida. En el caso en estudio, se acusa por el tipo penal de tráfico de Sustancias Controladas, incurso en el Art. 48 de la Ley N° 1008, complementada con la norma del Art. 33 inc. m) de la citada ley que instituye las modalidades de fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito sustancias controladas, en grado de autoría conforme al Art. 20 del Código Penal. Remitidos a la sentencia en lo que respecta a la subsunción del hecho, se tiene en el considerando VI conclusión 3° la mención que; "conforme a la valoración de la prueba contrastada con la de descargo, efectuado razonamiento lógico no se halla prueba suficiente en cuanto a su participación en el hecho, al contrario la prueba genera duda, porque fue encontrado cerca del camino realizando tareas agrícolas, en el mismo se encontraba su madre e hijo, trasladaba papa de ese lugar, de lo que se concluye que el acusado no fue encontrado como describe la acusación al contrario la defensa generó duda porque el acusado fue llevado al lugar donde los funcionarios encontraron el depósito de cocaína, no siendo evidente la circunstancia de que el acusado fue aprehendido saliendo en bicicleta del lugar de la fábrica, aseveración que fue desprovista de prueba, no se puede demostrar fehaciente e inequívocamente la participación del acusado en relación a las sustancias, menos con la tela adherida a la bicicleta, aspectos no demostrados con certeza.." Revisados los antecedentes generados en el proceso y la actividad probatoria, se evidencia que los miembros del Tribunal no evaluaron los hechos y el tipo penal, es decir; en relación a sus elementos constitutivos del delito de tráfico de sustancias controladas en sus modalidades de fabricar, poseer y almacenar, cuando se advierte prueba que correspondió evaluarse en cuanto a la participación del acusado, toda vez que la subsunción realizada omite establecer de qué elementos del tipo penal se carece para entender concurrir duda razonable, limitándose a mencionar la prueba de descargo sin evaluarla en su integridad, tampoco se advierte razonamiento respecto de la aplicación del Art. 48 de la ley 1008, resultado de la confrontación de la prueba de cargo y descargo, para establecer una sólida duda razonable, de ahí viene la errónea aplicación de la ley sustantiva, faltando correcta concreción de los hechos, al sustentarse de principio en la presunción de inocencia aún cuestionado, mas si la figura penal de los delitos de narcotráfico no exige un resultado, sino aspectos concretos, mereciendo el caso mayor análisis por el tribunal a quo. 2.- Sobre la fundamentación insuficiente y contradictoria. Defecto previsto en el Art. 379 num. 5) del Código de Procedimiento Penal, denunciado bajo el criterio de lo que implica el valor otorgado a los elementos de convicción y en los que basa la absolución. El Ministerio Público, señala que la acusación a Juan Choque Sipe por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas incurso en el Art. 48 de la Ley 1008, se debe a su participación en el hecho ilícito, adecuando su conducta al de autor, presupuestos probados con la prueba documental, testifical, pericial así como la evidencia física, en cuanto hace a su participación y consiguiente culpabilidad, demostrando a su vez la vulneración y errónea aplicación de la ley sustantiva, la valoración defectuosa de la prueba y la insuficiente fundamentación de la sentencia absolutoria, misma que debe ser corregida. Sin embargo, el recurrente no señala en que consiste la valoración defectuosa de la prueba y la insuficiente fundamentación de la sentencia absolutoria, por cuanto ambos constituyen defectos distintos y se basan en supuestos diferentes, limitándose a señalar las obligaciones del Ministerio Público en función de la Ley Orgánica del Ministerio Público; respecto a la persecución obligatoria de los delitos de acción pública y como defensor de la sociedad mandados en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. Revisado el Considerando V de la sentencia, el tribunal expone a título de valoración; la prueba de cargo y descargo, empero, desprovisto de la reglas de sana crítica. Lo que se extrae:- De la descripción de los medios de prueba de cargo, documental y testimonial, la omisión de expresar el valor de cada una de ellas, determinando si son válidas, legales y pertinentes, reflejando simplemente una conjetura en torno de ella, omitiendo también expresar el motivo fundado para desestimarlas.- En relación a la descripción de la prueba de descargo, también carece de una valoración en virtud de elementos de la sana crítica, siendo solo mencionada sin otorgarles el valor que correspondiere y si fuese de mayor trascendencia en relación a la prueba de cargo. - Por otra parte, el tribunal incurre en omisión de ejercitar una valoración integral de la prueba, es decir la contrastación de la prueba producida por ambas partes para fundar debidamente sobre la insuficiencia de la prueba de cargo y considerarla irrelevante para una condena, vale decir, falta de explicación sobre el por qué no fue suficiente la prueba de cargo para considerarla irrelevante para una condena, de manera que en la tarea de subsunción de la conducta del acusado al hecho ilìcito atribuido, simplemente menciona la prueba de descargo soslayando la prueba de cargo, así, se encuentra una insuficiente fundamentación probatoria a objeto de explicar legalmente el criterio que los juzgadores, quedando evidencia de los defectos de la sentencia denunciados por el Ministerio Público. - Del recurso de apelación de Juan Choque Sipe. Para el acusado, la sentencia contiene vicios y defectos contenidos en el art. 370 numerales 5,6 y 7) del Código de Procedimiento Penal, por existir fundamentación insuficiente y sobretodo contradictoria cuando considera: "no hallarse prueba suficiente en cuanto a su participación en el hecho y a la vez; que en su defensa generó la certeza suficiente del hecho de haber sido llevado al lugar donde encontraron el depósito de coca y la fábrica de sustancias controladas, por lo que el Tribunal debió calificar la absolución en lo preceptuado en el Art. 363 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, no, el num. 2) de la citada norma procesal, dado que la prueba aportada por la acusación no fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal del acusado en el delito de tráfico de Sustancias Controladas tipificado en el Art. 48 con relación al Art. 33 inc. m) de la Ley 1008, por el contrario, se hubo demostrado plenamente, no haber participado en la comisión del delito por el que ha sido acusado. A este respecto, se reitera que evidentemente el tribunal no realizó una, motivación de hecho y jurídica, congruentes con la acusación fiscal, propiamente en cuanto respecta a la participación del acusado, por lo que no observó correctamente la ley sustantiva en cuanto importa el delito de tráfico de sustancias controladas en su modalidad de posesión, almacenamiento y fabricación, además de constatar la falta de valoración correcta de la prueba de cargo en su integridad, considerando por el contrario, no haberse probado la acusación, cuando se produjo prueba en su contra, pero no evaluado correctamente, incurriendo el tribunal en omisión de valoración integral de la prueba de cargo y descargo. En consecuencia, no se advierten los agravios denunciados por el acusado, al no exponer cuál la omisión en su caso y la forma en que el tribunal omitió la valoración de su prueba, no señalando con precisión los elementos de la sana crítica que no fueron utilizados. Por último, en relación al Auto Supremo, No. 895/2014 que sugiere posibilidad de emitir una sentencia condenatoria en base a los hechos probados, se tiene la norma transcrita del Art. 413 última parte„ del compilado adjetivo penal que, establece la regla taxativa: "cuando sea evidente", lo que en la especie no resulta posible pronunciar esa sentencia, por los siguientes motivos: -Por mandato legal y en consideración a la naturaleza del proceso penal oral reatado al cumplimiento de los principios de inmediación y contradicción que rigen al sistema procesal penal vigente, al tribunal de alzada no le esta permitido subsanar de manera directa una defectuosa valoración de la prueba u omisión de valoración, mas cuando es previsible que la situación jurídica del imputado puede ser sujeta a modificación, sea favorable o desfavorablemente, correspondiendo en consecuencia, anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio a objeto de que la prueba sea de conocimiento de otro juez o tribunal y en virtud de una correcta valoración probatoria, pronuncie una nueva sentencia aplicando las reglas de la sana crítica. Por la existencia de prueba de cargo literal, consistente en informes, actas, materiales y testificales, además la prueba de descargo, las que deben ser evaluadas por un tribunal competente determinando el valor correcto de cada una e integralmente sobre reglas de sana crítica. Atendiendo el derecho de las partes a un juez natural y un debido proceso, proclamando a través de los Arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, será un nuevo tribunal que bajo los principios de inmediación, contradicción y concentración pronuncie nueva sentencia respetando las reglas legales de correcta subsunción y valoración de la prueba. POR TANTO.- La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en virtud de los fundamentos expuestos y las previsiones legales anotadas, declara procedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio Público y en previsión del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal, anula totalmente la sentencia No. 30/2010 de 24 de diciembre, disponiendo la celebración de un nuevo juicio por reenvió ante el Tribunal de Sentencia de turno. Improcedente el recurso de apelación interpuesto por Juan Choque Sipe. En observancia de la previsión del Art. 123 del compilado adjetivo penal, se advierte a las partes que la presente resolución, es susceptible de recurso de casación. PROVIDENCIA.- Oruro, 1 de febrero de 2022 Puesto a vista en la fecha y de la revisión de los antecedentes correspondientes a esta causa, se tiene que hasta a la fecha no han sido generadas las diligencias de notificaciones, menos efectivizadas las mismas a las partes conforme determina el art. 105.1 de la Ley 025 del Órgano Judicial, siendo esto responsabilidad exclusiva de los ex servidores salientes; sin embargo asumiendo la dirección del proceso se DISPONE y se CONMINA al Oficial de Diligencias de esta Sala INDAGAR tanto en el cuaderno de control jurisdiccional así como en todos los antecedentes procesales, el domicilio real CONOCIDO de las partes y proceder a notificar en un plazo razonable y de forma inmediata en dicho domicilio conocido con el Auto de Vista No. 8/2015, sin perjuicio de expedirse la COMISIÓN INSTRUIDA donde corresponda y si correspondiere; sea bajo alternativa de responsabilidad del funcionario diligenciero en caso de incumplimiento. PROVIDENCIA.- Oruro, 09 de mayo de 2022. En mérito a la certificación emitida por el Servicio General de Identificación Personal “SEGIP” de fecha 09 de mayo de 2022, notifíquese al Presidente de la Urbanización 3 de mayo de nuestro departamento de Oruro, a objeto de que remita la dirección del domicilio real o en su defecto el número de Lote y manzano del señor JUAN CHOQUE SIPE con CI. 7268100 Or., sea en el plazo de 24 horas de su legal notificación, bajo alternativa de Ley. PROVIDENCIA. - Oruro, 01 de junio de 2022. En mérito al oficio de fecha 26 de mayo de 2022, ante el desconocimiento del domicilio real del acusado JUAN CHOQUE SIPE, se dispone la notificación mediante edictos de ley conforme dispone el art. 165 del CPP, con el Auto de Vista N° 8/2015 de fecha 30 de abril de 2015, a fin de no causar dilaciones innecesarias. El PRESENTE EDICTO DE LEY ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE ORURO A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTI DOS AÑOS FIRMANDO EN CONSTANCIA EL SUSCRITO SECRETARIO DE ESTE DESPACHO JUDICIAL………………………………………………………….………………………………………………………..........................................


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